En pie de guerra

Nuevo round entre la Corte y el gobierno, que atiza internas entre los supremos

 

La mayoría cortesana integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti volvió a hacer de las suyas la semana pasada, al disponer una medida cautelar para que la baja del IVA y del impuesto a las ganancias anunciada por Mauricio Macri tras la derrota en las PASO no afecte los fondos coparticipables. El viernes, los supremos ya analizaban un pedido de aclaratoria que presentó el gobierno para ganar tiempo. La respuesta, probablemente en la misma sintonía del fallo, se cocina mientras el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, está de viaje.

 

El fallo

El martes, la Corte tomó un planteo que había presentado la provincia de Entre Ríos contra los decretos del Poder Ejecutivo Nacional que disponían una baja del IVA y del impuesto a las ganancias, y, por ende, una merma de los fondos coparticipables. Según la provincia gobernada por Gustavo Bordet, la decisión de Macri significaría una pérdida de 1.000.000.000 de pesos que pondría al estado provincial en severas dificultades para cumplir con sus obligaciones sociales.

En la Corte hay catorce recursos prácticamente idénticos al de Entre Ríos. Se presentaron Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Lorenzetti, Rosatti y Maqueda —la mayoría peronista, como la llaman en la Casa Rosada—, sostuvieron que los costos de estas medidas deben ser asumidos por el Estado nacional y concedieron la cautelar, sin meterse en el fondo del asunto. Hacerlo llevaría tiempo y los decretos son válidos hasta diciembre.

Rosenkrantz, el mejor interlocutor que tiene Macri en el Palacio de Talcahuano, votó en disidencia. Para él las provincias no tienen derecho ni expectativa sobre el nivel de recaudación. Es decir, no le pueden exigir al gobierno antes de que recaude, sí lo tienen sobre la base recaudada.

Elena Highton de Nolasco, que suele evitar fallar en esta materia, no rompió su tradición.

 

Ganar tiempo

El jueves al mediodía el gobierno presentó un pedido de aclaratoria ante la Corte. También le solicitó al máximo tribunal que realice una audiencia pública con las provincias – lo que básicamente sería volver a poner en la palestra a todos los gobernadores que no se ahorran críticas a Macri y que son un eje central de la candidatura de Alberto Fernández. El gobierno intenta presentarlos como opuestos a un alivio de los bolsillos populares.

La mesa judicial sabía de antemano que el fallo de la Corte iba a salir. Sus integrantes lo esperaban y buscan ganar tiempo. También aprovechar que, dado que el tribunal rompió la veda autoimpuesta de no firmar fallos de impacto político en tiempo electoral, llevar la contienda al escenario judicial. La convocatoria a los gobernadores es algo que perfectamente puede hacer el Ejecutivo, como lo hizo después de asumir y del fallo de la Corte en favor de tres provincias.

“Al gobierno le sirve para confrontar un poco”, dice un integrante de la mesa judicial.

En la Corte, los ánimos estaban encendidos porque después del fallo se desataron los trolls en las redes sociales, los WhatsApp a los teléfonos de funcionarios del cuarto piso, mensajes de textos enviados desde el exterior y mails sospechosos a las vocalías. Suelen ser las quejas más frecuentes de los cortesanos después de fallos que molestan al gobierno.

En ese contexto llegó la presentación del gobierno. Dicen que ya la están discutiendo Maqueda, Rosatti y Lorenzetti – una mayoría que votó de manera estable después de que Rosenkrantz llegara a la presidencia de la Corte y que trastabilló cuando se propuso frenar el inicio del juicio de Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner.

 

Un supremo por el mundo

Quien se está perdiendo el debate es Rosenkrantz. Partió un día después del fallo hacia España, para participar de unas jornadas sobre tribunales constitucionales, instituciones que no existen en la Argentina, donde el control de constitucionalidad es difuso (es decir, cualquier juez puede llevarlo a cabo en un caso específico).

La exposición de Rosenkrantz tenía una duración pautada de veinte minutos, según el programa del evento, después de las intervenciones de los presidentes de los tribunales constitucionales de España y de Colombia. La actividad se llevó a cabo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es una casa de estudios fundada en la democracia española y en la que estudió uno de los hombres cercanos a Rosenkrantz, Valentín Thury Cornejo, actual secretario de Desarrollo Institucional de la Corte y ex editor del blog Todo sobre la Corte.

El viaje de Rosenkrantz generó comentarios maliciosos en los pasillos de la Corte, especialmente porque el presidente supremo ya había viajado en septiembre a un encuentro en Yale, la universidad donde él mismo estudió. A fin de mes también había viajado con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador interino Eduardo Casal, para inaugurar una fiscalía en Salta, donde se está implementando el sistema acusatorio – que justamente sustrae centralidad en el proceso penal a los jueces.

 

Rosenkrantz con Garavano, Casal y el senador Rodolfo Urtubey en Salta. Foto: CIJ.

 

La agenda plagada de viajes hizo que Rosenkrantz se gane otro sobrenombre en el Palacio. Los secretarios empezaron a llamarlo “Marley”, por el conductor televisivo que viaja por el mundo. Las ausencias, en general, no son bien recibidas en la Corte. En su antigua composición, Carlos Fayt solía reclamarle presencia a Raúl Zaffaroni y lo llamaba «piel de valija».

En Rebelión en la Corte, Irina Hauser rescata otros apodos que supo cosechar el presidente supremo – como el emperador o Buby (por Julio Nazareno, presidente de la Corte menemista y socio de la entonces familia presidencial), entre otros.

El encono con Rosenkrantz trasciende las fronteras del Cuarto Piso. Julio Piumato, de la Unión de Empleados Judiciales, dijo esta semana en una entrevista con El Destape Radio que el gobierno lo trata como un empleado del Ministerio de Justicia. Los judiciales están en pie de lucha para que el gobierno destine las partidas para aumentar el 30 por ciento que dispuso la Corte el mes pasado, pero mientras tanto festejan la declaración de emergencia judicial que aprobó el Consejo de la Magistratura.

“Esa plata estaba para dársela”, dice un integrante de la mesa judicial del gobierno. “A lo mejor ya dejó de estar”.

El macrismo sigue jugando el juego que mejor sabe, el de la polarización — aunque pierda.

 

 

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1 comentario
  1. María López dice

    Sugiero que en toda nota que refiera a la Corte se deje constancia que Rosenkrantz y Rosatti aceptaron ser nombrados por DNU del presidente y recibidos por el resto de conjueces naturalizando un hecho que es por lo menos irregular (aunque en mi fuero íntimo siento que subvirtieron el orden institucional mal salvado posterirormente) Corte de proceder tan dudoso a la que los ciudadanos comunes debemos recurrir en última instancia para ser juzgados y luego sometidos a sus dictámenes. Saludos.

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