El pasado sábado 25 de julio, en el marco de un acto partidario del candidato Flavio Bolsonaro a las elecciones presidenciales brasileñas, que se realizarán el 24 de octubre del corriente año, el mandatario argentino se refirió a Ignacio “Lula” Da Silva, Presidente del principal socio comercial de nuestro país, como “ladrón” y “basura socialista”. Asimismo, calificó como “basura calva” al vicepresidente del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, porque no le permitió visitar al ex gobernante brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Todo esto acompañado por la máxima autoridad diplomática de la Argentina: el canciller Pablo Quirno.
Al principio, la respuesta del país hermano fue moderada: a) el Vicepresidente de ese país sostuvo que Javier Milei perjudica a la Argentina; b) convocó a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y c) le pidió explicaciones a nuestro embajador en Brasilia, Daniel Raimondi, “sobre el comportamiento del mandatario argentino en territorio brasileño”. Mientras tanto, el Presidente de la décima potencia económica recibió la llamada del Presidente de la República Popular China, Xi Jiping, que manifestó la “gran importancia a la posición internacional de Brasil y su influencia, y expresó apoyo a ese país en la defensa de su soberanía, en su rechazo a las injerencias externas y en su aporte a la estabilidad regional y global”. Asimismo, Brasil le negó la visa a dos funcionarios estadounidenses que pretendían reunirse con autoridades de ese país. Consultado Ignacio “Lula” Da Silva sobre las expresiones del Presidente argentino, respondió: “¿Quién es ese tipo?”.
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Allí no terminó el tema. El domingo 2 de agosto, en un monólogo con uno de los laderos de turno, el Presidente argentino reiteró que su par brasileño “es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”. Sería muy difícil explicarle al Presidente Javier Milei las garantías constitucionales de presunción de inocencia y de debido proceso (obviamente, principios liberales) surgidas en Inglaterra a posteriori de la Gloriosa Revolución de 1688, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la Revolución Francesa de 1789 y nuestra Constitución nacional de 1853/1860. Por eso, dejemos la tarea docente a las instituciones que suelen otorgarle “doctorados”. Como resultado de este raid de insultos, en un hecho sin precedentes desde la guerra con Brasil (1825-1828), el país hermano expulsó a nuestro embajador en Brasilia y retiró a su representante de Buenos Aires. De esta manera, las relaciones diplomáticas “se mantendrán a partir de ahora a nivel de encargados de negocios”.
Mientras tanto, en la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cargo del Ministerio de Economía, Kristalina Georgieva, junto a su asistente Luis “Toto” Caputo, brindó una conferencia de prensa en dicha dependencia —nunca mejor expresado—. Más tarde presidió una reunión de Gabinete y, posteriormente, visitó Vaca Muerta para supervisar que estuviera garantizado el flujo de dólares al FMI.
Más allá de toda esta situación coyuntural, el “socialista” Ignacio “Lula” Da Silva ha logrado posicionar a la República Federativa de Brasil como la décima potencia económica del mundo, como hegemón regional, con una clara influencia en el escenario internacional; mientras que Argentina pierde los últimos activos materiales y simbólicos que le quedan como país.
Ellos
“Los gobiernos pasan, pero Itamaraty queda” podría ser la frase que sintetizara el rumbo de la política exterior de Brasil. Sin embargo, no ha habido uniformidad al interior de la Cancillería brasileña en las últimas décadas. En efecto, autores como Crescentino y Caballero identifican tres grandes corrientes en la historia de la política exterior brasileña: a) la autonomista, asociada a los gobiernos de Jânio Quadros (1961), João Goulart (1961-1964), Ernesto Geisel (1974-1979) y el ya citado Lula (2003-2010 y 2023-2026); b) la americanista, tanto la pragmática del canciller José Maria da Silva Paranhos Junior, Barón de Río Branco (1902-1912), o Getúlio Vargas (1930-1945 y 1951-1954), como la más ideológica de Gaspar Dutra (1946-1951), Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1969) o Fernando Collor de Mello (1990-1992); y c) el institucionalismo pragmático con Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel Temer (2016-2019). A criterio de estos autores, la política exterior brasileña es una política pública “condicionada por el interés nacional y los valores; y por lo tanto moldeable por las sucesivas administraciones en aras de perseguir el desarrollo nacional”. Esto demuestra que la burocracia diplomática del país hermano no es autónoma al pensamiento de los gobiernos de turno. Pese a ello, ha logrado construir una diplomacia profesional, con memoria institucional y con capacidad de formular estrategias de largo plazo, lo que le permite a este país cambiar las formas, el contenido, pero no el objetivo: actuar como una potencia de escala continental y, más recientemente, global, que es una resultante del entrelazamiento entre las visiones señaladas.
