Pese a su centralidad política y geográfica, Córdoba no ha podido encauzar a una Policía que acumula cuatro crisis institucionales en cuatro décadas de democracia (1983, 1986, 1996 y 2003). El trasfondo de ello es noticia en los últimos meses: una corrupción generalizada que también se verifica en el Servicio Penitenciario y el Ministerio Fiscal.
El más reciente caso es la remisión a juicio del caso del jefe de la Policía Caminera. A él se llegó luego de que la fiscal Paula Klem descubriera en Cosquín una banda que operaba sobre delitos de usurpación y estafas con inmuebles. Contra el cobro del 20% al 30% del valor de las propiedades, ofrecían “arreglos” judiciales o reducción de penas. Un civil investigado estaba vinculado a policías que podían obtener datos y negociar con involucrados en ocupaciones de terrenos o conflictos legales. Un miembro de esa banda se conectaba con otra fuera de la zona. Así entró a actuar el fiscal Guillermo González, quien determinó once allanamientos entre La Falda y Córdoba capital, donde incautaron desde vehículos hasta armas y se llegó a la cúpula policial provincial.
La Caminera en la mira
Según el fiscal, hay testimonios, documentos y escuchas que prueban que el jefe de la asociación ilícita que utilizaba información confidencial para obtener beneficios económicos era el licenciado Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, comisario general jefe de la Policía Caminera, por lo que fue destituido y apresado.
Con él fueron detenidos otros seis: el hermano, Gastón Ochoa Roldán; el oficial Leonardo Javier Torres, ex jefe de Asesoría Letrada; Martín Darío Heredia, comisario inspector de la Caminera, y Jorge Gutiérrez, titular de Protección de Testigos; el suboficial Dante Villalba, chofer de Jefatura, y un civil.
La cadena ascendente se cortó en él, según denuncian en el Poder Legislativo, suspicacia que se sustenta en una llamativa conferencia de prensa del fiscal junto al ministro de Seguridad, Juan Quinteros, que atribuyó la acción a su gobierno: “Desde que asumimos, el 10 de diciembre de 2023, el gobernador me dio una instrucción: producir la mayor transformación histórica en la fuerza policial dotándola de absoluta transparencia”, al tiempo que anunciaba el paso a “retiro obligatorio”, aunque aclarando que “es imposible evitar los hechos de corrupción”.
Lo que no dijo es que el reo seguirá cobrando cada mes.
A pesar de permanecer con arresto preventivo, percibiría el total de su jubilación, por más de cuatro millones de pesos mensuales. Según el Boletín Oficial, el retiro podrá trastocarse en una sanción segregativa si llegase a tener condena firme (dentro de varios años) o de acuerdo con el avance del sumario interno, hicieron saber a los medios locales. Ante el canal El Doce TV, Quinteros se desentendió: “Lo pasamos a retiro, ahora es un tema de la Caja de Jubilaciones”. Su declaración es contraria a la situación de otros efectivos judicializados, a quienes les dejan sólo el 30% del salario hasta cerrar la causa.
El jefe de la Policía Caminera, preso.
Antes de designar como reemplazante a Daniel Bolloli en la Caminera, solicitaron “al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, a la Dirección General de Control e Investigaciones de la Policía de Córdoba y a la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, informes relativos a antecedentes administrativos, investigaciones disciplinarias por faltas graves, gravísimas o pasibles de destitución, y de participación en causas penales activas”, precisaron.
No le hallaron nada. Aunque esos controles son cuestionados por los especialistas. El abogado Jorge Jofré, ex titular del Tribunal de Conducta Policial, señaló que esa instancia, como la Dirección de Conducta Policial y Asuntos Internos, carece de objetivos coordinados, según describió ante una consulta de la radio Punto a Punto.
Por caso, una ex jefa del Tribunal de Conducta, Ana Becerra, es investigada por no haber dado cauce a una denuncia de 2016 contra el comisario inspector Alejandro Mercado, con datos de manejos irregulares en su jefatura de Delitos Económicos, por los que está preso.
