Cuestionado por mal comportamiento laboral, el gobierno argentino recibió una fuerte sanción. La principal confederación sindical mundial ubica a Argentina entre los 10 peores países en cuanto a respeto de los derechos sindicales.
Tabla de posiciones que significa una verdadera condena a Javier Milei. Pero. —inmutable— el gobierno argentino parece no haberse dado por aludido ante esas serias críticas internacionales. Sigue adelante con su programa macro de ajustes, robustecido por la reciente visita al país de la directora del Fondo Monetario Internacional, y de medidas anti-sindicales.
Por su parte, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales ratificaron el 22 de julio su “Plan de Lucha” contra el Gobierno Milei, anticipando una marcha en la primera semana de agosto y una movilización cuando el gobierno convoque a patronales y sindicatos al Consejo del Salario Mínimo, con el objetivo de definir el nuevo ingreso básico.
La radiografía gremial que publicó en junio pasado la Confederación Sindical Internacional (CSI), la organización de trabajadores más grande del mundo, reconoce como tendencia mundial un aumento de las violaciones de la libertad de expresión y de reunión a lo largo del último año, así como de los casos de agresión violenta contra trabajadores y ataques frontales contra las libertades civiles, como puede verse por la cantidad de arrestos y detenciones de trabajadores y sus representantes.
En su Informe de 2026 El Índice Global de los Derechos de la CSI, los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, esta organización expresa su preocupación por la persecución de líderes sindicales, algo cada vez más habitual en un número cada vez mayor de países y advierte sobre el uso cada vez más frecuente de las nuevas tecnologías como método de control y para vigilar, disciplinar y silenciar a los trabajadores. Además evalúa que cada vez son menos los gobiernos que consultan a los sindicatos antes de enmendar o promulgar leyes laborales.
Alarmante
El diagnóstico de la CSI, entidad que aglutina 344 centrales y federaciones de 171 países con más de 200 millones de miembros, es contundente: lo que está ocurriendo es una erosión global de los principios democráticos, resultado de lo que califica como un “golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia”. Como un desgaste financiado por los ricos e implementado por líderes autoritarios y de extrema derecha. “El acaparamiento de beneficios y el hecho de que las expectativas de recaudación de impuestos sobre el patrimonio no se cumplan en la práctica”, alega la CSI, “hacen que este golpe de Estado se traduzca en un deterioro del nivel de vida”. En consecuencia, las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que deberían constituir la base de la democracia, son acalladas, mientras que aquellos que las socavan concentran más riqueza en sus manos.
Para la CSI, se trata de “un patrón que los poderosos preferirían mantener oculto: el debilitamiento sistemático de la democracia mediante ataques a los trabajadores, a los sindicatos y a la negociación colectiva”. Desde la represión de las huelgas hasta la erosión de las medidas de protección jurídica y la criminalización de los sindicatos, nada de esto constituye incidentes aislados, sino tácticas de una estrategia más amplia que pretende silenciar la disidencia y afianzar las desigualdades.
Varios porcentajes ilustran el deterioro de los derechos laborales esenciales. En el 50% de los países, por ejemplo, hubo ataques contra la libertad de expresión y reunión. En 75 países (el 50% de los evaluados) se ha arrestado o detenido trabajadores, un récord histórico. El derecho al registro legal de los sindicatos se ha visto obstaculizado en el 75% de los países. El derecho de huelga se vulneró en el 87% de los países. La negociación colectiva se restringió en 121 países, el mismo número que el año anterior, y en tres de cada cuatro países se obstaculizó la libertad de asociación, así como de formación de sindicatos y la afiliación a los mismos.
Europa y las Américas (Norte, Centro y Sur América) se han llevado las peores calificaciones desde 2014, año en que se creó este Índice. A modo de advertencia y sanción, cada año la CSI señala los peores diez países, es decir, los que menos respetan los derechos sindicales. En 2026 Argentina entra en dicha categoría con otras dos naciones latinoamericanas, Panamá y Ecuador; Turquía y Bielorrusia, en Europa; Túnez, Egipto, Nigeria y Suazilandia, en África, y Myanmar (Birmania) en Asia.
Caer más bajo, casi imposible
Argentina está hoy entre los peores calificados en cuanto a derechos sindicales y su ubicación en la lista empeoró por segundo año consecutivo, pasando de “la existencia de violaciones regulares de los derechos” a una situación en la que “los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”. Según la CSI, “desde su llegada al poder en 2023, el Presidente de extrema derecha Javier Milei ha encabezado un programa radicalmente anti-sindical, socavando derechos básicos de los trabajadores, libertades civiles y la actividad sindical”.
Este descenso brusco y sin precedentes en apenas 24 meses deja a Argentina en el nivel 3 de 5 en una escala donde 5+ es el peor, el de “derechos no garantizados debido a la destrucción del Estado de Derecho”. El mismo nivel en el que se encuentran únicamente naciones con situaciones de conflicto extremo, catástrofes o guerras, desde Haití a Sudán del Sur, pasando por Siria, Burundi y Libia. Argentina se acerca peligrosamente a esta calificación extrema.
