Es un tema complejo el de la nostalgia y la melancolía con respecto al Estado. La nostalgia puede ser un sentimiento útil para reflexionar sobre el pasado y el presente, una herramienta para imaginar cómo construir un futuro mejor. La melancolía, en cambio, es un estado de ánimo más extendido, capaz de derivar en un abatimiento profundo. Suele nacer de una nostalgia excesiva, sobre todo cuando advertimos que aquello que añoramos ya no está ni volverá. Por eso, es necesario evitar ese descenso a los infiernos de la depresión a la hora de pensar la novedad.
La salida colectiva no es un slogan, es un antídoto. La participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas puede contrarrestar la apatía y la desconfianza. El diálogo y el consenso entre los distintos sectores —políticos, empresarios, trabajadores y sociedad civil— permiten encontrar soluciones comunes y procesar las diferencias, incluso cuando estas persisten.
Está claro que no todo será como deseamos y que el conflicto es inevitable. Por eso resulta imprescindible construir mayorías populares e instalar una perspectiva incluyente, con una orientación clara desde la conducción: a quién se representa, cómo se construyen los consensos y de qué modo se tramitan los disensos. Eso es hacer política: persuadir, convencer y sostener con firmeza cada avance.
El coordinador de la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Homero Bibiloni, me señaló en jauretcheana que es imprescindible una formación política rigurosa orientada a la gestión; no alcanza con repartir cargos entre las tribus del triunfo electoral. Tras cada campaña proliferan demandas y muchos ingresan sin preparación al complejo entramado público —contratos, empleo, presupuesto, procedimientos, planificación y control—, confiando en que la experiencia política basta. De cara a una próxima oportunidad, esta debe exigir mayor rigor en la capacitación para la gestión.
Coincidimos en que las universidades deben asumir un ritmo acorde a las urgencias del presente y superar sus tiempos exclusivamente académicos. También necesitan abandonar lógicas endogámicas: no pueden pensarse desde el aislamiento, sino en articulación con un Estado en funcionamiento, poniendo su saber al servicio de necesidades concretas. ¡Claro!, una vez que este el financiamiento: que fue aprobado, vetado y vuelto a aprobar en el Congreso, luego elevado a la Corte Suprema y aprobado; para ahora intentar nuevamente ser anulado por los legisladores. ¿Vivimos en democracia, cuando los poderes del Estado son avasallados por el Ejecutivo?
Sin embargo, hay tres ejes centrales sobre los cuales se edificará el futuro, y que exigen ser abordados con decisión, sin complejos de inferioridad: ¿cómo se negociará la deuda?, ¿cuál será el modelo de desarrollo? y ¿qué tipo de instituciones y de Estado son necesarios para llevar adelante esos cambios, incluyendo la reforma del Poder Judicial? Sin estas definiciones, todo lo demás corre el riesgo de convertirse en material para análisis académicos de un país que no existe.
Un Estado moderno se define por su eficiencia, transparencia, capacidad de participación y orientación hacia las necesidades de la ciudadanía. En la Argentina, uno de los desafíos centrales es la modernización de la administración pública, para volverla más eficaz y más clara en su funcionamiento.
Mal que le pese a Javier Milei, esto volverá —legitimado por el voto y por la necesidad social— porque los derechos no son privilegios, sino atributos inherentes a la condición humana que el Estado debe garantizar. Su planteo nos empuja, en términos conceptuales, hacia 1651: a la hipo tesis de que, sin Estado, la vida deriva en una guerra de todos contra todos, en esa vieja sentencia de que “el hombre es lobo del hombre”. Allí donde se proclama una libertad absoluta, también se instala un miedo absoluto: cualquiera puede dañar, de múltiples formas, y la vida se vuelve —como advertí a Thomas Hobbes en Leviatán— “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. La pregunta ya no es teórica: ¿cuántos argentinos empiezan a reconocerse en esa escena?
Existen medidas estructurales, como el RIGI, que habilitan formas de explotación intensiva sobre recursos estratégicos como el agua y la tierra, generando fragmentación territorial y vaciamiento de riqueza.
El Senado discute un proyecto oficial que refuerza la propiedad privada, restringe la capacidad expropiatoria del Estado y amplía las compensaciones. Federico Sturzenegger impulsa cambios en expropiaciones, desalojos y leyes clave —tierras rurales, manejo del fuego, integración socio-urbana y extranjerización de la tierra—, mientras el arzobispo Gustavo Carrara advirtió sobre la necesidad de sostener un rol activo del Estado en la regularización dominial y la urbanización.
La iniciativa desarma las expropiaciones en barrios populares, introduce la usucapión, elimina resguardos frente a desalojos y altera el control del gasto. El efecto previsible: menor capacidad estatal, mayor fragilidad habitacional y deterioro del entramado comunitario. Más de cinco millones de personas viven en estos barrios —35% niños/as— y cerca de dos millones podrían quedar expuestas a desalojos. Se suma la reforma de la ley de fuego, que reduce plazos de protección y habilita usos del suelo antes vedados tras incendios.
Hace unos días nos enteramos de un empresario argentino, polista y presidente de un club de este deporte en los Emiratos Árabes, que compró por 2 millones dólares 230.000 hectáreas en la Patagonia. El deschave se produjo por un desliz que tuvo el polista, al declarar como testigo en un juicio que e l mismo inicio, por “usurpación y hurto”, contra una mujer mapuche que arreaba su ganado por una senda ancestral reconocida por la ley. De esa forma, debió confesar que el dueño de la propiedad, era el emir Mohamednbin Zayed, quien, una vez iniciado el conflicto entre Estados Unidos e Irán, se refugió en nuestro sur. Imaginemos cuantas hectáreas hay en esa condición, y cuál sería la realidad de nuestro territorio de aplicarse esta ley. No olvidemos tampoco en esto a la ley de glaciares, la navegación del Paraná, la explotación del litio, las condiciones del fracking y la instalación en el sur de los centros de datosabastecedores de la IA, más la política de desmalvinización y ninguneo antártico y del litoral atlántico. Todo debe tener un grado de armonización que parece que esta libertad no garantiza. Se trata de evitar la entrega y planificar los usos y cuidados de nuestros territorios, estratégicamente y de acuerdo a normas de cuidado ambiental.
Toda una política de desmembramiento que requerirá de un Estado fuerte, estratégico y planificador, para volver a cohesionar la idea de un país, plasmada sobre un territorio.
La dirigencia política se dedica al dialogo sucesorio prolijo de este Estado y a pensar escenarios políticos, pero hay alguien que ya hablo sobre estos temas, y sobre todo acerca de la nueva estatalidad. Cristina esta proscripta y presa, en San José 1111. Y como siempre, mirando al futuro real del país.
El Leviatán de Thomas Hobbes —ese Estado soberano que garantizaba orden, seguridad y justicia— ya no necesita monstruos para legitimarse. Hoy, el miedo se articula con otros símbolos: la motosierra sintetiza un clima de pospandemia, hartazgo y frustración social. Una sociedad agotada busca una salida concreta, no promesas diferidas: el hambre, la intemperie y la pérdida de trabajo no admiten espera. Tal vez este brutal “reseteo” abra la posibilidad de un nuevo ciclo: repensar estratégicamente la reforma del Estado para construir un “Leviatán” que no oprima, sino que proteja y evite que volvamos a ser los lobos de nosotros mismos.
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