En busca de la verdad

La Cámara de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación por el caso de Santiago Maldonado

 

Al cierre de esta edición de El Cohete, en la tarde del viernes 10, se conoció el fallo con que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento definitivo de los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, imputados de diversos cargos en la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Gustavo Lleral, el juez de Esquel que había dispuesto lo ahora revocado, fue apartado del expediente. Los camaristas comodorenses Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez se explayaron por más de veinte páginas en serios cuestionamientos a la carencia de criterio e inacción de Lleral.

La resolución del tribunal de alzada afecta directamente a la actual ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich ocupaba el mismo cargo. Por ello, era responsable política de la Gendarmería que en la madrugada del primer día de agosto reprimió una manifestación mapuche en la Ruta Nacional 40. Maldonado, que había participado de la protesta, permaneció desaparecido hasta que su cuerpo fue hallado sumergido en aguas del río Chubut, 77 días después.

Desde su arribo al Ministerio, Bullrich estableció especial sintonía con la Gendarmería. En agosto de 2017, cuando aún se desconocía el paradero de Maldonado, advirtió que el caso no la llevaría a tirar gendarmes por la ventana. Antes de dejar el cargo, recibió como regalo de la fuerza un sable con aquella frase grabada. Un mes después de pronunciarla, con el joven todavía desaparecido, la Gendarmería oficializó un informe pericial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Desde que se produjo, en enero de 2015, el fallecimiento de Nisman había sido pieza central en los embates preelectorales de la oposición al entonces gobernante kirchnerismo. Contra lo dictaminado por el propio Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, la pericia de Gendarmería concluyó que Nisman había sido asesinado.

En la tarde del último viernes, el diario Clarín publicó una curiosa presentación del fallo de la Cámara Federal comodorense sobre el caso Maldonado, acompañada por una fotografía de Cristina Fernández.

 

 

La nota no fue firmada y su texto no reflejó el real sentido de la resolución judicial, cuyo punto más fuerte fue la reiteración de la orden de realizar una serie de pericias para determinar si existieron delitos en los hechos que derivaron en la muerte de Maldonado y el hallazgo tardío de su cuerpo.

Es cierto que los camaristas repitieron su convicción en descartar la hipótesis de que el joven haya sido privado de la libertad y asesinado en un lugar distinto a aquel en que fue hallado su cadáver, pero eso no significa que también se clausuren otras líneas de indagación, sino todo lo contrario.

“Encontramos justificado que se abandonara ese cauce investigativo en singular, pero entendimos que ello no autorizaba a dar por concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes que restaba despejar antes de poder afirmar como proponía el magistrado de la anterior instancia que el deceso de Santiago Maldonado no podría haber sido el fruto de otras maniobras eventualmente aptas para merecer reproche penal”, señala el fallo emitido el viernes 10.

 

 

El derecho a la verdad

Los camaristas de Comodoro Rivadavia pusieron singular énfasis en señalar que “la investigación no se encuentra agotada” y reiteraron su propia orden previa: que se produjeran nuevas medidas de prueba para satisfacer “al derecho individual de toda víctima de que se procure al máximo conocer las condiciones en que ocurrieron los hechos, como así también y de manera especial en este caso, de reconocer la existencia de una segunda dimensión colectiva referida al derecho de la sociedad de saber cómo se desarrollaron los acontecimientos”.

De ese modo, la Cámara accedió a lo planteado por las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

La resolución anterior del tribunal de alzada, que detallaba medidas específicas a realizar, fue desoída por Lleral. Sin completar diligencia alguna ni dar mayores explicaciones, el juez sólo insistió en su fallo previo, clausurando las pesquisas. Su argumentación para cerrar definitivamente la causa se enfocó en que los acusados habían pasado demasiado tiempo bajo indefinición procesal. Una demora de la que él mismo fue responsable, incluyendo una parálisis de casi cuatro años que los camaristas le reprocharon. Por otra parte, nadie más que un acusado inocente se vería beneficiado por el agotamiento de medidas de prueba que despejaran de sí toda sospecha en un caso de tamaña gravedad.

 

 

Próximos pasos

Entre las medidas de prueba que la Cámara ordenó, Lleral incumplió y este viernes 10 el tribunal insistió en practicar se encuentran:

  • enviar a los expertos que practicaron la autopsia los resultados recogidos del ambiente en que se halló el cuerpo, a fin de que el contraste permita establecer con mayor precisión la data de la muerte y el periodo de sumersión post mórtem, que el examen anatómico sólo pudo fijar de modo estimativo;
  • encomendar una pericia veterinaria que identifique la especie a la que pertenece el rastro de mordidas en el cadáver, que fue hallado sumergido pero con aparentes signos de haber sido lesionado por un depredador terrestre;
  • requerir a dos expertas informes ampliatorios sobre los rastros de polen y algas en los órganos y la vestimenta de Maldonado, para determinar las condiciones y el tiempo en que el cuerpo permaneció sumergido, y si pudo estarlo en un medio distinto a aquel en que fue encontrado;
  • solicitar una segunda opinión sobre ese punto y encargar a otro experto un nuevo cotejo de las muestras extraídas de la ropa y el agua del río en que el cadáver fue encontrado;
  • peritar un bastón retráctil y billetes hallados en los bolsillos de Maldonado, para determinar cuánto tiempo esos objetos estuvieron sumergidos, y
  • repetir una declaración testimonial que fue tomada por el juez Lleral sin que pudieran estar presentes las querellas, notificadas mal y tarde.

En cambio, los camaristas evaluaron que ya no resulta necesario remitir nuevos exhortos a las compañías de comunicación, para explorar la hipótesis de que el número de Maldonado pudo estar activo en algún momento entre su desaparición y el hallazgo de su cuerpo. También descartaron, por no considerarla factible, una reconstrucción virtual sobre la posición y el recorrido de gendarmes y testigos en el lugar de los hechos.

 

 

El juez más austral del mundo

La designación de un nuevo juez se tornó problemática para la Cámara, dado que su amplia jurisdicción territorial incluye juzgados cuyos titulares ya fueron apartados de la causa, la prejuzgaron o tienen a su cargo otras investigaciones de relevancia, como el hundimiento del submarino ARA San Juan.

De esa manera, la Cámara terminó por encomendar la investigación al juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. En la jurisdicción, Calvete es caracterizado como un magistrado de ritmo cansino de trabajo y fallos polémicos, como la suspensión de elecciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en 2019 o sus reparos de 2011 a la precandidatura legislativa de una sobreviviente del terrorismo de Estado, aludiendo que la dictadura le había impuesto la pena de inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Para contribuir a la “máxima diligencia y premura” que reclaman al nuevo juez a cargo, los camaristas resolvieron relevarlo por al menos treinta días de las causas que llevaba. Calvete deberá cumplir con los puntos que omitió su antecesor, porque la Cámara que los encomendó ya señaló que sus disposiciones no son de cumplimiento optativo para un magistrado de instrucción, ni interfieren con su independencia, libertad probatoria y sana crítica racional.

 

 

 

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