La historia ofrece herramientas para comprender el presente. Una de ellas es lo ocurrido en el caluroso Termidor, nombre de un mes del calendario de la Revolución francesa. En julio de 1794, la Convención se volvió contra la radicalización jacobina, Robespierre fue ejecutado y se limitaron varias medidas revolucionarias. Años después, tras la derrota de Napoleón, regresó la monarquía con la Restauración de 1814 y 1815.
Sin embargo, aunque los reyes lograron volver al trono, no pudieron hacer que Francia olvidara 1789. La ciudadanía, la igualdad ante la ley y la idea de soberanía nacional ya formaban parte de su historia, por más desorden que hubiera producido la revolución. Esta había sufrido derrotas, pero no había sido borrada de la conciencia colectiva. Las revoluciones de 1830 y 1848 mostrarían que sus demandas seguían vivas.
Primera enseñanza: una restauración puede cambiar gobiernos y reducir derechos, pero difícilmente devuelve a una sociedad al punto exacto del que partió. Los pueblos aprenden de sus conquistas y de sus derrotas.
De este proceso surgen preguntas universales que nos interpelan: ¿puede una sociedad conservar las conquistas institucionales de un movimiento popular y, al mismo tiempo, vaciar progresivamente su contenido social y político?
La Argentina tiene una historia joven, atravesada por esa tensión. No vivimos una Revolución francesa ni cabe equiparar épocas y procesos distintos. Pero conocemos la disputa entre la ampliación de derechos y los intentos de limitarla. Cada avance enfrentó resistencias; cada retroceso alimentó nuevas luchas.
La Ley Sáenz Peña de 1912 estableció el voto secreto y obligatorio para los varones comprendidos en la norma. Abrió el camino para que Hipólito Yrigoyen llegara a la presidencia en 1916 y quebrara un largo predominio conservador. La intransigencia frente al régimen y los alzamientos radicales, entre ellos el de 1905, contribuyeron a modificar las reglas del poder. La rebelión de 1905 fue sofocada en pocos días, pero mantuvo vigente la demanda de elecciones libres. La reacción llegó en 1930, con el primer golpe de Estado del siglo XX.
Años después, el peronismo amplió decisivamente los derechos sociales y laborales. El recordado 17 de octubre de 1945 logró la liberación de su líder preso; luego llegaron conquistas como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la protección del trabajador rural, la organización sindical y el reconocimiento constitucional de los derechos laborales, junto con la nueva Constitución de 1949. A ello se sumó el voto femenino sancionado en 1947, fruto también de generaciones de lucha de las mujeres. La reacción fue el golpe de 1955, precedido por bombardeos y masacres, y seguido por fusilamientos y proscripción. La persecución y la censura no pudieron borrar aquella experiencia. Las organizaciones y la memoria de esos derechos sobrevivieron y permearon incluso a quienes no eran peronistas.
El fin de la proscripción, el regreso de Perón, el fortalecimiento del movimiento obrero y el protagonismo político de los jóvenes y sus organizaciones fueron seguidos por la reacción más extrema, expresada en la Triple A y López Rega: no solo la represión, sino también la desaparición del otro, perpetrada por la dictadura que llegó después.
La recuperación democrática de 1983 y el gobierno de Alfonsín ofrecen otro ejemplo. Se terminaron las democracias restringidas y los golpes. No fue un regalo del poder: fue resultado de la resistencia a la dictadura, de la CGT, de la guerra de Malvinas, del movimiento de derechos humanos y de una sociedad que quería terminar con el terror. Desde entonces, pese a las crisis y las deudas pendientes, elegir autoridades periódicamente se convirtió en una regla compartida. Es una conquista que exige defensa cotidiana y quizá expresa un acuerdo que, aunque hoy está amenazado, perdura para la gran mayoría.
La crisis de 2001 abrió otro ciclo. El derrumbe económico y la desconfianza en la representación política dieron lugar a protestas, asambleas barriales, movimientos de desocupados y redes de solidaridad. No había una única voz, pero sí una exigencia de reconstruir el vínculo entre Estado y sociedad.
El ciclo iniciado en 2003 con Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner puede leerse en ese contexto: recuperación de la iniciativa estatal, políticas de derechos humanos, expansión de protecciones sociales y renovada centralidad de la política. No fue una revolución ni estuvo exento de contradicciones. Pero dejó conquistas y expectativas que modificaron la vida colectiva, como había ocurrido durante los primeros gobiernos peronistas.
La llegada de Mauricio Macri en 2015 cambió la orientación política y económica. En 2019, el peronismo volvió al gobierno con Alberto Fernández, pero no consiguió recomponer un horizonte compartido ni superar problemas fundamentales. La victoria de Javier Milei en 2023 abrió otra etapa, con una propuesta de reducir el papel del Estado y revisar regulaciones y protecciones. En 20 años se alternaron proyectos y se reabrieron debates que parecían saldados.