Como ya hemos analizado, la política exterior y la política de defensa tienen una relación jerárquica y simbiótica: la primera fija los objetivos, pero ambas se necesitan [1]. Así lo ha entendido el Presidente Ignacio “Lula” da Silva cuando sostuvo que una política de defensa robusta evita, por un lado, un potencial intento de invasión —como ocurrió en Venezuela— y, por el otro —agregó—, le permite respaldar su política exterior. Así, desde el retorno a la democracia, y manteniendo una inversión en defensa prácticamente constante, de acuerdo con los datos de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ha logrado botar su primer submarino convencional, y se encamina a culminar con éxito el desarrollo de su submarino a propulsión nuclear, y poner en vuelo el primer caza multipropósito Gripen fabricado en ese país. Además, los documentos estratégicos de Brasil muestran la persistencia de algunas ideas centrales, tales como la autonomía estratégica, la industria para la defensa, el desarrollo tecnológico y la defensa de la Amazonia y del Atlántico Sur [2]. Por tal motivo, programas como el KC-390 y los ya señalados se han desarrollado a lo largo de estas últimas décadas, a pesar de los cambios de gobierno.
Por último, hasta mediados del siglo XX, existió una competencia entre las oligarquías cafeteras paulista y de Minas Gerais que se enfrentaron con la burocracia estatal centralizadora de Río de Janeiro. Pero a partir de esa fecha aproximadamente, esa coalición cambió y transformó el rumbo económico del país. Por ejemplo, Luiz Carlos Bresser-Pereira sostiene —citando a autores como Hélio Jaguaribe— que se consolidó una coalición de actores [3] durante esos años que favoreció el desarrollo brasileño. Por otro lado, Tiago Nery —poniendo el foco en el siglo XXI— argumenta que durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se conformó una coalición productivista integrada por fracciones de la burguesía industrial y sectores del trabajo organizado, lo que permitió sostener una política exterior más autónoma y una estrategia sudamericana.
En síntesis, los trabajos comparados consideran que Brasil no esquivó la “desindustrialización prematura” —concepto de Dani Rodrik— como la Argentina, pero que su experiencia fue muy diferente porque, si bien su industria perdió peso relativo en su PBI, conservó sus grandes complejos automotrices, siderúrgicos y aeroespaciales. En este sentido, sigue siendo el gigante manufacturero de la región y provee la mayor parte de bienes industriales al resto del MERCOSUR. Esto fue posible, en parte, gracias al rol que tuvo el Estado, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que continuó financiando a las grandes empresas brasileñas incluso durante las peores crisis, evitando el quiebre masivo de su industria pesada. Esa pérdida relativa se produjo por —entre otros factores— el apalancamiento que tuvo el sector agroexportador por el rápido crecimiento del mercado interno de China y el aumento de la participación de los servicios en la economía brasileña. Es decir, el Estado ayudó a capear el temporal de la globalización, el Consenso de Washington y la unipolaridad estadounidense.
En síntesis, Brasil no se ha apartado de su objetivo de posicionarse como potencia regional y actor global. A esto contribuyen las políticas exterior, de defensa y económica. Estas políticas son resultado de una coalición de élites que cambia de composición según el ciclo político, pero mantiene un horizonte estratégico de largo plazo.
