La aplastante derrota electoral del gobierno de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires agrava la crisis económica y política del Ejecutivo.
Sin embargo, la expectativa de que el resultado electoral podría constituir un freno a la política destructiva desplegada por el gobierno desde el 10 de diciembre de 2013 fue ilusoria. La respuesta fue aceptar el fracaso electoral sin reconocer sus causas económicas y sociales y, por el contrario, confirmar y profundizar el plan de ajuste. Los errores habrían sido sólo político-electorales; allí es donde se impone una supuesta autocrítica. Entonces, el rumbo económico no se va a mover un ápice de la defensa de los intereses del capital financiero, los grupos económicos transnacionales y locales, y de los dogmas de la teología neoliberal, como el superávit fiscal.
Por eso se profundiza el ajuste contra los jubilados, los científicos, los docentes universitarios, los demás trabajadores estatales y demás sectores vulnerables. Así, el Presidente recurrió nuevamente al veto, esta vez en contra de la Ley de Financiamiento Universitario. También vetó la ley que reglamenta los Aportes del Tesoro Nacional destinados a las provincias. No obstante, propuso un diálogo con los “gobernadores afines”, como llama a los que desarrollan en sus provincias una política de ajuste contra los trabajadores y demás sectores populares.
Agudización del conflicto institucional con el Poder Legislativo
El 10 de julio de 2025, una mayoría superior a los dos tercios de ambas Cámaras había convertido en leyes tres proyectos impulsados por la oposición: un aumento de las jubilaciones y pensiones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En la misma sesión, obtuvieron media sanción dos proyectos propuestos por los gobernadores, relacionados con los fondos que la Nación no está transfiriendo a las provincias: los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y la participación en el impuesto a los combustibles.
Tal como lo había anticipado, el Presidente vetó todas las leyes sancionadas por ambas cámaras del Congreso. Posteriormente, por primera vez en veinte años, el Congreso rechazó el veto del Ejecutivo contra la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
Y nuevamente el Ejecutivo recurrió al veto contra las leyes de Emergencia en Pediatría, de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN) y de Financiamiento Universitario, vetos que también fueron rechazados por el Congreso.
La correlación de fuerzas dentro de ambas Cámaras se ha modificado en un sentido favorable a la oposición. Ha quedado atrás la etapa en la que, cumpliendo directivas de sus gobernadores, los integrantes de una oposición “dialoguista” votaran la ley Bases, otorgaran facultades legislativas y apoyaran los vetos del Presidente. Este ya no cuenta con el apoyo de una mayoría de gobernadores.
En esta nueva etapa, el gobierno sostiene que continuará aplicando su plan económico basado en el endeudamiento con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos, al que se suma ahora el préstamo del Tesoro de los Estados Unidos, otorgado con el fin de que LLA gane las elecciones nacionales de medio término, lo que implica un crecimiento exponencial de la deuda externa, además de una mayor dependencia económica, política y militar.
De la mano de Sturzenegger, sigue el plan de destrucción del Estado de derecho, de disminución de sus controles directos y de destrucción de todas las áreas destinadas al desarrollo económico, científico, social y cultural. Nada que altere el concepto de Estado gendarme o Estado policía debería existir. Ni las centrales nucleares, ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario, ni la fabricación de vagones, ni los astilleros. Sólo las finanzas y la exportación de commodities garantizarían el estatus neocolonial que se está asignando a nuestro país.
El conflicto del gobierno con el Poder Legislativo se potencia a partir de la negativa del Ejecutivo de respetar las leyes sancionadas mediante el uso abusivo del derecho al veto, institución de claro origen monárquico.
El Presidente confiaba tanto en la eficacia del instrumento que olvidó que vetar una ley sancionada por el Congreso implica convalidar todo el proceso legislativo que llevó a dicho resultado. Ante el fracaso de los vetos, amenazó con “judicializar” las leyes sancionadas por el Congreso, lo que constituye un absurdo carente de toda validez jurídica. No es posible imaginar racionalmente que el Poder Ejecutivo accione judicialmente contra el Poder Legislativo, dos poderes que pertenecen al mismo Estado.
