Es el Estado, no los monos

Entrevista a Marina Magnani, concejala de Rosario por el Frente de Todos

 

Marina Magnani es concejala de Rosario por el Frente de Todos. Es su segundo mandato. Comenzó su militancia en 1995 en la agrupación H.I.J.O.S. y desde entonces recorre los barrios de la ciudad con una fuerte militancia territorial. Fue parte de la implementación de programas como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), desarrollados durante el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner. Conocedora del antes y después del dominio territorial de grupos criminales, Magnani explica cómo se llegó a la situación actual, quiénes son los personajes que están por detrás del negocio –que no ocupan los titulares de diarios– y lo que hay que hacer para encarar una solución definitiva del problema. También aborda el fenómeno de la financiarización del narcotráfico. Para Magnani, Los Monos son un invento mediático. “No son ellos los que mandan”, dice la concejala.

¿Cómo caracterizás lo que sucede en Rosario y cómo se llegó a esto?

Quiero agradecerles por ocuparse de Rosario, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que, desde las centrales del poder porteño, se ignoró demasiado tiempo esta situación que se fue agravando por la inacción absoluta, en un punto, de la Justicia Federal. El procurador (Eduardo) Casal es quien debería tener una política de persecución del crimen organizado hacia los fiscales federales de los juzgados que existen hoy en Rosario. Eso no existe y, a la vez, debería haber una planificación por parte de la fuerzas de seguridad nacional, del gobierno nacional. Lamentablemente, durante el gobierno de (Mauricio) Macri, eso no sólo fue inexistente, sino que, además, se cerraron los dispositivos que ya existían. La situación, agravada por la pandemia, por la política económica y la situación social post-pandemia, sumado a los quince años que llevamos de gobierno del socialismo en nuestra ciudad y con todo el deterioro institucional que generaron en la provincia, hizo que llegáramos a este punto.

 ¿Cómo es la presencia del Estado (sea municipal o provincial) en los barrios donde Rosario más sufre con el crimen organizado?

Muy escasa. La presencia que es universal es la escuela. Son muy pocas las escuelas que tienen jornada ampliada. Los clubes de barrio, que trabajan de una forma totalmente autogestiva. La mayoría de pibes y pibas no tienen acceso a cuestiones recreativas, artísticas, lúdicas, más allá de las cuatro horas que están en la escuela. Esta es la primera caracterización que hay que hacer del tema de las infancias.

Tenemos un lugar que asiste a pibes que están pasando por situaciones de consumo problemático, donde en la actualidad transitan entre 16 y 20 pibes de una ciudad donde tenemos 180.000 chicos y chicas que no estudian o trabajan, muchos de los cuales tienen problema de consumo. Los dispositivos específicos son muy pocos, testimoniales. Los dispositivos recreativos, lúdicos… si recorrés los barrios de la ciudad, las colonias municipales, por ejemplo, tenían un cupo escasísimo.

Y tenemos la complejidad institucional de muchos años de no control civil de las fuerzas de seguridad, de las jerarquías policiales totalmente sustanciadas con la administración del delito, y remarco que son las jerarquías. No hay que culpar al laburante que, a veces, es el mismo pibe que no tiene opción laboral y se anota en la policía para poder tener un sueldo en blanco. O pibes y pibas que son del norte de la provincia, de familias trabajadoras que viajan 200, 400 kilómetros para venir a Rosario a trabajar de policías y que no son los que definen la estructura y la administración del delito. Esta autonomía de la jerarquía policial fue consecuente durante años.

Cuando se crea la PDI (Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe), se crea dependiendo de la misma policía. En los lugares donde funcionan, dependen de las fiscalías. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que les permite tener un cuerpo policial propio que hace las pericias y la investigación. En el caso de Santa Fe, cuando eso se propuso como ley durante el gobierno de (Miguel) Lifschitz, el Frente Progresista, que hoy está en alianza con Juntos por el Cambio –con Maximiliano Pullaro, que quiere ser candidato a gobernador–, eliminó esa autonomía y establecieron que dependiera de la misma estructura policial. ¿Qué terminó ocurriendo? Que el fiscal, ante una investigación del delito complejo, tenía que recurrir a la misma policía que, quizás, estaba implicada en el mismo delito. Esto lleva a que la policía regula y auto-regula el negocio, puntualmente el de tráfico de drogas en Rosario.

