El 24 de marzo se cumple medio siglo del inicio de la pesadilla dictatorial. A partir de esa fecha, se institucionalizó de forma sistemática la relación entre un modelo económico basado en la especulación financiera y la extranjerización de la renta nacional que requirió la desaparición forzada de personas, la tortura y el robo de bebés, como métodos para lograr dicho latrocinio. Dicha política genocida requirió, prioritariamente, el disciplinamiento de los trabajadores para imponer el modelo neoliberal.
Ese proyecto, liderado por José Alfredo Marinez de Hoz, fue impulsado y respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Buscaba impedir las iniciativas soberanas que experimentaban varios de los países de la región. Como expresión de esa matriz económica vigente hasta 1976, basada en la producción y el trabajo, se habían alcanzado los mayores índices históricos de paridad entre capital y trabajo, consolidando un principio de equidad que el golpe dictadura genocida exigió destruir.
El esquema que inauguró la dictadura se basó en la represión brutal contra las organizaciones populares y en el exterminio de sus máximos referentes. Las entidades financieras y los grandes conglomerados transnacionales fueron los principales beneficiarios de aquella represión sistemática. La necesitaban debido a la creciente capacidad de lucha que exhibían las mayorías populares.
Sabemos hoy que no fue el presidente militar Jorge Rafael Videla quien necesitaba un ministro de economía, sino Martínez de Hoz quien exigía un brazo ejecutor para llevar a cabo el genocidio funcional imprescindible para imponer su modelo económico.
El neoliberalismo, aplicado durante los años setenta por las diferentes dictaduras latinoamericanas, se constituyó en el laboratorio utilizado en las décadas posteriores para profundizar los niveles de inequidad, precariedad, crisis climática y violencia que hoy volvemos a padecer.
El ejercicio del terrorismo de Estado, aplicado por los militares bajo la conducción estratégica de los empresarios y los diplomáticos estadounidenses, flexibilizó las condiciones de trabajo, desreguló el comercio exterior, abrió el mercado a los productos importados, inició el industricidio quebrando al empresariado nacional, e impuso una reforma financiera que continúa hasta el día de hoy.
El saldo trágico de esa experiencia genocida fue ampliamente conocido a partir de la recuperación de la vigencia de la Constitución Nacional, en 1983: 30 mil detenidos-desaparecidos, secuestrados en más de 600 centros clandestinos de detención, y una sociedad desgarrada por la crueldad, el robo de bebés y las prácticas truculentas de vejámenes, violaciones y torturas.
Aún después de tanta oscuridad, y no sin contramarchas, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia lograron la condena de las Juntas Militares y de casi 1.200 torturadores y asesinos. Dichas acciones restablecieron la confianza en las instituciones democráticas y generaron instancias de reparación a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
Todo este capital acumulado, desde la recuperación de la vida democrática, pretende ser despedazado en la actualidad por el negacionismo, con la aquiescente complicidad de las usinas propagandísticas de la derecha global, hoy empoderadas en diversas regiones de Occidente.
En este marco, aparece como un desafío ineludible la reivindicación de los dos emblemas estructurales que le dieron sustento al pacto democrático de 1983: las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; y el compromiso por darle sustento a la soberanía nacional, sobre todo en su autonomía económica.
Frente a la multiplicación de los discursos de odio, el racismo y el desprecio hacia los trabajadores, es imprescindible oponerle la reivindicación de la Patria y la vigencia de una democracia plena, enmarcada en una sociedad solidaria, orgullosa de su compromiso con las personas más vulneradas y desprotegidas.
A principios de los años 80, en nuestras calles se cantaba “se va a acabar la dictadura militar”. Como prueba de la madurez forjada por nuestro pueblo, tiempo después, se le añadió la caracterización de “dictadura cívico-militar”. Ahora corresponde que al Nunca Más al terrorismo de Estado, se le incorpore el “Nunca Más al proyecto de saqueo de soberanía” que hoy se encuentra vigente.
Cinco décadas después del inicio de la dictadura sangrienta, hacemos nuestro el mandato fundacional del libertador José de San Martín, quien advirtió, hace más de dos siglos, que “en defensa de la Patria todo es lícito, menos dejarla perecer”.
* Taty Almeida; Gustavo Santaolalla; Hugo “Cachorro” Godoy; Hugo Yasky; Eugenio Raúl Zaffaroni; Lita Stantic; Eduardo de la Serna; Francisco “Paco” Olivera; Teresa Parodi; Stella Calloni; Charly Pisoni; Dolores Solá; Ana Careaga; Emilce Moler; Norberto Liwski; Rita Cortese; Nelly Minyersky; Sandra Russo; Darío Villarroel; Eduardo Tavani; Edgardo Esteban; Jaime Sorín; Carlos Rozanski; Alejandro Apo; Cristina Banegas; Matías Fachal; Natalia Salvo; Julia Mengolini; Cynthia García; Telma Luzzani; José Luis Lanao; Claudia Rocca; Carlos del Frade; Luisa Kuliok; Ana Arias; María del Carmen Alarcón; Silvia Kremenchutzky; Carlos Raimundi; Jorge Elbaum; Jorge Auat; Martín Vázquez Acuña; Alicia Calvo; Alicia Castro; Alejandra Dandan; Ana Cristina Pimentel; Ana María Lehner; Araceli Bellota; Ariel Basteiro; Cristina Caamaño; Edgardo Depetri; Eduardo Sigal; Guido Levy; Jorge Drkos; Oscar Laborde; María Laura Garrigós; Marisa Graham; Martha Vassallo; Matilde Bruera; “Indio” Zabala; Mónica Cuñarro; Néstor Restivo; Nicolás Jury; Paula Giménez; Carlos Cruz; Alfredo Kraut; Marcelo Duhalde; Rocco Carbone; Abel Fatala; Paula Klachko; Leandro Morgenfeld; Rodolfo Yanzón; Gerardo Mazur, y siguen las firmas…
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