La ilegalidad como política de Estado
Lo ocurrido hasta hoy demuestra que, aun habiendo sufrido una derrota humillante en la provincia de Buenos Aires, con sucesivos reveses en el Congreso, ya sin las facultades extraordinarias que le permitieron emitir decretos tendientes a destruir organismos del Estado, y con la mayoría de estos derogados por la mayoría de las Cámaras, el Presidente de la Nación no resigna su sueño de gobernar por decreto y recurrir sistemáticamente al veto de las leyes que, según su opinión, destruyen un pretendido e inexistente equilibrio fiscal.
Por eso es que, habiendo fracasado los vetos y ante la imposibilidad de judicializar las leyes, el gobierno redobla el conflicto institucional recurriendo al incumplimiento de estas.
Es lo que ha ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad N.º 27.793. De acuerdo con el Decreto 681/25 del 22 de septiembre, el Presidente promulgó la ley, pero suspendió su aplicación, porque según su punto de vista los recursos necesarios para cubrir los gastos no han sido considerados en esta, y sólo en el marco del Presupuesto 2026 podría garantizarse “la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas”.
El decreto de suspensión viene a cubrir los mismos propósitos que el veto rechazado por ambas Cámaras del Congreso con los dos tercios de sus miembros.
Se trata de una suerte de “doble veto”, con el que se pretende disfrazar la decisión ilegal de no cumplir con las claras disposiciones de la ley, incurriendo en una evidente violación de los deberes del funcionario público, en este caso la obligación de ejecutar la ley en los términos en que fue sancionada por el Poder Legislativo.
El decreto justifica su negativa a aplicar la ley con el argumento de que es en el marco de la aprobación del Presupuesto donde “se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”. El Presidente de la Nación parece olvidar el hecho de que su gobierno afrontó “los gastos y erogaciones” del Estado durante casi dos años sin que existiera presupuesto alguno, es decir, de acuerdo a su voluntad.
Esta misma voluntad pretende que la ley 27.793, ley de emergencia que debe cubrir las necesidades impostergables de las personas con discapacidad, no se aplique y su ejecución dependa del debate parlamentario de la Ley de Presupuesto.
Invoca la ley 24.629: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Creemos que no puede justificarse la suspensión de una ley de orden público, de emergencia nacional en discapacidad, que efectiviza el cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional asumidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Ley 27.044; y de modificar leyes y decretos y de adoptar las medidas necesarias (art. 1.º, Ley 27.793).
El Decreto 685/25 suspende la aplicación in totum de la ley que ha promulgado; y de la lectura de esta surge que existen disposiciones que ni siquiera implican gastos del Estado, las que también estarían suspendidas.
La Ley 27.793 modifica el art. 87 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, que queda redactado de la siguiente forma: “Los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del 50 % de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones correspondientes al INSSJP, a las Cajas de Asignaciones y Subsidios Familiares y al Fondo Nacional de Empleo por el período de tres años, independientemente de las establecidas en la ley 22.431”.
Por otra parte, la ley sí previó el financiamiento de los gastos. El art. 19 establece: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.
Nuestra conclusión es que el verdadero objetivo del gobierno es no aplicar la ley 27.793, por lo que el Decreto 685/25 es inconstitucional e ilegal.
Situación de la clase trabajadora
El programa de ajuste al que ha sido sometido nuestro país desde que el actual gobierno asumió el 10 de diciembre de 2023, con el anunciado objetivo de frenar la inflación, se basó en una reducción sistemática de salarios y jubilaciones. Además, incluyó aumentos que ni siquiera cubrieron el falso índice inflacionario del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Se destruyeron 114.532 empleos estatales, sumados a otros 130.681 puestos del sector privado formal y 30.000 empleos de casas particulares. En total, se perdieron 270.000 empleos.