Jofré comparte la definición de slippery slope que los estadounidenses dan a la pendiente resbaladiza por la cual los policías empiezan con una pizza gratis y terminan como Ochoa.
La crítica política no provino de la izquierda, sino del legislador Gregorio Hernández Maqueda, del bloque Mejor Futuro, cuya fundación, lanzada hace un año, se presenta como “un think tank cordobés destinado a promover las ideas de la democracia liberal”. Maqueda denunció en tribunales que el fiscal “blinda” (encubre) a Quinteros y al gobernador Martín Llaryora. Todo el antiperonismo en la Legislatura pidió la renuncia del ministro y del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez. Maqueda blandió el juicio político; la UCR, la intervención de la Policía; el PRO, la reforma de la ley de colegiación de abogados, para que no puedan ejercer como tales los miembros de las fuerzas de seguridad.
Mientras, Ochoa sigue en el penal de Bouwer, lo que no implica ninguna garantía.
Una cárcel con historia
En 20 de los 25 años de este siglo, el Servicio Penitenciario Cordobés (SPC) estuvo manejado por Juan María Bouvier. Apodado “El Johnny”, en 1978 había egresado de la Escuela de Policía en la primera promoción de guardiacárceles. Cuando escaló a subjefe del SPC, pidió su retiro el 31 de diciembre de 2004, un mes y medio antes de una rebelión que habría de dejar ocho muertos en un penal, lo que le estalló a su ex jefa Graciela Lucientes de Funes. Esperó hasta marzo de 2008 para reemplazarla, ya como director general, a instancias del ministro de Justicia, Luis Angulo. Desde entonces acumuló irregularidades.
Esta década comenzó con la detención del guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado por intentar ingresar dos celulares al pabellón del narcotraficante “Chancho” Sosa. Por la suma de esos deslices, el SPC presentó, hacia junio de 2023, una denuncia que comprometió a su subdirector de Operaciones, Sergio Guzmán, quien terminó detenido, al igual que varios abogados.
Guzmán recibía un “trato preferencial”, según recabó el diario La Voz en fuentes oficiales: salía de su celda, iba al consultorio o desayunaba con el jefe del establecimiento… Hacia septiembre, desplazaron a situación pasiva al director de la unidad, Julio Heredia.
A él se sumaron otros funcionarios de Villa María: Andrés Aciar, director del establecimiento penitenciario 5; Edgar Arroyo, subjefe de Operaciones, y Néstor Gómez, jefe de Seguridad. Con ellos, cayó Mauricio Agüero, un sargento de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Bell Ville.
Todos los detenidos, entre veinte, debían explicar el hallazgo de seis millones de pesos que, según la sospecha fiscal, eran producto del “call center tumbero”, desde donde se cometían estafas telefónicas ahí donde los presos tienen prohibido usar celulares.
El periodista Mariano Nievas, de Radio Mitre, posteó una filmación de presos bailando cuarteto junto a un televisor LED, celulares y una computadora con internet. Sin embargo, lo peor era la venta de “prisiones domiciliarias, acceso a programas de granja, visitas de familiares y otros permisos”, según el fiscal.
Hacia noviembre, fue detenido otro director de Seguridad, Darío Tello Pajón, por “asociación ilícita y extorsión”, tras haber fraguado informes de conducta de los presos a cambio de dinero, a la vez que permitió un ingreso indiscriminado de celulares.
Allí retenían a Leonardo Cositorto, de Generación Zoe, por estafas y asociación ilícita. Desde su cuenta en X, se publicó un audio de media hora que prometía “sumar a 10 personas para que se hagan millonarias con una inversión muy chica”. Justo aquello por lo que estaba preso.
“De Bouwer no ha salido ese streaming”, se apuró a desligarse el SPC.
Cuando terminaba 2023, fue preso el inspector general Bouvier, mandamás durante tres lustros en el SPC, ahora intervenido y con toda su conducción a la espera de ir a juicio, entre 37 acusados.
