El techo de cristal

 

La reciente renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, efectiva a partir del pasado 1° de noviembre, dejó al máximo tribunal del país sin representantes mujeres. A lo largo de la historia, su composición exclusivamente masculina ha sido la norma. El retorno democrático en 1983 no modificó esa regla, que recién fue revertida en 2004, cuando por primera vez se incorporaron dos mujeres, propuestas por el entonces Presidente Néstor Kirchner: Highton de Nolasco y la fallecida Carmen Argibay. Hasta entonces, el único antecedente había sido Margarita Argúas, quien ejerció el cargo entre 1970 y 1973.

La Corte mantuvo esa conformación con dos mujeres, de un total de siete miembros, hasta la partida de Argibay en 2014. De ahí en más contó sólo con una integrante mujer y hoy quedó constituida por cuatro varones. Pese a que el decreto 222/03 establece que los jueces deben designarse teniendo en cuenta las “diversidades de género”, los últimos dos en incorporarse, durante el gobierno macrista, fueron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

La falta de paridad en los cargos de la Corte refleja un fenómeno que ocurre al interior de toda la Justicia federal. Pese a que el 56% de lxs empleadxs judiciales son mujeres, su presencia en puestos jerárquicos es muy baja, comparada con la de los varones. Los cargos ocupados por travestis, trans y no binaries no forman parte de las estadísticas porque son contados con los dedos de una mano.

El Mapa de Género de la Justicia Argentina, realizado cada año desde 2010 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, muestra que en 2020 sólo el 31% de las máximas autoridades –ministrxs, procuradorx generales, defensorxs generales– son mujeres. La cifra está muy por debajo de la paridad de género. Sin embargo, las mujeres son mayoría dentro de lxs funcionarixs y el personal administrativo (61% y 60%, respectivamente), lo que hace evidente el techo de cristal que pesa sobre sus cabezas.

Según la investigación, dentro del Poder Judicial, en el año 2020, los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores, y 3,5 veces más de acceder a puestos de máximas autoridades que sus pares mujeres.

 

 

Más mujeres, menos defensoras

La Defensoría General de la Nación es el organismo del Poder Judicial que más mujeres alberga. Está compuesta por más de 2.750 personas, de las cuales el 58% son mujeres y un 42% varones. Sin embargo, sólo el 37% de quienes ocuparon el cargo de defensorxs, incluyendo la defensora general, son mujeres.

Un estudio reciente, llevado a cabo por el organismo –que analiza el periodo que va de 2008 a 2019–, llamado “Análisis de género en el trámite de los concursos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”, mostró que las mujeres sólo se encuentran sobrerrepresentadas en los puestos técnicos y administrativos (son el 58%). Existe una segregación vertical que les obstaculiza el ascenso en la carrera profesional dentro de la institución. Además de no haber paridad en el cargo de defensorx, las funcionarias (secretarias letradas, prosecretarias letradas, secretarias de primera instancia) se encuentran por debajo del promedio.

En diálogo con El Cohete a la Luna, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, señaló que en los últimos años el número de defensoras retrocedió. En poco más de una década se perdieron casi diez puntos de presencia de mujeres en los cargos jerárquicos. “Cuando me hice cargo de la institución, llegamos a tener un 46% de mujeres defensoras (2008). Sin embargo, en los últimos años, lejos de mejorar, empeoramos. Pese a que hoy existe un fuerte discurso de política de género y paridad, ocupan cargos más hombres que mujeres”, alertó la funcionaria.

Tal como explica la defensora general, el porcentaje de defensoras era más alto porque se consideraba que era un cargo menor y marginal. “Existía la idea de que era un puesto más simple, menos calificado y estaba asociado con el estereotipo de que las mujeres son más buenas. Hoy, que está claro que los tres estamentos dentro del sistema de administración de justicia tienen responsabilidades importantes, los hombres también quieren estos cargos y no son más premios consuelo para las mujeres”, dijo.

 

 

El estudio muestra, además, la falta de incorporación al Ministerio Público de la Defensa de personas travestis, trans y transgénero con independencia del cargo, tal como establece la ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans.

