Emilio Mignone y la CIDH

Un libro sobre la movilización legal internacional en dictadura, la visita de la CIDH y la creación del CELS

 

El próximo sábado 23 de noviembre a las 15 se presentará el libro Movilización legal internacional en dictadura. La visita de la CIDH y la creación del CELS, de Guadalupe Basualdo. Es el tercer título de la Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos de TeseoPress. Junto a la autora dialogarán la historiadora e investigadora de CONICET Débora D´Antonio y la periodista de El Cohete Luciana Bertoia.

El libro reconstruye etnográficamente cómo los derechos humanos se fueron consolidando a partir de las prácticas colectivas que desplegaron familiares y organismos durante la última dictadura militar en la Argentina. De este modo, lograron que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país fuera un acontecimiento fundamental: por un lado, abrió las puertas para la denuncia internacional de lo que ocurría; por el otro, fue un hecho fundacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La publicación ya está disponible para su descarga gratuita en este enlacehttps://www.teseopress.com/movilizacioninternacional/

La “Colección Antropología Jurídica y Derechos Humanos” dirigida por María Pita fue creada por el Equipo de Antropología Política y Jurídica, con el aval del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (ICA, FFyL/UBA) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

 

 

 

Lo que sigue es un fragmento de la obra:

El trabajo de sistematización de documentación orientado a la visita de la CIDH fue clave en las primeras acciones del grupo que fundaría el CELS. Emilio Mignone cumplía un lugar protagónico. Su experiencia de trabajo en la OEA como asesor legal para el desarrollo universitario, entre 1962 y 1967, le había permitido conocer América Latina y los principales países europeos. Y, sobre todo, le permitió conocer la administración norteamericana, lo que resultó fundamental durante el gobierno de Carter.

Mignone presentó tempranamente la denuncia por el caso de su hija y colaboró en la gestión de otros casos de detenidos desaparecidos y presos políticos. En febrero de 1979, una vez anunciada la invitación del gobierno argentino a la CIDH, viajó a Washington con el objetivo de aportar a la agenda de la futura misión. Este viaje fue al margen de la APDH, que se oponía a esta relación (Mignone, 1991). En su estadía mantuvo reuniones durante varios días con el presidente de la CIDH, Andrés Aguilar, con el secretario ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño, con Charles Moyer y Edgardo Paz Barnica. Les brindó información sobre el sistema legal argentino y las operaciones represivas de la dictadura.

Un informe del Batallón de Inteligencia 601 de marzo de 1979 informa sobre el viaje de Mignone a Washington y espía su encuentro con miembros de la OEA. El documento sintetiza parte del trabajo que había ido a realizar el abogado a la CIDH:

“Sobre la organización de la nutrida y documentada información referida a transgresiones que realizan autoridades de nuestro país que hay en la Asamblea, la labor se viene centrando en la recopilación de antecedentes, sobre personas detenidas, secuestradas, desaparecidas, que han sido objeto de apremios, por las propias víctimas o sus familiares y son instrumentalizados en actas ante escribano público, con lo que adquieren valor testimonial. En dichos documentos no sólo consignan los nombres de los damnificados, sino además todas las circunstancias que rodean el episodio, poniendo especial énfasis en detalles que puedan tener alguna significación, marcas, modelos, color y patente de vehículos intervinientes, uniformes de personal interviniente, nombres que pudieran haberse oído y/o proporcionado de dicho personal, identificación de lugares de detención, nombres de personal que haya atendido a posteriori los reclamos de familiares de las víctimas, expresiones por ellos vertidas. Presentando este material ante la OEA, con esta modalidad, se espera dar valor testimonial que supere lo que se ha hecho hasta ahora, es decir la presentación de listas de nombres que tienen menos fuerza o son desvirtuadas por las autoridades [21].

La CIDH había comenzado a recibir numerosos informes de familiares de detenidos desaparecidos y hasta entonces sólo tenía registrados alrededor de 1.500 casos, aunque la APDH ya contaba con más de 4.500. Tras el anuncio de la visita, las denuncias comenzaron a ser periódicas, y se llegaron a recibir entre 50 y 60 cartas por día. La Comisión estaba especialmente interesada en ayudar a los organismos de derechos humanos a identificar los casos que presentaban evidencia sustancial de la participación de las Fuerzas Armadas o de seguridad en la desaparición de personas y otras violaciones a los derechos humanos [22].

Las reuniones y conversaciones también fueron acompañadas por presentaciones formales ante el organismo. El 12 de marzo, los abogados del GAAAP (Grupo de Abogados de Apoyo a la Asamblea) decidieron presentar un caso ante la CIDH relacionado con la situación de personas desaparecidas en la Argentina desde 1975 a 1978 inclusive. En rigor, constituía la denuncia en el plano internacional del listado de desaparecidos que se contabilizaba en la APDH y que para entonces ascendía a 4.381 personas [23]. La denuncia, tramitada por Emilio Mignone, Augusto Conte Mac Donell, Alfredo Galetti y Boris Pasik, sostenía que la detención y desaparición de estas personas, de las que nada se volvió a saber desde el momento de su detención, había sido ejecutada por grupos armados que invocaron representar a la autoridad pública. Estas prácticas de registro y documentación de las víctimas fueron acciones iniciales y fundamentales para respaldar las prácticas políticas de las organizaciones de derechos humanos. Esta presentación traducía esa estrategia de documentación a los procedimientos internacionales, dotándolos de argumentos jurídicos. El procedimiento del caso constituía una manera de formalizar los intercambios que venían sosteniendo. En abril, la CIDH les comunicó la admisión de esa denuncia bajo el número de caso 3790 (Argentina), les informó que había solicitado al gobierno argentino que ampliara la información y, a su vez, les pidió cualquier nuevo dato complementario.

Pocos días después, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Washington Pastor, anunció que la visita, que estaba prevista para el 22 de mayo al 6 de junio de 1979, había sido postergada, ya que en esa fecha se realizarían las elecciones de los nuevos miembros de la CIDH y de la recién creada Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La noticia causó alarma entre los argentinos comprometidos con las denuncias, no sólo porque dilataba el trabajo que venían realizando sino además porque esa postergación producía serias limitaciones para que la CIDH pudiera elaborar el informe de esa visita a tiempo para ser presentado en la asamblea anual, a fines de 1979. Es por eso que, en respuesta a la CIDH, los abogados señalaron su preocupación por el anuncio de la nueva fecha y demandaron al organismo reprogramarla en un plazo no mayor a 30 días desde su constitución. Ese período permitiría elaborar un informe de la visita, con tiempo suficiente para presentarlo ante la Asamblea Ordinaria de la OEA en octubre de 1979. Afirman: “Si esto no ocurriera la confianza en ese organismo por parte del pueblo argentino, que sufre la más dramática y sangrienta violación de los derechos humanos de toda su historia, se vería gravemente disminuida” [24]. En un contexto de violaciones masivas y sistemáticas desde la clandestinidad, la intervención de la CIDH, seguida del informe, servía básicamente para documentar esas violaciones y exponerlas ante la comunidad internacional.

El relato de estas acciones permite mostrar cómo se fue configurando lo que MacDowell denomina un activismo legal transnacional, es decir “un tipo de activismo que prioriza la acción jurídica ante tribunales internacionales u organismos cuasi-judiciales para fortalecer las demandas de movimientos sociales; para realizar cambios políticos y legales internos”. Teniendo en cuenta los alcances y limitaciones que plantearon las circunstancias, los abogados del CELS intentaron articular un trabajo político, de supervisión, vinculado al rol tutelar del organismo panamericano, para poder incidir sobre la situación interna. En el corto plazo, y en consonancia con la demanda explicitada en las denuncias, se intentaba obtener información oficial sobre el destino de los desaparecidos, interrumpir los secuestros, garantizar la liberación o la acusación de los detenidos por el Poder Ejecutivo Nacional. A mediano plazo y con una perspectiva estratégica, se buscó demostrar la responsabilidad de las fuerzas armadas y la masividad y sistematicidad de las violaciones.

Entre el 18 y el 22 de junio, Mignone volvió a viajar para reunirse con miembros de la CIDH. Trabajó especialmente con Vargas Carreño, con su principal asesor, el doctor Paz Barnica, y con el asesor local, Charles Moyer. Hasta entonces, la CIDH había recibido 2.900 denuncias que involucraban a 7.000 detenidos desaparecidos. Para adelantar la investigación preliminar, había comenzado a solicitar al gobierno argentino los nombres de las denuncias con las que contaba el Ministerio del Interior y el número de recursos de hábeas corpus presentados en los tribunales [25].

A su vez, los comisionados también realizaron viajes al país, con el objetivo de preparar la misión y las actividades que iban a realizar. Vargas Carreño realizó un viaje preparatorio entre el 22 y el 27 de julio, llevó a cabo encuentros con distintos organismos e instituciones, que le entregaron propuestas y sugerencias de actividades y reuniones que podrían resultar de interés para la CIDH en el momento de su visita. Los integrantes del recién constituido CELS también planificaron las posibles actividades que realizarían los organismos en los días previos a la llegada de los comisionados, como la publicación de solicitadas de los organismos de derechos humanos locales donde se especificarían los días y horarios de recepción de denuncias [26].

 

 

[21] Ver Batallón de Inteligencia 601, Mensaje N° 07013, 26 de marzo de 1979. Documentos desclasificados DIPBA.
[22] Cable informativo de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a Secretaría de Estado, Washington D.C., “Human Rights Roundup – February-March 1979”, 30 de marzo de 1979. 
[23] Carta recibida de la CIDH, 17 de abril de 1979. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Correspondencia.
[24] Carta recibida de la CIDH, 5 de mayo de 1979. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Correspondencia.
[25] Cable informativo de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a la Secretaría de Estado, Washington D.C., “Human Rights Summary – july 12, 1979”, 13 de julio de 1979.
[26] Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1979. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Reconstrucción del terrorismo de Estado.

 

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