Esclavos siglo XXI

Trabajadores forestales víctimas de trata para explotación laboral en Corrientes y Misiones

 

En medio del monte correntino se alzan unas cuantas casillas improvisadas con maderas y chapas. No tienen ventanas, parecen pequeños containers emparchados con cartones en los costados y unos naylons en el techo para que no pase la lluvia. Los pisos son en su mayoría de tierra, algunos cubiertos con maderas. Colchones viejos con frazadas hediondas se depositan en tablones y troncos que improvisan camas. Una choza más grande y abierta parece funcionar como un comedor. En el centro hay un barril con troncos y restos de un fuego prendido para calentar el lugar, y quizás cocinar. Hay otros troncos alrededor del fogón que ofician de sillas. Sobre una mesada hecha de tablones, algunas ollas y otros elementos de cocina. Un poco de comida se guarda en bolsas de plástico dentro de un cajón, como los de verdulería, sobre unas repisas precarias hechas con palos. No hay luz, ni heladera, ni agua caliente, ni baños. Solo un lugar a la intemperie con agua fría para asearse. Esa misma agua, contaminada, es la única que se puede beber. A pocos metros hay otros tres campamentos que replican las mismas condiciones de subsistencia. Ahora están vacíos, pero hasta hace poco menos de 15 días albergaban a tres o cuatro personas cada uno. En total eran catorce trabajadores forestales, víctimas de trata con el fin de explotación laboral.

El panorama con el que se encontraron el pasado 12 de agosto los organismos estatales cuando allanaron la estancia “Don Enrique” –ubicada en inmediaciones del kilómetro 493 de la Ruta Nacional 14, aproximadamente a 7 kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes– fue aún peor. No solo las condiciones de vivienda eran inhumanas: las de trabajo también eran deplorables. Las jornadas comenzaban a las seis de la mañana y finalizaban al anochecer. Cada mañana debían trasladarse caminando tres kilómetros hasta los asientos en donde realizaban la tala de árboles. Su tarea era el raleo, cortaban las ramas de una plantación de eucaliptos. Para ello utilizaban motosierras. No contaban con elementos de seguridad: ni cascos, ni guantes, ni antiparras. Lo poco que tenían, que incluía la ropa de trabajo, se los habían cobrado descontándoselos del sueldo.

El salario era muy por debajo de lo establecido por el convenio del sector y el salario mínimo vital y móvil. Cobraban por pesaje y los días que llovía no lo hacían, porque no producían. Según relataron las víctimas, la persona que les había hecho el ofrecimiento laboral les había dicho que tendrían ganancias de 100.000 pesos al mes. Sin embargo, en los hechos rondaban los 40.000. Les pagaban 15 pesos por metro de madera.

Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dijo a El Cohete que “hace tiempo no veíamos trabajadores en condiciones tan malas, nos remitió a 11 años atrás, cuando hicimos los primeros allanamientos en las zonas rurales”.

En igual sentido, el fiscal federal de Paso De Los Libres, Aníbal Fabián Martínez, encargado de la investigación preliminar, explico a este medio que “las condiciones estaban muy por debajo de las limitaciones que da la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para el trabajo laboral rural. Las remuneración, las condiciones de seguridad e higiene y de hábitat estaban totalmente disminuidas”.

La mayoría de las víctimas eran oriundas de San Javier, Misiones, y declararon que habían llegado hacía dos o tres semanas a través del transporte Crucero del Norte. El valor de los pasajes había sido descontado de los salarios, al igual que los gastos de comida, que les vendían en el día, permanecía a la intemperie durante mucho tiempo y muchas veces estaba en estado de semiputrefacción al momento de consumirla.

 

 

 

 

 

La captación

En la Argentina hay aproximadamente un millón de trabajadores migrantes temporales, conocidos como “golondrinas”, de los cuales sólo 250.000 están registrados y 750.000 son informales. La situación de vulnerabilidad genera un caldo de cultivo propicio para que muchos de ellos sean captados para ser explotados laboralmente.

Existen distintos sistemas de captación de las víctimas de trata con fin de explotación laboral en el ámbito rural. Por lo general, se apunta a trabajadores que provienen de los sectores más pobres, con necesidades insatisfechas y muchos ni siquiera alfabetizados.

La actividad de forestación se realiza desde hace muchos años en la zona del NEA. Es un oficio que pasa de generación en generación entre los peones y en el que también participan los menores de edad. Son los misioneros, principalmente, los que tradicionalmente realizan ese trabajo.

Se los transporta hasta los campamentos ubicados en los montes, en medio de las plantaciones, donde viven entre 15 y 20 días, para luego hacer un recambio de cuadrilla. En las últimas décadas se desarrollaron muchos bosques que no son autóctonos con fines de explotación en la zona mesopotámica. La forestación es una actividad que no es temporaria, funciona todo el año y en consecuencia la rotación de trabajadores es constante.

José María Servin, delegado de la región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, explicó a El Cohete que este tipo de modalidad de trabajo es similar a “una mamushka, o muñeca rusa” porque en ella conviven varios actores patronales: el dueño de la tierra, el propietario de la forestación que arrienda la tierra y los “contratistas”, quienes se encargan organizar el raleo o la cosecha de resina.

Estos últimos son los que captan a los trabajadores para que hagan el trabajo de la cosecha. En una misma plantación puede haber varios contratistas y cada uno impone distintas condiciones a sus trabajadores.

Según la coordinadora del Programa Nacional de Rescate, las víctimas de la estancia “Don Enrique” relataron que en los días que estuvieron allí no conocieron quién estaba a cargo del campo, solo sabían que su nombre era Tito. Respondían a los jefes de cuadrilla, uno por campamento. Por lo general, estos alguna vez fueron víctimas de trata y se posicionaron en un escalafón un poco más alto. Vivían en otro campamento, en el mismo lugar, que contaba con mejores condiciones de habitabilidad (con electricidad y agua caliente).

La fiscalía informó que las víctimas habían tenido una única entrevista con la persona que se presentó como el responsable: “Les habló con una actitud amenazante y les dijo a dos de ellos que no podían salir del lugar hasta haber cumplido cuanto menos 30 días de trabajo”.

Los campos están por lo general alejados de la zona urbana y de cualquier acceso. Para ir hasta la ruta y tomar un colectivo los trabajadores deben caminar kilómetros. Muchas veces el clima se los impide. En este sentido, Gatti remarcó: “El concepto de encierro de las víctimas de trata no significa únicamente que estén bajo llaves o con candado. Pueden estar aisladas y con la puerta abierta pero con imposibilidad de trasladarse fácilmente, como ocurre en muchos campos de la región”.

Los hombres rescatados revelaron que algunas de las personas que se movían por la estancia estaban armadas, ya que cazaban animales silvestres, y que eso les daba miedo.

En más de una ocasión los contratistas les quitan sus documentos de identidad a quienes llegan a los campos. En este caso, la mayoría de los trabajadores aseguró contar con su documentación. Excepto dos. Uno de ellos dijo que lo había dejado en su domicilio particular, al cual regresaba todos los días. Sin embargo, Gatti consideró difícil que el hombre pudiera trasladarse cada día a su domicilio, por los horarios laborales y porque no contaba con vehículo.

Fueron los mismos trabajadores los que denunciaron la situación que estaban viviendo. El 6 de agosto pasado, un hombre se comunicó telefónicamente con la Guardia de Prevención del Escuadrón 7 “Paso de Los Libres” y contó que junto con otras personas habían sido trasladadas “para trabajar en el campo” pero se encontraban a la deriva, viviendo en condiciones inhumanas y trabajando de forma precarizada.

Tras el pedido de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Martínez, y el Juzgado Federal de esa ciudad, con Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda a la cabeza, se realizó el operativo con profesionales de distintas áreas del Estado, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

 

 

 

Una práctica habitual

El trabajo esclavo en el ámbito rural no es novedad en nuestro país. Entre 2021 y 2022 el RENATRE realizó fiscalizaciones en las que se encontró a 1.050 trabajadores rurales en situación de explotación laboral rural. Solo en los primeros seis meses de este año, el Programa de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liberó a 333 personas víctimas de explotación laboral. La lista está encabezada por los delitos ocurridos en el ámbito rural.

Si bien en la zona del NEA hay muchos campos en los que se detectaron víctimas de trata, las denuncias son pocas. Lo ocurrido con los trabajadores de la estancia “Don Enrique” rememoró otro caso emblemático de Paso de los libres ocurrido en 2011, conocido como la causa Batelito. Entonces se rescató de un campo a más de 40 víctimas de trabajo esclavo. Las condiciones eran similares: las jornadas laborales duraban 10 horas, ningún trabajador estaba registrado y a muchos les retuvieron sus documentos. Recientemente un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir el juicio a cinco empresarios responsables de los delitos de “trata de personas y reducción a la servidumbre” que habían sido absueltos en 2021.

“Los explotadores se esconden detrás de cooperativas de trabajo y cuentan con la connivencia del Poder Judicial y del poder político. Sumado a esto, fallan los controles administrativos”, dijo sobre el caso el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera.

Quienes trabajan en el rescate de víctimas de trata en el ámbito rural aseguran que hubo algunas mejoras en los últimos años, aunque queda mucho camino por andar. Gatti aseguró: “Desde el primer caso que tuvimos en 2011, hicimos miles de allanamientos en el país, con excepción de los años del gobierno de Macri en que se detuvieron casi por completo. Vemos que las condiciones de algunos de los campos mejoraron considerablemente y en otros se disfrazaron de mejoras. Que pongan un baño químico en el lugar no significa que la situación de trata haya dejado de existir. Los campos en que las personas se encuentran registradas siguen siendo muy pocos, diría que un 0,03% de todos los campos hallados a lo largo del país en todos estos años”.

La coordinadora del Programa de Rescate resaltó además el cambio ocurrido en el gremio UATRE, con el fallecimiento del dirigente Gerónimo Momo Venegas, y en RENATRE: “Hoy están colaborando activamente con todos los organismos estatales, mientras que años atrás yo vi cómo presionaban a las víctimas para que cobraran por su trabajo y no declararan ante la Justicia”. Sobre el Poder Judicial, afirmó que la mayoría de las veces “está más identificado con los patrones de las estancias que con las víctimas”, y se preguntó por qué le cuesta tanto a la justicia identificar estos casos como trata de personas.

Para Servin, nuestro país no ha avanzado tanto en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral como sí lo hizo en el caso de explotación sexual. “Hay como 10 años de distancia. Dejamos de ver prostíbulos en todo el país y se ha perseguido mucho el delito con fines de explotación sexual, pero en lo que tiene que ver con la explotación laboral recién se está comenzando”.

La mayoría de los 14 trabajadores rescatados en Pasos de Los Libres regresaron a sus lugares de origen y la investigación continúa a cargo del juez Fresneda. Pese a que se les pagó la quincena, nada asegura que los trabajadores no sean captados nuevamente por otros campos de la zona. Desde el Estado se trabaja para evitarlo. Recientemente se puso en marcha una nueva medida dirigida a restituir los derechos de las víctimas de trata. Se incentiva a los municipios a que habiliten cupos laborales para darles empleo. El objetivo, además de sacarlas del círculo de la trata, es que tengan un horizonte de vida posible.

 

 

 

 

 

 

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