Energía y neoliberalismo

Los acuerdos opacos de CAMMESA y un Plan Gas que recuerda a Aranguren

 

Uno de los desafíos que enfrenta el proyecto nacional y popular en estos últimos años es su capacidad de articular un modelo distinto y superador del neoliberalismo reinante en las últimas décadas.

La importancia del reto es enorme dada la permanencia y naturalización de las bases culturales, ideológicas y prácticas con las que aquel modelo ha penetrado todos los ambientes y estructuras económicas del país.

Con las mejores intenciones, las actuales propuestas económicas para las diversas actividades y áreas de nuestra economía se sostienen a menudo sobre ideas y sentidos comunes provenientes de la concepción neoliberal, ahora naturalizada en estructuras de funcionamiento, así como en comportamientos de autoridades, funcionarios y organismos públicos que ejecutan sus responsabilidades en el contexto de lo heredado, que forma parte de una realidad a modificar.

Esa naturalización es de tal magnitud que en muchos casos no se discuten ni plantean objeciones sobre lo que viene dado en el Estado, y entonces se desarrollan tareas sobre aquellas bases, consolidadas en años de sedimentación.

Este fenómeno general de nuestra economía se presenta con intensidad en el sector energético, con las especiales características de un área que ha sufrido una transformación de claro sello neoliberal en los ’90 y que perdura en esa modalidad con algunas reformas que no alteran lo esencial de su marca original.

Las consecuencias de esta constatación conspiran contra la posibilidad de un desarrollo autónomo del sector, que esté centrado en la industrialización local de la producción de energía y de sus servicios, en la intensificación de tecnología nacional adecuada a sus reales necesidades, y en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para beneficio del país antes que para su explotación por grandes empresas concentradas, ávidas de ganancias y de su fuga consiguiente.

Esas trabas perjudican la tarea de algunos funcionarios actuales en su objetivo de modificar el rumbo recibido, que en los últimos años profundizó aquel modelo económico y lo consolidó con medidas dañinas para la economía, y consecuencias graves en lo social.

En esta área tan importante de la economía, esa naturalización del modelo se percibe especialmente en la voluntad de algunos de centralizar los esfuerzos en la obtención de divisas por exportación de recursos naturales, en la primarización de la economía, el extractivismo sin control ambiental, y al mismo tiempo en una transición hacia las energías renovables en un contexto financiero de su desarrollo antes que ambiental, sin planeamiento, dolarizado, anárquico, y sin promoción de la industria y el conocimiento locales.

Esto ocurre mientras permanecen las bases de una estructura organizacional y económica neoliberal del sector energético nacional.

Así por ejemplo CAMMESA, sociedad colegiada de cuatro cámaras empresarias más el Estado, define y administra el precio y la actividad eléctrica para todo el país, y es dirigida por los propios beneficiarios privados de sus decisiones, con tenue intervención estatal que intenta mitigar ese protagonismo. Desde ya sanciona un precio de electricidad con bolsones de renta excesiva o carente de justificación. Ese costo desmedido ha creado, entre otros factores, la imposibilidad de su pago por los usuarios residenciales y pymes, lo cual incide en la actividad de las empresas distribuidoras, que ante esa situación descargan su responsabilidad transfiriendo las moras a CAMMESA, con la consecuente aparición de una inmensa deuda con aquella empresa administradora, especialmente con su área de generación. De la misma organización surge entonces una solución para condonar parte de esa deuda del sector distribución, responsable principal de la misma, y dueño también de CAMMESA. Ese proceso de moratoria se negocia en su ámbito, donde conviven entonces acreedores y deudores, pero los saldos finales los aporta el Estado Nacional.

Esta particularidad de la sociedad administradora permite que los conflictos de interés sean una constante en su funcionamiento y decisiones. Así fue concebida en los ’90, con el pretexto de la neutralización de partes contrapuestas, pero ha terminado siendo una asociación de acuerdos opacos. Al ejemplo anterior agrego dos más: administra, controla y propone las sanciones del transporte nacional y regional, que es parte de la dirección colegiada mencionada. Y más grave aún, calcula y propone el precio de la electricidad para todo el país, siendo las empresas beneficiarias otra pata de esa sociedad.