Nosotros
Durante el reciente XIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP 2026), desarrollado en la Universidad Torcuato Di Tella, en la ciudad de Buenos Aires, un colega afirmó —en el marco de una charla de café— que la guerra del Atlántico Sur (1982) había roto a la élite argentina. Pero también se puede sostener que ello ocurrió durante la última dictadura militar (1976-1983), que logró su objetivo político de torturar, desaparecer y asesinar a toda una generación de dirigentes políticos y sociales. Asimismo, es factible argumentar que la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) —habiéndose cumplido el 60.º aniversario de La Noche de los Bastones Largos— fue el banco de prueba para transformar la matriz política y socioeconómica de la Argentina.
En primer lugar, los debates sobre las constantes y la erraticidad de la política exterior argentina han sido analizados profundamente por José Paradiso [4]. Este internacionalista argentino muestra cómo, ya desde fines del Siglo XIX, los políticos argentinos afirmaban que la política exterior era inconsistente. Sin embargo, a mi criterio —siguiendo a Juan Carlos Puig y Gustavo Ferrari, entre otros—, se pueden identificar las siguientes constante en nuestra política exterior desde la consolidación del Estado-Nación [5]:
- La cuestión Malvinas (desde 1833).
- Solución pacífica de controversias.
- No recurrir a la política de defensa como apoyo de la política exterior.
- Neutralidad.
- Igualdad jurídica de los Estados.
- No injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
- La relación “ríspida” con Estados Unidos (esta y las anteriores desde la Generación del '37 y '80); y
- La priorización del espacio latinoamericano (al menos desde Hipólito Yrigoyen —1916-1922 y 1928-1930—) y con más fuerza con Juan Domingo Perón —1946-1955 y 1973-1974—).
El resquebrajamiento de estas no se produjo en un único gobierno, sino que fue un proceso, en el que se alternaron gobiernos democráticos y dictaduras. Por ejemplo, un acercamiento con Estados Unidos ya se había producido durante la Fusiladora en los '50 y el Onganiato en los años '60. Retornó con fuerza con las “relaciones carnales” en la década del '90 (1989-2001); y se transformó en la actual “occidentalización dogmática”, donde predominan las relaciones basadas en ideología y no en los intereses vitales y estratégicos. Por otro lado, si bien la cuestión Malvinas fue sometida a un proceso de desmalvinización entre 1983 y 2003, nunca se abandonó el reclamo en el Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Pero las políticas implementadas en los '90, en especial los Acuerdos de Madrid I y II, significaron una aquiescencia con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB). Actualmente estas bordean la entrega de nuestra soberanía en el actual gobierno libertario, que sigue haciendo suyo —como si fuera un éxito y una novedad el documento elaborado por ese Comité hace unas semanas— los logros de la diplomacia argentina con la Resolución n.º 2065 (XX) de 1965 de la Asamblea General de Naciones Unidas durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966) y los sucesivos pronunciamientos que han logrado los gobiernos argentinos. Por último, y nuevamente en los '90, la Argentina abandonó su histórica postura neutral durante la II Guerra del Golfo (1990-1991) y actualmente en el conflicto en Medio Oriente, en la Guerra en Irán y en el caso del ataque a la República Bolivariana de Venezuela.
En materia de política de defensa, los hitos de construcción y modernización de fuerzas armadas modernas se registraron únicamente durante los gobiernos de Julio Roca (1898-1904), Marcelo T. de Alvear (1922-1928), Juan Domingo Perón (1946-1955) y en el periodo que abarcó varios gobiernos y que se extendió entre 1965 y 1975; aunque algunos medios llegaron a posteriori de la Guerra del Atlántico Sur (1982) [6].
