Entre sótanos y democracia

Leopoldo Moreau, de la redacción de La Opinión a la SIDE de Alfonsín y la Bicameral de Inteligencia

 

Leopoldo Moreau era parte del bloque de diputados radicales que en la transición democrática creían que la cuestión militar necesitaba resolverse vía comisión de notables y no en el Parlamento, como pedía el peronismo. Hoy cree que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue la mejor alternativa en una discusión que espeja con el presente. “Yo me había alineado con la idea de que tenía que ser una comisión de notables. Creo que hubiera sido más débil la opción del Parlamento porque hubiera parecido una revancha de los políticos contra los militares, y creo que tenía que ser una expresión del conjunto de la sociedad a través de personas representativas de distintos pensamientos”. Aquella Conadep jugó un papel central en la creación de conciencia social, dice, respecto de lo que ocurrió en la Argentina. “Tuvo una potencia que dura hasta hoy, se vio cuando la Corte intentó el 2x1 y en ese sentido –agrega en el salto del tiempo–, creo que el gobierno debió haber hecho una Conadep del sistema de espionaje ilegal”.

Moreau adelanta que existe voluntad política para sacar por consenso o amplísima mayoría una nueva Ley de Inteligencia, para lo cual ya mantuvo conversaciones con Cristian Ritondo de Juntos en la Bicameral de Inteligencia. Pero en esta entrevista no habla sólo de eso, sino del fatigoso proceso de democratización de los servicios de inteligencia argentinos. Desde el día en que Luis Clur, secretario de redacción de La Opinión, lo mandó con un billete de 1.000 pesos a buscar el cuerpo de Edgardo Sajón a la morgue del hospital municipal Diego Thompson en sus tiempos de periodista, hasta los levantamientos carapintadas y el secuestro de Osvaldo Sivak durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El rol de Stiuso en la investigación de ese emblemático caso, el papel del Batallón de Inteligencia 601, la desmilitarización, las escuchas, el chantaje y la atomización de la SIDE a partir de su salida, que parece haber gestado a un demonio de mil cabezas  –como lo llama–, el cual dio vida a lo que define como el Estado mafioso de Cambiemos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo legal y lo ilegal de lo que habla Moreau?

 

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

 

Visita a una morgue

Moreau vuelve a sus días de periodista en dos momentos de la entrevista. Al arrancar y al final, cuando se apaga el grabador. El primero es el día que lo mandaron a entrevistar a Arturo Frondizi. Recién entraba a La Opinión y al volver a la redacción se dio cuenta de que le habían dado un grabador con pilas gastadas. “Llego al diario y cuando pongo el grabador oigo guauuu, guaaaa. No se escuchaba nada, pero nada de nada. Yo casi me suicido, no sabía qué hacer. ‘¿Qué hago?’ Volver a pedirle una entrevista era un papelón terrible. Me la jugué, y dije: ‘Bueno, voy a apelar a la memoria’. Y escribí”. Moreau era estudiante de Derecho y militaba. Entró en La Opinión para cubrir la sección de política universitaria y el periodismo era una manera de ganarse la vida. Estaba seguro de que lo suyo era la política. Como ningún periodista vivía de un solo trabajo, alternaba con el diario Noticias, bajo la dirección de Miguel Bonasso, el diario La Calle de Martha Mercader y más tarde Confirmado. En abril de 1977, cuenta casi en el final, un día vio a Jacobo Timerman meterse en el despacho del director editorial de La Opinión, Enrique Jara. La redacción era un gran galpón con los gabinetes de los jefes adelante. Moreau estaba en su escritorio. Timerman rompía papeles y los tiraba en un tacho. Jara había desaparecido. Moreau se acercó a Timerman con reverencia.

—Jacobo, ¿por qué no deja todo y se va del país?preguntó.

—Porque soy judío —respondió Timerman—. Y los judíos estamos resignados a la persecución.

Dos días más tarde, lo secuestraron. Esa escena rebota en otra anterior. Acaso pocos días antes, a principios de abril. Luis Clur era secretario de redacción. Lo mandó a buscar el cuerpo de Edgardo Sajón a la morgue del hospital Thompson. Tenía algún dato. Le dio 1.000 pesos y un coche. Moreau llegó a San Martín, bajó, buscó al director del Thompson, se presentó con credencial y explicó todo. Inmediatamente vio cómo la cara del director se desfiguró. Y le dijo que se vaya. En vez de irse, Moreau se metió en un pasillo con tanto tránsito como la calle Florida y logró saber dónde quedaba la morgue. Llegó, golpeó, volvió a decir todo de nuevo. Antes de que le cierren la puerta, sacó el billete de 1.000, rogó, dijo que podía perder el trabajo. Siempre se arrepiente de esa insistencia que lo condujo a ver algo parecido al infierno. Estaba seguro de que reconocería a Sajón porque medía dos metros, pero no lo encontró en la morgue. Sin embargo, sí vio una heladera con diez cuerpos mezclados, unos arriba de otros, jóvenes, con ropas de chicos, con marcas de balas, heridos y acribillados. Estuvo a punto de desmayarse. Preguntó algo. Su anfitrión dijo que llegaban cuerpos así todos los días y que después los llevaban a fosas comunes.

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

 

Desmilitarizar a la SIDE

—La historia de la SIDE está marcada por avances y retrocesos en su democratización. ¿Cómo fueron los primeros días?

—Primero, no soy especialista en inteligencia, soy un militante político que tiene a cargo la responsabilidad de conducir una comisión vinculada a esa temática desde el punto de vista del control democrático. Obviamente, tengo una mirada sobre cómo evolucionó lo que se denominó la SIDE. Segundo, la militarización no se inició con el golpe militar del '76, en todo caso se acentuó. Comenzó en los orígenes. Hasta la llegada de Alfonsín siempre estuvo conducida por un militar, incluso en procesos democráticos. Se creó en el primer peronismo. ¿Y por qué siempre estuvo militarizada? Porque los gobiernos veían riesgo a la estabilidad en las alternativas golpistas que se originaban dentro de las propias Fuerzas Armadas. Le pasó a Perón en los '50, le pasó a la llamada Revolución Libertadora con sectores vinculados al peronismo como el levantamiento del 9 de junio; a Frondizi. Luego, la militarización se refuerza y multiplica a partir del '76. Pero la SIDE no fue el epicentro de las grandes decisiones represivas, el epicentro fue el Batallón 601. Allí se resumía la información y decidía el destino de los secuestrados. No digo que no hubiese sido una auxiliar, pero las decisiones las tenía el 601, que funcionó en Viamonte y Callao.

—Los juicios de lesa releyeron la relación entre SIDE y 601. La SIDE aparece como lugar de ascensos del Batallón 601, lo que subraya interrelación, pero discute de dónde manaban las órdenes. Pero en el '83, ¿Alfonsín creó un organismo paralelo porque no confiaba en sus servicios secretos?

—Como parte de la política de desmilitarización del Estado, no sólo de la SIDE, Alfonsín decidió por primera vez en la historia que la conduzca un civil. Eso no resolvía la desmilitarización, pero era una señal política fuerte. No se resolvió de la noche a la mañana, hubo bolsones operativos que sostenían un lazo con las estructuras militares. Eran días de tensión permanente con las Fuerzas Armadas, estaba el Juicio a las Juntas, la CONADEP y la política de derechos humanos. Una gran tensión y algunos episodios para los cuales hubo que generar una especie de estructura paralela. Un caso paradigmático fue Sivak, secuestrado por segunda vez en el gobierno de Alfonsín por quienes lo habían secuestrado en el gobierno militar. Querían extorsionarlo. Hubo que constituir un grupo de trabajo paralelo. Los partidos políticos no tenían especialistas en inteligencia, siempre había sido un tema del poder militar. Además, los partidos habían gobernado poco en una democracia interrumpida. Y esa falta de formación era una falencia. Se trató de formar gente. Se mandó a alguna al exterior, a España, y se armó un pequeño grupo de trabajo. Con el caso Sivak aparece un tipo relativamente joven que se anunciaba como ingeniero electrónico, especialista en tomar teléfonos. Se llamaba Antonio Horacio Stiuso y colaboró mucho en ese momento. Ya estaba en la SIDE. Se mostraba colaborativo, era civil, un tipo joven y daba la impresión de que no había estado comprometido con la represión. Alguien lo habrá chequeado. En el grupo jugó un papel decisivo un comisario de la Policía de Provincia de Buenos Aires, luego comisario general. Ese comisario identificó a Raúl Guglielminetti como parte del grupo operativo del secuestro. Y con ese dato se descubrió que también estaba en la unidad de custodia presidencial.

