Engaños legalizables
Córdoba se endeuda en 100 millones de dólares para construir una autovía sin consenso social
Desde el año 2017, el gobierno de Córdoba tiene una obsesión por avanzar con un proyecto de autovía de montaña claramente viciado y flojo de papeles. A tal punto, que en el mes de mayo del año 2018, luego de una maratónica audiencia pública de 10 días, decide retirar el proyecto mediante el cual se pretendía avanzar por sobre todo el cordón de las sierras chicas (precisamente en una región turística), e inclusive atravesando un yacimiento de Uranio en la ciudad de Cosquín. Ahora retoma la iniciativa, tras conseguir un préstamo del banco CAF de 100 millones de dólares, que resulta ser razón suficiente como para acelerar los plazos de una nueva aprobación.
El Dr. Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004, indicó que el gobernador Juan Schiaretti "tiene la mala costumbre de decidir obras y acciones en abierta violación a las normas sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Primero decide, generalmente con muy poca información. Luego lo difunde a todos los medios y la obra empieza a construirse. Finalmente, busca ajustar las normas a lo ya decidido y hecho con la complicidad crónica de la Secretaría de Ambiente, hoy a cargo de Juan Carlos Scotto".
El 24 de noviembre de 2020 el gobernador de Córdoba firmó el Decreto 844 con el marco administrativo para el crédito del Banco de Desarrollo de América para la nueva Autovía de Ruta 38 José Manuel De la Sota (parece una burla que se pretenda bautizar la obra, con el nombre de un gobernador que perdió su vida en un accidente automovilístico precisamente en una autovía). Su Cláusula 11 incluye lo exigido por el Banco: copia de la licencia ambiental, plan de manejo ambiental y social, Plan de Participación Civil, y otras exigencias, ninguna de ellas cumplidas hasta ahora. Pero ya están enviando el proyecto de ley para expropiaciones y anticipando fechas de licitación.
Montenegro recalcó que "la torpeza ambiental y social de la gestión Juan Schiaretti parece no tener límites. Da por hecho un canal para traer agua del río Paraná sin estudios ni Evaluación de Impacto Ambiental. Tras los pavorosos incendios, presentó un absurdo plan de reforestación en que está involucrada una empresa de Misiones, a la cual pagaremos por plantines de algarrobo que en su mayor parte morirán. Como frutilla del postre, el gobernador ofreció a los productores como reparación por los daños tras los fuegos, postes de quebracho colorado, una especie amenazada.”
"Varios de estos temas, en especial los 10 millones de pesos asignados para reforestación, también deberían ser investigados por la Justicia. La ley provincial de Ambiente 12.008 establece claramente la obligatoriedad de Aviso de Proyecto para proyectos forestales con más de 100 hectáreas, y plantar algarrobos en una superficie superior a las 100 hectáreas cae inexorablemente en esta categoría. Más aún, la Secretaría de Ambiente debería haber exigido Estudio de Impacto Ambiental al propio gobierno y Audiencia Pública. Nada de esto se habría hecho. Es la irritante doble vara con que el gobierno se mide a sí mismo, y a los demás".
Una provincia endeudada que va por más
Montenegro indicó también, que insisten con una nueva traza de la ruta 38 –que de acuerdo al Aviso de Proyecto es ilegal e inviable pues destruiría zonas rojas de bosque, ingresaría ilegalmente a áreas naturales protegidas, y supondría la destrucción de valiosos yacimientos arqueológicos-. Con la presentación además, de un Aviso de Proyecto también incompleto, pues no se evalúa cómo es que la nueva traza, junto a su coexistencia con la actual ruta 38, ampliarán en el corto y mediano plazo la destrucción de ambientes nativos hoy protegidos por la distancia a la actual ruta. En realidad, los 100 millones de dólares que cuesta la obra faraónica impulsada por Juan Schiaretti, debería asegurar el funcionamiento de las cuencas hídricas porque sin agua tampoco habrá turismo. ¿Lo entenderán? De no ser así. ¿Cuántas crecientes y cuántas muertes deberán ocurrir para que lo entiendan? ".
Vale la pena recordar, que la provincia de Córdoba ingresó en default el pasado 11 de enero, y finalmente alcanzó un acuerdo con los bonistas al límite de la fecha y tras ser rechazadas 5 propuesta de ofertas previas, el día 13 de enero en Pagina12 Natalí Risso afirmaba:
“… la noticia no fue recibida de la mejor manera por el resto de las provincias que se encuentran negociando con bonistas extranjeros. Consideran que, en el apuro para evitar el default, la administración de Schiaretti no reparó en la famosa sostenibilidad con la que insiste el ministro de Economía, Martín Guzman, y tampoco redujo la carga de pagos en dólares: el acuerdo alcanzado disminuyó en un punto la tasa de interés, del 7,23 al 6,08 por ciento promedio, y postergó dos años la primera fecha de vencimiento de los tres títulos de deuda negociados (PDCAR21, PDCAR24, PDCAR27).…”
El abogado Juan Smith analizó asimismo la mecánica de contratos suscritos entre la provincia y las municipalidades para llevar adelante el proyecto de Autovía. Smith indica que en el marco del crédito con el banco CAF, el Decreto 844/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprueba un Contrato con cláusulas predispuestas o contratos a suscribir por adhesión, de dudosa aplicabilidad en Municipios y Comunas. Estos contratos, están sujetos a cláusulas predefinidas por otros, es decir, escritas por la parte con más poder, por lo tanto con nula posibilidad de que un Municipio o Comuna pueda discutirlas, proponer otras, mejorarlas, o incluso, oponerse a ellas. Claramente, en dicho contrato hay artículos con una clara remisión a un Contrato ya celebrado. Este es un modelo que deberá ser suscripto con posterioridad por intendentes y jefes comunales por donde pase la obra. Toda esta situación, comienza a desnudar la posibilidad de cláusulas vejatorias, que los Municipios y Comunas no podrán discutir y que son deleznadas por el ordenamiento vigente en la República Argentina. Este tipo de contratos desnuda siempre una parte que tiene más poder que la otra. Casualmente, el orden constitucional argentino y el de la Provincia de Córdoba, al admitir las Autonomías Municipales, no puede admitir nunca esta situación. La sanción prevista, para cláusulas de esta naturaleza es su Nulidad".
Existe un aprovechamiento innecesario por parte del Estado Provincial, asociado a intereses económicos, con respecto a las Comunas y Municipios, colocándolas solo como invitados a suscribir cuestiones que a nivel interno no podrán discutir ni objetar, sino que deberán aprobar a libro cerrado. Atenta esto de tal forma al sistema democrático, que colocará, por ejemplo a Concejales, en la situación de espectadores a la hora de tratar en los recintos de los Concejos Deliberantes este modo de vinculación.
Autovía: Cómo legalizar una obra engañosa
La autovía de Punilla anunciada como una obra de vital importancia para el turismo en las Sierras de Córdoba, encubre en realidad lo que han dado en llamar: “la ruta del saqueo”, o “Proyecto IIRSA”, el periodista Lea Ross afirmaba en Radio Panamericana de Huerta Grande de que en realidad “… se trata de un corredor vial que conecta al puerto de Porto Alegre (Brasil) con el puerto de Coquimbo (Chile). A partir de allí, la exportación destinada a China tendrá la posibilidad de ser traslada para ir directo al océano Pacífico, en lugar de trasladarse hasta los puertos del Atlántico. Forma parte de lo que se llamó el Plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), impulsada en el año 2000. …”
“… Compuesta por distintos ejes, la Autovía de Punilla entraría dentro del Eje Mercosur-Chile, que vincula los principales centros económicos, ciudades y puertos del subcontinente. En el mismo, figura el proyectoMCC96, que describe un “mejoramiento de la Ruta Nacional 38” y un “by-pass al norte de las Sierras de Córdoba”. De ahí que la autovía, con sus espaciosos cuatro carriles, permitiría el transporte de carga de granos que tanto demandan para la producción del agrobusiness. …”
Finalmente, desde FUNAM calificaron de "engañosa" la iniciativa impulsada por el gobernador Juan Schiaretti para construir la Autovía Variante Costa Azul-La Cumbre. El Dr. Raúl Montenegro indicó que "una Evaluación de Impacto Ambiental incluye: el Estudio de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública sobre un proyecto cerrado, y que su resultado puede ser la aprobación, rechazo o autorización condicionada".
Pero en Córdoba "el gobierno decidió unilateralmente que iba a construir la Autovía, sí o sí. En su primer intento fracasó por la resistencia de las asambleas y pobladores del propio valle de Punilla durante el histórico “Punillazo” del mes de mayo del año 2018. Pero alcanzaron a construir el faraónico puente sobre el lago San Roque, y en plena pandemia siguieron avanzando con sigilo. La pregunta es: ¿Cómo pudieron gestionar el crédito para una obra, y hasta aprobar una ley de expropiación cuando no sabían si el estudio de impacto ambiental les iba a dar bien, o por lo contrario, les salía mal?"
La respuesta a esa pregunta, indicó Montenegro, está en lo que se llaman “engaños legalizables”. Mientras se hacía el Aviso de Proyecto y el Estudio de Impacto ambiental de la Autovía, una obra cuyas características seguían modificándose en pleno estudio de impacto –algo totalmente irregular- el gobierno obtuvo el visto bueno del banco CAF, aprobó el dudoso modelo de contrato crediticio mediante Decreto 844, busca el aval ante la nación para el crédito y en la legislatura, donde Unión por Córdoba tiene mayoría, y apura finalmente la aprobación de una ley de expropiación. Si bien el Aviso de Proyecto y el Estudio de Impacto muestran la inviabilidad ambiental e incluso legal de la Autovía, la clave para el engaño legalizable está en las medidas de mitigación que presentan los consultores a cargo del Estudio de Impacto Ambiental. Con total ligereza, se asume que los impactos son amortiguables y hasta compensables, aunque técnicamente no sea así. Pretenden hacernos creer que la mitigación hace desaparecer el impacto. Basta un ejemplo: la reforestación compensatoria de zona roja destruida que anticipan los consultores, no recrea ni remotamente su biodiversidad.
Finalmente, ese estudio con 'mitigaciones' se somete a Audiencia Pública virtual, donde inevitablemente la participación será muy reducida en comparación con una presencial, a sabiendas que cualquiera fuese su resultado no será vinculante. Posteriormente, el organismo evaluador de la Secretaría de Ambiente aconseja su aprobación -no hace falta recordar que el gobierno está aquí a ambos lados del mostrador sin pudor alguno- y la Secretaría emitirá la Licencia Ambiental autorizando la Autovía con una serie de condicionamientos que darán apariencia de objetividad. Este es el engaño legalizable que el gobierno de Córdoba aplica a sus obras, en este caso a la Autovía, y que ya está usando también para el faraónico canal que pretenden construir para traer agua desde el río Paraná.
¿Todo lo anterior es pasible de ser denunciado penalmente ante la justicia federal -federal pues existe participación de un banco extranjero? La respuesta es sí. Y también lo debe conocer el propio banco CAF. Por eso, y previendo contratiempos, el gobierno está acelerando todos los pasos.
El Dr. Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith fueron coincidentes en preguntarse: "Si en un valle como el de Punilla en el que hay un total desmanejo de sus cuencas hídricas, que ha sido dramáticamente afectado por incendios y desmontes, y debido a lo anterior por inundaciones que destruyeron ambientes y bienes, y a futuro corre peligro la vida de personas y la provisión de agua. ¿Tiene lógica gastar cuantiosas cantidades de dinero para hacer una obra ilegal, engañosa, mal evaluada y que agrava los problemas ambientales? ¿Debemos aceptar con resignación que el gobierno de turno quiera hacer sí o sí una obra inviable en lo ambiental, que completa los pasos gracias a una técnica de engaño legalizable, y aumenta dramáticamente el riesgo de mayores inundaciones y daños irreparables? Nosotros consideramos que no".
Compilado de declaraciones del Dr Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith, luego de que la provincia de Córdoba anunciara un endeudamiento de 100 millones de dólares para la construcción de una autovía de montaña en el Valle de Punilla, lo que genera rechazo y desconfianza en la población.
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