Extraordinaria fue la respuesta

 

Funcionarios nacionales realizaron un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas del Estado argentino a las víctimas Ivana y Abril Rosales. El reconocimiento, que fue el primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia de género, se llevó adelante el pasado 23 de septiembre en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA). El acuerdo de solución amistosa incluye el compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la Justicia; medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género; políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención; capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática; políticas de gestión de la información que permitan contar con datos fiables; implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia y efectiva implementación del Estado del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

En el acto hicieron uso de la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner; la vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, María Soledad Gennari; Virginia Trifogli, periodista y amiga de Abril Rosales (hija de Ivana); y la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky. En forma virtual, lo hicieron el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la vicepresidenta primera de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón.

 

El caso de Ivana Rosales fue una muestra fiel del Poder Judicial machista de Neuquén, que perpetró un claro hecho de violencia institucional luego de que Ivana sufriera dos intentos de femicidio por parte de su ex marido Mario Garoglio el 18 de abril de 2002. El fiscal Eduardo Velazco Copello mencionó circunstancias extremas de atenuación y pidió solamente cinco años de prisión para el agresor. En la misma línea, los jueces Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano revictimizaron a Ivana con decisiones y actuaciones discriminatorias que minimizaron y justificaron el intento de asesinarla. Garoglio fue condenado a cinco años, pero estuvo prófugo. Su hija mayor, Mayka, sufrió abusos sexuales por parte de su padre en el régimen de visitas que el Poder Judicial continuó permitiendo aun luego de que intentara asesinar a su madre. Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017, a los 41 años, a causa de un ataque de epilepsia, enfermedad que contrajo como secuela de los ataques de su ex marido.

En 2005, el CELS acompañó a Ivana en el deseo de obtener la justicia que no obtuvo en su país. Realizó así una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La directora ejecutiva del organismo, Paula Litvachky –quien fue la anteúltima oradora del acto–, expresó que Ivana “pudo traducir las marcas que deja la opresión de género en problemas de derechos humanos. Ella se encontró con un Estado que sostenía la cara de la violencia institucional”, ya que “el Poder Judicial neuquino, luego de esa violencia machista que sufrió en 2002, la revictimizó a través de una sentencia judicial cargada de violencia de género”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla –que fue el primero en hablar–, reivindicó el compromiso con los derechos humanos por parte del gobierno. Señaló que “el Estado argentino, desde que nosotros asumimos, realizó un giro de 180 grados. El año pasado nos encontramos con un montón de causas internacionales en las que daba vergüenza la respuesta que había dado el Estado”, en lugar de reconocer lo que había sucedido.

La precisión vendría con la voz que lo secundó. Fue la vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén, María Soledad Gennari. En forma contundente, manifestó: “Reconozco, ante todo, la voluntad del Estado argentino, que es quien asume esta responsabilidad, pese a que quien genera el hecho dañoso es la provincia de Neuquén, específicamente el Poder Judicial, el cual integro. Perdonen lo autorreferencial, esto no lo pensaba decir: conocí el caso de Ivana Rosales porque mi padre es el productor ejecutivo del documental Ella se lo buscó. Ahí conocí a Abril. Cuando ingresé al Poder Judicial, jamás pensaba que la primera persona sobreviviente de violencia basada en su género iba a ser Ivana”, dijo Gennari. “Ivana me pidió que trabaje todos los días por todas las mujeres que no tienen voz, por las silenciadas, por las maltratadas y por todas las que quedan en el callejón de la impunidad. El Poder Judicial tiene una responsabilidad enorme. El caso de Ivana es un decálogo de desaciertos, de vejaciones, de maltrato, de uso de estereotipos sobre Ivana, quien fue juzgada y prejuzgada tenazmente por quien debía defenderla en este caso, el fiscal Velazco Copello”, señaló, y recordó que, el año pasado, Copello interrumpió una charla sobre violencia de género y tuvo “la voluntad y el atrevimiento de intervenir y decirme que estaba descontextualizando el caso de Ivana Rosales”.

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén indicó que el rol del fiscal, cuando planteó las circunstancias extraordinarias de atenuación, fue el de realizar “un trabajo denodado para ponerse en los pies del agresor, del violento, del femicida, porque recordemos que Ivana falleció en 2017 a causa de secuelas provocadas por este ataque feroz. El fiscal consideró que estas circunstancias estaban dadas porque él tenía una expectativa plausible y razonable a raíz de la fuerte inversión personal que había hecho él en Ivana. Por su personalidad narcisista, merecía que ella se quede toda la vida con él”, remarcó sobre la aberrante actuación del fiscal. “Y ante el anoticiamiento del abandono, es donde intenta justificar que él, de alguna manera, tuvo una reacción ligada con el vínculo que el mismo Código Penal protege y lo usa como agravante. Básicamente trató a Ivana como ofensora”, dijo. En referencia a los jueces, apuntó que “la trataron con una profunda injusticia, juzgando su eventual pasado, juzgando de qué trabajaba”. Reivindicó la lucha de Ivana al expresar que “transformó el Poder Judicial, haciendo que se hable hoy del derecho de las mujeres y del feminismo como una necesidad, no como una opción”.

Finalmente, Gennari destacó que “la perspectiva de género, como estrategia correctiva de las asimetrías, de las desigualdades y de las desventajas que pesan sobre las mujeres –y que Ivana fue la prueba empírica de este tratamiento vejatorio y de esta condena irrisoria–, sea de alguna manera hoy una carga funcional obligacional” en el Poder Judicial. Señaló también “que no alcanza con talleres, no alcanza con cursos, es una forma analítica de ver la realidad y de corregir los derechos de las mujeres, de ponerlas en su lugar”, y exigió a quienes no lo apliquen “todo el peso de la ley y una mirada funcional que impida que personas como Castro, como Andrada, como Velazco Copello, jamás vuelvan a ocupar”, un puesto judicial.

Por su parte –en forma virtual–, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, también pidió disculpas en nombre del pueblo y la provincia. Indicó que lejos de brindar justicia, el operar del Poder Judicial “funcionó como un engranaje más del sistema patriarcal”. Señaló “que no hay justicia social con violencia de género”. Cerró con el pedido de disculpas en nombre del pueblo neuquino a Abril, a Mayka y a Ivana Rosales.

El secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, reconoció “el esfuerzo del CELS y de Abril para arribar a la solución que nos corresponde implementar. Con mucho compromiso vamos a cumplir con lo que acabamos en suscribir. Vamos a adquirir los derechos de la película Gotas de lluvia (documental sobre los abusos que sufrió Abril Rosales por parte de su progenitor), y vamos a trabajar a lo largo y ancho del país con equipos técnicos para sensibilizar y brindar herramientas para prevenir el abuso sexual infantil”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expresó que el Estado argentino “asume públicamente su responsabilidad en una especie de reparación simbólica que,  desde ya, no es suficiente para reparar todo el dolor, todo el sufrimiento por el que atravesaron Ivana, Abril, Mayka”. Dijo que la reparación tiene que ver con el dolor causado por el agresor, pero que "también fue responsabilidad  de todo el Estado argentino”. Soria dijo que no era casual “que el pedido de disculpas lo haga el Estado nacional, con sus funcionarios nacionales y provinciales, en la ex ESMA, porque este es un lugar de construcción de memoria colectiva para que estas tragedias, estas violencias extremas de género sirvan como motor de construcción colectiva de lo que no queremos nunca más”. Puntualizó que la tarea es “tener una Justicia que sea accesible, rápida y que tenga necesariamente una mirada de género. Parece mentira, pero hoy integrantes de la máxima representación judicial en la Argentina que ni siquiera se atreven a hacer la capacitación de la Ley Micaela”.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, como todos los representantes del Estado, ofreció también a Abril “las más honestas y profundas disculpas”. Dijo que con el acto finalizaba una etapa muy larga en la lucha por justicia y reparación que inició Ivana con su  denuncia ante la CIDH en 005,  "luego de reiteradas intervenciones del Poder Judicial de Neuquén en las que se  la revictimizara una y otra vez con decisiones y actuaciones que no hacían más que reforzar estereotipos y prejuicios discriminatorios”. Se refirió, en particular, a los jueces Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano y al fiscal Eduardo Velazco Copello, quienes "minimizaron y además justificaron la violencia machista”. Señaló que “la violencia institucional  contra Ivana y sus hijas no fueron hechos aislados, sino que se inscriben en prácticas generalizadas de exclusión y violencia por motivos de género, acompañadas en gran medida y habilitadas por una falta de respuesta estatal sistémica. Una suerte de tolerancia pública a las violencias contra las mujeres”.

Manifestó que “más que garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la justicia, la intervención judicial ha funcionado, en general, como un engranaje del sistema patriarcal, como partícipe necesario de esos mecanismos y estrategias de subordinación y exclusión”. Dijo que ese escenario “da cuenta de problemas estructurales”, por lo que “exigen respuestas urgentes y contundentes que permitan desmantelar las bases materiales y simbólicas que producen, reproducen y legitiman estas violencias”. De modo que “la realización efectiva de esas transformaciones es, sin lugar a dudas, uno de nuestros objetivos fundamentales de gestión. En diciembre de 2019, asumió en la Argentina un gobierno que, con el liderazgo del Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidió jerarquizar las políticas de género y de derechos humanos de las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, trasvestis, transexuales no binarios y priorizarlas en la agenda pública”.

Refirió que la creación del ministerio que encabeza era parte de esa “lucha virtuosa del movimiento de mujeres y la diversidad y de la voluntad política del gobierno”, pero a la vez “responde a los compromisos internacionales asumidos en materia de género y derechos humanos”. Señaló que, desde su cartera, “proponen un cambio de perspectiva en relación a los casos”, explicando que no se apunta “a controvertir los hechos denunciados, sino que impulsamos la creación de espacios de diálogo que permitan proyectar medidas de reparación integral que contemplen garantías efectivas de no repetición. Desde el Estado nacional estamos dando pasos contundentes, pero aún subsisten desafíos. La reforma de los sistemas de administración de justicia deviene urgente y necesaria”, indicó Gómez Alcorta. “Este acuerdo de solución amistosa y el proceso de implementación de los compromisos allí previstos constituyen una sólida plataforma para dar respuestas a estos desafíos que aún tenemos”. Lamentó que “hoy no está Ivana. Como todos y todas sabemos, falleció en 2017 como consecuencia de la violencia ejercida por Mario Garoglio, su ex pareja y padre de sus hijas e hijo. Sus reivindicaciones, sin embargo, fueron defendidas con convicción militante por su hija Abril, que hoy nos acompaña”, expresó entre sollozos. Haciendo un esfuerzo, continuó con su voz entrecortada: “Es nuestro más profundo deseo que este acuerdo aporte en reparar, en parte, las graves violaciones a los derechos humanos de las que Ivana y sus hijas fueron víctimas. Todo nuestro trabajo, toda nuestra convicción como militantes y funcionarias feministas están y van a estar abocadas a esta tarea para que nunca más una mujer sea víctima de este sistema machista que nos excluye, nos subordina y que nos mata”.

La periodista Virginia Trifogli, amiga de Abril Rosales, dijo: “Cuando Ivana hizo la denuncia contra el Estado argentino, Abril tenía 7 años. Hoy, está cumpliendo 23 años: toda la vida lleva con esto”. Recalcó que no se trataba de un acto “burocrático”, de un acto “formal”, sino  "de reparación a ella”, que es "a quien tienen que escucha y respetar. Y en ella empezar a respetar y escuchar a todas las víctimas”. También expresó que “lo que le pasó a Ivana no es algo extraordinario: le pasó y les sigue pasando a miles de mujeres en este país”. Lo extraordinario de Ivana fue su lucha y reclamó por un Estado presente.

La última oradora del acto fue la primera vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón, quien –en forma virtual– destacó el compromiso del Estado argentino y valoró el pedido de disculpas y el haber adoptado medidas de reparación. “El reconocimiento es una medida central que contribuye al resarcimiento del daño ocasionado y evidencia el compromiso de hacer efectiva la reparación”, señaló, y resaltó del acuerdo: “La asistencia jurídica de Abril Rosales en su cambio de apellido; la indemnización y el pago de costas y gastos y la difusión del acuerdo alcanzado”. También Falcón expresó que la CIDH destacaba “la creación del centro de protección integral para las víctimas de violencia de género Ivana y Mayka Rosales. La creación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género y la puesta en marcha del sistema único de registro de denuncias por violencia de género”. Concluyó que, “ante un caso de violencia de género, nunca más se diga ‘ella se lo buscó’. Que las gotas de lluvia limpien el alma y el dolor”.

 

 

 

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