El gobierno nacional persiste en su práctica de desoír lo dispuesto por otros poderes cuando se trata de decisiones que atienden a los derechos de la población víctima de la motosierra oficial. La línea de inconducta no sólo es aplicada contra las determinaciones de la mayoría parlamentaria que le es adversa, sino también respecto de resoluciones judiciales que acogen los reclamos de los sectores más vulnerables entre los perjudicados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido coloquialmente como PAMI, elude desde diciembre la aplicación de una medida cautelar emitida por la Justicia Federal para reponer la cobertura total de medicamentos esenciales en la canasta urgente de adultos mayores, dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández a poco de asumir y limitada por el de Javier Milei en 2024 con criterios de acceso incluso más restrictivos que los de los años macristas.
La actitud de la actual conducción del PAMI motivó la apertura de una causa penal por desobediencia. Se tramita en Mendoza, porque allí se presentó la primera demanda de amparo para recuperar la cobertura. Más tarde se anexaron las elevadas desde organizaciones y personas de otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas tuvieron resultado favorable en los estrados cuyanos, pero fueron igualmente ignoradas por la dirección nacional a cargo de Esteban Leguizamo y las unidades de gestión locales.
La UGL de Mendoza es encabezada por David Litvinchuk, secretario de La Libertad Avanza en la provincia y alfil de la diputada Lourdes Arrieta hasta su salida del partido. Leguizamo y Litvinchuk son los dos funcionarios denunciados penalmente, destino que podría extenderse a los de las otras jurisdicciones que incumplan lo resuelto. Hasta el momento, la medida fue ordenada para las provincias de Mendoza, Salta, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, la Capital Federal y el padrón de la CTA Autónoma.
La desobediencia oficial no impidió al gobernador Alfredo Cornejo sumarse como furgón de cola de la escudería de Milei, que el jueves 9 visitó la provincia junto a Luis Petri, su ministro de Defensa y candidato mendocino a diputado nacional.
Cornejo no llegó a los extremos de resignación de su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el frente político para las legislativas no se llama únicamente La Libertad Avanza. Un mínimo de identidad fue conservado añadiendo “+ Cambia Mendoza”, con lo que el engendro nominal bordea un oxímoron a tono con las lecciones que Milei extrae de los porrazos electorales. Se cambia algo sin modificar nada, redoblando el avance.
Sin PAIS
El 2 de diciembre pasado, el PAMI emitió un comunicado de prensa confuso y elíptico, en que anunció que para lograr “una gestión planificada y eficiente” sus autoridades se vieron en “la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año en distintas etapas”. El documento no explicó en qué consistían, clarificación de la que se ocuparon las cajas registradoras de las farmacias.
La principal modificación a la cobertura fue la derogación de hecho, sin instrumento resolutivo, del programa conocido como “Vivir Mejor”. En marzo de 2020, la obra social que entonces conducía Luana Volnovich había dispuesto el acceso gratuito a 170 medicamentos para sus afiliadas y afiliados. Fue una reconquista de lo perdido en tiempos macristas.
Para financiarlo, se dispuso la utilización de parte de lo recaudado por el impuesto PAIS, que gravó la adquisición de divisas hasta el 23 de diciembre pasado, cuando su último plazo no fue renovado por los campeones en la promoción de compra de dólares. La eliminación de ese impuesto es uno de los principales factores de la sostenida caída en los ingresos del Estado, sólo compensada por las feroces restricciones en la inversión pública y el bienestar popular. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó para septiembre que, de no haber impactado ese ítem, las entradas habrían aumentado 2,4% en términos interanuales.
Pagar con vida
La relación entre el impuesto PAIS y el programa de acceso a medicamentos ilustra que, como gusta enunciar el Presidente, siempre hay alguien que paga las decisiones políticas. Los recortes en los tratamientos, muchas veces urgentes, de adultos mayores, financiaron la promoción fiscal y mediática de las pizarras.