Aquí sirve la analogía con el Termidor. No porque una elección democrática equivalga a un golpe revolucionario ni porque todos los opositores sean iguales. Sirve para entender un mecanismo: cuando un proyecto transformador pierde impulso, sus adversarios encuentran condiciones para revisar sus políticas. La disputa alcanza la memoria: algunos derechos son presentados como privilegios y la solidaridad, como gasto.
Pero sería cómodo atribuir cada retroceso a los adversarios. Las fuerzas populares deben preguntarse qué dejaron de comprender. Cambiaron el trabajo, las deudas familiares y las formas de participar. Crecieron la precariedad y la incertidumbre, y una pandemia aceleró la expansión del mundo virtual. La sociedad no vota solo por lo que recibió ayer: también mira lo que espera o teme del mañana. Ningún movimiento puede sostenerse indefinidamente en sus recuerdos.
Yrigoyen, el peronismo, 1983 y la reconstrucción kirchnerista posterior a 2001 dejan una segunda enseñanza: las luchas populares vuelven, aunque no siempre con los mismos nombres o dirigentes. Es inútil declararlas muertas. Persisten porque la necesidad de justicia, trabajo y dignidad no desaparece por decreto. Pero no existe una ley histórica que garantice su regreso. Para recuperar protagonismo hacen falta ideas renovadas, organizaciones y vínculos reales con la sociedad. ¿Por qué la derecha vernácula se empeña en negar el pasado? Ya quiso darlo por muerto y desaparecido; hoy coquetea con otros métodos, más sofisticados y también peligrosos.
Hay una diferencia decisiva frente al pasado. La disputa se desarrolla en una democracia que conserva las elecciones como mecanismo de legitimidad. Incluso la derecha, cuando cuestiona instituciones o consensos anteriores, debe someter sus propuestas al voto popular. Que esa regla perdure, aun con tensiones, es un triunfo colectivo. No garantiza derechos por sí sola, pero permite disputar sin suprimir la voluntad ciudadana. Defenderla exige respetar la alternancia, hoy minada por la munición gruesa de los monopolios informativos, la represión creciente en barrios populares y manifestaciones, y un orden que se impone bajo el estigma de la letra K.
Sabemos a dónde puede conducir la estigmatización cuando degrada al otro llamándolo “kukaracha”: a habilitar el veneno. El campo popular siempre lo supo y logró lo increíble con las epopeyas ya mencionadas.
Falta liberar a CFK y aprovechar esa movida para reordenar el tablero y enderezar el barco. Nadie puede ignorar que esa prisión, que pende como una culpa sobre el sistema político, es la rémora más tremenda de la reacción. Ahí andan estafadores de guante blanco, los del Correo, jugadores de pádel en Olivos, visitantes que se esconden en los lagos y embaucadores de las autopistas, la energía y los medios de comunicación. Pero el escarmiento recae sobre una mujer inocente, sometida a una Justicia amañada. Ya son muchos los que antes la criticaban y ahora empiezan a pedir república: tarde, pero al menos la piden.
Entonces surgen preguntas más profundas que la de quién ganará la próxima elección: ¿qué espacio queda para acuerdos de políticas de Estado en un país sometido a semejante péndulo? ¿Cómo pensar la educación, la salud, la vivienda, el ambiente o el desarrollo productivo a 20 años si cada gobierno pretende empezar de cero? ¿Cómo lograr continuidad sin borrar diferencias? ¿Cómo hacer un país?
Una política de Estado no es la foto de dirigentes firmando un documento. Es un compromiso con metas, recursos, controles y participación social que sobreviva a un gobierno. Para eso hacen falta instituciones que controlen, presupuestos que se cumplan y ciudadanía organizada que cuide los compromisos. No exige unanimidad ni ausencia de conflicto: exige comprender que ciertos problemas requieren más tiempo que un mandato. La democracia debe permitir cambiar de rumbo y acumular aprendizajes, no desecharlos cada cuatro años.
Tal vez esa sea nuestra deuda más persistente. Reitero: somos un país joven. Aprendimos a conquistar derechos, resistir retrocesos y regresar después de las derrotas. Nos cuesta más construir aquello que no haya que defender desde el principio una y otra vez. No se trata de volver al pasado, sino de convertir sus mejores conquistas en un piso común desde el cual seguir avanzando. Los vientos que vienen del Brasil inspiran confianza y plantean nuevos escenarios de gran dificultad que habrá que volver a sortear. ¿Seremos capaces de transformar el péndulo de conquistas y restauraciones en una acumulación democrática, con acuerdos que duren más que sus gobiernos? ¿O seguiremos discutiendo, en cada cambio de rumbo, si debemos conservar aquello que tanto nos costó conquistar?
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí