El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnesty Internacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y otras organizaciones de la sociedad civil expusieron el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Miami, sobre las restricciones a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en la Argentina. El desmerecimiento del planteo corrió por cuenta del subsecretario de Derechos Humanos del gobierno, Alberto Baños, quien viene de llevar a la máxima instancia continental el cuestionamiento a la cifra de 30.000 desaparecidos durante la represión ilegal de hace medio siglo.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) requirió que se facilite el acceso sin costos económicos para casos de reclamos por acceso a la información pública. El restrictivo artículo 780 de la ley que lo regula fue cuestionado desde Poder Ciudadano. El CELS y Amnesty encabezaron el pedido de una visita al país por parte de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión.
Luego de que siete colectivos civiles, más algunas víctimas, se turnaran para enumerar las denuncias contra el gobierno, el representante estatal dijo que tales planteos “no correspondían”. Su respuesta leída parecía destinada a bloquear los relatos de las víctimas presentes en esa audiencia, como la periodista Julia Mengolini, quien destacó la visita de la CIDH durante la dictadura; el dirigente de SiPreBA/FATPREN Francisco Paco Rabini, quien señaló que “por primera vez en democracia, un gobierno diseña, dirige y alienta un ataque recurrente contra trabajadores de prensa”, y Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), quien describió que la tarea de los fotoperiodistas pasó a emparentarse con la corresponsalía de guerra. Claudio Jacquelin, de La Nación, relativizó la labor de las comisiones de libertad de expresión en el Congreso, y Hugo Alconada Mon, por teleconferencia, enumeró qué le hicieron luego de su primicia sobre un Plan Nacional de Inteligencia, cuyo contenido ratificó con énfasis.
Baños arrancó su intento de defender la gestión de gobierno diciendo que tales exposiciones “contienen afirmaciones que exceden el objeto de una audiencia temática”, y citó un artículo del reglamento para fundamentar que lo correcto era “examinar tendencias generales, marcos normativos y políticas públicas”.
De política pública fue el reclamo con que cerró Mengolini: “Es urgente que esta Comisión exija al Estado argentino garantizar condiciones para ejercer el periodismo y que condene el uso de aparatos estatales de castigo y hostigamiento”.
La titular de Fopea, Paula Moreno, enumeró con exhaustividad el aumento de agresiones digitales, hostigamientos por parte de autoridades, acciones judiciales y violencia física contra la prensa en manifestaciones. Expuso datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de la entidad: los 179 ataques en 2024 representan un aumento del 53% respecto a 2023 y del 103% frente a 2022. Cuando aún no termina 2025, los casos trepan a 256.
La vocera de Fopea citó a la red Voces del Sur (ver Informe Sombra 2024, El Estado se consolida como el principal agresor de la prensa en América Latina, Instituto Prensa y Sociedad, IPYS), donde cuantificaron que Milei acumuló el 30,52% de las alertas del año pasado, por encima de Nicolás Maduro y Nayib Bukele, que no superaron el 8%. “Comparación desatinada”, contestó luego Baños, con prescindencia de los números que, más que compararlo, lo exponen.
Fopea contabilizó que el Presidente y usuarios afines en las redes asociaron al periodismo con frases peyorativas en 240.000 menciones, un aumento del 2.485% en 2024 con respecto a 2023.
Desde Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, Hugo Wortman Jofré apuntó al uso intimidante del poder judicial. Reconoció que tal “acoso litigioso” distingue a Milei “de otros Presidentes”, ya que ha denunciado a por lo menos ocho periodistas por calumnias e injurias, lo que ilustró con el caso de Carlos Pagni (su caso fue relatado en la nota ¿Y la libertad de prensa?). El abogado consideró que como “la Justicia no cuenta con unidades especializadas en delitos relacionados con la libertad de prensa y pensamiento, los funcionarios a menudo no toman dimensión del daño social de esas prácticas”.
“‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’, tuiteó el Presidente Milei. Esa y otras tantas frases tienen consecuencias”, destacó Rabini, secretario adjunto de SiPreBA y tesorero de FATPREN. “La represión sistemática a trabajadores de prensa que cubren protestas es la cristalización de ese posteo en una política de Estado. En cada marcha, las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra camarógrafos, reporteros gráficos, cronistas, productores”, apuntó el delegado de los trabajadores de Clarín.
La estrategia
Baños blandió un escudo: no puede acudirse a un organismo supranacional sin haber agotado las instancias internas. Luego, esgrimió la punta de su lanza: señaló que las Relatorías habían hecho pedidos sin cumplir con la previa aprobación de la Comisión, lo que sería anti reglamentario. Lo silabeó con la sutileza de quien advierte desde su rol de vocero de un gobierno que hace tres meses se permitió retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Sobre el final de la audiencia, recibió del mexicano José Luis Caballero, presidente de la CIDH, una respuesta tan cortés como todo su trato, para ratificar que “las Relatorías tienen las atribuciones amplias que se le da al pleno de la Comisión en el sentido de requerir información a través del sistema de monitoreo del artículo 41 de la Convención Americana”. Eso fue reafirmado de inmediato por el relator Pedro Vaca Villarreal.
Sin interrupciones, Baños adhirió al sistema interamericano: “El poder judicial mantiene una jurisprudencia consolidada, retomando precedentes emblemáticos como (el caso) Campillay y el fallo Kimel (de la Corte IDH) en resguardo de quienes informan sobre casos de interés público”.
Sin embargo, minimizó como un mero “dos por ciento” los trece trámites de entre 600 causas relativas a expresiones periodísticas ante la Comisión. Y citó los tres que llegaron a la Corte Interamericana: las de Eduardo Kimel, ya cerrada; Pablo Carlos Mémoli, concluida, y Jorge Fontevecchia-Héctor Damico, la única en supervisión. “En todos ellos, la Argentina ha colaborado”, dijo el funcionario de un gobierno que nada tuvo que ver con aquello.
La delegación oficial buscó ganar en la comparación entre “miles de expresiones críticas” y la “docena de causas iniciadas, algunas por funcionarios, o ex funcionarios, contra periodistas, a título personal… en algunos casos recibiendo resoluciones adversas”.
Más discutible resulta su aseveración de que “no existe ningún patrón estatal de persecución a la prensa sino casos individuales… sin periodistas detenidos, ni medios clausurados, ni censura previa”. Si no hay detenidos es porque los fotoperiodistas llevados por la policía fueron liberados, relató allí mismo el vocero de ARGRA. En cuanto a las formas de censura, habrá que revisar su relación con la asfixia económica, tema abordado al final.
Lo que el gobierno tuvo para exhibir como activo desde que asumió es que “se han brindado 200 conferencias de prensa con 2.000 respuestas”. Miró a cámara antes de afirmar que “para la Argentina, el periodismo no es un adversario del Estado, es un aliado de la transparencia y de la democracia”. Tiene razón: para la Argentina, no. Los peticionantes recordaron que es el momentáneo administrador del Poder Ejecutivo Nacional quien considera que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Es la economía
En su pasaje más mileísta, Baños sostuvo que “cobrar impuestos es una forma de violencia legitimada por el Estado”. Lo dijo para trazar el panegírico de un pensador al que no identificó, según el cual hay dos formas de violar el derecho a la expresión: prohibir publicar una opinión propia o forzar a publicar una ajena.
A partir de tal premisa, comenzó a circunvalar la parábola de que “pagar pauta publicitaria es desviar dinero del contribuyente, o financiar una opinión que no es la suya, o verse obligado a decir algo que no piensa”. Interpretó así que los medios a los que el gobierno quitó la pauta publicitaria piden que el poder político “vuelva a sobornarlos a costa de la libertad de los demás”. Es una interpretación forzada de lo que abona la pauta oficial: difundir los actos de gobierno o las campañas de prevención.
Sin embargo, el punto más álgido, el de los tiroteos a quienes cubren las movilizaciones, se concatena con la represión a la protesta social. Ante ello, el discurso del gobierno se pareció al de la dictadura en 1979: “Tengan en cuenta qué país recibimos”. Con esa introducción, en lugar de enumerar atentados, pasó a dar las cifras de cortes de calles en la ciudad de Buenos Aires y se preguntó cómo hubiera actuado la policía en el mundo.
Contra una aseveración de Baños respecto de que el protocolo antipiquetes “no ha sido cuestionado por la Justicia”, desde el CELS le recordaron que el protocolo fue cuestionado no sólo por la CIDH sino por otros nueve relatores de la ONU y que allí se dijo que “es incompatible con los tratados internacionales”. “Si hubiesen cumplido el principio de no repetición, no estaría como está Pablo Grillo. El Estado mintió”, lanzó categórico Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, acompañado por la directora ejecutiva Paula Litvachky.
Por eso, el organismo pidió a la CIDH que monitoree el contexto represivo, que solicite al gobierno medidas que detengan los ataques, además de poner fin a la represión contra quienes se manifiestan o cubren esas protestas. Para ello pidieron una visita de la Comisión junto con la Relatoría de Libertad de Expresión, pedido acompañado por AMARC, la Fundación Transparencia Activa, Innocence Project Argentina, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, REDCOM (Red de Carreras de Comunicación), el Colectivo Revista Crisis y la Fundación Heinrich Böll.
Amnistía Internacional solicitó que el envío de la misión culmine con un informe y dé seguimiento a los pedidos realizados en audiencias de 2024. Su directora adjunta, Paola García Rey, dijo que “de los 3.000 heridos en las manifestaciones de 2024-2025, casi 300 eran trabajadores de prensa”. Citó como caso emblemático el de Pablo Grillo, receptor de un disparo con granada del que la ministra de Seguridad hizo responsable al fotorreportero por haberse puesto “en la línea de tiro”.
Habla la CIDH
Luego de oír a Baños, dijo en inglés Gloria de Mees (de Surinam): “Me pregunto si hay una interpretación correcta de lo que está expresando la sociedad civil; tengo la impresión de que no se está entendiendo desde el Estado que es un gran problema”. Esta abogada (una de las tres nuevas comisionadas, junto con Andrea Pochak) fue elegida por la OEA el año pasado, con mandato hasta 2027, como Relatora sobre Afrodescendientes y Adultos Mayores, las víctimas argentinas de todos los miércoles.
El guatemalteco Edgar Ralón, vicepresidente segundo de la CIDH y relator para la Argentina, luego de reconocer que no estaban ante una audiencia contenciosa, preguntó al representante del Estado: “Respecto de las expresiones peyorativas contra la prensa, ¿hay posibilidad de algún protocolo que prevenga una escalada de violencia digital?”.
También contrarió a Baños la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panzi, quien identificó una tendencia caracterizada por un contexto de amenazas, criminalización a los periodistas y activistas de derechos humanos. Como eso preocupaba a la Comisión, fue la primera en avalar la visita a la Argentina.
“Estamos interesados en hacer una visita”, ratificó el presidente de la CIDH, quien destacó que el sistema interamericano de derechos humanos recibió históricas contribuciones desde la Argentina.
Lo subrayó el Relator Pedro Vaca, quien agregó que “si algo tenemos de valioso en el sistema interamericano son los estándares de libertad de expresión; muchos de ellos, aportados por la sociedad de la Argentina, uno de los dos Estados que impulsó la creación de la Relatoría de Expresión. Es uno de los Estados donde identifico una institucionalidad sofisticada, profunda, en materia de libertad de expresión; una sociedad vibrante, una academia muy especializada; un ecosistema de actores propicio para que alegaciones como las que nos plantean puedan entrar en una senda de construir mayor confianza en una deliberación pública, abierta y desinhibida”.
No hizo faltar enumerar las luchas que fueron desde la eliminación del desacato a la despenalización de las calumnias e injurias para casos de interés público.
El capítulo argentino de la audiencia puede verse completo en este recorte de Tiempo Argentino:
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