En el centro del ring

 

Esta semana coincidieron los aniversarios del primer gobierno constitucional posterior a la última dictadura cívico-militar y de la condena a Videla, Massera & Cia en el juicio a las Juntas, la media sanción de la ley que termina con la clandestinidad del aborto, la modificación en el Senado de la fórmula de actualización previsional, los anuncios sobre el comienzo de la vacunación contra Covid-19 y el debate público entre el Ministro de Economía y el empresario más poderoso del país.

Cada uno de esos acontecimientos muestra bien plantado en el centro del ring al gobierno de Alberto y Cristina, que el jueves cumplió su primer año, ante una oposición fragmentada y sin liderazgo, temerosa de la prueba electoral de 2021, donde su máxima aspiración será acotar las pérdidas inevitables, ya que se renovarán las bancas conseguidas en su mejor desempeño previo, en 2017. La política de bloqueo parlamentario a la que recurrió en 2010 desde el infausto Grupo Ahhhh… la condujo al desastre electoral de 2011, antecedente que no pueden ignorar ahora.

 

 

El juicio a las juntas

En cuanto asumió la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín creó una comisión nacional investigadora sobre la desaparición forzada de personas y promovió el enjuiciamiento penal a los jefes de la dictadura. Creyó equilibrarlo con la simétrica denuncia contra unos pocos sobrevivientes de las exterminadas cúpulas guerrilleras, en una equiparación forzada y vergonzosa.

Su razonamiento explícito fue poner fin a la ajuridicidad iniciada con el golpe de 1930, al que siguieron no menos de uno por década, de modo que en ese lapso hubo más gobiernos elegidos por las botas que por los votos. La lógica subyacente de Alfonsín fue mantener a los militares ocupados con la defensa de sus jefes, de modo que no se dedicaran a monitorear la política económica, las relaciones exteriores ni las costumbres de los ciudadanos (el largo del pelo de los hombres y de las polleras de las mujeres), como se había naturalizado en esas cinco décadas, en las que sólo dos Presidentes electos terminaron un mandato constitucional, entonces de seis años. Ambos eran generales del Ejército (Agustín P. Justo y Juan D. Perón) y fueron los respectivos herederos de los golpes de 1930 y 1943. El primero se consagró merced a lo que se denominó fraude patriótico, y el segundo fue derrocado luego de reformar la Constitución y ser elegido para un segundo mandato.

La valentía de Alfonsín al promover ese juicio único en el mundo no puede exagerarse, lo mismo que su actividad como cofundador de la APDH en 1975 y como defensor de presos políticos durante la dictadura. Pero como su finalidad era pragmática, nunca tuvo una palabra de reconocimiento y afecto hacia las víctimas, e incluso repitió acusaciones burdas contra las Madres de Plaza de Mayo, descalificándolas por el financiamiento internacional que recibían. Es notable el contraste con Patricio Aylwin, líder del ala de la democracia cristiana chilena que favoreció el golpe de Pinochet en 1973. Pero ya como Presidente post-dictatorial, al presentar el informe de la comisión Rettig, creada a imagen y semejanza de la Conadep argentina, imploró el perdón de las víctimas, que fueron asesinadas sin proceso legal. Aquí fue necesario esperar hasta 2004, para que el Presidente Néstor Kirchner hiciera lo mismo. Para completar un cuadro complejo, cuando se reanudaron los juicios que él había intentado detener, Alfonsín comprometió su apoyo a la nueva situación.

Las instrucciones a los fiscales, las leyes de punto final y de obediencia debida no bastaron para cerrar ese ciclo que él había abierto. La pretensión de condenar sólo a los ex comandantes se reveló imposible. Sin mayoría propia en el Senado, Alfonsín debió aceptar que el Movimiento Popular Neuquino de Felipe Sapag (dos de cuyos hijos, hermanos de la actual senadora Silvia Sapag, fueron asesinados por la dictadura) incluyera también a los responsables de hechos aberrantes y atroces. Por esta ventana se coló el resto, porque la propia concepción y todos los procedimientos de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina fueron aberrantes y atroces. Por eso, cuando asumió Carlos Menem había centenares de procesados, que el nuevo Presidente dejó en libertad con una serie de decretos de indulto.

 

 

 

Una historia extraordinaria

Por unos años pareció que esa historia había concluido, hasta que la confesión del marino Adolfo Scilingo, en 1995, desvaneció también esa ilusión. Por iniciativa de Emilio Mignone, dio origen a los juicios por la verdad que, junto con los procesamientos de criminales argentinos en tribunales de Europa y Norteamérica, abrieron el camino para la remoción de los obstáculos legales al enjuiciamiento local. El CELS lo solicitó en 2000, calculando que las movilizaciones populares en el 25° aniversario del golpe neutralizarían la constante presión de los poderes fácticos y permitirían a la Justicia pronunciarse con libertad. En marzo de 2001, tres semanas antes del aniversario, así lo dispuso el juez Gabriel Cavallo, y lo confirmó la Corte Suprema en 2005.

Esa es la extraordinaria historia, impulsada por los familiares de las víctimas y los organismos defensores de los derechos humanos, que impidió que la crisis de fin de siglo diera lugar a un nuevo golpe y no permitió que Maurizio Macrì y los jueces que introdujo por una ventana de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto, pudieran detener el proceso de Justicia, que recién se extinguirá con el último de los verdugos.

Como consecuencia, en ningún país de América, y en pocos del mundo, la subordinación castrense a la soberanía popular es tan completa y el riesgo de un nuevo golpe tan remoto.

 

 

Por otros medios

Uno de los subproductos de esta saga es el rol que han asumido los jueces y los medios de comunicación en la defensa de los intereses económicos y corporativos que en otros tiempos eran servidos por el golpismo militar. A eso se refiere la carta que el 9 de diciembre difundió la vicepresidenta CFK, sobre la vigencia del lawfare. Con la visión estratégica que caracteriza a su liderazgo, Cristina coloca el acento sobre la Corte Suprema de Justicia y su capacidad para condicionar, extorsionar y/o hacer fracasar al gobierno. En defensa de la Corte se pronunció el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que representa a los grandes estudios que atienden a las mayores empresas locales y extranjeras.  Perón enseñaba que había que pegarle al chancho para que apareciera el dueño.

La idea de que el único poder contramayoritario pueda subrogar las decisiones de los originados en la soberanía popular recibió un duro golpe el viernes en Estados Unidos, cuna y modelo del sistema representativo que la Argentina adoptó en su Constitución hace más de siglo y medio. Incluso los tres jueces designados por Donald Trump rechazaron la pretensión del Estado de Texas, de que la Corte Suprema anulara las votaciones realizadas en otros cuatro estados (Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin) y forzara a las respectivas legislaturas a designar a otros electores, que a partir de mañana elegirán al nuevo presidente.  En su respuesta a la presentación, el Procurador General de Pennsylvania, Josh Shapiro, dijo que Texas pretendía que «la  Corte deseche los votos del pueblo y elija al próximo presidente de los Estados Unidos», lo que constituiría «un sedicioso abuso del proceso judicial».

Los lectores del Cohete saben que la ofensiva en la Argentina comenzó antes que el gobierno de Macrì. Tanto, que fue una de las condiciones de su posibilidad. La inspiraron los fondos buitre, que chantajearon en forma directa al gobierno de Cristina. El 26 de agosto de 2014 la columnista de finanzas del diario The New York Post, Michelle Celarier, escribió que el principal buitre acreedor de la Argentina, Paul Singer, contrató al ex secretario en el gabinete del presidente George W. Bush, Carlos M. Gutierrez, para extorsionar al gobierno argentino. Gutiérrez presidía el Meridian International Center y era socio de la ex secretaria de Estado demócrata Madeleine Albright en la consultora Albright Stonebridge Group.

 

 

Carlos Gutierrez, el cubano enviado por los buitres para extorsionar a Cristina.

 

 

El New York Post, una especie de Clarín que compite con el New York Times, agregó que Gutierrez viajó a la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”. El ministro de Economía Axel Kicillof y CFK revelaron el contenido de esa gestión: Gutierrez amenazó al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el pago local de los vencimientos de la deuda reestructurada y el acceso a cualquier financiamiento internacional. Esto ayudaría a instalar en 2015 un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre. Gutierrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia.

Meridian es una organización de enlace entre el Departamento de Estado y las mayores corporaciones. Sus sponsors son Chevron, Coca Cola, Goldman Sachs y VISA. Otro de sus directivos es el abogado de Nueva York Charles H. Camp, cuya especialidad es descubrir y recuperar fondos ocultos para que sus clientes cobren deudas impagas de deudores deshonestos. Para ello cuenta con “una red de ex agentes de Inteligencia”.