Surge con naturalidad la evidencia de un organismo alejado de la transparencia que exige el manejo de fondos que paga el usuario, y que el Estado controla sólo con su poder de veto, pero a menudo interviene en su ayuda con cuantiosos fondos públicos. Es una herencia neoliberal naturalizada por el paso del tiempo.

En otro orden, el gas, principal insumo energético nacional, se paga al precio que el propio sector empresario, YPF a la cabeza, impone al mercado. Desechado por el actual gobierno el Plan Gas de Aranguren, que fijó un precio excesivo al fluido, en dólares, en una escala descendente año a año, sin compromisos ni inversiones, se hizo otra propuesta. Con la atracción que seduce al mundo empresario el oro negro de Vaca Muerta y su fantasía exportadora, un nuevo Plan Gas aparece ahora promovido por los mismos intereses empresariales, acompañados por algunos funcionarios que asumen y naturalizan aquella ideología neoliberal, y con la misma ilusión como objetivo. Esta vez con un plazo de cuatro años, prorrogable, en dólares, sin compromisos de inversión, con un precio menor que el de Aranguren, pero creciendo en el invierno y año a año. Con la espada de Damocles de un precio en dólares en el largo plazo y lo que eso significa.

Ese plan  no cumple con la finalidad del autoabastecimiento para el desarrollo nacional. También puedfe ser una pesada carga para el Tesoro Nacional, ya que los costos de compra del gas de invierno, que el Plan no abastece totalmente, superan las previsiones presupuestarias. Peor aún, lo que la castigada demanda residencial, comercial y aún industrial no puede pagar de ese precio en la tarifa, recae en el Tesoro Nacional. Esto se llama subsidio a la producción, aunque se lo disfrace de ayuda estatal a los usuarios, y también hayamos naturalizado ese error.

Dolarizado el gas, queda dolarizada la energía y se consolida la dolarización creciente de nuestra economía. Eso es neoliberalismo puro, por lo menos en la variante local del concepto.

Estas son las estructuras de la producción de energía que hemos heredado del neoliberalismo, con modificaciones por cierto, pero no en su esencia estructural.

Todo ello implica la necesaria modificación de esa organización de la producción energética en esas diferentes manifestaciones.

En los rubros de distribución y transporte, tanto de gas como de electricidad, constatamos una herencia de empresas privatizadas, que tienen la mayoría del servicio, acompañadas por empresas provinciales y por cooperativas. Su remuneración ha sido instituida hasta ahora por una concepción neoliberal de esos servicios públicos, estructurada en su base económico-financiera por la consultoría afín, con una idea mercantilista alejada del pensamiento actual de servicios esenciales para la actividad humana, que participan de los derechos humanos a una vida digna que promueven los organismos y tratados internacionales.

Sin embargo esos servicios públicos permanecen, desde el punto de vista normativo, bajo el paraguas de aquellas ideas centrales que les dieron origen. Lo que exige la urgente revisión de las leyes marco que los sustentan. Los esfuerzos actuales de los organismos reguladores para revertir aquella situación merecen consolidarse con esa modificación legal.

Los ejemplos aquí mencionados son sólo una parte de un importante complejo de empresas y organismos, como el sector nuclear entre otros varios, donde se replican estas características, a veces mitigadas y a menudo ampliadas.

Y a pesar de los intentos de superar este modelo energético, surgen en cambio proyectos legislativos con el fin de inmovilizarlo, consolidarlo, legitimando así esos esquemas de funcionamiento.

Estas observaciones no impiden reconocer los esfuerzos importantes de la actual gestión para superar estas ataduras para el despegue de un sector esencial de nuestra economía, más allá de resistencias burocráticas e intereses. Pero su actividad requiere del apoyo necesario de las organizaciones de la sociedad para esclarecer esta realidad y proponer ideas superadoras del modelo neoliberal energético que se ha naturalizado en el país.

 

 

 

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