Uno de los motivos por los cuales las mujeres no llegan a los puestos de poder tiene que ver con el propio dispositivo de la designación. En el trámite hay una parte interna al Ministerio Público de la Defensa, relacionada con el mérito –en la que se califican antecedentes, se toma un examen a lxs candidatxs y lxs mejores calificadxs quedan en una terna– y otra más discrecional. La terna se envía al Ejecutivo para que seleccione a unx candidatx. Luego, el pliego es enviado al Senado nacional para su aprobación. Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa, explicó a El Cohete que “en el 80% de las ternas participan mujeres, pero en el período investigado (2008-2019) el Poder Ejecutivo designó sólo a un 33%”.

Falta así que se incorpore el criterio de paridad en la elección final. En palabras de Asensio, “no hay por parte de las autoridades políticas que intervinieron en el trámite, el Poder Ejecutivo y el Senado, una medida que establezca algún sistema de acciones afirmativas para controlar que no haya una pérdida en la representación equitativa, tanto en nuestro organismo como en el resto del Poder Judicial”.

Por su parte, Martínez resaltó que en las últimas designaciones, desde que Martín Soria asumió como ministro de Justicia, comenzó a haber paridad de los pliegos que se envían al Senado, pero “el problema continúa. Como existía una merma tan significativa, no se puede construir una paridad total aún”.

La defensora general propuso para su organismo que no todas las ternas estén integradas, al menos, por una mujer. “No puedo inmiscuirme en los otros poderes, pero para promover la llegada de las mujeres a los cargos, decidí adoptar como medida que cada vez que se eleven las ternas voy a poner un agregado en el cual le haga saber al Ministerio de Justicia cuántas mujeres y hombres hay en esa jurisdicción, para que se tenga en cuenta a la hora de decidir”. Además dispuso que cuando en un concurso se inscriban menos del 40% de mujeres se realizará una llamada extraordinaria que las contemple sólo a ellas.

En la misma línea, Asensio planteó la necesidad de que se dicte un decreto para que el Ejecutivo se autolimite en relación con la paridad a la hora de elegir a los cargos superiores. “Luego de estudiar y hacer la publicación sobre el tema, creemos que esto se podría resolver fácilmente con un mecanismo inspirado en el decreto 222 de la Corte. Podría ser un nuevo decreto más moderno, que fije cupos y la necesidad de mirar la conformación de las jurisdicciones antes de decidir. Podrían considerar los avances de aquel decreto –que fue un gran paso en el ámbito de la Justicia– y actualizarlo, incluyendo paridad de género para todas las áreas judiciales”.

Existen jurisdicciones en el ámbito federal donde no hay ninguna mujer magistrada (ni juezas, ni fiscales, ni defensoras). La distribución territorial de los cargos, relevada por el estudio del Ministerio Público de la Defensa, muestra que en ocho provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán) hoy no hay ninguna defensora designada.

Al indagar en cómo se distribuyen los cargos por género, se encontró que las mujeres tienen menor presencia en fueros de mayor peso político –como el fuero federal–, mientras que son mayoría en aquellas materias asociadas al cuidado, como el civil y familiar. Esto se explica por la presencia de una segregación horizontal por razones de género.

 

 

Piso pegajoso

María Mercedes Crespi fue la primera mujer que accedió a un cargo de magistrada por concurso en la Justicia federal de Córdoba. Asumió en 2008 y hoy se desempeña como defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de esa provincia. Entonces tenía 37 años y se encontró con mucha resistencia por parte de los trabajadores de la Defensoría “por ser bastante más joven que las personas que tenía a cargo y por ser mujer”. Crespi trabaja desde los 18 años en la administración de justicia, estuvo en los tribunales federales de San Martín hasta 1996 y luego desarrolló su carrera en Córdoba. “Es un ámbito muy masculino, donde cuanto más subís en el cargo, menos mujeres ves. Se nos exige más, tenemos que demostrar de entrada que pisamos fuerte, que tenemos carácter, que sabemos y estamos a la altura de asumir el cargo. Me encontré con el fuerte rechazo de los hombres que debían trabajar bajo mis órdenes”, manifestó.