Cuatro años después de lanzado el programa “Vivir mejor”, la administración anarcocapitalista en PAMI recortó el vademécum de medicamentos incluidos y con sus resoluciones de agosto y septiembre de 2024 actualizó los criterios que el macrismo había dispuesto para acceder a la cobertura total, volviéndolos aún más restrictivos:
- tanto en la resolución 5/2017 como en las recientes 2431/2024 y 2537/2024 se admitió el acceso al 100% de cobertura en medicamentos por razones sociales a quienes percibieran menos de 1,5 haberes jubilatorios mínimos, siempre que no contaran con asistencia de una empresa de medicina prepaga; pero
- el macrismo exceptuaba de ambos requisitos a quienes vieran comprometidos en la compra de medicamentos recetados una suma mayor o igual al 5% de sus ingresos, mientras que el gobierno actual elevó el requisito al 15%.
Tan pronto como se anunciaron y comprobaron los recortes, el Juzgado Federal 2 de Mendoza recibió la primera demanda de amparo. La presentó la Asociación de Jubilados y Pensionados, con asistencia letrada de Marisa Uceda y Carlos Blanco. En las elecciones del domingo 26, Uceda será la segunda candidata a diputada nacional por el frente Peronismo de Mendoza.
Entre ventanillas
Las sucesivas presentaciones realizadas por organizaciones y particulares para extender la medida cautelar a sus distritos fueron aportando elementos para caracterizar el espesor del despojo, que recogió el juez federal Pablo Quirós.
Uno de ellos es el vinculado con el mecanismo de solicitud de acceso, que
- no contempló la brecha digital que afecta a buena parte de la franja etaria, ni las dificultades para acceder a turnos médicos en que obtener las recetas y diagnósticos requeridos para el trámite;
- omitió disponer plazos de respuesta, que la CTA Autónoma ejemplificó en su presentación con los casos de afiliados que para mayo llevaban entre uno y dos meses de espera, con riesgo de agravar sus cuadros de diabetes y vasculitis; e
- incluyó a datos y documentos en poder del Estado entre aquellos que debe aportar el o la solicitante, retirando de una ventanilla lo que presentará en otra.
El último punto, destacó el juez, descubre una increíble contradicción con la ley que bajo el grandilocuente nombre de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” propició el gobierno de Milei: su artículo 25 estableció que, en razón de la “eficiencia burocrática”, los interesados en un trámite “no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por la Administración centralizada o descentralizada”.
Cuestión de tiempo
Tanto en materia de salud y bienestar, como en la económica, el tiempo corre en contra de las afiliadas y afiliados a quienes perjudica la desobediencia de PAMI hacia la medida cautelar concedida por la justicia federal mendocina.
El juez Quirós la dejó en evidencia ya a fines de agosto, cuando en una de sus resoluciones describió lo verificado en el ámbito de la unidad de gestión mendocina de la obra social: no se había repuesto el acceso al programa “Vivir mejor”, sino que se retornó a los criterios restrictivos de 2017, con diferencias apenas porcentuales para la admisión de solicitudes. Formularlas también es engorroso, porque se requiere de un nuevo trámite.
En términos económicos, la política de PAMI perjudica a un sector que
- perdió 18,4% sólo entre diciembre de 2023 y abril de 2024, merced a la devaluación anarcocapitalista inicial y el nuevo cálculo de actualización de haberes, según estimó Mariano Recalde en la demanda de amparo que formuló en representación del Partido Justicialista, junto al centro de jubilados “VDP 27 de Abril”; y
- añadió 701.750 personas más a la población bajo la línea de pobreza, que en esa franja etaria pasó del 17,6% al 29,7%, de acuerdo a las estimaciones que en base a registros oficiales volcó en su demanda la Red de Defensa al Consumidor y Usuario de Tucumán.
Ya con confirmación de la Cámara Federal de Mendoza, la obra social apeló el fallo original ante la Corte Suprema, que recibió el expediente el 27 de junio. Para el bienestar y la supervivencia de miles de personas, una resolución de la cúspide del Poder Judicial debería demorar menos que la decisión sobre la extradición de Fred Machado o la condena a la ex Presidenta Cristina Fernández, dos temas que supieron ser prioridades de la Corte. Amplias jurisprudencia y legislación deberían estimular una respuesta rápida.
Si ocurre en plazo y con disposiciones razonables, cuando el fallo llegue podrá observarse qué temperamento exhibe el gobierno de Milei ante una eventual nueva limitación a los deseos presidenciales de despojo, que el principal instigador ministerial describe como orgásmicos.
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