El último “señor de la guerra”

La Justicia le negó la libertad condicional a Santiago Riveros, máximo jerarca vivo del terrorismo de Estado

 

Para el alivio de centenares de víctimas y familiares, la Justicia le negó esta semana la libertad condicional al represor Santiago Omar Riveros, máximo jerarca vivo del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín rechazo un pedido de los defensores oficiales de Riveros, ex comandante de Institutos Militares entre fines de 1975 y 1978, en el que sostenían que al ex general le correspondía ese beneficio por tener cumplidos veinte años acumulados de encierro, el plazo mínimo para solicitar la condicional previsto en las leyes que regían en el momento en el que ocurrieron los hechos.

A los 97 años, Riveros es el único sobreviviente de los “señores de la guerra”, como se conoció a los generales de la fracción “dura” del Ejército que recibieron ese mote por su feroz compromiso con la represión ilegal y porque ocuparon puestos clave en la estructura represiva como jefes de las cinco zonas en las que se dividió territorialmente la “lucha contra la subversión”.

Al frente del Comando de Institutos Militares, Riveros lideró la Zona IV y durante los primeros años de la dictadura estuvo a la par de los generales Carlos Guillermo Suárez Mason (comandante del Cuerpo de Ejército I), Ramón Díaz Bessone (Cuerpo II), Luciano Benjamín Menéndez (Cuerpo III) y Osvaldo Azpitarte (Cuerpo V). Todos ellos murieron, al igual que los sucesivos miembros de las Juntas Militares, lo que convierte a Riveros en el mayor responsable con vida del plan sistemático de aniquilamiento y desaparición.

Institutos Militares era la guarnición castrense más numerosa del país y tenía injerencia para la “lucha contra la subversión” en toda la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Se asentaba en Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención (CCD) de la Argentina. De las doce condenas por crímenes de lesa humanidad que acumula Riveros, más de la mitad son por delitos de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones y apropiación de menores vinculados a Campo de Mayo. Actualmente se lo sigue juzgando en la megacausa Campo de Mayo y en el juicio “Vuelos de la Muerte”.

A poco de cumplir 98 años, Riveros mantiene inquebrantable el pacto de silencio, no declara casi nunca y sigue guardando secreto sobre el destino de los desaparecidos y desaparecidas, y los hijos e hijas apropiados.

 

Libertad denegada

“La sentencia del TOF-1 no cuestiona el derecho de Riveros a hacer el pedido, pero la concesión de la libertad condicional es una facultad que los jueces pueden decidir si aplicar o no −explica Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo−. Y la sentencia da dos razones contundentes para rechazar la solicitud: un motivo más formal, que es que la libertad condicional no procede porque Riveros tiene varias prisiones preventivas y causas en trámite, y un motivo más de fondo, que es que liberarlo implicaría incumplir con los compromisos internacionales jurídicos del Estado en materia de lesa humanidad”.

La semana pasada, el TOF-1 había escuchado en una audiencia los argumentos de familiares de víctimas, abogados querellantes y referentes de los organismos de derechos humanos en contra del beneficio al represor. En las exposiciones se hizo énfasis en que sus delitos se siguen perpetrando mientras calla y en que aún se lo está juzgando en procesos en trámite. Se subrayó además el daño simbólico que produciría dejar libre a un asesino de su talla. La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, dijo que sería “tenebroso” repetir la historia de compartir las calles con represores como Riveros, tal como ocurrió en los años ochenta.

 

Víctimas, abogados y organismos advirtieron que el silencio perpetúa las desapariciones. Foto: transmisión de La Retaguardia.

 

En el pedido de beneficio para el ex general, sus defensores habían contabilizado la detención preventiva que le impuso el juez federal Adolfo Bagnasco entre 2000 y 2005, cuando lo procesó en el marco de la causa “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”, único delito exceptuado en las leyes de impunidad. La indagatoria de Riveros en aquella instrucción fue una de las pocas declaraciones que brindó ante la Justicia por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Desde el inicio de los juicios de lesa humanidad, tras la derogación de las leyes de impunidad, se negó sistemáticamente a declarar.