Se ha escrito mucho sobre lo ocurrido a partir del retorno a la democracia. Claramente, fue un logro haber alcanzado el control civil de las Fuerzas Armadas en 1990. Pese a la transición por colapso, estas habían conservado un poder residual que les permitió impugnar, con el apoyo de los civiles cómplices de la última dictadura, al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). En el marco del alineamiento con Estados Unidos, en los '90, el presupuesto del Ministerio de Defensa y de la Función Defensa se desplomó, se mantuvo estable entre 2003 y 2015 y cayó estrepitosamente de nuevo con Mauricio Macri (2015-2019) y Javier Milei. Esto produjo la degradación de las capacidades militares, provocando un desarme de hecho de la Argentina. Paralelamente, los actores del Consenso Básico pusieron en marcha la conducción política de la defensa en 2005, pero no lograron definir cuál debía ser la misión de las Fuerzas Armadas, mientras que la derecha, en sintonía con Estados Unidos, ofrecía —con bastante éxito— convertirlas en Small Armed Forces y/o Crime Fighters. En síntesis, pese al logro de la implementación de la conducción civil de la política de defensa, el progresismo y el campo nacional y popular fallaron en definir con claridad, y sin eufemismos, que el rol de la política de defensa es adiestrar, alistar y sostener a las Fuerzas Armadas para que sean capaces de hacer frente a una guerra y, en tiempos de paz, apoyar a la política exterior [7]. A esto sumemos, por un lado, que los proyectos de financiamiento aprobados con amplios consensos en el Congreso de la Nación, tanto la Ley N.º 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas como la Ley N.º 27.565 de Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), fueron derogados rápidamente con los proyectos de presupuesto 2001 y 2026, respectivamente. Por el otro, el complejo industrial militar argentino nunca ha logrado hacer pie en el país y, menos aún, a nivel regional.
Finalmente, la Argentina es un ejemplo de retroceso industrial desde 1976 o, en términos de Dani Rodrik, de desindustrialización prematura. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Brasil, en nuestro país esta desindustrialización fue inducida políticamente, facilitando la destrucción del tejido productivo y social en cuatro oportunidades. Puntualmente, y de acuerdo con el trabajo de Patricia Laría, Verónica Rama, Ivana Rivero y Joaquín Rodríguez, se observa:
“a) La evolución de la industrialización de la economía argentina en el largo plazo evidencia un punto máximo en el año 1974, mostrando en adelante un declive tendencial.
b) Comienza en 1975 una crisis de desindustrialización de casi tres décadas, que en los años más agudos alcanzó niveles tan bajos como el de los “pisos” de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
c) La fase de recuperación entre 2003 y 2011, a partir de un cambio en la política económica, no pudo consolidarse ni revertir esta crisis estructural y derivó en un nuevo descenso relativo de la industria.
d) La desindustrialización desde mediados de los años setenta significó una retracción industrial relativa considerable de Argentina, respecto del mundo y de grupos de países.
e) La asociación con estudios de la desindustrialización en el ámbito global señala el carácter prematuro y la raíz global del 'caso argentino'.
f) La desindustrialización argentina ha sido y es significativamente más aguda en el empleo que en la producción”.
En síntesis, la Argentina lideró la industrialización regional hasta la década de 1970. En ese año, la historia cambió y, pese a los intentos de recuperar capacidades industriales y científico-tecnológicas entre 2003 y 2015, el Modelo de Valorización Financiera [8], impuesto a sangre y fuego por la última dictadura y continuado por Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei, sigue vigente al día de la fecha.
Coalición de élites y densidad nacional
La generación del '80 no constituyó una única élite homogénea. Estuvo integrada por grandes propietarios rurales, comerciantes, financistas, militares, juristas, intelectuales y dirigentes provinciales. Sin embargo, compartían un proyecto relativamente coherente basado en la consolidación del Estado nacional, la expansión agroexportadora, la inmigración europea, la educación pública y la inserción de la Argentina en la economía mundial.
Por otro lado, esto también ocurrió durante el primer peronismo. Allí convergieron sindicatos, empresarios industriales, militares, técnicos del Estado y dirigentes políticos alrededor de objetivos como la industrialización, la ampliación de derechos sociales y una mayor autonomía económica.
