Estados alterados

 

Hace unas semanas en El Cohete publicamos una nota en la cual dábamos cuenta de la decisión de la Federal Communications Commission (FCC, autoridad de las comunicaciones de los Estados Unidos) que revertía las políticas de internet abierta que habían sido fijadas en 2015 por la administración Obama. Tal como contamos en aquella columna, la decisión fue adoptada por la nueva jefatura de la FCC, encabezada por Ajit Pai (foto), ex abogado y lobbista de empresas de telecomunicaciones.

Entre las posibles consecuencias internas de esa decisión de la FCC era posible adelantar que las organizaciones de derechos humanos en general, y de derechos digitales en particular, iniciarían campañas de sensibilización con diputados y senadores mientras anunciaban que promoverían demandas judiciales. Veremos aquí cómo avanzaron esas acciones de resistencia y qué actores se sumaron a los reclamos.

El 16 de enero, el Open Technology Institute (OTI) proclamó ser el primero que demandó a la FCC al presentar una petición de protección para revisar la Orden dictada por el organismo ante los tribunales federales de la ciudad de Washington, la jurisdicción más habitual cuando se demanda a esa oficina. Pero esta presentación no fue la única.

También hubo una demanda judicial de Mozilla Corporation. La empresa creadora del navegador Firefox y otros desarrollos de software libre realizó una petición de protección similar a la del OTI y argumentó que la Orden de la FCC va en contra de una decisión de 2015 que la propia justicia federal había dado por válida, legal y constitucional. Esa decisión judicial, dice la corporacion Mozilla, había homologado la vigencia de las órdenes de la FCC de 2015, validando la adopción de cinco reglas específicas para promover la apertura y el desarrollo de internet a partir de la imposición de la regla de neutralidad de red.

La empresa, que pertenece en su totalidad a la Fundación Mozilla y fue creada con el propósito de contribuir al sostenimiento de una internet abierta, asegura que las reglas de neutralidad de red de 2015 se eliminaron de modo “arbitrario y caprichoso” en los términos del derecho estadounidense, además de señalar que esta decisión es contraria al derecho vigente e implica que la FCC abdique de sus obligaciones estatutarias.

Nota para los interesados locales: parece que modificar las leyes a conveniencia, sin discusión y luego de que la justicia las declare constitucionales, no es un patrimonio exclusivamente nacional. Ley de medios audiovisuales mediante, sabemos de qué estamos hablando.

También se espera para las próximas semanas la presentación de la organización Free Press, anunciada públicamente con la frase desafiante hacia el Presidente de la FCC: We will see you in court. (“Nos veremos en tribunales”.)

 

Rebelión

Más allá de estas acciones, de algún modo esperables, la noticia más impensada en torno a la resistencia a la Orden de la FCC la protagonizaron 21 estados de la Unión que se rebelaron ante la disposición tomada por la autoridad federal. En una demanda de protección presentada el mismo 16 de enero en Washington, los procuradores generales de California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia, se alzaron contra la Orden firmada por el presidente Donald Trump con la misma argumentación sostenida por OTI y Mozilla.

Para los estados, la orden es “arbitraria, caprichosa” y “constituye un abuso de discrecionalidad”. Además consideran que es “violatoria del derecho federal, incluido, pero no limitado a la Constitución, la ley de Comunicaciones de 1934 y sus enmiendas, las propias reglas de la FCC promulgadas en base a esas normas mencionadas”, entre otras con las que entra en conflicto. La presentación exige que la nueva normativa sea dejada sin efecto desde el día mismo de su publicación en el Boletín Oficial e incluye un requerimiento de consulta pública abierta.

Mientras se define qué juez quedará a cargo del trámite de estos procesos iniciados en las últimas dos semanas, los Senadores demócratas siguen buscando firmas para derogar la Orden en el Congreso (dicen que ya cuentan con 30 apoyos) y el gobierno del Estado de Montana adoptó sus propias reglas estaduales de neutralidad de red el pasado 23 de enero en un abierto desafío al intento de regulación federal. El desconcierto es tal que hasta el gigante AT&T exigió la semana pasada al Poder Legislativo que defina un nuevo marco legal sobre neutralidad de red.

Este escenario presagia una contraofensiva de la FCC, que reclamará la vigencia de la regulación a nivel federal por sobre cualquier regla local, en virtud de las cláusulas constitucionales y la propia ley de telecomunicaciones.

 

Derechos vs. negocios

Aún con todos los peros que tiene el estado actual del desarrollo de internet, (censuras empresarias, riesgos varios, polìticas de uso abusivas y demás etcéteras) es vital que los dueños de la infraestructura de red (los caños), no sean los dueños de la libertad de comunicarnos al adquirir el poder de facilitar o restringir acceso a contenidos.

La decisión impulsada por Trump, a instancias del presidente de la FCC y sus dos colegas republicanos en el directorio del organismo, sólo empeora las cosas, pone la circulación de la información en manos de quienes pueden instaurar peajes a las comunicaciones digitales o cobrar a quienes las producen para no demorarlas. Y eso es una mínima porción del panorama de dominio y discriminación que se plantea frente a un ámbito imaginado distinto y soñado como solaz de libertad en sus orígenes, cuando las redes dejaron de usarse solo para la defensa.

Pareciera que estos hechos que contamos están pasando muy lejos, pero sus consecuencias están a un par de clics. Organizaciones de derechos humanos, universidades y políticos lo advirtieron desde la génesis de esta decisión que marca el fin de internet tal como la conocíamos.

La supervivencia de estas reglas dependerá ahora también, y en mayor medida, del resultado de la acción iniciada por el conjunto de los Estados alterados. Una vez más, como tantas en los últimos tiempos, la lucha es por los derechos —la libertad de expresión, entre otros— frente al dinero.

 

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