Marcelo Saín declaró que si él fuera rosarino, preferiría que las cosas fueran como antes, cuando era la policía la que controlaba el tráfico de drogas. Desde Buenos Aires se indica que quienes mandan serían Los Monos o alguna familia. ¿Alguna vez la policía perdió el mando?

No. Además hay que hablar de los financistas. Los Monos terminan siendo como una especie de relato, de construcción ficticia, parecen como una familia mega-poderosa y monstruosa de la que hablan todos y nadie de los apellidos de los que verdaderamente construyeron poder. Es preciso mencionar a Gustavo Shanahan, quien era el empresario financista que se sacaba fotos todos los años en la apertura de operaciones de la Bolsa de Comercio con el gobernador Lifschitz y con la intendenta Mónica Fein y era planteado como el proto-hombre de la ciudad de Rosario. Termina detenido a partir de una investigación que se inicia en la provincia de Buenos Aires y que culmina con un allanamiento en sus oficinas.

Podemos mencionar también a Alberto Padoán, quien era el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y hoy está imputado por lavado de activos. Responsable, también, del préstamo que hizo el Banco Nación a la empresa Vicentin, que constituyó una estafa para el banco. Padoán, junto con Nardelli, fueron parte de esa operación. Vicentin es el controlador del puerto de Rosario, desde donde salieron miles de toneladas de drogas (deducimos que salieron de acá) a partir de una investigación que se inicia en Barcelona. Repetimos este patrón: las causas se inician en otros lugares y llegan a Rosario. Vicentin era responsable de las cámaras que tenían que registrar las operaciones para la Aduana y la AFIP, pero estaban apagadas en el momento en el que la investigación en España ubica esta operación.

Al reconstruir, podemos ver que no son una familia de personas que son semi-analfabetas de un barrio muy humilde los que están atrás de estos negocios. Hay que quitar el velo de lo que está ocurriendo en Rosario, que es que no hay persecución penal ni investigación del lavado de activos. Estamos reclamando que la Unidad de Investigación Financiera exista, que tenga una unidad de investigación que se asiente en Rosario. Esto depende de la Nación. Que se creen los juzgados federales.

Hace poquito vimos cómo Juntos por el Cambio no dio quórum para eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay una construcción de demonios, y cuando uno rasca un poquito, los demonios son gente de traje, abogados. En la ciudad hay abogados que representan siempre a las bandas. Si hace 15 años que trabajan para ellas, ¿están prestando un servicio o son parte de ellas? ¿Quién investiga eso? Hay una estructura empresarial que se montó a partir del lavado del dinero del narcotráfico: eso es lo que hay que investigar.

Vos decías que es un problema que viene de hace muchos años atrás.

15 años. Así como es hoy en día, yo lo ubico en 2007.

Primer mandato de Cristina.

Primer mandato de Hermes Binner. Creo que se tiene, a nivel provincial, una política que fue perjudicial institucionalmente, que fue darle mucha autonomía a las jefaturas policiales. A partir de ahí se constituye una especia de cúpula policial muy atravesada por estos negocios que auto-definían el poder y la logística territorial. Fue un error, no sé si por acción u omisión. Algunos años después ocurrieron hechos graves, como el asesinato de (Luis) Medina, investigado por presunto narcotráfico, que fue acribillado a balazos junto a su novia y el ministro de gobierno de ese momento, (Antonio) Bonfatti (que después sería gobernador) hace llevar la computadora de este presunto narco a una oficina del Ministerio para abrirla sin mediación de la Justicia, habilitando eso. La computadora se bloqueó, se borró todo lo que había. ¿Qué ocurrió después? Se hizo una comisión de investigación donde las personas que pasaron por allí decían que, en realidad, hubo colaboración económica en la campaña. Ningún fiscal llamó a esas personas a declarar en sede judicial.

