EMILIO CUMPLE 100 AÑOS

 

Sin su aporte no se hubiera llegado a la nulidad de las leyes y decretos que intentaron dejar impunes los crímenes contra la humanidad cometidos en las décadas de 1970 y 1980, ni se hubiera extendido la militancia iniciada en aquellos años contra una dictadura bestial, a las violaciones a los derechos humanos que se cometen también en democracia, aunque no formen parte de un plan sistemático organizado desde un poder ilegítimo.

Mientras los organismos formados por familiares directos de las víctimas sufrían por la ausencia de formación política y militancia previa, Mignone había sido, mucho antes del secuestro de su hija Mónica, ministro de Educación en el gobierno peronista bonaerense del coronel Domingo Alfredo Mercante y luego subsecretario de Educación de la Nación en el gobierno del general Juan Onganía. Formado en la Acción Católica, entendía las relaciones de poder.

Esa militancia lo llevó a participar en la fundación de la Unión Federal Demócrata Cristiana, uno de los partidos impulsados por la Iglesia Católica cuando enfrentó a la modernidad argentina personificada en el peronismo. El otro fue el Partido Demócrata Cristiano, donde militó Augusto Conte, que uniría su destino al de Mignone, cuando también él padeciera el secuestro de su hijo, Augusto María.

Aquella UF creció en la preparación del golpe de septiembre de 1955, pero en noviembre de ese año se opuso al golpe dentro del golpe, que desplazó a un general por otro, ambos católicos pero uno nacionalista y el otro liberal. Como Jaime de Nevares, Enrique Angelelli, Carlos Mugica y Rodolfo Walsh, Mignone no tardó en comprender que el derrocamiento de Perón por el que habían trabajado, abrió para las clases populares las puertas del infierno.

Cuando la dictadura, cuyos fusilamientos de 1956 repudió, dispuso por decreto derogar la Constitución Nacional sancionada en 1949 y convocó a una convención reformadora para reemplazarla, proscribiendo a la fuerza mayoritaria, el partido de Mignone obtuvo una banca pero se negó a asumirla, porque sólo reconocía la Constitución derogada por un acto de fuerza. Su principal inspirador, Arturo Sampay, había sido quien acercó a Emilio al peronismo bonaerense. Buena parte de los males sufridos por el país en los dos tercios de siglo transcurridos se hubieran evitado, de prevalecer el criterio de Mignone y el texto de Sampay. Junto con él militó en la Unión Federal Mario Amadeo, el canciller de Lonardi que acompañó a Perón hasta la cañonera paraguaya que lo llevó al exilio. A pesar de esa historia común, Emilio lo enfrentó dos décadas después, cuando Amadeo representó a la dictadura de Videla, Massera & Cía. en las Naciones Unidas, y fue el inspirador del decreto de 1979 que daba por muertos a los detenidos-desaparecidos. Mignone y Conte, quienes ya habían creado el Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos, que poco después se convertiría en el CELS, contaron en su boletín mimeografiado que el cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado del Vaticano, le había dicho al brigadier Arturo Lami Dozo, emisario de la Junta Militar, que el contenido de ese decreto era totalitario y opuesto a los derechos de la familia, pese a lo cual “el Episcopado argentino no le formuló ningún cuestionamiento”.

Su desempeño como experto en educación en organismos internacionales le dio también una visión realista del mundo tal cual era. Nunca velaron su mirada anteojeras ideológicas, como lo atestiguan sus tempranos escritos sobre el diálogo entre cristianos y marxistas.

Por eso, ya el 12 de agosto de 1976 pudo escribir el documento más perspicaz de la época, con una capacidad de anticipación que sólo hoy puede valorarse. "No menos de 15.000 argentinos han sido muertos o están detenidos en lugares ocultos, encapuchados, encadenados por cuadros militares, en reparticiones militares, pero se niega su detención y se mantiene en la angustia más cruel a miles de familias" decía la carta que remitió al periodista Bernardo Neustadt y que éste nunca difundió. "Esta situación nos llevará a una verdadera guerra civil y a la destrucción de las mismas Fuerzas Armadas", agregaba. "Estamos sometidos a la irresponsabilidad de oficiales de grado inferior, fanatizados, ávidos de venganza, que constituyen fuerzas irregulares que, cuando terminen —si lo consiguen— con la subversión crearán un problema a la autoridad militar porque intentarán copar el poder". Hombre de la Iglesia Católica, lo llamaban El Pope o El Obispo, y fue durante muchos años persona de consulta de obispos y cardenales. Varios de ellos lo desilusionaron cuando terminó de entender que ante la represión dictatorial que lo golpeó en lo más querido, sólo le ofrecían rezar. Nunca dejó de escribirles, para pedir y compartir información y reclamar una palabra firme. Una carta suya al presidente de la Iglesia de entonces, Raúl Primatesta, estuvo en el origen del único documento fuertemente crítico de la dictadura que el Episcopado difundió en los siete años del horror.