En su camino a convertirse en defensora general, Stella Maris Martínez también se topó con la discriminación por su género. Cuando era una joven abogada era la candidata natural para ascender al puesto de secretaria del Juzgado de Instrucción donde se desempeñaba, pero el juez a cargo le dijo: “Nunca voy a nombrar a una mujer”. El puesto lo terminó ocupando quien entonces era su mejor amigo, y hoy es su marido. “Él le dijo: ‘Ese cargo es para Stella’, y el juez le respondió que si no asumía iba a traer a un hombre de otro juzgado”.

En aquel momento no existían los concursos y las mujeres se enfrentaban con un contexto aún más duro para levantar vuelo, sobre todo en el fuero penal. “Fue una gran liberación que se establezcan los concursos porque aunque aún no hay paridad, las posibilidades para nosotras son mayores. Yo llegué a mi cargo de defensora ante la Corte Suprema por concurso”, reflexionó la defensora general.

Otro de los grandes obstáculos para la designación de defensoras es que las mujeres se presentan a los concursos menos que los hombres, situación que se repite en los concursos de jueces y fiscales. Asensio remarcó que este fenómeno “tiene que ver con una cultura, no sólo institucional, vinculada al sistema administración de justicia y con nuestro contexto sociocultural, en el cual los espacios de poder de mayor liderazgo siguen siendo asociados con roles masculinos”, destacó la abogada. Desde el Ministerio Público de la Defensa se trabaja en fijar políticas institucionales que refuercen el rol de liderazgo de las mujeres.

En todo el ámbito judicial existe no sólo un marcado “techo de cristal”, sino también un “piso pegajoso”. Este alude a que las mujeres tienden a quedar estancadas, empantanadas, en los puestos más bajos y tiene una relación directa con la organización social del cuidado o el trabajo no remunerado. “Muchas mujeres se ven absorbidas por las tareas de cuidado y les cuesta más conseguir antecedentes para presentarse en los concursos, sobre todo las más jóvenes que tienen que cuidar de niños. También les cuesta dedicarse a estudiar lo suficiente para dar los exámenes. Luego nos encontramos que, cuando concursan, obtienen buenos lugares”, señaló Martínez.

La primera vez que Crespi fue a rendir para el cargo de defensora se posicionó última en la escala de antecedentes (cursos, formación y capacitación) de su terna. Los otros dos candidatos eran varones. “Rendí cuando mis hijas eran chicas y ocupaba la mayor parte de mi tiempo en su crianza. Era muy difícil tener tiempo para la formación académica”, contó.

El 76% de las mujeres con hijxs que aspiran a un cargo de defensora en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación aseguraron que la maternidad impactó en su carrera profesional, mientras que el 59% de los varones niega que la paternidad haya tenido ese efecto. Son mayoría las mujeres que dedican más de 11 horas semanales al trabajo doméstico y son más los varones que destinan mayor cantidad de horas a actividades académicas y recreativas. Entre quienes dedican de 11 a 20 horas semanales al ocio, la proporción de varones duplica a la de mujeres.

Asensio coincidió con que las mujeres deben “remontar una cuesta más empinada” para poder ocupar altos cargos. Tienen mayor dificultad para compatibilizar las tareas de cuidado con las exigencias laborales y con la necesidad de contar con créditos académicos y el tiempo para preparar los exámenes. “Se espera más de las mujeres que puedan ocupar esos puestos que de los varones porque estos últimos tienen mayor disponibilidad de tiempo para escribir libros, para dar clases, para realizar posgrados. Mientras las mujeres salen corriendo del trabajo a buscar a los chicos al colegio y después hacen la compra para preparar la cena, los varones salen de trabajar y se van a la facultad y eso les suma puntos para concursar y ganar un cargo”, explicó.

También suele ser un impedimento que la mayoría de los concursos federales se rinden en Buenos Aires. Para muchas mujeres, tener que disponer de tres o cuatro días seguidos para viajar y dejar a sus hijxs es imposible.

La dificultad para las mujeres y otras identidades alejadas del varón cis de acceder a cargos jerárquicos se refleja en los números y en cada historia. Al hablar de una reforma judicial que incluya perspectiva de género es condición fundamental que ampliemos la base de quienes llegan a cargos de poder. Se deben revisar los mecanismos de selección e intentar superar los obstáculos que imponen las tareas de cuidado para acceder a actividades de formación, a fin de que las designaciones sean más diversas.

 

 

 

 

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