Los problemas que existen en Santa Fe son institucionales. Todo esto que te estoy contando son cosas públicas. Todo se escribe, todo se sabe, nada se investiga. Hay muy buenas investigaciones periodísticas, están los testimonios con versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados. La misma jueza (María Luisa) Pérez Vara, que durante ocho años tuvo pisada la investigación, tenía un prosecretario –que luego fue propuesto por el socialismo para ocupar una fiscalía– que hoy está detenido por participar en actividades ilícitas. El jefe de fiscales regional hoy está preso. Eso, para mí, tiene un nombre, y es la gestión del socialismo en la provincia, donde generaron un desaguisado institucional que les permitió a las bandas ocupar lugares institucionales muy importantes.

Estás diciendo que tienen participación, o por lo menos están infiltrados, en el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Por lo menos es eso lo que nos va demostrando cada episodio que se hace público. Lo que hace falta es una intervención muy seria. Hay algunas propuestas de espacios políticos que dicen: “Acá tiene que venir el Ejército a las villas”. ¿Y a las financieras? ¿Y a los juzgados? ¿Nadie tiene que investigar ahí? ¿De quién depende la administración de justicia en este país? El procurador fiscal, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué están haciendo para investigar el crimen organizado en Rosario? La Terminal Puerto Rosario, administrada por Vicentin… se comprueba a partir de una causa penal iniciada en Barcelona que salían cargamentos de ahí y de que la cámara estaba apagada. Ahí hay autoridades provinciales que tienen que definir sobre la concesión del puerto, el Ente Controlador de Puertos de Santa Fe tiene que definir. Una empresa que, presuntamente, colabora en actividades de narcotráfico desde un puerto público de esta provincia.

Estos son los interrogantes para entender Rosario, porque si no parece que nació de una locura de cuatro pibes tira-tiros en un barrio. Esto es un negocio que mueve muchísimo dinero y del que participan instancias importantes desde lo institucional. Debemos tener una legislación que nos permita modificar la estructura de investigación, modificar la policía. Necesitamos reestructurar las fuerzas de seguridad, porque dentro de ellas también hay personas que quieren evitar esto y que no lo pueden hacer porque sus superiores están comprometidos con el delito. Este relato lo encontramos todos los días con policías de calle.

Muchas cosas para analizar: una es la Justicia, la investigación, el camino del dinero, la investigación sobre los bienes donde se lava ese dinero; otra es la estructura de las fuerzas de seguridad para investigar eso y coordinar con la Justicia; y una tercera pata, fundamental, que es la social. ¿Cómo hacemos para ocupar territorios, para darle un proyecto de vida a miles de pibes que el único posible que ven está vinculado con el narcotráfico, porque no hay nadie más? La realidad de pibes de 11, 13 años, que lo único que tienen a la vista es al transa del barrio, que les ofrece una moto, un arma. Ahí el Estado tiene que salir a hacerse cargo.

Rosario es una ciudad que ya fue así. Los que son un poquito más viejos saben que se le decía la “Chicago argentina” porque en la primera mitad del siglo XX era un lugar de trata de personas, un enclave portuario de tráfico, era violenta. Rosario era así y con el Estado de Bienestar dejó de serlo. Se rectificó con un proyecto productivo a nivel nacional, con el peronismo dándole una respuesta al insertar el país en un proyecto productivo e insertar a Rosario dentro de ese proyecto. Tener jornada ampliada en los colegios, hogares escuelas, clubes de barrio, política de infancias y protección de las infancias. Y con Néstor y Cristina, Rosario era destinataria de muchas políticas sociales, que después se terminaron. No las tuvimos más ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. Nadie cuida a los pibes y las pibas.

¿Cómo analizás los anuncios del Presidente sobre el envío de 1.400 gendarmes, del grupo de ingenieros para reurbanizar los barrios? ¿Y eso de que va a enviar 600 cámaras para reconocimiento facial?

Si van a urbanizar villas, es algo que había que hacer más allá del narcotráfico. Porque vivir sin agua, sin luz, sin asfalto y sin cloacas, es indigno. Acelerar la urbanización de los barrios populares tiene que ver con la dignidad humana. Si lo hacen por el emergente de la situación de violencia, en buena hora, pero había que hacerlo antes. Era, también, una forma de prevenir. Lo demás… me parece que si no se piensa algo integral, vamos a dar respuestas temporarias que van a tener un efecto inmediato, pero van a durar lo que dure la presencia de esos gendarmes.

No sé si recuerdan la intervención de Sergio Berni en 2014. Tuvo características integrales. Venían a patrullar, a realizar inteligencia, pero también venían dispositivos sociales. Había organismos nacionales que venían a generar dispositivos de asistencia: PAMI, ANSES, los camiones sanitarios, camiones odontológicos, toda una intervención que se hacía en los territorios articulando con los Centros de Salud locales, articulando con los clubes de barrio. Había un sentido de comunidad que se generaba, la Gendarmería era una parte. El anuncio, bienvenido sea. Hay que complementarlo. Hay que construir proyectos de futuro para los pibes y pibas. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué los jóvenes en Rosario matan a otros jóvenes? El promedio de pibes que matan y mueren tiene 17 años. ¿Qué pasa en nuestra cultura para que esto suceda? Si no les podemos transmitir esto, todo lo que hagamos va a quedar en una foto.

Son chicos que crecieron con el socialismo en el gobierno.

Son pibes que crecieron con el neoliberalismo. Hace ocho años que las políticas hacia nuestro territorio son de ajuste, de hambre y de ausencia del Estado. Un pibe que hace ocho años tenía cinco, hoy puede portar un arma. Y lo hace. La demonización nos oculta que detrás del arma hay personas, una historia, hay que ver cómo se llegó ahí. Si no podemos analizar las causas, no podemos encontrar soluciones.

Vos que venís militando en los barrios desde el '95, ¿qué podés encontrar en la situación de esos chicos, de su familia, eso en común que te lleve a decir: “El origen de las causas es este”?

Una familia típica de Rosario, en un barrio popular, tiene que dejar a sus hijos solos. Después del tiempo que están en la escuela, si la mamá o el papá tienen que trabajar, a los niños los cuida, generalmente, un hermano más grande. Si no, un familiar. Si no hay una estructura familiar, al niño no lo cuida nadie. No hay políticas de cuidado, ese es el primer punto. ¿Cuánto trabaja, en promedio, un albañil en Rosario? De las siete de la mañana hasta las siete de la tarde. Es una ciudad que reconvirtió su perfil industrial a uno de servicios, donde lo único que tenemos es la actividad constructiva. La construcción de edificios donde, no casualmente, se lava todo o parte de ese dinero mal habido. Un laburo de baja calificación, precario, generalmente mal pago, temporario. Ese es el perfil de la estructura social en Rosario. En el marco de eso, los pibes crecen en un entorno donde prolifera esta violencia.

Según tu caracterización, se viene de una destrucción muy grande del entramado social y esto viene a posibilitar que los chicos entren en otro entramado que también los sostiene en el barrio y hasta de cuidado financiero.

Eso es un aspecto gravísimo que también es consecuencia, en algún punto, de inacciones o acciones del Estado. El narco se financiarizó, empezó a prestar dinero. Nosotros tuvimos dos etapas de fuerte endeudamiento. El primer período del gobierno de Macri, todas las devaluaciones y aumentos tarifarios… hubo familias que se endeudaron con el sistema bancario tradicional, financieras, mutuales, no pueden pagar y empiezan a endeudarse con personas que en el barrio son identificadas como financistas del narcotráfico. Esto no sólo genera una deuda económica, sino una deuda de favores. Quien te ayudó en ese momento generó una deuda moral. Hay muchas personas en esa situación.

El Estado, con Cristina, tenía políticas para los sectores trabajadores: de financiamiento, de microemprendimientos. Nosotros tramitábamos accesos de pequeñas fábricas, un taller, que podía acceder a un crédito fiscal, a un sistema de microcréditos. Todo eso Macri lo eliminó. El Estado fuera del sistema crediticio formal, eso se eliminó. Después tuvimos la otra etapa de endeudamiento, que fue la pandemia. Si bien el Estado pagaba REPRO (Programa de Recuperación Productiva) a las empresas, el que trabajaba con una economía más marginal, no registrada, no podía acceder a las ayudas. Ese sector se endeudó fuertemente durante la pandemia. ¿Con quién lo hizo? Con el que se la podía prestar que, en muchos casos, fue el narco. Hoy nos encontramos con situaciones en las que amenazan a gente para que se vaya de su casa: son personas que le deben dinero a estas estructuras que, en pago, les exigen sus casas, aunque sean precarias.

Ahí hay una acción que puede hacer el Estado. Hay una política habitacional. ¿Por qué una persona se endeuda para pagar el alquiler, por ejemplo, del taller con el que sostiene a su familia? Ahí hay una anomia fuerte que tenemos que identificar. Por eso insisto en una solución integral. Tiene que ser un trabajo en pinza, coordinado con muchas áreas del Estado y fundamentalmente, el Poder Judicial.

Entre los candidatos tenemos quienes simplifican la solución, quienes sólo dicen que es grave y los que aseguran que hay muchísimo para hacer, pero te escucho y pregunto: ¿es muchísimo lo que hay que hacer o es hacer algunas cosas básicas?

Es poco lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo.

¿Y qué sería?

Reconstruir la estatalidad. El macrismo y el Frente Progresista participan de la idea del neoliberalismo de que no tiene que haber Estado regulando las relaciones sociales. Para los que están de acuerdo con (Javier) Milei y todas esas ideas, eso ya se realiza. Rosario es la prueba de eso. El que quiera ver cómo funciona, que venga a Rosario. Termina así, con niños muertos. Un lugar donde el Estado no interviene y la única intervención es la de la jefatura de fuerzas de seguridad en connivencia con algunos funcionarios judiciales, en connivencia con algunos funcionarios políticos, donde el único interés es ver cuánta plata que viene de un origen no declarable se inserta en el mercado financiero. Porque las estructuras financieras blanquean todo tipo de dinero, los canales son los mismos.

En Santa Fe, los camiones llevan el doble de toneladas de lo que declaran. ¿Dónde se inserta esa otra mitad que no se declara? A estas estructuras financieras, que son las que también lavan lo que se produce de los ilícitos. Hay que reconstruir estatalidad en los tres niveles: Poder Judicial, en las estructuras administrativas de las fuerzas de seguridad y en los territorios.

Me imagino que para la gente del barrio, lo que cambió fue que llegó la televisión. Se vieron escenas donde vecinos y vecinas atacaron algunas casas donde se venden drogas. Aparecieron amenazas para que devuelvan cosas. ¿Qué imaginás que puede pasar?

Creo que se va a tranquilizar, producto de la multi-mirada que hay sobre la situación. Pasé por una situación similar en un barrio donde mataron a tres chicos jóvenes, donde todo el barrio reaccionó organizadamente en contra de los llamados transeros. Creo que lo que pasó es que el gobierno provincial intervino reprimiendo a las familias, una pésima decisión. La gente sintió que, además de que habían matado a los pibes, se los criminalizaba a ellos. Me parece que la llegada de fuerzas federales y su presencia puntual en ese barrio va a aportar calma. Una intervención que tenga tintes sociales, que tenga un aspecto de analizar este barrio. Donde ocurrió eso viven muchas familias del Chaco de la comunidad Qom. Si bien han tenido intervenciones urbanísticas, no tiene agua potable, por ejemplo. No podemos construir políticas de seguridad sin construir comunidad.

Y sin escucharla.

Es con la comunidad. No podemos planificar políticas de seguridad sin los actores que protagonizan la inseguridad. Se construyen con los vecinos, con las iglesias, con las organizaciones sociales que están en el barrio, el club, la vecinal, no es algo que viene de arriba para abajo. Tenemos que refundarlas porque, a veces, las soluciones ya están en el territorio. Falta darles forma. A veces la gente tiene la solución, lo que no tiene es la herramienta para llevarla adelante.

 

 

 

*Entrevista de Santiago Gómez, publicada por Agencia Paco Urondo el 14 de marzo de 2023.

 

 

 

 

 

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