El tiro de gracia

Alejandra Gils Carbó habló por primera vez de la persecución y la amenaza de la cárcel

 

I. 

¿Efectuó una denuncia penal antes? –dijo el abogado de Fabián Rodríguez Simón, en la única y última pregunta de la audiencia.

–No. No lo hice, por el mismo motivo por el que las víctimas de delitos de lesa humanidad no denunciaban a los represores –respondió Alejandra Gils Carbó–. Yo veía un aparato estatal organizado contra mí. Lo que quería, a esa altura, era que cesara la persecución y no exponer nuevamente a mis hijas en público ni exponerme yo.

Alejandra Gils Carbó guardó silencio durante los últimos cuatro años. Nunca denunció ni habló de las razones que la obligaron a renunciar al cargo de Procuradora General de la Nación en octubre de 2017, hasta el martes pasado. Convocada como testigo de la denominada causa de la Mesa Judicial, se explayó durante sesenta minutos sobre las presiones padecidas desde la campaña electoral de Mauricio Macri, para situar sólo en esa línea de tiempo más larga el encuentro de “Pepín” Rodríguez Simón con uno de sus fiscales y la amenaza de prisión para sus hijas. La escena ocurrió antes de su renuncia y fue “el tiro de gracia”, como la describió en un borrador. El testimonio resultó uno de los más importantes de la causa, descripto, según fuentes de la Justicia, como “un ataque coordinado del Estado nacional para alejarla sin motivo de sus funciones”. Ella no habló de lawfare, pero sí de un tipo específico de violencia que caracterizó como privada y estatalizada.

“Es de público conocimiento que desde agosto de 2015 soy presionada por Mauricio Macri y fui perseguida durante años –expresó— para obtener mi renuncia, desde la campaña electoral (…). Una violencia que se reproduce a través de los medios, a través de la palabra del entonces candidato y de un coro de funcionarios que replicaban esa exigencia (…). Y fue una violencia estatalizada, porque se trató de una violencia privada, con fines personales del Presidente Mauricio Macri, que usó el aparato del Estado ilegalmente para llevarla a cabo”.

 

 

Macri y Simón.

 

Esa espiral de violencia se agudizó en agosto de 2017 con la apertura de causas judiciales, hasta obligarla a tomar una licencia. En las ventanitas de la audiencia virtual estuvo el fiscal Franco Picardi, el abogado del operador judicial ahora prófugo y también los defensores de otros dos imputados: el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas.

“Lo primero que quiero preguntarle es si durante su función ha recibido algún tipo de presión de parte del Ejecutivo nacional”, dijo Picardi. Y ella empezó. Las primeras denuncias comenzaron antes del cambio de gobierno –primero desde la estructura del Poder Judicial–, pero no les prestaba atención porque sabía que eran parte del costo de una gestión emancipatoria.

“Yo veía que la Justicia no investigaba adecuadamente porque los fiscales estaban en su despacho, con estudiantes de Derecho. No entendían de balances, ni estrategias societarias, con el despliegue que habían tendido en los últimos veinte años los paraísos offshore. Y lógicamente uno de mis primeros actos fue crear la Procuraduría de Crímenes Económicos y Lavado, de Narcocriminalidad y de Violencia Institucional. Era la primera vez que había equipos de investigación con expertos que traje de organizaciones, no sólo abogados, sino interdisciplinarios. Y eso parecía que no gustaba, entonces criminalizaron actos ordinarios de gestión”.

 

Audiencia Pública, agosto de 2012. Otra era.

 

 

II. 

En agosto de 2015 comenzó un segundo momento con despliegue de titulares en los diarios. Ella leyó:

  • Macri dijo que echará a Gils Carbó y a Vanoli si es Presidente. Sostuvo que recurrirá a la presión de la opinión pública y a instrumentos del Congreso. Agosto de 2015.
  • “La jefa de los fiscales asegura que no renunciará aunque el próximo Presidente se lo pida. Ajá. Siempre queda el juicio político, doctora Gils Carbó. Sobran razones. Cambia, todo cambia”. Laura Alonso, noviembre de 2015.
  • “Nosotros creemos que la presencia de ella como Procuradora es absolutamente incompatible con una presidencia de Cambiemos, en particular de Mauricio Macri. Por lo tanto, si ella no acepta renunciar haremos lo necesario para removerla”. Pablo Tonelli, 9 de noviembre de 2015.
  • “Ella está denunciada por muchísimos delitos y enfrenta un montón de procesamientos, va a tener que retirarse para evitar el desafuero, van a dictar su prisión preventiva”. Elisa Carrió, en el programa Desde el llano, 9 de noviembre de 2015.