La evaluación que la CSI hace de Argentina detalla los hechos concretos detrás de tan mala nota. Por ejemplo, la imposición de parte del gobierno de niveles obligatorios de servicios “mínimos” sobre los trabajadores. En decir, la exigencia de que, en un contexto de huelga, de todo modo continúen proveyendo las funciones y tareas estrictamente necesarias para proteger las instalaciones de la empresa y garantizar la prestación de servicios, y con severas sanciones por incumplimiento. Además, el hecho de que los trabajadores y los sindicalistas deban enfrentar abusos sistemáticos y una reducción del espacio cívico. En agosto de 2025, recuerda la CSI, la policía detuvo a Federico Giuliani, secretario general de la sección cordobesa de la Asociación de Trabajadores del Estado (Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, o ATE-CTA A), junto con otros 14 manifestantes. Una vez en libertad, Giuliani se vio obligado a huir a España en calidad de refugiado político.
Resistencia y represión
Como respuesta a la ofensiva gubernamental de Milei en los últimos 30 meses, las tres confederaciones sindicales argentinas más importantes convocaron varias huelgas. Según el Centro de Economía Política (CEPA), durante ese mismo periodo cerraron 28.262 empresas y se perdieron 350.000 puestos de trabajos formales, lo que ilustra la dimensión del proyecto antisocial del actual gobierno.
En el frente de resistencia contra Milei no solo se encuentran el movimiento sindical y en especial los sectores más combativos del mismo. Son centenares las movilizaciones sociales a nivel local, regional y nacional, así como el aumento de la represión. Cada miércoles desde hace varios meses, el Movimiento de Jubilados se moviliza en las principales ciudades del país. Cada 24 de marzo (aniversario del golpe de Estado de 1976), miles de personas salen a la calle por la Memoria y ahora también con consignas anti-gubernamentales. Fuerza creciente y muy significativa la de las mujeres y las diversidades que se autoconvocan dos veces por año. La última Marcha del Orgullo LGBTIQ+, en noviembre de 2025, congregó, según diversas fuentes, más de un millón y medio de participantes, y miles de personas se movilizaron en febrero de este año con la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista para reclamar contra la precarización de la vida y la reforma laboral aplicada por el gobierno, iniciativa que reduce los derechos de los trabajadores y busca debilitar a los sindicatos.
En su Tercer Informe Especial de la Represión a la Protesta Social, publicado en enero, la Comisión Provincial de la Memoria constata que, en 2025, 4 de cada 10 movilizaciones públicas fueron reprimidas y que en 34 de las 79 marchas hubo represión (17 de 60 el año anterior); que unas 1.369 personas fueron heridas (1.216 heridos el año anterior), algunas de enorme gravedad, como ocurrió con el foto-reportero Pablo Grillo, y que dos personas perdieron la visión en un ojo. También, que se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos y aumentaron las detenciones arbitrarias con respecto a las del año anterior.
Modelo antisindical continental
Una delegación de la UNI Global, principal confederación internacional de sindicatos del sector de servicios, con sede en Nyon, Suiza, visitó la región sudamericana a fines de junio de este año. En su informe sobre esa visita sostiene que “Argentina no es un caso aislado [ya que en] todas las Américas, gobiernos de derecha ganan las elecciones y muchos de ellos llevan a cabo la misma política una vez en el poder”. ¿De qué manera? Invocando la noción de urgencia económica para imponer reformas por decreto, lo cual les permite eludir el debate y la consulta.
Como ocurrió en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2023, y como está ocurriendo hoy en Argentina bajo el de Milei, subraya el Informe de la UNI Global, estos gobiernos terminan socavando la capacidad de los sindicatos para obtener los recursos que necesitan para continuar funcionando. Chile, por otra parte, ha complicado considerablemente la realización de huelgas al imponer un nivel excesivo de “servicio mínimo” como el que Milei promueve en Argentina. Por su parte, Ecuador y Perú están limitando las manifestaciones sindicales a áreas designadas como de “bajo impacto”, mientras que Trinidad y Tobago ha restringido los lugares donde se puede manifestar, concretamente, a zonas alejadas de las instituciones públicas. En Panamá y El Salvador, los líderes sindicales han sido procesados y encarcelados.
¿Alternativas viables ante este programa antisindical? Más que recetas teóricas, es el momento de reforzar la unidad de los movimientos sociales a nivel nacional y regional. El Informe de la CSI vislumbra esta propuesta de “organización, negociación y campaña juntos”, lo que les dará poder a los trabajadores y las trabajadoras para revertir esta erosión de sus derechos y construir un futuro más justo, inclusivo y democrático para todos. En tiempos en que las instituciones democráticas se encuentran bajo constante presión, los sindicatos no solo defienden los derechos en el trabajo. También salvaguardan la misma democracia.
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