Su libro Iglesia y dictadura, de 1986, es una contribución fundamental para entender el rol de esa institución triunfalista en la tragedia argentina. Allí escribió: “Esta siniestra complicidad explica algo que cuesta entender a los observadores católicos extranjeros: la sorprendente pasividad de un episcopado que contempla sin inmutarse cómo obispos, sacerdotes, religiosos y simples cristianos son asesinados, secuestrados, torturados, apresados, exiliados, calumniados (…) . En algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos. El 23 de mayo de 1976 la infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Yorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de ‘desaparecido’. Una semana antes de la detención, el arzobispo Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y posiblemente algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita Jorge Bergoglio como una autorización para proceder contra él. Sin duda los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad. La magnitud y la ferocidad de esa persecución son sorprendentes, como se advertirá con la lectura del capítulo octavo. La Iglesia argentina cuenta con centenares de auténticos mártires, que sufrieron y murieron por la fidelidad a los principios evangélicos, en medio de la indiferencia o la complicidad de sus obispos. ¡Qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas!” Luego de una misa en la catedral Bergoglio intentó acercarse a él para darle explicaciones, pero Emilio alzó la mano para detenerlo, según el relato que me transmitió el propio episcopal. Se sentó en la silla apostólica cinco años después de la muerte de Emilio. Varios libros y dos filmes posteriores intentaron presentar su conducta de entonces bajo una luz más favorable, admitiendo al menos el pecado de omisión.

Mignone y Augusto Conte aconsejaron a sus hijos que confiaran en las instituciones legales que los requerían. Emilio no hubiera podido impedir el secuestro de Mónica, arrancada del domicilio familiar, pero muchas veces se reprochó no haber resistido que se la llevaran. Conte le pidió a su hijo Augusto María que no desertara de la Armada, donde cumplía su Servicio Militar Obligatorio, como le habían aconsejado sus compañeros de la JP. “Fui un ingenuo. No creía que su vida corriera peligro”, me dijo en una entrevista que le hice durante la dictadura para una publicación internacional. Ninguno de los dos podía imaginar la enormidad del Estado convertido en terrorista. Su interminable peregrinaje por los despachos eclesiásticos y militares en los que tenían amigos y conocidos terminó por convencerlos.

En palabras de Augusto que también se aplican a Emilio, ambos habían sido hombres de dos mundos. Dejaron de serlo forzados por las circunstancias y fueron los primeros en describir los mecanismos del terror como un Estado dentro del Estado, bajo el rótulo de "paralelismo global", en una presentación ante las Naciones Unidas. Ambos fueron capaces de convertir esa ingenuidad que se reprochaban en un programa de acción, con el propósito de que algún día las instituciones merecieran la confianza que habían depositado en ellas, para cambiarlas y ponerlas a la altura de sus mentes limpias y sus corazones nobles. Es una lección de la que debemos tomar nota quienes en aquellos años creímos posible iluminar esa noche oscura respondiendo al fuego con el fuego.

Tan temprano como en 1978 formaron el Centro de Estudios Legales y Sociales. Era necesaria mucha lucidez, aparte de una voluntad que también caracterizó a los demás organismos de derechos humanos, para entender que los abusos que entonces ocurrían debían documentarse con la mayor precisión, conectar el reclamo interno con la denuncia internacional, y pensar en una futura acción judicial que procurara el castigo de los responsables. El rol de Emilio fue esencial en las visitas de las misiones internacionales que rompieron el aislamiento en que la dictadura había colocado a sus víctimas: Amnesty, en noviembre de 1976, la Asociación del Foro de Nueva York en 1978 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.

Mignone fue responsable al menos de un tercio de las causas iniciadas en aquellos años, entre ellas el precursor recurso a la Corte Suprema de Justicia en el caso “Smith”. Concluida la dictadura, entendió como pocos la importancia del compromiso del Estado en investigaciones como las de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el juicio a las ex juntas militares, a las que otros retacearon apoyo por consideraciones políticas.

Recuerdo un diálogo con Eduardo Luis Duhalde durante una audiencia del juicio a las Juntas. Esos papelitos ajados que la gente guardó durante años simbolizaban el valor que la dictadura le había negado a los procedimientos legales y se convertían en pruebas contundentes para condenar a los criminales. Porque creían en la ley, Mignone y Conte la hicieron prevalecer.

Emilio replanteó la labor del CELS, de modo de proyectarlo al futuro y no sólo al estudio y la denuncia de las violaciones del pasado. De ello dan cuenta los programas de estudio y denuncia de la violencia institucional y de seguridad ciudadana; de la exigibilidad legal de los derechos económicos, sociales y culturales;  de justicia democrática y de derecho a la comunicación. Ellos complementaron el programa y los servicios originarios, de memoria y lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, de documentación, de salud y de asistencia jurídica a las víctimas.

A partir de la experiencia atroz de la dictadura,  planteó con claridad la inserción de la problemática de los derechos humanos dentro de la construcción democrática, sin por ello olvidar los orígenes. En 1995, Mignone advirtió las posibilidades que abrieron las confesiones del capitán de la Armada Adolfo Scilingo, y con su presentación a la Cámara Federal fundamentando el derecho a la verdad y el duelo consiguió reabrir el capítulo de la revisión judicial. Nunca aceptó que hubiera algún antagonismo entre la verdad y la justicia y en 1998, ya abierto el capítulo de la verdad, apoyó la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Como lo escribió en un documento interno del CELS, "nuestra posición era y sigue siendo la de utilizar todos los espacios de acción razonables, dejando de lado las diferencias circunstanciales y tratando de favorecer la coordinación y la cooperación pluralista en todos los terrenos".

Esta ductilidad para elegir las mejores tácticas en cada momento sin renunciar nunca a la firmeza de sus principios es una lección central de Mignone. En vida, padeció críticas e incomprensión, por defender opiniones que a veces contradecían el sentido común del momento y cuya justeza no era evidente en forma inmediata. La serenidad con que las soportó, sin apartarse del sendero ni distraerse en querellas menores, es parte de su legado.

 

 

 

 

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