El Ejército argentino acumuló en el último semestre denuncias y comprobaciones indignas de la fuerza que se postula como guardiana de la Nación y libertadora de tres países.
En diciembre, después de la condena al teniente 1° Pedro Trogliero por violar a una subteniente dentro del Batallón de Ingenieros de Monte 12 en Goya, las denuncias contra miembros de la fuerza los equipararon a vulgares ladrones.
Por el aire
Tras la denuncia de Fabián Berredo y la eyección del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Luis Mengo, otra denuncia en el ámbito militar derivó en que el Ejército Argentino debiera desprenderse de su director de Aviación luego de conocerse la venta de material de helicópteros a civiles. En esa trama, en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, usaban a soldados para desarmar motores y comercializar las partes. Si bien recuperaron algunas, el Ministerio de Defensa debió formular una denuncia penal, instruir actuaciones administrativas en la Oficina de Transparencia y dar intervención a la Oficina Anticorrupción. Luego de la suspensión de 16 militares, un comunicado oficial admitió “una inspección exhaustiva en el ámbito de la Aviación, a cargo del subjefe del Ejército y de la inspectoría general”.
Rateros
Otro soldado voluntario fue llevado por sus superiores a participar de un millonario robo en el que simularon ser policías con una orden de allanamiento en una casa de Misiones, donde, una vez que la dueña franqueó la puerta, la encañonaron para robarle ocho millones de pesos y diez mil reales. En su huida, cayeron en un control rutinario a manos de la Prefectura. Cuando la patrulla identificó al vehículo y le hizo señas para hacerlo detener, el conductor se identificó como integrante del Ejército Argentino.
Los pasajeros fueron identificados como los sargentos Cristian Cardozo (36), Alejandro Leites (34), el soldado Marcos Batista (24) y Matías Cantero (24), dado de baja de la fuerza. Prestaban servicio en la Brigada de Monte XII (cuyos antecedentes fueron consignados en media docena de notas de El Cohete), y en el Regimiento de Monte 9. Quedaron imputados por el juez Miguel Ángel Faría bajo la carátula “robo calificado por el uso de armas”. En cuanto a lo robado, los prefectos declararon que en el auto sólo encontraron cinco millones de pesos.
No hay plata
Después de que en febrero trascendiera que gendarmes de Formosa vendían pollos para cubrir la falta de insumos, el Ejército implementó en marzo un plan canje de camionetas por inodoros para refaccionar los baños del Regimiento de Patricios en Palermo.
La Dirección de Remonta y Veterinaria ofreció dos camionetas Chevrolet y dos Ranger tasadas en 25.940.000 pesos, que es poco más de la mitad de su valor, lo que justificaron por su “deterioro”. A cambio, pedían 20 inodoros, nueve bidets, 22 griferías para vanitory, 620 metros cuadrados de cerámica, 14 mingitorios y otros materiales.
El expediente EX-2025-05393930-APN-DRV#EA, bajo la licitación privada 84/13-0083-LPR25, estableció la permuta sin especificar valores de los materiales “de primera calidad” que entregaría el adjudicatario Fernando Andrés Ríos (CUIT 20-31475754-9), único en cumplir los requisitos, mientras que Siderworld SRL quedó fuera porque no mostró sus productos.
Con semejante administración de las carencias, los uniformados temen por sus salarios, a lo que se suma la pretensión de enfrentarlos con la población si se los hace participar de la represión interna (cuya inconstitucionalidad ya fue abordada aquí).
El antecedente de los gendarmes polleros viene a cuento por esa mezquindad de recursos. Sus oficiales denunciaron que no recibían del Ministerio a cargo de Patricia Bullrich los elementos para combatir el crimen y que sus ingresos fueron diezmados por la inflación con salarios que no superaban los 780.000 pesos. A ello sumaron el reclamo de no trabajar más de 48 horas semanales y cobrar extras por dar seguridad en Rosario o el Conurbano bonaerense. El gobierno cedió a las fuerzas de Seguridad un aumento de 5% que, aunque pequeño, superaba su pretensión de pagar por encima de la inflación.
También el Ejército, como otras Fuerzas Armadas, extraña la gestión de Agustín Rossi en materia salarial. Sobre tablas salariales, a comienzos de este año Sergio Eissa abordó la cuestión aquí.
Salarios y seguridad se cruzaron a mediados de este mes en torno a otra vergonzante falla interna: el hackeo de 50000 documentos de militares, advertidos por la empresa Birmingham Cyber Arms. Según el periodista Daniel Romero, uno de los primeros en alertarlo: “La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) de la SIDE, dirigida por Ariel Waissbein, especialista en criptografía, área que se especializa en preservar datos, no en ciberinteligencia, se sumó al monitoreo, aunque con severas limitaciones operativas: su plantilla se reduce a un solo colaborador que asiste apenas unas horas semanales debido a compromisos laborales paralelos”, dijo con elegante elipsis apuntada a que es muy difícil sobrevivir con un único empleo.
Otra muerte
El teniente Ignacio Emmanuel Olivera, de 26 años, falleció “durante una actividad del servicio” (un entrenamiento), según informó el Ejército, aunque el Poder Judicial lo caratuló como “muerte dudosa”. El integrante de la Compañía de Comandos 603 murió el 30 de abril en un campo de entrenamiento de la Base Naval Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca.
Este 29 de mayo, los festejos de la fuerza coincidirán con la víspera del primer mes de esta muerte, la que se suma a la de otros miembros cuyas bajas se dieron en circunstancias irregulares.
En marzo último, la causa por la muerte del subteniente Matías Chirino (22 años) en un cuartel de Paso de los Libres hacia 2022 dio otro giro luego de que la Cámara Federal de Casación Penal aceptara revisar el fallo del Tribunal Oral de Corrientes, por el que seis militares fueron condenados a sólo ocho años de prisión y tres fueran absueltos. La decisión es consecuencia de que la querella apelara, a partir de entender que los nueve debían recibir penas por homicidio con dolo eventual y no por abandono de persona, como se informara aquí.
Tres días después del Día del Ejército se cumplirán dos años de la muerte del soldado voluntario Pablo Gabriel Jesús Córdoba en un supuesto “suicidio” con dos certeros balazos a la cabeza, según la convicción del juez Hugo Greca, cercano a los militares. Ocurrió en el cuartel donde hace 30 años asesinaron a Omar Carrasco, en Zapala, cuyo máximo jefe militar era el general de Brigada Hugo Tabbia, a quien sus camaradas miraron de soslayo cuando trascendió que en la Fuerza Aérea también usaban aviones estatales para trasladar a sus relaciones más cercanas.
A los bautismos de recepción que mataron o dejaron paralíticos a varios subalternos, debe sumarse el efecto contagio de crímenes sin castigo que terminan por ser replicados en otras fuerzas, como la Naval, donde una voluntaria pudo haber muerto tras un entrenamiento armado.
“Digan que se lastimaron en casa”
El 4 de abril, la marinera voluntaria Brisa Páez, de 21 años, fue atacada por su ex pareja durante un ejercicio de instrucción “antidisturbios” que así relató: “El cabo segundo Juan Gabriel Escobar toma carrera con sus dos pies y me pega… voy directo al suelo. Después del ejercicio, muchos de mis camaradas terminan lastimados, con sangre. El superior Morales dice que si nos golpeamos fue en nuestras casas”.
En la primera atención, sólo recibió un calmante, aun cuando la situación ameritó aplicarle un cuello inmovilizante. En el hospital de Campo de Mayo, alertó que sentía su costado izquierdo paralizado. Sufrió una convulsión. Fue inducida a un coma farmacológico durante casi dos semanas. Quedó con “pequeñas lesiones” en el cerebro, según dio cuenta una junta médica integrada por el neurólogo Ignacio Previgliano y por Alejandro Felice, titular del Hospital de Campo de Mayo.
Escobar envió un mensaje telefónico a quien tiene agendada como “Mi Amorcito”: “Me quise hacer el maldito amor y casi me rompo el cuarto jaja / Le tiré una patada con las dos piernas / Y caí mail jaja / Esa instrucción se fue de las manos / Hasta paró internada”.
El marino atacante quedó detenido con prisión preventiva, procesado por lesiones graves triplemente agravadas por su condición de ex pareja de Páez; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También fueron procesados el suboficial Miguel Angel Reyes, encargado de Contrainteligencia y a cargo de la División Seguridad; los marineros 1° Rodrigo Tejerina, Pablo Bucaron, y el cabo 2° Leandro Patricio López. El cabo 1° Leandro Morales habría incurrido en lesiones culposas. Los cinco deben concurrir cada quincena al Juzgado de Sandra Arroyo Salgado, y estar en sus casas al menos cada dos días.
Ni en las Fuerzas Armadas o de Seguridad las mujeres están seguras.
Y en el Ejército Argentino, a días de cumplir 215 años, sus miembros oscilan entre homenajear a los torturadores de antes y durante la guerra de Malvinas, menoscabar a sus actuales soldados o someter a violaciones sexuales a su personal.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí
