La coalición económica y política que representa el gobernador Ignacio Torres en Chubut busca crear instrumentos institucionales propios para intervenir en el mercado eléctrico en todas sus etapas. Tiene en la mira el negocio de la transición de la matriz energética y, en el corto plazo, la finalización en junio del contrato de concesión de la central hidroeléctrica Futaleufú, en la cordillera. Por eso estaría avanzado un acuerdo político con los legisladores del peronismo para alcanzar la mayoría necesaria en la Legislatura con el fin de aprobar el proyecto de ley de creación de una empresa provincial de energía eléctrica y de un mercado eléctrico mayorista local, escenario que repetiría los votos de la última sesión ordinaria del 25 de abril pasado.
Los rasgos centrales del mercado eléctrico actual en la Argentina los trazó el paquete de reformas estructurales aprobadas entre 1992 y 1995, durante la administración Menem. Este incluyó, entre otras medidas, la privatización de la central hidroeléctrica Florentino Ameghino (ubicada sobre el río Chubut) en 1994 y, al año siguiente, la de la hidroeléctrica Futaleufú sobre el río del mismo nombre, dentro del Parque Nacional Los Alerces. En el primer caso, Hidroeléctrica Ameghino S. A. (HASA) accedió a la concesión; el Estado provincial juega con el 39% del paquete accionario en sociedad con Hidroeléctrica del Sur S. A. (59%) y los empleados de la empresa con el 2% a través del Programa de Propiedad Participada. Al menos el 80% de Hidroeléctrica del Sur está en manos del grupo Andes, de la dupla Vila-Manzano de Mendoza, pero con firmas radicadas en Reino Unido.
En el segundo caso, opera en el territorio Hidroeléctrica Futaleufú S. A., cuyo contrato de concesión vence en junio próximo. Está controlada por Aluar Aluminios Argentinos SAIC con el 60,2% del paquete accionario y el 33,5% en manos del Estado de Chubut. Aluar ya está en la carrera de la producción de energía eólica y es un socio potencial para el escenario que propone la ley de Torres. El ex gobernador Mariano Arcioni ya intentó la reprovincialización de Futaleufú, pero no contó con el caudal propio ni con respaldo de la Nación en la movida.
El proyecto
El gobierno provincial impulsa una norma complementaria de la ley de marco regulatorio de la energía eléctrica vigente desde 1997, cuya autoridad de aplicación es el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE).
Entre sus objetivos, plantea “incrementar la participación en la renta obtenida por la explotación de los recursos naturales con fines electroenergéticos” por parte de la provincia y una “gestión integrada” del sol, vientos, mareas, suelo y agua para esa explotación específica. Propone alianzas estratégicas con el sector privado para el “acceso a tecnología y financiamiento para el almacenamiento y comercialización de energía dentro y fuera de la provincia”. Deja expresamente dicho que el plan propio estará en armonía con las metas del gobierno nacional. Para el desarrollo del plan provincial se requieren estudios previos que, se sobreentiende, abren la puerta a la contratación de consultoras privadas. Refiere, también, a diagnósticos generales que den cuenta de cambios en el uso del suelo y, por tanto, nuevas demandas de energía, en una eventual explosión de la megaminería en áreas rurales y urbanizaciones e intervenciones en alta montaña, por ejemplo.
El texto propuesto prevé la eliminación del ENRE, lo que ya se anticipa en una embestida pública contra sus actuales integrantes. Busca la creación de una sociedad anónima (empresa provincial de energía Chubut) de mayoría estatal (60%) habilitada para actuar también en jurisdicción extranjera. Podrá operar en todos los segmentos de la cadena de valor de los bienes eléctricos, en forma integrada o autónoma. Algunas de sus funciones podrá tercerizarlas. Prevé “la construcción, compra y/u operación de centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares”, así como la intervención en desarrollos de hidrógeno verde, mareomotriz y biomasa.
Además, por fuera del rubro, también quedaría habilitada esta misma empresa a operar en el segmento de las comunicaciones. En este sentido, la redacción es muy amplia y sin especificar, por lo que puede abarcar desde participación en medios de comunicación a la prestación de servicios electrónicos y/o satelital.
Si no sufre modificaciones, esta ley creará un nuevo intermediario en la comercialización de la energía: un mercado eléctrico mayorista regional de Chubut, con el argumento de ejercer “soberanía energética” y otorgar seguridad jurídica a los inversores. Este mercado tendrá una organización análoga a la creada por ley a nivel nacional. A la vez, propone reconocer como actores legales del mercado a generadores, autogeneradores y cogeneradores; transportistas; distribuidores; y grandes usuarios. Un cogenerador podría ser Aluar, por caso, aplicando la definición que propone el texto oficial.
Algunas primeras advertencias
Julio Acosta, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera), advirtió que esta empresa estatal es continuidad del modelo privatizador. “Está el antecedente de YPF como empresa estatal que se endeuda y después se capitaliza entregándola”. En cuanto a su eventual aplicación, señaló que con la creación del mercado mayorista local se sumará un intermediario al costo de la tarifa. El dirigente gremial explicó que la creación del mercado mayorista en los '90 y CAMMESA (el administrador de ese mercado) son los instrumentos por los que el servicio público se transformó en mercancía, por lo que un mercado mayorista chubutense sólo fortalecerá ese esquema.
Las empresas que desarrollan parques solares y/o eólicos pueden querer participar en este esquema, indicó. En ese sentido, el caso más evidente en Chubut es Aluar (del grupo Madanes Quintanilla), que espera para el año próximo tener un parque eólico de 200 kilómetros cuadrados (igual a la extensión de la Ciudad de Buenos Aires) con una potencia instalada de 582 MW (equivalente al consumo de 600.000 hogares), conectada directamente a la planta productora de aluminio, lo que reduciría aún más las emisiones de carbono a la atmósfera, según declaraciones de la propia empresa a la prensa.
Algunos sectores empresarios cuantifican los volúmenes de inversiones requeridas para transitar hacia una matriz que baje las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permite poner en duda la capacidad de juego de una gestión local en ese escenario cuando la falta de mantenimiento del tendido eléctrico originó el devastador incendio del verano de 2021 en Lago Puelo y El Hoyo, localidades del noroeste. En aquella ocasión, vecinxs documentaron las chispas en el cableado aéreo, que no se cambió al día de hoy.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí