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

—Guglielminetti se había infiltrado.

—En realidad, lo había traído de la mano un tipo que Alfonsín había designado en Presidencia. Era un operativo de la denominada mano de obra desocupada. Se empezó a tirar del piolín y se descubrió a la banda. Estaba Hansen, un suboficial de la Bonaerense que había sido secretario privado de (Ramón) Camps y aunque era suboficial tenía un poder enorme en la Policía –otro problema que teníamos por la influencia que había dejado Camps–. Pero se avanzó. No se salvó la vida de Sivak, pero se esclarecieron responsabilidades. Luego hubo otros casos resonantes. Carapintadas. La SIDE se iba desmilitarizando, la planta profesional estaba más o menos alineándose. La estrategia era ir sacando la vieja conducción, pero los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas seguían en manos de las Fuerzas Armadas y ellos sí tenían especialistas: en inteligencia, acción psicológica, oficiales, muchos vinculados a los carapintadas, con una pata muy fuerte en esa estructura. Por eso, en ese momento, la información que nos llegó sobre la sublevación de Semana Santa no vino a través de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que la ocultó. Llegó 48 ó 72 horas antes, y aunque parezca mentira, vino a través de sectores sindicales del peronismo. Teníamos pistas de lo que se estaba por producirse, no detalles, pero sabíamos que el mayor Ernesto “Nabo” Barreiro iba a meterse en una guarnición militar. No sabíamos dónde. Teníamos sospechas de Córdoba, donde le habían puesto una bomba a Alfonsín el día que la visitó. La bomba estaba en el camino donde pasaba el auto; no estalló, pero era significativo. Teníamos identificado a Barreiro, Córdoba, Rico todavía no aparecía en el radar y sabíamos que muy probablemente iba encontrar solidaridades.

—Barreiro se sublevó cuando se ordenó su detención. ¿Hubo comunicaciones con la Justicia para evitarlo o evaluarlo?

—No. Se decidió seguir adelante. El otro gran traspié de la inteligencia es La Tablada, tanto que en las primeras horas el gobierno creía que era una sublevación carapintada. No tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Hubo una falla grave y hasta el día de hoy es muy difícil establecer si fue una operación de inteligencia armada desde afuera o una acción infantil y delirante. Hubo tensión con los organismos de inteligencia del Ejército. Algunos le atribuían al gobierno favorecer ese levantamiento. Fueron días de mucha tensión. Alfonsín visitó La Tablada para parar la matanza, pero fue un golpe muy duro porque una cosa era enfrentar a los carapintadas y la derecha y otra encontrarse con esto. Fue un factor que debilitó mucho al gobierno.

 

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

 

De los carapintadas a Stiuso

—¿Hubo una regresión en la SIDE después de los levantamientos carapintada?

—No hubo mucho cambio. Sí, en la conducción. La SIDE se fue desmilitarizando, si por eso se entiende que se fue yendo el personal militar. Eso ocurrió. Otra cosa del período es que muchas actividades de inteligencia que no se podían hacer con la SIDE, se hacían con la Policía Federal. Tenían los famosos Plumas, con un servicio de inteligencia muy eficiente, aún más que la SIDE. Allí se hizo la limpieza de la famosa Banda de los Comisarios, que primero habían logrado meterse bajo el ala del gobierno hasta la designación del comisario Juan Ángel Pirker al frente de la Federal. Se hizo una gran limpieza y la inteligencia de la Policía Federal se alineó con el gobierno. Fueron muy eficientes después de la primera sublevación con los carapintadas, ayudaron en el control y vigilancia y descubrieron la banda de Arquímedes Puccio, un resabio del servicio de inteligencia de la Aeronáutica con la banda de Aníbal Gordon. Para esa época, creamos una oficina de Defensa del Orden Constitucional en la PFA en paralelo a la sanción de la Ley de Defensa de la Constitución. El grupo siguió funcionando, incluso tras la muerte de Pirker, en circunstancias medio raras. Lo que no ocurrió en esa etapa, ni con el menemismo, es que la SIDE desarrollara un plan sistemático respecto de los opositores. Sí había una inteligencia curiosa, una guía tal vez, pero no un plan de persecución. Lo que sucedió sí es que se gestó una capa profesional, cuyo liderazgo empezó a tomar Stiuso y eso se consolidó con la AMIA.

—Durante la AMIA todavía estaba activo el 601 en las investigaciones con la Justicia. Aún sobrevivía eso de la militarización. Pero con Stiuso crecía otro sistema. ¿Cuál era el lugar en la estructura?

—Stiuso se hizo cargo de Contrainteligencia y se fue transformando en una especie de imprescindible para los gobiernos, entre otras cosas, por aquella falencia de no tener gente formada en la inteligencia. Desarrolló una estructura casi propia, casera, familiar, creó su estructura profesional. Y aparecía como servicial, pero también chantajeaba a los gobiernos de turno a partir de la misma información que acumulaba. Era su juego. Había tomado bastante poder con Menem, pero empieza a corromperse la estructura cuando toma poder definitivo con AMIA porque se alineó con la interpretación de la CIA y el Mossad sobre el atentado y confrontó con lo que se llamó la Sala Patria de la SIDE, que no coincidía e insistía con la investigación de la pista siria. En el medio apareció el pago a (Carlos) Telleldín, la participación de la SIDE, el juzgado de (Juan José) Galeano. Stiuso consolidó su poder. Tercerizaron el caso AMIA en materia de inteligencia. Confrontó con Jorge “El Fino” Palacios y otros nombres de la Sala Patria. Y ese poder se articuló con la emergencia de los jueces federales porteños de Comodoro Py, que eran los jueces de la famosa servilleta. Hay un punto de contacto entre ellos, que es la figura de Hugo Anzorreguy (NdR: abogado y jefe de la SIDE entre 1990 y 1999) y que vincula la central de inteligencia con los jueces de la servilleta. Para mí, así empieza el proceso que tuvo su máxima expresión en el macrismo: vínculos entre la SIDE y el fuero federal porteño designados en las causas calientes. Se establece una sociedad. Stiuso les resultaba útil, pero también era una amenaza.

—Así, el ciclo que se inicia entre la AMIA y la servilleta con la lista de jueces de Carlos Corach, que Domingo Cavallo denunció en 1996, tuvo un final en 2015.

—Stiuso acumuló poder, que termina cuando Cristina Fernández decidió sacar al “Patrón de la SIDE”, así le decían, unos meses antes de la muerte de (Alberto) Nisman. Lo demás es conocido: eso tuvo una repercusión en tribunales, “el Patrón” se refugió y contraatacó al gobierno de CFK e intentó instalar la teoría del asesinato de Nisman, funcional a los fondos buitre que financiaron la campaña que trataba de vincularla al asesinato. La salida de Stiuso fue un cimbronazo dentro de la SIDE. Y golpeó a los tribunales de Py porque perdían a su socio. Ahí se inició una etapa muy breve de seis u ocho meses: el gobierno decidió sacarle las escuchas que había manejado históricamente a través del sistema Ojota, estableció límites para los fondos reservados, desplazó al stiusismo de lugares claves y se hicieron denuncias sobre manejos de negocios, pero todo duró poco. No hubo tiempo de llegar a un cambio profundo, aunque lo que se hizo fue un golpe muy duro.

—Tanto que cuando asumió Macri, todo volvió a atrás.

—Sí. Hasta que llega Macri. Siempre digo que el lawfare no empezó con Macri. Existía antes en la Argentina y en otros países. El caso Nisman, la cuenta inexistente de Máximo (Kirchner) y Nilda Garré en Estados Unidos. Eso era lawfare sin que Macri hubiera llegado al gobierno. Empieza antes, entre otras cosas, para pavimentarle el camino a la Presidencia. Lo que sí ocurrió con Macri es que institucionalizó el lawfare como política de Estado y puso al servicio del lawfare todas las estructuras apenas se sienta en el sillón de Rivadavia. Si analizás qué pasó entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, en medio de las Fiestas y la sidra, vas a ver que se tomaron un montón de decisiones que hablan de un plan preconcebido. Lo primero fue sacarle las escuchas a la Procuración, pasarlas a la Corte y restablecer los fondos reservados porque necesitaba financiar el espionaje ilegal. En los primeros meses de 2016 desarrolló una estructura que le permitió extender el espionaje donde el macrismo se sentía más débil que fue, por ejemplo, la creación de las bases AMBA en la Provincia de Buenos Aires. Así, empezaron a armar un demonio de varias cabezas donde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) cumplía tareas de inteligencia y recolección de información; articuló con la AFIP, Migraciones, UIF (Unidad de Información Financiera), Servicio Penitenciario. Montó una estructura sistémica con un engranaje en la Justicia a partir de lo cual se rompió el pacto democrático del '83, y eso fue lo más grave.

 

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

Estado espía

Moreau menciona el pacto democrático como una línea de tiempo compuesta por leyes fundamentales: Ley de Defensa Nacional de 1988, votada por unanimidad para limitar a las Fuerzas Armadas; la Ley de Seguridad Interior de 1992, para limitar a las fuerzas de Seguridad; la Ley de Inteligencia de 2001 con Fernando De La Rúa, cuyo artículo 4° prohibió expresamente el espionaje político. También menciona un pacto implícito de todos los gobiernos de Alfonsín a Menem, De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner: no perseguir ni encarcelar a la oposición. “Hubo episodios. La inteligencia, curiosa como dije antes y que no justifico, pero tenía una naturaleza distinta a la que vino después: una cosa era que saber qué hacía tu adversario y otra tirarle encima todas las estructuras del Estado, incluido el Poder Judicial”.

Por eso, a esa evolución la llama Estado mafioso. Algunos creen que la salida de Stiuso hizo estallar a la SIDE por dentro con una completa atomización. La teoría del Estado mafioso parece contener también una explicación para tal situación.

—¿Qué es “Estado mafioso”? ¿En qué piensa? ¿En Calabria y el clan Macri?

—Digo “Estado mafioso” porque fue una estructura que se movió con los resortes del Estado, pero en paralelo. Creo que hay un componente que no me atrevería a decir que proviene de la 'Ndrangheta, pero sí de una mentalidad mafiosa. ¿Cuál es uno de los objetivos de la mafia? Transformar lo ilegal en legal. Ellos se movían con la idea de darle visos de legalidad a la ilegalidad.

—Existía, es cierto, una rara obsesión por construir legalidad de lo prohibido: una resolución firmada a plena luz permitía cosas completamente imposibles, como perseguir “factores” políticos en la AFI. O esa insaciable búsqueda de jueces para que legalicen cosas aberrantes.

—El expediente del G20 es un ejemplo paradigmático. Era un evento que duraba unos días, pero lo usaron a lo largo de dos años como pantalla de un montón de actividades ilegales. Es decir, trataron de darle a lo ilegal visos de legalidad y lo mismo hicieron con el saqueo económico. Y eso es muy típico de lo mafioso. Es el esfuerzo que hace el Padrino para transformar en legal todo lo ilegal al transformarse en banquero del Vaticano. Por eso lo llamamos así.