Alejandra Gils Carbó leyó. Y paró. Y agregó: “Yo no tenía abierto ningún proceso penal en ese momento”. Luego, siguió leyendo. Un título de Clarín del 24 de noviembre: “Tiempo cumplido para Gils Carbó y Vanoli, a preparar las valijas”. Otro de La Nación: “El nuevo gobierno relevaría a la Procuradora vía decreto”. Y, finalmente, una frase de Macri:

Encárguense, no la quiero en mi gobierno.

 

Bailá.

 

 

III.

Alejandra Gils Carbó se formó en un estudio jurídico especializado en derecho comercial. Ingresó al Poder Judicial como secretaria de juzgado y pasó al Ministerio Público Fiscal en la gestión de Nicolás Becerra. Ganó un concurso como fiscal general ante la Cámara Civil y Comercial, donde estuvo trece años en el cargo que ahora ejerce Gabriela Boquín. Entrenada en criminalidad económica, se opuso a la fusión de Multicanal y Cablevisión aprobada por Néstor Kirchner. Esa oposición es para ella uno de los rasgos de autonomía que le permitieron apoyo de más del 90 por ciento del Senado en la audiencia pública de su candidatura, donde superó un escrutinio de más de seis horas.

Las primeras presiones del gobierno “no dieron resultado –aseguró— porque con veintipico de años en la Justicia, yo no iba a aceptar que ni a mí ni a otros procuradores se los echara. Pero entonces, se optó por otra estrategia: la persecución por medio de causas penales a través de los jueces Ercolini y Bonadío”.

 

Bonadío y Ercolini.

 

 

IV.

El 23 de marzo de 2017, el fiscal Carlos Rívolo recibió un sobre anónimo en el que acusaban a Gils Carbó de comprar el inmueble donde hoy está la Procuración para beneficiar a su ex marido, de quien estaba divorciada hacía veinticinco años. Era falso, pero el sobre desató un tornado. La compra se había hecho en 2013. Con el tiempo se supo que dos hermanos pasaron datos confidenciales a una inmobiliaria y cobraron una comisión indebida. Uno de los hermanos era funcionario del Ministerio Público y Gils Carbó fue imputada, aunque el procedimiento tuvo dictámenes sin objeciones de una veintena de funcionarios de carrera. En paralelo, Bonadío abrió una causa contra sus hijas por una publicación de un blog de noticias y les imputó asociación ilícita, coacción, negociaciones incompatibles, defraudación, violación de secretos e incumplimiento de deberes de funcionario público, con la madre como instigadora.

Así llegó octubre de 2017, cuando hubo una “metralleta de presiones” o una “muestra de la coordinación, la acción coordinada”, explicó la ex funcionaria. “El día 12 de octubre de 2017, el juez Ercolini me procesa por administración fraudulenta (por el edificio). Al día siguiente, 13 de octubre de 2017, el periodista Ricardo Roa publica en Clarín el teléfono de mi hija. Y esto fue un salto cualitativo, porque utilizaron violencia contra mi hija menor, violando su privacidad, sometiéndola a la violencia de personas que leen ese diario y la llamaron para insultarla”.

Sólo una semana después, el 20 de octubre, el juez Pablo Cayssialis hizo lugar a una demanda que buscaba declarar inconstitucional el juicio político para destituir a un Procurador General. Un sinsentido que iba contra del artículo 120 de la Constitución Nacional, producto de una causa que se había iniciado con una presentación del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Una causa armada, explicó ella, porque el Colegio presentó la demanda ante el Poder Ejecutivo Nacional. No había conflicto entre partes opuestas, sino acuerdo para perjudicar a un tercero que no era parte: Gils Carbó y el Ministerio Público.

El Colegio de Abogados de la calle Montevideo es conocido por la defensa histórica del golpe cívico-militar de 1976 y por sus relaciones con el PRO. Al pedido se sumó, además, la OGN Será Justicia, también asociada a ese partido. “Cuando veo la denuncia en los medios –recordó Gils Carbó–, me presenté yo misma como afectada en nombre propio y del Ministerio Público”.

Pero inmediatamente tenía abierto otro escenario: los medios anunciaban un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Defensa con apoyo de varios bloques, que podía dejarla afuera del cargo con una suspensión. “El proyecto establecía que el Procurador (que debe removerse por mayorías especiales de dos tercios) podía ser destituido a pedido fundado del Poder Ejecutivo, y luego ser tratado por mayoría. Pero ese pedido fundado causaba la suspensión inmediata. Lo cual era privarlo totalmente de autonomía, a él, al MPF y el sistema judicial. Y no preveía ni sumario ni juicio”, explicó.

Mientras tanto, Bonadío reclamaba otro requerimiento porque ya no le servía el que tenía.