En febrero de 2015, en representación de Meridian asistió a una audiencia del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la diplomática y empresaria Bonnie Glick, quien dijo que “el liderazgo de Cristina Kirchner es tan corrupto que ahora parece que, en complicidad con Irán, Kirchner puede estar detrás del asesinato del fiscal Alberto Nisman”, quien había aparecido muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero el mes anterior, luego de denunciar a Cristina por encubrimiento de los ex funcionarios iraníes que, según su dictamen, habrían organizado la voladura del edificio porteño de la DAIA.

El 24 de enero de 2015 publiqué una planilla con los pagos en dólares que Nisman recibió del diario Israel Hayon, propiedad del socio de Paul Singer, Sheldon Adelson, quien explota casinos en Las Vegas y en enclaves coloniales de Asia y financió las campañas de Donald Trump en Estados Unidos y Biniamin Netayahu en Israel. Las transferencias se realizaron entre 2010 y 2014, a una cuenta del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay. La planilla, que tuve a la vista para anotar los datos, pero no se me permitió fotocopiar, lleva el membrete de la sucursal en la ciudad uruguaya de Colonia del BHI (Bank Hapoalim). La cuenta bancaria internacional de referencia se identifica como 9700-7548-MAJ-6325-AC874 y como titular de pago (Holder paid) figura Nisman, Natalio. La primera transferencia se acreditó el 26 de octubre de 2010, un mes después de un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, co-organizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus, financiadas por Adelson, durante el cual Nisman se reunió con Roger Noriega, cuyo American Enterprise Institute también es sostenido por el Rey del Juego. Transferencias similares, siempre por 23.500 dólares cada una, se realizaron otras once veces en los años siguientes, hasta totalizar 282.000 dólares. Al mes siguiente de la muerte de Nisman, el Hapoalim decidió el cierre de su sucursal Colonia, que era la puerta de salida para la fuga de capitales desde la Argentina hacia Israel.

 

 

                                                                                          Los pagos de Adelson a Nisman.

 

 

Bonnie Glick tuvo destinos llamativos, en el equipo del Departamento de Estado que defendió en las Naciones Unidas la Operación Tormenta en el Desierto y en las embajadas en Etiopía al finalizar el gobierno comunista, y Nicaragua, luego de caída del sandinismo. Es decir, es una experta en la delicada especialidad del cambio de régimen. Lorenzetti se sumó con entusiasmo a la operación, que desgastó al gobierno de CFK en el año electoral. Se anticipó a sostener en un video institucional que Nisman había sido asesinado y recibió con un abrazo y un beso a Macrì el día en que asumió la presidencia. Ya durante ese gobierno, redactó la resolución que permitió detener bajo prisión preventiva a ex funcionarios con la peregrina idea del poder residual, y como no consiguió que la Corte la hiciera propia, se la entregó en adopción a Martín Irurzun, que la acunó con amor. También absorbió la oficina de escuchas judiciales que cumplió un rol importante en las acusaciones por corrupción contra miembros del anterior gobierno, y apadrinó la creación de una asociación de jueces federales, presidida por Ariel Lijo. En marzo de 2015 el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, publicó la primera de una serie de notas aduciendo que Nilda Garré y Máximo Kirchner compartían diversas cuentas bancarias secretas, en Irán, Estados Unidos y las islas Caimán, en las que habrían manejado depósitos por más de 109 millones de dólares. Tres años después, el juez Marcelo Martínez De Giorgi los sobreseyó cuando hasta Estados Unidos informó que nunca existieron tales cuentas.

Hay entretelones sabrosos. Luego de evocar el encuentro de Ricardo Lorenzetti con el juez brasileño Sergio Moro, quien con una orden de detención sin pruebas quitó a Lula del proceso electoral, y con su colega argentino Claudio Glock, quien no se animó a hacer lo mismo con CFK porque sabía que, como dijo Pepe Mujica, en tal caso “dan vuelta Buenos Aires”, Cristina evocó una reunión con jueces federales de Comodoro Py, en la que Lorenzetti “les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo”.

 

 

Lorenzetti entre Moro y el doctor Glock, que de tan nervioso se prendió el saco como la Chilindrina.

 

 

El contenido de esta reunión de Lorenzetti con los jueces federales se conoció por el testimonio de uno de los invitados, Daniel Rafecas, el candidato a la Procuración General del Presidente Alberto Fernández, cuyo pliego la oposición se niega a tratar. Esto contradice las versiones que atribuyen a Cristina el bloqueo a Rafecas para que ocupe el cargo que hoy detenta el interino Eduardo Casal. La misma veracidad tiene la pretensión de que la carta de Cristina perturba la estrategia judicial de Alberto. Por el contrario, le abre el espacio para encarar el tema, al que se refirió como central desde la campaña proselitista del año pasado. Y en su primer discurso presidencial dijo:

“Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más”.