Ante el juez Bagnasco, hace más de veinte años, Riveros admitió que fue responsable de la seguridad y defensa de las unidades de Campo de Mayo en el marco del despliegue operativo para la “lucha contra la subversión”. Sin embargo, negó su relación de comando con el Hospital Militar de la guarnición, ex sede de una maternidad clandestina de donde fueron apropiados varios hijos e hijas de militantes secuestradas, y dijo desconocer la existencia de casos de robo de menores y sustracción de identidades.

Riveros declaró además que en Campo de Mayo funcionó un “L.R.D. (Lugar de Reunión de Detenidos) dependiente de Inteligencia del Ejército” y reconoció que, según lo previsto en la zonificación represiva para la “guerra contra la subversión”, ese lugar dependía de él “en el aspecto físico en virtud de su ubicación”. Pero otra vez negó su responsabilidad de mando y dijo que no supo de la existencia de un CCD en Campo de Mayo.

 

“Voy a vivir 200 años”

Sus presentaciones ante la Justicia también fueron escasas en otras causas. Se negó a declarar como imputado en el debate oral y público del juicio “Plan Cóndor” aunque sí lo hizo en la instrucción. Allí dijo que sus superiores nunca le informaron siquiera de la existencia del Plan Cóndor y repitió la misma cantinela sobre el funcionamiento de Campo de Mayo: que no existió un CCD, que nunca supo de asesinatos ni desapariciones, que el “L.R.D.” de la guarnición funcionaba bajo su jurisdicción pero era gestionado por personal de Inteligencia del Ejército, que el traslado de “detenidos” al lugar se realizaba por órdenes del Estado Mayor General y que él se hacía responsable por los actos de todos sus subordinados.

Hace tiempo hubo sin embargo una ocasión en la que Riveros se mostró mucho más locuaz que de costumbre en sede judicial. Fue en 2012, semanas después de que Jorge Rafael Videla lo señalara ante la Justicia como el responsable de decidir la ubicación para el ocultamiento del cuerpo de Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Aquella causa se tramitaba en un juzgado contencioso administrativo y correspondía a un expediente resucitado que se había abierto a mediados de los ‘90 como Juicio por la Verdad, que ante la imposibilidad de avanzar en imputaciones penales buscaba averiguar dónde estaban los restos de Santucho.

Videla había declarado que la Junta Militar ordenó ocultar el cuerpo de Santucho “para evitar homenajes” y había señalado a Riveros como el encargado de ejecutar la orden (más tarde aclararía que no le constaba que efectivamente lo hubiera hecho). La jueza civil Martina Forns llamó entonces a declarar a Riveros, quien, sin riesgo de una pena de cárcel, se despachó contra Videla en su propia declaración. “Lo que hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto, es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto −dijo−. Pobrecito, creo que lo han asesorado mal”.

Riveros aseguró que se enteró de la muerte de Santucho “por radio” aunque admitió haber visto su cadáver en Campo de Mayo. “Si Videla me hubiese dicho que hiciera desaparecer ese cuerpo me hubiera dado el lujo de decirle que no”, dijo. En la disputa verbal entre ambos ex generales se reeditaba el viejo conflicto entre “duros” y “moderados” en la interna política del Ejército. Sin embargo, al ser sometidos a un careo, ambos represores coincidieron en decir que el asesinato de Santucho les provocó alegría. Según Riveros, “Santucho era la búsqueda del tesoro para el Ejército por ser el hombre más importante de la subversión”.

Pablo Llonto, abogado querellante de víctimas que entonces representaba a la hermana de Santucho, todavía recuerda lo que Riveros le dijo mano a mano a la jueza Forns en aquella ocasión: “Yo voy a vivir 200 años”. Por ahora los seguirá viviendo preso.

 

 

 

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