Haber cuidado a África, la gata tímida de mi amigo Daniel Rosso, durante sus vacaciones, me permitió internarme en ese pedazo de biblioteca de Alejandría que es su casa. Como cuando era chico, volví a leer libros ajenos y me intoxiqué con Giuliano da Empoli, Emmanuel Carrère y Yanis Varoufakis. En esos mismos días fui a ver El mago del Kremlin y terminé sumergido en una sobredosis de ideas sobre el poder contemporáneo.
Es difícil ponerle nombre a lo que estamos viviendo. No existe una definición única porque todavía funciona más como un modelo teórico que como un sistema acabado. Pero algunos rasgos ya son visibles. Las decisiones políticas empiezan a quedar en manos de quienes concentran el capital. Las elecciones siguen existiendo, aunque muchas veces financiadas y condicionadas por los mismos grupos económicos. El resultado es una versión renovada de la plutocracia: el poder desnudo, sin demasiadas mediaciones.
También es el regreso de sociedades sin colchón social, distintas de aquel equilibrio imperfecto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió, con matices, hasta mediados de los años '60. El Estado que propone Javier Milei queda reducido a garantizar la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. Desaparecen la regulación antimonopólica, la defensa del consumidor y cualquier lógica redistributiva. No se trata de anarco-liberalismo ni de una teoría coherente: es, más bien, una demolición del sistema anterior.
El propio ministro de Economía representa otro fenómeno de época: la ocupación de cargos públicos por empresarios o gerentes del sector privado. La circulación permanente entre empresas y Estado es la verdadera “puerta giratoria” del poder contemporáneo. Ya no se trata de capitalismo competitivo. Lo que domina son monopolios y oligopolios capaces de capturar al Estado para bloquear nuevos jugadores. Sin contrapesos económicos tampoco sobreviven sindicatos fuertes, pymes, cooperativas o mercados informales vigorosos.
La consecuencia es una estructura social cada vez más rígida. El 1% acumula capital, tierra y medios de producción, mientras el resto vende trabajo sin capacidad real de negociación. La movilidad social se vuelve excepcional. Si alguien nace pobre, probablemente muera pobre. La meritocracia termina convertida en un relato.
En ese contexto, la innovación pierde sentido. ¿Para qué innovar si el mercado ya está capturado? Las empresas invierten más en lobby que en investigación y desarrollo. Y, en paralelo, el voto empieza a perder valor simbólico: mucha gente deja de participar porque siente que las decisiones importantes las toma el dinero y no las urnas.
Todo pasa a medirse en términos de rentabilidad. La educación, la salud y el arte se transforman en mercancías. Lo que no produce ganancias inmediatas entra en una lenta marginalidad.
La pregunta central es cómo construir contrapesos. El poder económico se retroalimenta: con dinero se compra influencia política; con influencia política se dictan leyes que generan más dinero. Y así el círculo se cierra.
Por eso resulta necesario volver a pensar el Estado. Incluso Adam Smith advertía en 1776 que el mercado necesitaba un Estado fuerte para impedir monopolios.
En documentos técnicos del Banco Mundial aparece un concepto revelador: “captura del Estado”, utilizado para describir la manera en que grandes empresas moldean leyes y regulaciones en beneficio propio.
Ahí entra Varoufakis y su idea del “tecno-feudalismo”. En el capitalismo tradicional, la ganancia surgía de competir y vender productos. En este nuevo esquema, el capital ya no son fábricas ni tierras, sino datos, plataformas, algoritmos y atención.
La renta deja de provenir de la producción y pasa a funcionar como un peaje por usar plataformas digitales. El trabajador tampoco es solamente un asalariado: muchas veces es un usuario que genera datos gratis mientras sostiene, sin saberlo, el valor de las empresas. Amazon, Meta o Google ya no necesitan comprar senadores. Manejan comunidades de miles de millones de usuarios. Si alguien desaparece de sus plataformas, desaparece también de una parte enorme de la vida pública y económica. Las plataformas poseen un efecto de red imposible de replicar para pequeñas empresas. Cuanta más gente participa, más valiosas se vuelven.
En el feudalismo clásico, el campesino trabajaba la tierra del señor a cambio de protección. Hoy millones producen contenido y datos para las plataformas. A cambio reciben conectividad o visibilidad. La plataforma se queda con la renta. Los sindicatos no pueden hacer huelga contra un algoritmo. Las pymes no pueden enfrentar subsidios cruzados de gigantes globales. Y los Estados nacionales resultan demasiado pequeños para regular corporaciones que operan a escala planetaria.
Los riesgos son evidentes: si el poder se concentra sin límites, la democracia queda reducida a una escenografía. Las decisiones relevantes —qué información vemos, cuánto pagamos, a quién llegamos— empiezan a quedar en manos de algoritmos privados.
Las alternativas existen, aunque avanzan lentamente. Europa intenta abrir plataformas y garantizar interoperabilidad. Busca que un usuario pueda migrar datos, seguidores y contenidos de una red a otra. También aparecen proyectos de infraestructura estatal. Estonia ofrece identidad digital pública y servicios centralizados. Francia y Alemania impulsan Gaia-X para reducir dependencia tecnológica. China desarrolla sistemas de pago digitales propios. La vía cooperativa parece todavía más lejana, aunque interesante. Existen experiencias donde choferes son dueños de aplicaciones de transporte o comunidades administran sus propios datos.
Nada de esto ofrece soluciones mágicas. Europa apuesta a la regulación; Estados Unidos, al antimonopolio y la innovación privada; distintos movimientos civiles imaginan modelos cooperativos y software abierto. Porque el poder nunca toleró demasiado los límites. Y cuando el dinero puede comprarlo todo, la plutocracia empieza a parecerse peligrosamente a una dictadura elegante.
Por eso sigue siendo necesario pensar una nueva estatalidad, ese espacio donde cada individuo resigna una parte en función del conjunto. Como decía Francisco: “El todo es superior a la parte”. La frase parece simple, incluso obvia. Pero detrás de esa aparente sencillez hay una discusión decisiva sobre cómo convivir antes de que el mercado termine devorándolo todo.
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