Como consecuencia de la “motosierra”, el Estado dejó de percibir 10,5 billones de pesos en concepto de aportes y contribuciones, las obras sociales 4,3 billones y los sindicatos 948.000 millones de pesos en concepto de aportes sindicales.
Los salarios de los trabajadores estatales no recuperaron nada de lo perdido como consecuencia de la devaluación del 116 % de diciembre de 2023. Actualmente se hallan un 22 % por debajo de lo que percibían durante el gobierno anterior. Cada trabajador estatal ha perdido más de 7,5 millones de pesos de forma acumulada desde que comenzó este gobierno.
Las jubilaciones son un 25% más bajas desde diciembre de 2023 y cada jubilado ha perdido el equivalente a 3,9 millones de pesos desde entonces.
La transferencia de recursos de la clase trabajadora en su conjunto hacia el capital y las cajas de la corrupción del actual gobierno (gastos reservados de la SIDE, coimas de ANDIS y otros organismos) se traduce en una pérdida de 46,1 billones de pesos.
El Estado —lejos de haber “desaparecido” en el gobierno ultraderechista— adquiere cada vez mayor importancia para el control social de la fuerza de trabajo ocupada, de los desocupados y los marginados o excluidos del sistema, a quienes se pretende colocar en un estado de permanente vigilancia policial. La represión sobre los trabajadores y sus organizaciones se ejerce de diversas formas:
- Acción del aparato del Estado, a través de los servicios de inteligencia, ejercida en sus más variadas formas: espionaje, acción psicológica contra las organizaciones políticas y sociales de los trabajadores y el pueblo, infiltraciones en las movilizaciones populares, tendientes a intimidar, desorganizar y paralizar a estas organizaciones.
- Represión abierta a través de la acción policial, de la Gendarmería, Policía Federal y de las policías provinciales contra las huelgas, las ocupaciones de fábricas y movilizaciones populares en diversas provincias.
- Represión de las patronales: Que se ejercen en forma directa a través de diversas formas de persecución, entre ellas las suspensiones y los despidos por causas gremiales y políticas, las campañas de intimidación contra quienes pretenden organizar a los trabajadores para la defensa de sus derechos e intereses, contra los candidatos a delegados o miembros de comisiones directivas y aún contra aquellos que en forma individual se atreven a difundir el contenido de los convenios colectivos o la legislación laboral. En forma indirecta, también se manifiesta en las campañas que estimulan el individualismo y la competencia entre los compañeros de trabajo, demonizando toda expresión colectiva o solidaria de los trabajadores.
No debe sorprender que la gran burguesía respalde aún los proyectos del Ejecutivo, pese a que crezca la recesión y la caída de ventas de importantes sectores de la producción: siderurgia, automotrices, neumáticos, alimentación, textil, etc., afectados por la libertad de importaciones; porque los resortes políticos del Estado se hallan en manos de los representantes de la clase dominante, garantizando los mecanismos de la represión contra las huelgas y la protesta social.
El neoliberalismo siempre ha apuntado contra el pleno empleo, al que consideran una anomalía que atenta contra la acumulación capitalista, y sus voceros tratan de convencernos de que hoy es una fantasía alcanzarlo. El gobierno de La Libertad Avanza persigue dichos intereses antisociales, carece de un plan productivo, por lo que los despidos, suspensiones y lockouts no son objeto de limitación alguna por parte del Estado.
Frente a la ofensiva, la respuesta política no puede ser sólo electoral, ya que debe incluir como elemento fundamental el crecimiento y la unidad de las luchas del movimiento obrero en todo el país por los salarios, los convenios colectivos, la defensa irrestricta de los puestos de trabajo contra los despidos y suspensiones, por el rechazo y derogación de la ley Bases, el DNU 70/2023 y de todos los decretos y resoluciones de carácter represivo dictados por este gobierno.
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