Hay algo extraordinario en la imagen de un hombre de 74 años que desciende por la fachada de un edificio de Buenos Aires, sujeto a una cuerda y un arnés, mientras la policía lo espera inútilmente en la puerta de entrada. El hombre se llama Leonardo Bertulazzi, es italiano, integró las Brigadas Rojas durante los años ‘70 y llevaba más de dos décadas viviendo en la Argentina, primero como refugiado político y después como detenido a disposición de la justicia federal. El 10 de noviembre decidió escapar del departamento del quinto piso donde cumplía prisión domiciliaria, ante la inminencia de su extradición a Italia. Allí lo esperaba una condena de 27 años de prisión.
Las imágenes difundidas por los medios mostraron los últimos segundos de la maniobra. Bertulazzi alcanza la planta baja, supera un obstáculo, cae sobre el suelo y consigue levantarse. Antes había logrado desprenderse de la tobillera electrónica mediante un dispositivo que, según la investigación policial, simulaba las condiciones físicas necesarias para mantener activo el monitoreo. Había burlado el control electrónico y la vigilancia policial. La fuga duró unos minutos, aunque su preparación debió llevar bastante más tiempo.
El episodio fue presentado como una extravagancia cinematográfica. Un anciano que desciende desde un quinto piso y desaparece en las calles del centro porteño. Algunos recordaron las películas de espionaje, otros las antiguas historias de fugitivos políticos. El gobierno argentino ofreció una recompensa de veinte millones de pesos para encontrarlo. La policía comenzó a investigar posibles colaboradores. Sin embargo, detrás de la espectacularidad existe una cuestión bastante más antigua que las cámaras de seguridad, las tobilleras electrónicas y los sistemas contemporáneos de vigilancia: ¿tiene el hombre privado de su libertad el deber jurídico de colaborar con su propio encierro?
Historia de un refugiado
Una manera de presentar la historia es decir que las Brigadas Rojas fueron una organización terrorista responsable de secuestros, atentados y asesinatos, entre ellos el del dirigente democristiano Aldo Moro en 1978. Pero ese enfoque borra a la violencia política de aquellos años y el contexto de tensiones sociales, luchas obreras, radicalismo estudiantil, represión estatal y operaciones clandestinas que atravesaron la Italia de posguerra. Claro que comprender históricamente un fenómeno no equivale a justificar sus métodos.
La justicia italiana condenó a Bertulazzi en ausencia por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa, ocurrido en Génova en enero de 1977, y por delitos vinculados con la asociación subversiva y la pertenencia a una banda armada. Las informaciones sobre el conjunto de sus condenas también mencionan tenencia de armas y explosivos y otros hechos asociados a la actividad de la organización. La pena unificada alcanzó los 27 años. El rescate pagado por la familia Costa permitió financiar operaciones de las Brigadas Rojas, incluida, según las investigaciones italianas, la adquisición del inmueble donde posteriormente permaneció cautivo Aldo Moro.
Conviene hacer una precisión. Bertulazzi no fue condenado por el asesinato de Moro ni se le atribuyen homicidios en las condenas que motivaron su extradición. Claro que esa distinción no vuelve insignificante el secuestro de Costa, que fue un delito grave contra la libertad de una persona, pero permite evitar la atribución automática de todos los crímenes de una organización a cualquiera de sus integrantes. También permite comprender por qué resulta problemático utilizar la palabra “terrorista” como única definición de identidad. No porque la violencia política de las Brigadas Rojas merezca indulgencia, sino porque la responsabilidad penal es individual y, por sobre todo, prescriptible en el tiempo.
Bertulazzi abandonó Italia en 1980. Vivió en distintos países y llegó a la Argentina en 2002, después de una prolongada permanencia en El Salvador. Ese mismo año fue detenido por un pedido de extradición italiano. La justicia argentina no concedió entonces su entrega, entre otras razones por los problemas que planteaba una condena dictada en ausencia. En 2004 recibió el reconocimiento de la condición de refugiado político. Durante los años siguientes vivió en Buenos Aires, trabajó como diseñador gráfico y traductor y participó en proyectos sociales y de construcción de instrumentos musicales. No se trataba, por lo tanto, de un hombre cuya presencia hubiese permanecido oculta a las autoridades. Durante aproximadamente veinte años tuvo una residencia conocida y una condición jurídica otorgada por el propio Estado argentino.
La situación cambió en 2024, cuando la Comisión Nacional para los Refugiados dispuso el cese de su protección. La decisión fue adoptada durante el gobierno de Javier Milei, en un contexto de estrechamiento de la cooperación con el gobierno italiano de Giorgia Meloni. En agosto de ese año Bertulazzi fue nuevamente detenido. En octubre, el Poder Ejecutivo argentino modificó, mediante el DNU 942/2024, distintos aspectos de la ley de protección a los refugiados, endureciendo las condiciones de exclusión y los procedimientos vinculados con su cese.
La defensa cuestionó la decisión administrativa y sostuvo que la protección internacional no podía considerarse extinguida mientras continuaran pendientes los recursos judiciales. El 1º de julio de 2025, la Corte Suprema argentina confirmó la procedencia de la extradición solicitada por Italia.
En los meses siguientes también se discutió la modalidad de su detención. La Cámara Federal de Casación Penal cuestionó decisiones que habían dispuesto su encarcelamiento efectivo sin valorar suficientemente su situación personal. Finalmente permaneció bajo arresto domiciliario.
Su abogado, Rodolfo Yanzón, explicó después de la fuga que Bertulazzi había sufrido tres accidentes cerebrovasculares y presentaba dificultades neurológicas que requerían estudios. Bertulazzi sabía que su traslado podía ser inminente. Su defensor describió posteriormente la fuga como una decisión desesperada, tomada pese a los riesgos para su salud.
Releyendo a Sebastián Soler
En el tomo V de Derecho Penal Argentino (Tratado, Parte Especial, TEA, Buenos Aires, edición de 1987, páginas 148 y siguientes), al abordar la resistencia a la autoridad y la autoeximición, el maestro del derecho penal argentino, Sebastián Soler, recoge un problema que ya había preocupado a la doctrina penal clásica: ¿puede castigarse al individuo que simplemente procura eludir su propia captura? La cuestión aparece asociada a una tradición que encuentra en Francesco Carrara una de sus formulaciones más significativas. Para el jurista italiano, quien utiliza el ingenio, el artificio o aprovecha la negligencia de sus guardianes para escapar actúa conforme a una inclinación natural hacia la libertad.
Ese pasaje siempre me resultó sorprendente. Recuerdo que en la defensoría oficial en la que trabajé muchos años usábamos este argumento para obtener sobreseimientos en casos de supuestas resistencia a la autoridad donde no había existido violencia de entidad en la aprehensión. El artículo 280 del Código Penal argentino reprime la evasión del detenido cuando se produce mediante violencia en las personas o fuerza en las cosas. Si eso no ocurre, entones no hay delito. Es decir, no debe castigarse indiscriminadamente toda fuga.
Existe una razón profunda detrás de esa decisión legislativa. El Estado puede imponer una privación de libertad legalmente fundada y tiene el deber de asegurar su cumplimiento. Pero no puede transformar automáticamente en delito el impulso del detenido de recuperar su libertad, salvo cuando la ley establece expresamente las condiciones de punibilidad. Hay una diferencia entre el deber jurídico del Estado y la reacción natural del individuo. El Estado debe custodiar al detenido y puede utilizar los medios legales para impedir su escape y recapturarlo. El detenido no adquiere por eso un derecho exigible a que lo dejen escapar. Sin embargo, el ordenamiento tampoco tiene por qué exigirle una adhesión moral a su propio cautiverio.
El elogio de la fuga es entonces una ironía del destino. Nadie, ni siquiera el preso, está obligado a no desear ser libre.
Bertulazzi, el derecho y la fuga
Esta cuestión adquiere especial interés frente al episodio de Bertulazzi. Según la reconstrucción conocida hasta ahora, el italiano no rompió la pulsera electrónica o al menos es un dato a verificar. Para evadirse utilizó un arnés y una cuerda. No se han informado agresiones contra los agentes que lo custodiaban. Si su conducta configura o no el delito de evasión dependerá, entre otras cuestiones, de establecer si existió la fuerza en las cosas exigida por el artículo 280 y de precisar las circunstancias materiales de la maniobra. La posible responsabilidad de terceros que hubieran colaborado en el escape si es punible.
Si seguimos la doctrina de Soler y las enseñanzas de su maestro Carrara, su coterráneo Bertulazzi, con 74 años, no quiere pasar los últimos días de su vida en prisión. El deseo de libertad aparece como algo profundo. Si bien el reconocimiento de esta doctrina no debería poner en discusión la condena italiana, tampoco podemos dejar del lado el respeto irrestricto al principio de legalidad, las reglas sobre prescripción y la protección internacional de los refugiados.
En ese sentido, el tratamiento político y periodístico del caso merece una reflexión adicional. Bertulazzi es presentado reiteradamente como un terrorista que logró burlar a las autoridades argentinas. La calificación tiene antecedentes en las sentencias italianas por delitos vinculados con la actividad de una organización armada. El derecho penal no debería administrar identidades políticas, sino examinar conductas, pruebas y responsabilidades. El reconocimiento de una persona como refugiada tampoco borra antecedentes, pero su revocación exige razones jurídicas y procedimientos controlables, no una simple modificación del clima político entre dos gobiernos.
Existe además un problema que atraviesa toda esta historia: el tiempo. Los hechos por los cuales fue condenado Bertulazzi ocurrieron hace casi medio siglo y no constituyen crímenes de lesa humanidad. La justicia conserva sus obligaciones frente a las víctimas, pero también debe preguntarse cómo se ejerce legítimamente el poder punitivo después de tantas décadas. Recordemos el caso Lariz Iriondo (Lariz Iriondo, Jesús María s/ solicitud de extradición, resuelto el 10 de mayo de 2005), sobre la extradición del ciudadano español Jesús María Lariz Iriondo, presunto integrante de la organización armada ETA. Allí la Corte Suprema de Justicia determinó que la acción penal por el hecho imputado se encontraba prescripta según la legislación penal de la Argentina, rechazando que los actos de terrorismo cometidos por organizaciones armadas privadas sean automáticamente delitos de lesa humanidad, por lo que no se les puede aplicar el principio de imprescriptibilidad reservado para los crímenes de Estado.
Más allá de la pertinencia o no de estos antecedentes al caso en cuestión, el elogio de la fuga no es una invitación a desconocer las sentencias judiciales ni una defensa de los delitos que dieron origen a la prisión. Es, en todo caso, el reconocimiento de un límite al poder punitivo y las racionalidades posibles que lo atraviesan. La ley puede imponer una cárcel, pero no puede exigir que el condenado la desee. Puede castigar los medios violentos empleados para escapar, pero no necesariamente el acto de buscar la libertad. Al Estado le corresponde buscarlo y responder por la legalidad de sus decisiones. A los jueces, garantizar los derechos que continúan vigentes aun frente a una condena. Y a nosotros, recordar que no toda desobediencia es un delito ni toda fuga constituye una nueva culpa.
Un gobierno que predica la libertad como fundamento de su existencia, debe recordar que la libertad puede ser legítimamente restringida, pero lo que no puede exigirse es que el ser humano deje de desearla. En este caso, Bertulazzi ejerció un derecho casi natural a su libertad, y lo hizo aparentemente en forma limpia, sin violencia. Lo elogiable es que nadie puede castigarlo por eso.
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