El propio Presidente se encargó de precisar que comparte la visión de su Vice sobre la justicia, aunque su estilo no incluya personalizar con los nombres y apellidos de los jueces. Lo declaró dos veces en un día: por la mañana en la conferencia de prensa en la que anunció que en diciembre comenzará la vacunación contra el virus; por la noche en la entrevista que concedió a Minuto Uno. En el medio, recibió el informe final del Consejo Consultivo que recomendó una reforma profunda del modo en que funciona la Corte Suprema y participó junto con Cristina en la entrega de los premios nacionales de derechos humanos Azucena Villaflor, que el gobierno anterior discontinuó durante cuatro años.

 

 

Cristina y Alberto, juntos y sonrientes en la EXMA.

 

 

También dos veces ponderó Cristina la tarea del Presidente por la devastación económica que dejó el macrismo y ante la pandemia, en su carta y en la ceremonia en la EXMA. Esto desconcierta la estrategia de la trifecta mediática cuyo monotemático objetivo es provocar la ruptura y el enfrentamiento entre los dos integrantes de la fórmula presidencial. Ella con sus actos, él en sus constantes entrevistas, reiteran que no les darán el gusto. Pueden disentir en algunas cuestiones, pero en lo fundamental no tienen más que acuerdos.

Una primera prueba para esta Corte activista será la presentación del Banco Central, que el viernes solicitó que declarara inconstitucionales las leyes de la Ciudad Autónoma que gravan con el impuesto a los ingresos brutos “las operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales, y operaciones sobre títulos, bonos letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y a emitir en el futuro por el Banco Central”. Según Miguel Pesce, la cuestión tiene la máxima gravedad institucional porque puede afectar al conjunto de la economía nacional. El mismo argumento mencionó otro de los condenados en la causa Ciccone, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, para fundamentar un pedido de reposición a la propia Corte Suprema, frente a cuya sede comenzará el martes un acampe del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, en demanda de la libertad de la fundadora y lxs demás militantes de la Organización Túpac Amaru, próximos a cumplir cinco años de detención, en represalia por alzarse como una alternativa popular a los poderes fácticos.

 

 

 

De 4 a 14

La Cámara de Diputados aprobó por 131 a 117 votos el proyecto de ley que termina con la clandestinidad e inseguridad del aborto. El proyecto fue parte de esos acuerdos entre Presidente y Vice. Esta diferencia de 14 votos entre ambas posiciones robustece las chances de su aprobación en el Senado, que comenzará a partir de mañana su tratamiento en comisiones y aspira a convertirlo en ley el 29 de diciembre. Hace dos años, la votación fue dramática y se resolvió apenas por 4 votos de diferencia, 129 a 125. Tan o más significativo que el incremento de dos votos a favor es la merma de 8 en contra, indicador de que la resistencia celeste ha perdido fuerza, que las intimidaciones no surten efecto (salvo en el caso del peronista jujeño Julio Ferreyra, cuyo voto verde se destiñó a abstención por las amenazas a su hija) y que el compromiso político del gobierno nacional no mengua las adhesiones transversales. Ferreyra es una persona muy especial.

El diputado peronista jujeño Julio Ferreyra, que cambió su voto por las amenazas

 

De los 131 votos, 82 pertenecen al Frente de Todos, 42 a JxC, 2 a la izquierda trotskista, 3 al interbloque federal de Roberto Lavagna (Eduardo Bucca, Jorge Sarghini, Enrique Estévez) y 2 al Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (la misionera Flavia Morales y el rionegrino Luis Di Giacomo). Luego se aprobó la ley denominada de los 1.000 días, de apoyo estatal a las mujeres que quieren continuar el embarazo y dar a luz, hasta los tres años de la nueva persona que nazca. Este texto, complementario del otro, obtuvo 196 votos a favor y ni uno en contra.

Los cambios introducidos para extender las adhesiones incluyen la denominada objeción institucional de conciencia, un artilugio que en Estados Unidos aceptó la Corte Suprema conservadora y que en localidades pequeñas del interior de la Argentina puede obstaculizar las prácticas que se intenta legalizar. También puede ser problemática la exigencia de que las pibas de menos de 16 años deban contar con el consentimiento y la asistencia de sus progenitores. En cambio, no se modificó el límite de 14 semanas para autorizar la interrupción del embarazo. El debate giró en torno de posiciones a favor o en contra y no se planteó la dificultad para distinguir un aborto de un infanticidio, más allá de la décima semana. Quien lo plantea en el Senado es la neuquina Lucila Crexell, quien estaría dispuesta a votar el proyecto si en vez de 14 semanas dijera 12.

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

Igual que en 2018, cuando en la pantalla gigante se exhibió el resultado de la votación, hubo una eclosión de gritos y abrazos entre las manifestantes, y otro tanto ocurrió dentro del recinto. Esto forma parte de la laxitud con que la sociedad (y también el Estado) están tomando el riesgo de contagio, con un virus que sigue circulando a sus anchas. Se percibe en este sentido un fetichismo de la vacunación, pese a que el ministerio de Salud ha sostenido que no deben relajarse otros cuidados. Pero una declaración o un aviso no reemplazan la actitud que se transmite desde la conducta oficial hacia los ciudadanos, que no ha sido ejemplar.

 

Ni devaluación ni baja de impuestos

Mientras en una cámara se votaban estas leyes, en la otra se modificaba la fórmula de actualización jubilatoria, que ahora volverá a Diputados. Los aumentos serán trimestrales y no semestrales, y el empalme incluirá como piso inicial el aumento del 5% concedido este mes. El mix de actualización promediará la recaudación de los impuestos de los que coparticipa Anses y el mejor índice salarial (entre el de los trabajadores registrados, que lleva el Ministerio de Trabajo y que se conoce como Ripte, y el del conjunto de los trabajadores, tal como lo mide el INDEC). El discurso vocinglero de la oposición por haberse suprimido de la fórmula la inflación del periodo anterior, sólo puede explicarse por ignorancia o mala fe. Lejos de perjudicar a los jubilados, les quita el techo que les puso Macrì, lo cual no descarta el aumento de los precios al consumidor, que está implícito en la recaudación de impuestos. De hecho, en el último trimestre, la recaudación creció más que el IPC.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistió al seminario anual de pymes que organiza la organización Techint con sus proveedores. Allí dialogó con Paolo Rocca, il capo di tutti gli svalutazionisti. Fallida la presión para que se devalúe el peso ante el dólar, Rocca renunció a los ATP cuando el Estado puso como condición para recibir ese auxilio, que las empresas no distribuyeran dividendos entre sus accionistas. Esta es una confesión de que les ha ido muy bien. Sus ganancias en 2019, sumando Tecpetrol, Tenaris y Ternium rondaron el billón de pesos. Rocca reconoció que lo peor de la crisis quedó atrás y que las perspectivas para 2021 son alentadoras. Pero no se privó de insistir en otro de los puntos centrales de su prédica: la reducción de impuestos, “para que las empresas, los emprendedores, puedan producir”. Con su estilo que aúna serenidad y firmeza, Guzmán le respondió que el rol que el Estado debe cumplir no permite reducir los ingresos fiscales, que por el contrario es preciso aumentarlos.

 

 

Martín Guzman y Paolo Rocca, puños cerrados.

 

 

Pero aunque no le reduzcan los impuestos, Rocca goza del subsidio del Plan Gas, que aún reducido respecto del que pagaba el macrismo, sigue caracterizando al capitalismo prebendario que pesa sobre la sociedad argentina, lo cual confirma que los gobiernos pasan, pero Paolo queda.

Desde el centro del ring, el gobierno nacional no cesa de moverse y lanza el jab para mantener a distancia a un rival temible. ¿Es poco o es bastante? Según cómo se mire.  Falta lanzar un uppercut o un cross de derecha que definan el combate.  No es un momento para celebraciones porque demasiados compatriotas la están pasando muy mal.  Según el último informe de CIFRA sobre empleo y salarios, los salarios registrados que habían comenzado a recuperarse en enero antes de la pandemia, volvieron a caer y en septiembre de este año  «se ubicaron  prácticamente al mismo nivel que en septiembre del año previo y 15,8% por debajo del promedio de 2015». Los del sector público, aún peor: casi 25% menos de poder de compra respecto a 2015.

Pero cuando pasen algunos años podrá valorarse mejor la catástrofe que impidieron las políticas activas del gobierno nacional, a las que se refieren otras notas de esta misma edición.

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí