Enseñanzas de las Guadalupe

El Estado debe dar respuestas ante la desprotección de las niñeces y la violencia de género

 

Ante un hecho trágico, conmovedor, la sociedad civil responde con su sensibilidad, con su propia capacidad de organización y prácticas solidarias para entender y procesar el dolor. Las posibilidades de construir una sociedad un poco más justa y democrática pueden nutrirse del sedimento de ese dolor y, a la par, del análisis de todo el aparato de Estado que, de diferente manera, interviene antes y durante las experiencias cuyas víctimas y sobrevivientes aporta el pueblo.

El 23 de febrero de este año, la hermosa noche de verano se quebró cuando Bautista Quintriqueo le quitó la vida a Guadalupe Curual con un arma blanca, delante de numerosas personas en una plaza del centro de Villa La Angostura, sur de Neuquén. El 14 de junio, varixs niñxs jugaban en la vereda durante el festejo de un cumpleaños en un barrio popular de la capital de San Luis cuando Guadalupe Lucero, de 5 años, fue secuestrada. Hasta hoy se desconoce su destino.

El femicidio de Guadalupe tuvo un proceso previo que desmenuzó una fiscal de Neuquén a partir de una denuncia del gobierno nacional, con advertencias serias sobre la legislación local de violencia de género y el protocolo de intervención estatal ante casos concretos. Al mismo tiempo, la total falta de resultados por parte del gobierno de San Luis en la búsqueda de la niña da cuenta de fallas estructurales en los tres poderes del Estado provincial, que en nombre del federalismo y los límites juridiccionales, se eternizan sin intervención del gobierno nacional.

 

La sede del Poder Judicial de Villa La Angostura, después de las protestas por el femicidio de Guadalupe Curual.

 

 

 

Guadalupe Neuquén

Dos días después del femicidio, Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, radicó una denuncia penal ante un juzgado de Neuquén para que investigue el presunto incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos que intervinieron desde la primera denuncia de Guadalupe contra su ex pareja y padre de su hijita, en julio del año pasado. Por esa denuncia, María Carolina Mauri, a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstica del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el mes pasado emitió un dictamen que puede usarse como material de educación popular en manos de cualquier vecinx y organización de base para repensar la demanda integral al Estado en caso de violencia de género. Pero, sobre todo, deberían por lo menos leerlo la Legislatura local, el municipio y el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, las direcciones de los hospitales públicos y el Ministerio de Salud, entre otros organismos públicos esenciales para que sus intervenciones puedan revertir las espirales de violencia. La crónica de una muerte anunciada no sólo no excusa al Estado, sino todo lo contrario, se desprende del dictamen de Mauri.

La fiscal sostuvo que ni el ex juez Jorge Alberto Videla, del juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia de Villa La Angostura, ni otrxs funcionarixs que intervinieron en el caso judicial de Guadalupe Curual cometieron delito en el ejercicio de sus funciones. Sí identificó las limitaciones por parte de organismos públicos en la aplicación de la ley 2.785, que estableció el “Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar”, así como deficiencias propias del protocolo que operativiza esa norma desde 2015.

“Un plan estratégico no puede depender de una intervención judicial. Las intervenciones cautelares tienden a ser de corto plazo (sólo en la medida que el riesgo subsista), mientras que un plan de tipo psicosocial debe ser a corto, mediano y largo plazo, hasta modificar las condiciones individuales, sociales, económicas y culturales que atraviesan la situación en su inicio”, concluyó Mauri. Además, pidió “determinar si un modelo de trabajo burocratizado y basado en la derivación, casi exclusivamente, aun cuando cumpla con los mandatos de la ley 2.785 y su Protocolo Único, satisface estándares nacionales e internacionales –asumidos por la Argentina– de protección de las mujeres en situación de violencia en el ámbito familiar”.

Además del juez, los otros organismos del Estado que intervinieron fueron la Municipalidad de Villa La Angostura (a través de diferentes dependencias), el hospital público local y el Centro de Asistencia a la Víctima. “La intervención de estos organismos se produjo siempre a pedido del juez en el marco del expediente judicial. Específicamente, el juez les encomendó que intervengan de manera articulada en la situación, en el marco de una estrategia de abordaje interinstitucional e interdisciplinaria, para reducir los niveles de riesgo, debiendo incorporar a ambas partes. De los informes agregados al expediente judicial (cuya información es la misma que se brindó en respuesta a lo solicitado, por esta Fiscalía) surge que cada institución, cumpliendo la manda judicial, tomó contacto de manera individual con Guadalupe, llamaron, la acompañaron, recibieron sus inquietudes o dudas, e informaron esto al juzgado. (…) Desde estos organismos nadie se comunicó con Quintriqueo, ni tampoco se informó si lo harían o no, y, en ese caso, los motivos para no hacerlo. No se diseñó de manera conjunta un plan concreto y específico para esta situación particular, de elevada complejidad, en tanto se encontraba atravesada por diversos factores, individuales y sociales, que profundizaban sus vulnerabilidades; tales como: la falta de red familiar y social de Guadalupe, el consumo problemático de sustancias por parte de Quintriqueo, informado por Guadalupe, la falta de una política general de cuidados de hijos/as de madres trabajadoras en situación de violencia, la falta de un abordaje estatal de varones que ejercen violencia en la localidad”, sostiene el dictamen.

Días después de cometer el femicidio, Quintriqueo murió en circunstancias confusas mientras estaba hospitalizado con custodia policial. Llama la atención que desde el Municipio no hayan intervenido durante los meses previos, ya que el muchacho era empleado del sector de Obras Públicas. También sorprende que la Dirección del hospital no haya informado a Mauri sobre su intervención en el caso, considerando que el femicidio desató una profunda crisis social.

 

Marcha en reclamo de justicia por Guadalupe Curual. Al fondo, la plaza donde se cometió el femicidio.

 

La revisión de ocho meses de judicialización del caso de violencia le permitió a Mauri sostener “la necesidad de que los organismos con competencias directas, en el marco de la ley 2.785, logren romper con la lógica de trabajo basada en la derivación unilateral e inconsulta, y la remisión de informes sólo para “poner en conocimiento”, trascendiendo a una forma de trabajo basada en la articulación. La articulación (que es todo lo contrario a derivación) es posible sólo en el marco de un plan elaborado interinstitucionalmente (tal como había sido requerido por el Juez en este caso). Un plan en el que se fijan objetivos cumplibles a corto, mediano y largo plazo, se determinan diferentes acciones y se asignan, concretamente, las que cada organismo deberá llevar a cabo, sea de manera individual, o en conjunto con otro u otros; con mecanismos de seguimiento, control y evaluación permanente, aun cuando el caso se desjudicialice, y con permanente retroalimentación de los/as involucrados/as”. De todos modos, advirtió como problema de fondo que “ni la ley 2.785 ni el Protocolo Único brindan elementos para la formulación de planes interinstitucionales, estratégicos y multiactorales, ni describen con precisión las acciones que cada organismo debe llevar adelante, en un marco como ese; como sí lo hacen respecto a las obligaciones (principales y accesorias) que los/as jueces/zas deben cumplir, en el marco de un proceso protectorio. Los instrumentos normativos referidos se limitan a hablar de “acompañamiento”, sin darle contenido concreto y específico a este concepto. Un plan debe contar con objetivos, acciones, actores y actrices. Deben establecerse no sólo los indicadores actuales (y actualizados) de riesgo, sino, además, las acciones necesarias tendientes a disminuir esos riesgos, y un registro de éxito de esas acciones, éxito que se traduce en la disminución del riesgo y el cese de la violencia hacia la mujer. Debe realizarse un mapeo de las redes familiares y sociales, y, en base a ese mapeo, debe construirse la red social de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y no cuentan con red de apoyo, incorporando familiares, amistades, organizaciones sociales de base, organismos territoriales, etc. en el plan de acción. De todo esto, el Protocolo no dice ni explica nada”.

La argumentación se aplica a cientos de casos diarios en cualquier jurisdicción del país: “Deben incluirse dispositivos que permitan gestionar la conflictividad que se origina en los vínculos con hijos/as, como régimen de contacto, alimentos, etc., logrando que esta conflictividad no impacte en una escalada de violencia. Deben incorporar al varón que ejerce violencia, por lo que el Estado debe desarrollar y promover el desarrollo de organismos y organizaciones de atención a varones con perspectiva de género, de protección de las mujeres y de derechos humanos”, agrega el dictamen.

 

 

Guadalupe San Luis

La última semana se cumplieron cinco meses del secuestro de Guadalupe Belén Lucero, perpetrado cuando oscurecía en una calle del 554 Viviendas Sur, barrio donde vivía con su madre y su hermanito poco mayor que ella. Jugaba la Selección argentina de fútbol, hacía frío, nevizcó ese día. Habrá sido entre las 18.30 y 19.30 que se la llevaron.

 

Guadalupe Belén Lucero. Aún se desconoce su paradero.

 

Los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires cubrieron por horas los allanamientos y despliegues policiales durante los primeros días. Ahora, sin nada firme, absolutamente nada en el sumario policial puntano, el mes pasado se inició una investigación en el fuero federal con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que en principio es ampliatoria y complementaria del sumario policial (no hay expediente judicial) por averiguación de paradero.

Cientos de allanamientos en las viviendas de los barrios populares, centenares de efectivos policiales haciendo rastrillajes en lugares muy concurridos, aparecen hoy como una puesta en escena política para la opinión pública, no para una estrategia investigativa. La falta de resultados respecto a la búsqueda de la niña remite tanto al desamparo estructural de las niñeces, según organizaciones feministas y sociales de base, como al rol subordinado del Poder Judicial y de la policía provincial al régimen de los Rodríguez Saá, consolidado en décadas, de acuerdo a abogados que litigan en el fuero local.

El sumario policial no sólo no tiene resultados. Además, tendría numerosas irregularidades de procedimiento que, en un futuro, podrían ser causal de nulidades, advirtió Héctor Zavala, abogado que acompaña a Eric Lucero, padre de Guadalupe. Recién en febrero, San Luis pondrá en marcha la reforma judicial, por lo que todavía sostiene el sistema en que el juez es el titular de la acción. Aun así, el procurador general Luis Marcos Martínez designó a dos fiscales especiales que, en la práctica, desplazaron al juez natural. La fiscal Virginia Palacios Gonella es quien está llevando adelante la investigación, instalada en la Jefatura de policía. Esa decisión política fue tardía, ya que se perdieron los dos primeros meses, según Zavala, que sigue el caso desde el primer momento. Ese vicio procesal tiene un antecedente alarmante en la provincia, cuando en 2004, la Procuración dispuso la intervención de la Fiscalía en lugar del juez y uno de los condenados en juicio consiguió anular las actuaciones. El código vigente no reconoce la figura del querellante, sino la del particular damnificado con muy pocas atribuciones. De todos modos, en general la Fiscalía atiende los requerimientos de Zavala, destacó el abogado.

La policía provincial no tiene ni el equipamiento ni la capacitación para una investigación de esta envergadura, recursos que sí tiene el fuero federal. A modo de ilustración, en otro caso que tuvo lugar en marzo, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni dispuso de un helicóptero para buscar a una nena secuestrada que fue rescatada en Luján. San Luis contó con el trabajo voluntario de la brigada canina del grupo Halcón k-9 de Rastro Específico de Personas, así como con un especialista en georadares de una universidad de Córdoba. La provincia anunció la digitalización de la administración pública, pero ninguna de las cámaras de video instaladas en el barrio funcionaba la tarde del secuestro de Guadalupe. Las únicas imágenes aportadas son de un comercio del barrio. Además, la provincia no cuenta con tecnología para analizar el cúmulo de imágenes de cámaras de un radio mayor, las que fueron remitidas a Córdoba. “San Luis no cruza datos ni con el Anses”, graficó Zavala, lo que redunda en menor disponibilidad de recursos vía la colaboración con otras jurisdicciones.

 

Búsqueda de Guadalupe Lucero.

 

 

 

Día de la Madre

Cualquiera sea la visión que se tenga sobre la celebración del Día de la Madre, lo cierto es que Yamila estará sin Guadalupe en San Luis, así como una pequeñita de menos de dos años crecerá sin sus padres en el sur. Las organizaciones, lxs vecinoxs, las voces críticas alertan, señalan, reclaman, marchan, prenden velas y alimentan la memoria activa. Pero el Estado, con todo su andamiaje, es el que debe dar las respuestas. No hizo falta que Mauri hiciera referencia a la revuelta y las pintadas en el juzgado de Villa La Angostura, donde un juez se jubiló antes de tiempo y otrx lo reemplazará pronto. El dictamen de la fiscal dejó claro que un cambio de juez no es respuesta de fondo para la desprotección de las niñeces ni la violencia de género. Si vale para Neuquén, probablemente también lo sea para San Luis.

 

 

 

 

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