—Emilio Mignone y Augusto Conte desarrollaron la doctrina del paralelismo global para pensar la dictadura como superposición de dos estructuras: una legal y otra clandestina. Resoluciones y decretos que legalizan un Estado de excepción junto a otro carril paralelo con desapariciones o secuestros y cosas clandestinas de las que nadie decía nada. Tenían habilitada la pena de muerte legalmente, pero mataban y escondían los cuerpos. Aquí parece haber algo igual y algo distinto: la intención de legalizar lo clandestino. Blanquearlo. Permitir lo prohibido. ¿Cuánto hay de responsabilidad del macrismo y cuánto tiene que ver con otra cosa más nuclear y argentina?

—Tal vez hay una matriz común con aquel período, con final diferente. No se trató de secuestrar ni desaparecer personas, sino de destruirlas civilmente y en algunos casos económicamente. También hubo un remate parecido. Cuando la dictadura se retiraba, sancionó la Ley de Autoamnistía, que pretendía exculpar a todos los que habían participado. Por eso, desde la Comisión Bicameral calificamos el fallo de (Mariano) Llorens y (Pablo) Bertuzzi (de diciembre de 2021) como un fallo de autoamnistía, porque pretendió exculpar a los máximos responsables de la AFI, dejar bajo la lupa a cuatro perejiles y también pretendió exculparlos a ellos como jueces porque formaron parte de la misma estructura de persecución sistemática.

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

 

Consensos para la inteligencia

—Ya hablamos de la Conadep y de la discusión de aquellos años. ¿Qué pasó con la Conadep del espionaje?

—Logramos, hasta ahora cumplir, con las funciones que tenemos. Garantizar que los servicios no invadan la vida privada, no hagan tareas de inteligencia ilegal por razones políticas, religiosas. Se le ha dado volumen y prestigio a la Comisión. Era una Comisión casi inexistente, una escribanía. Yo asumí la Presidencia en diciembre de 2019. Estuve antes. También (Rodolfo) Tailhade. Logramos cosas como traer a declarar a (Silvia) Majdalani y a (Gustavo) Arribas, que tuvieron que reconocer la existencia de las bases AMBA, pero todo cobró mucha más energía desde que tenemos la mayoría en la Comisión. Se dio un paso muy importante con un papel más activo. Y aunque todos los casos tienen que ver con investigaciones de la gestión de Cambiemos, logramos un statu quo razonable con la oposición. No se oponen a la apertura de investigaciones, aunque obvio sacan conclusiones diferentes. El fallo de diciembre de Llorens y Bertuzzi es un fallo en consonancia con el dictamen de minoría de JxC en la Comisión. Cuando hicimos el informe final de Inteligencia, ellos hablaron de cuentapropismo, pero la verdad no sería honesto decir que pusieron trabas a la investigación.

—¿Están pensando en más?

—Estamos pensando en buscar consensos para sancionar por unanimidad o amplísima mayoría una nueva ley de inteligencia.

 

 

Foto: Luis Angeletti.

 

 

—¿Vieron el proyecto de Cristina Caamaño?

—Yo tengo un borrador. No hay proyecto todavía. Tengo un borrador de las ideas generales porque el Presidente lo anunció, pero todavía no está escrito. Caamaño me entregó el informe anual y el borrador. Nuestra voluntad política –y lo tengo hablando con Cristian Ritondo y demás– es ver si podemos hacer el esfuerzo de elaborar una ley que se sancione por consenso. Mostraron buena voluntad. Vamos a ver. Cuando el proyecto ingrese al Parlamento, la primera puja será que la Bicameral sea la cabecera. Y existe el compromiso de trabajar juntos una nueva ley para ver si avanzamos en un proyecto común.

—¿Tienen algunas ideas?

No tenemos un borrador, pero coincidimos en que la Bicameral tiene que ensanchar facultades de control. Y modificar, a la luz de la experiencia, normas que conspiran contra eso, como el caso de una o un agente que busque denunciar una ilegalidad porque ahora debe pedir que le levanten el secreto, ¿y quién lo levanta? El jefe de la AFI, a quien tal vez quiere denunciar. Eso la o lo deja en un callejón sin salida. Decimos que la Comisión sea la que levante el secreto, por ejemplo.

Los sótanos, el periodismo, la militancia. Y una vida al compás de la historia reciente de nuestro país.

 

 

 

 

 

 

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