Enemigos del pueblo

El gobierno es enemigo del pueblo y el mayor enemigo del gobierno es el FMI

 

El discurso enardecido del Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso cayó mal en el mercado financiero. Los gritos no sirven para ocultar los nulos resultados económicos y el costo social de las políticas. Lejos de transmitir calma, generaron nerviosismo y sumaron desconfianza en un momento en que el gobierno se quedó sin margen de error de cara al complicado escenario electoral que enfrenta. Al calor del desplome del valor de la moneda nacional, la inflación galopa rampante y las proyecciones para los próximos meses se corrigen hacia arriba, tal como reflejó la última información del REM cuya estimación marca un 31,9%. Lejos, muy lejos quedó la meta del 5% que en su momento imaginó el gobierno cuando todavía creía en el método de metas de inflación. Ahora con control de agregados monetarios al estilo Sandleris, el subibaja de la super tasa de interés tampoco ofrece muchas soluciones a pesar de la mayor absorción de dinero que —incluso con el sobrecumplimiento y todo— no logra reducir la volatilidad del tipo de cambio frente a la incertidumbre que tiene lugar en el frente externo a raíz de la guerra comercial de Estados Unidos con China y los datos vinculados con escenarios recesivos en la zona euro y mercados asiáticos (sin contar que el martes se vota Brexit), y también en el interno donde afloran los conflictos entre Cambiemos y el radicalismo por el control de la interna electoral.

El salto del dólar del 3,5% que tuvo lugar en la semana corta post carnaval, se explica más porque se termina el carry trade de las LELIQs, que por el impulso de compras minoristas prácticamente se tornó inaccesible. El jueves, sobre el final de la jornada una oferta de U$D 7 millones movió el dólar 70 centavos, llevándolo a cerrar en 42.50 luego del despliegue del BCRA con ventas en el mercado de futuros, absorción récord y suba de tasas, que no alcanzaron para aquietar las aguas. El viernes el Central desdobló la licitación para dar mayores chances a los bancos, subió la tasa 600 puntos básicos y colocó letras de liquidez por valor de 206.191 millones de pesos. Es cierto que fue una semana movida para todos los mercados globales (el DXY —índice dólar— tocó los 97.34 puntos y el VIX —índice de volatilidad— tuvo variación de +7.18%), pero la desconfianza sobre la Argentina sobresale por sobre el resto, especialmente porque nadie puede ocultar que el país atraviesa un virtual default, que hasta ahora ha sido aplazado, sólo porque el gobierno compró tiempo en el FMI.

Además, los plazos de la apuesta que la timba financiera venía haciendo sobre el diferencial de tasas se acortaron un mes frente al plan oficial que pretendía mantener el dólar pegado al piso de la zona de no intervención, por lo menos hasta la primera liquidación de la cosecha de fines de marzo. Esa fecha coincide con el desembolso de fondos previstos en el acuerdo con el FMI. Claro que el escenario electoral juega pero más aún juega la destrucción industrial y productivo del país. El daño social provocado por el saqueo económico de la Argentina es inocultable y el obligado cambio de tendencia del BCRA, que tuvo que volver sobre sus pasos para retomar el sendero alcista de la tasa de interés (de miércoles a viernes elevó el tipo en 738 puntos básicos), abre el interrogante acerca del escaso margen de aceptación política que tiene la gestión del apretón monetario para continuar marcando subas que profundicen la penuria económica y social que causaron las políticas neoliberales aplicadas desde el 10 de diciembre de 2015.

El manejo de ese único instrumento frente al dólar demuestra que el gobierno es enemigo del pueblo y que el mayor enemigo del gobierno es el FMI, que se siente cómodo con un dólar más cercano al techo de la zona de no intervención que en el piso de la banda. La vinculación con ese organismo no puede quedar más en manos de tecnócratas que piensan en contra de los intereses del pueblo. El BCRA posee facultades legales para intervenir en cambios, pero en los hechos está impedido de hacerlo, a menos que el verde alcance el piso o el techo de la zona. Este último hoy está en 50,23 y el tipo de cambio mayorista al día viernes cerró en 41.30. De seguir la presión sobre el tipo de cambio, la diferencia implicaría una depreciación cercana al 22%. Sería un nuevo desastre social que el gobierno no tendría como impedir porque hizo renuncia expresa al manejo de políticas de intervención cambiaria, que no equivale a un cepo sino a regular flujos de capital e incidir en la oferta y demanda de dólares, como hacen todos los países, incluso algunos en coordinación estrecha entre el Banco Central y el Gobierno. Tener un BCRA atado de manos es el peor de los consejos y el gobierno lo sabe. A menos que renegocien con el FMI para que se le permita al gobierno recuperar un poquito de soberanía monetaria para llegar a octubre, las cosas se van a poner peor. El lunes 10 Dujovne viaja a los Estados Unidos en busca de una reunión con Lagarde, tal vez para pedir permiso en ese sentido.

A la vista de un gobierno que carece de plan económico y que entregó los instrumentos de política monetaria al FMI, las aspiraciones a renovar el mandato se ponen cuesta arriba. En ese contexto, el mayor riesgo que enfrenta el país en los próximos meses será el impacto que el desarme de plazo fijos pudiera tener sobre la estabilidad de los depósitos del sistema financiero (la masa de plazo fijos equivale a unos 27.000 millones de dólares). Al igual que en el pasado, ese riesgo deberá ser considerado con seriedad porque el grado de fragilidad financiera es de una magnitud superlativa. Nunca es bueno confiar demasiado en la solidez del sistema financiero. Siempre es prudente una dosis de supervisión y más en el actual contexto.

La tarea más difícil que tocará emprender a quien gobierne a partir del próximo 10 de diciembre será resolver el problema de la deuda externa. Parte de esa tarea exige de un planteamiento de nuevas reglas con el FMI, que hoy pide la reforma de la Carta Orgánica para consolidar legalmente la prohibición de aplicar políticas contracíclicas. Si el gobierno logra aprobar en el Parlamento la modificación del texto legal que define el funcionamiento del BCRA, para obligarlo a ocuparse exclusivamente de la estabilidad monetaria y no del empleo, el país ingresará en una etapa en la que el postergado proyecto de desarrollo económico con equidad e inclusión social se verá definitivamente enterrado. Por muchos años. Eso también se juega en estos meses.

Junto al problema de la volatilidad del dólar es necesario enmarcar la defensa de la Carta Orgánica del año 2012, especialmente frente a las presiones que desde grupos de poder realizan para poner en manos directas del mercado el manejo de la política monetaria. Lejos de eso, nuestro país necesita construir un sistema financiero basado en reglas institucionales que promuevan el desarrollo productivo, protejan el patrimonio de los depositantes frente al vaivén de la especulación financiera y regeneren las condiciones macro para asegurar la estabilidad financiera. Por ese camino —y no por el del fundamentalismo monetario— se saldrá de la crisis.

 

 

 

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