Sople, fiscal
Una madrugada de un jueves durante marzo de 2024, la Policía Caminera esperó en la ruta al fiscal de Delitos Complejos que había ordenado todas las detenciones de penitenciarios durante 2023. Habrán de decir que el fiscal esquivó un retén de regreso a casa, aunque lograron interceptarlo y hacerle soplar una pipeta para corroborar unos 1,44 miligramos de alcohol en sangre, que Enrique Gavier admitió con el pago de una multa. A pesar de una muy publicitada denuncia de un abogado con acusaciones “exageradas”, la causa fue archivada a los seis meses.
En otros expedientes, Gavier acaba de ser recusado por la defensa de la fiscal Daniela Maluf, sospechada de haber intervenido para que una empleada suya ganara un concurso.
Más impresionante es su dictamen de prisiones preventivas para ocho ex oficiales en la Policía, acusados de asociación ilícita: Christian Ríos, director de la Brigada anti juego clandestino 2015-2021; Raúl Guerrero; Eduardo Gavilán; Gabriel Allende, y José Marcelo Saggio, quien trabajara para el represor Carlos “Tucán” Yanicelli.
La investigación comenzó por la sustracción de teléfonos, pero se amplió al robo de neumáticos, estafas a seguros y la compraventa de dólares, en complicidad con Cristian Cabrera, jefe de Brigadas, y Verónica Aguilar, oficial de Investigaciones Criminales.
Así, en septiembre pasado, llegó a ordenar la detención del subjefe de la Policía provincial, comisario general Alejandro Mercado, y sumó, en marzo, la de uno de sus sucesores en la división Delitos Económicos, Diego Martinelli, con cinco de sus agentes. La megacausa suma imputaciones contra diez policías, seis civiles y los empleados judiciales Juan J. Corzo y Ana María Pala.
Mercado ya había sido denunciado de forma anónima ante el Tribunal de Conducta Policial, cuya jefa, Ana Becerra, está bajo sospecha.
Otro fiscal a juicio
Raúl Ramírez había desarrollado sus 30 años de carrera policial hasta ascender a comisario general. Dirigió la División de Lucha contra el Narcotráfico hasta 2005. Con semejante antecedente, fue convocado a ser secretario de Política de Seguridad cordobesa, representante del Poder Ejecutivo en el Comité de Coordinación de Lucha anti Narco.
¿La experiencia le sirvió para ser un implacable perseguidor o para flexibilizar su celo?
Era fiscal en Punilla cuando, en agosto de 2023, algo de la marihuana y la cocaína incautada en la cárcel de Cruz del Eje se extravió, según notó el jefe de la Brigada de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quien se lo comentó al secretario de la Fiscalía, que lo habló con el fiscal. “No comenten nada, vamos a ver de solucionarlo”, escribieron por celulares.
Por el faltante de 357 gramos de cocaína y 158 de marihuana, se hicieron cargo siete policías de la FPA. Dijeron haberla usado para canjearla por datos que redundaran en más allanamientos que les permitieran ascender. Aceptaron un juicio abreviado; recibieron penas efectivas de tres años de prisión y seis de inhabilitación para cargos públicos. Con ellos, fueron condenados tres “dateros” que admitieron ser parte de lo que el juez Carlos Romero vio como una asociación ilícita. Néstor Márquez, ex detective principal, recibió seis meses más como jefe de la banda.
Los que siguen en la fila para ir a juicio son su ex jefe de la FPA, Mauricio Oyola, el secretario de Fiscalía, Patricio Bazán, y Ramírez. Como nadie pidió un jury, el fiscal de Narcotráfico continúa en funciones, aunque con reiteradas licencias. Él declaró que no sabía nada hasta que lo imputaron. En Córdoba, especulan con que busca ganar tiempo hasta alcanzar su jubilación de privilegio. Conoce los recovecos legales que tornan en retrasos.
El mismo paso del tiempo sirve para que los defensores de los policías condenados, detenidos desde octubre, pidan la excarcelación de esas prisiones que “no garantizan la reinserción social”; después de todo, admitieron su culpa, se arrepintieron y pidieron perdón. Son, lo que se dice, unos “buenos muchachos”.
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