En 1977, Juan Carlos Portantiero argumentó que, luego del peronismo y a mediados del siglo XX, distintas coaliciones sociales adquirieron suficiente poder para bloquearse mutuamente, pero no para construir una hegemonía estable. Cuando Juan Domingo Perón retornó al gobierno en 1973, no pudo “crear siquiera las condiciones mínimas para romper las bases sociales y políticas del “empate”. Este argumento ha sido extendido hasta la actualidad, con diferentes variantes, pero no explica por qué las élites argentinas dejaron de ser capaces de construir un proyecto nacional compartido.
No vamos a extendernos por cuestiones de espacio, pero consideramos que no existe una “élite nacional” unificada, sino más bien “élites” con diferentes intereses. En consecuencia, la explicación no pasaría por la falta de capacidad de una de ellas para imponer una hegemonía, sino más bien por la falta de capacidad —valga la redundancia— de estas para coordinar sus intereses/sistemas de creencias.
En efecto, las sociedades contemporáneas presentan una realidad mucho más compleja que dificulta pensar en la existencia de una única élite dirigente. En todos los países coexisten diversas élites: política, empresarial, financiera, militar, sindical, judicial, científica, tecnológica, intelectual, mediática y burocrática. Cada una posee recursos, intereses y lógicas de funcionamiento propios. Por ello, la pregunta relevante es cómo se coordinan entre ellas para conducir estratégicamente un país.
Por tal motivo, cuando analizamos previamente el caso de Brasil, recurrimos a autores que sostienen que en ese país existió/existe una coalición política de desarrollo; un conjunto de élites sectoriales que, pese a defender intereses diferentes, logran construir acuerdos estables sobre determinados objetivos estratégicos de largo plazo. Esto no significa que no existan conflictos; todo lo contrario. Más bien, estas élites logran mediarlos en un marco de acuerdos mínimos.
Ahora bien, esto no es suficiente. En el marco de una investigación comparada, Aldo Ferrer [9] sostiene que los países que se desarrollaron exitosamente tienen las siguientes características: a) cohesión y movilidad social, b) coalición de élites [10] y acumulación de poder, c) estabilidad institucional donde se resuelven sus conflictos y d) pensamiento crítico propio. La existencia de estas cuatro características es lo que este autor denomina “densidad nacional”. Así, el desarrollo es resultado del despliegue de la densidad nacional y el subdesarrollo y la dependencia son resultado de la debilidad de esta.
En definitiva, el rumbo de cada país depende de la capacidad de la coalición de élites de coordinar intereses y mínimos denominadores comunes, que estén por encima de los intereses sectoriales, y, más importante aún, de la construcción de la densidad nacional. Esta tarea de dejar de administrar las crisis, poner la política por encima de la economía y terminar con la idea de que el enemigo es el otro es urgente porque en este barco estamos todos.
[1] Eissa, Sergio (2015). ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983-2010). Buenos Aires: Arte y Parte.
[2] Eissa, Sergio & Díaz, Araceli (2025). El tablero estratégico del Atlántico Sur (2008-2022). Una mirada argentina. Rosario: Laborde Editor.
[3] Para un mayor desarrollo del concepto de Development Class Coalitions, ingresar aquí.
[4] Paradiso, José (1993). Debates y trayectorias de la política exterior argentina. Buenos Aires: GEL.
[5] Ver Eissa, Sergio (2015), Op. Cit., p. 125.
[6] Ver Sergio G. Eissa, p. 13.
[7] Esto empezó a cambiar recién con la Directiva de Política de Defensa (DPDN) 2021 y el PLANCAMIL 2023, cuya aplicación actualmente se encuentra suspendida.
[8] Basualdo, Eduardo (2001). Sistema político y modelo de acumulación. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, p. 13.
[9] Ferrer, Aldo (2017). La economía argentina en el siglo XXI. Globalización, desarrollo y densidad nacional. Buenos Aires: Capital Intelectual.
[10] Aldo Ferrer lo denomina “liderazgos y acumulación de poder”.
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