“Y es en ese contexto, de persecución mediática y política sin fin, desatada en la campaña electoral, con persecución judicial contra mí y mis hijas, en causas tramitadas por los jueces Bonadío y Ercolini, en ambas con Taiano como fiscal, ahí es que empiezo a pensar en renunciar”.

 

V.

El viernes 27 de octubre de 2017 reunió a sus colaboradores más estrechos. “Yo renuncié el lunes 30. Les dije que lo estaba evaluando (…). Y en ese contexto me dicen que el fiscal Gabriel de Vedia les había contado que había tenido una reunión, de la cual yo no estaba enterada, con el señor “Pepín” Rodríguez Simón, quien le había expresado que si yo no renunciaba iban a ir presas mis hijas y yo. Esa frase, dicha en otro contexto, podría no haber tenido ningún significado, pero en este sí, porque no hacía más que confirmar lo que yo venía viendo”.

 

 

Inmediatamente lo describió: “Que desde las altas esferas del gobierno –porque me llegó que esta reunión tuvo lugar en Casa Rosada– se estaban coordinando estas acciones y habían adquirido un embate brutal en ese mes de octubre donde tenía el temor, cierto, de que mis hijas vayan presas, porque no era cualquier contexto. Había detenciones arbitrarias de funcionarios políticos con funciones abusivas. Querían detener a la hija de Cristina Fernández, Florencia Kirchner, y le causaron un grave daño a su salud. Y en mi caso, desde que mi hija menor tiene 22 años está asociada a una carátula de asociación ilícita, las dos perseguidas por el juez Bonadío”. Respecto a su hija mayor, profundizó: “Recuerdo su cara de asombro y de espanto cuando tuvimos que ver las actas de inteligencia donde se mencionaba hasta a mi nieta. Esos dichos de “Pepín” tenían un contexto que los volvía verosímiles. Confirmaba lo que estaba viendo y que si no renunciaba mis hijas y yo podíamos ir presas”.

 

 

Casa Rosada.

 

 

VI.

Durante ese fin de semana, el fiscal de Vedia buscó verla. “Pide verme y él mismo me transmite esa conversación. La misma versión. Y el lunes siguiente renuncio. Y en esa renuncia, expresé los motivos de orden institucional, ciertos y comprobados, como el peligro de la pérdida de independencia (…), pero el padecimiento de mis hijas y el mío por esa persecución probada que sufrieron durante años, me lo guardé para mi privacidad. Ellas habían estado demasiado expuestas como para que yo siguiera hablando de eso. Yo quería que tuvieran una vida no pegada a mi destino. Quería otra vida para ellas. Entonces, nunca más hice referencia al tema”.

 

 

VII.

Picardi hizo dos preguntas más, como en cada testimonial. Hasta ahora declararon jueces y juezas a los que les preguntó si sufrieron presiones directas o si fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura después de un fallo contrario a los intereses del gobierno. En este caso, quiso saber si Gils Carbó también fue sometida a juicio político. Ella lo negó. Y luego, recordó –como para explicarse a sí misma las razones de esa persecución– que en 2009 le impidió al entonces alcalde porteño crear una Inspección General de Justicia (IGJ) para la Ciudad con un dictamen todavía vigente.

Finalmente, aportó el último dato: “Me falta agregar que cuando renuncié, la persecución cesó, lo cual es la más clara prueba que esto estaba montado para obtener mi renuncia”, concluyó. Bonadío cerró la causa contra sus hijas y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y Será Justicia desistieron de la acción de inconstitucionalidad. En la causa del edificio, la Cámara de Apelaciones con votos de Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi señaló que ella no perjudicó al Estado y no cobró comisión. La única acusación en pie sostiene que redireccionó la compra porque quería un edificio señorial, que en realidad no quería ni necesitaba.

El martes 8 a la mañana, antes de declarar, Gils Carbó se dispuso frente a su computadora para conectarse a la audiencia. En simultáneo encontró un correo electrónico del juzgado de Ercolini donde le avisaban, con ese extraño reloj de tiempo que actualiza sonidos viejos, que la causa del edificio acababa de ser elevada a juicio oral.

La causa de la Mesa Judicial no tiene querellantes. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón está imputado en la investigación, pero permanece prófugo en Uruguay en el marco de otra causa, denominada Grupo Indalo por las extorsiones a ese grupo empresario. En ese expediente, la jueza María Servini pidió los datos de las comunicaciones que mantuvo durante los cuatro años de gestión. Entre los contactos frecuentes estaba su ex esposa, Soledad de Vedia. El fiscal de Vedia es pariente lejano de esa mujer. Recurrió a “Pepín” antes de la renuncia de la Procuradora para implorar una tregua. El operador judicial respondió con una amenaza, uno de los ejes del testimonio de la ex funcionaria que analiza presentarse como querellante.

 

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