Esta ha sido una semana importante y sospecho que nadie lo va a negar. En mi caso, las palabras dichas por el papa León XIV me han conmovido e impresionado por su enorme sencillez, verdad y sentido común. Pero las lecturas pueden ser diversas. Quizás el baldazo de agua fría vino de la mano del artículo de prensa que leí y que deseo refutar de cuajo por si el mismo llegara a coincidir con el del grueso de la dirigencia empresaria.
Bajo el pomposo título ¿Qué vamos a redistribuir si este país nunca generó riquezas?: la reflexión de un empresario tras el mensaje del Papa, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, respaldó el mensaje del Pontífice, pero advirtió que el país necesita consolidar el modelo actual para mejorar el bienestar de la población.
Solo en esto hay una cuestión medular: ¿cómo se puede respaldar el mensaje pontificio y a su vez predicar que el modelo actual debe sostenerse? ¿Qué es lo que no se oyó o no se entendió?
La idea de que una lluvia de inversiones y de divisas llegará a raíz de la dudosa estabilidad de la macroeconomía no es nueva en nuestra historia. No es ni verdadera, ni sostenible desde las estadísticas, ni desde el conocimiento de la ciencia económica y menos todavía desde el conocimiento de nuestra estructura productiva y nuestra realidad. Y no hablo solo de las realidades respecto a las actuales penurias de grandes mayorías, sino de la promesa falsa que la sostiene en el imaginario de cierta dirigencia.
En primer lugar, los proyectos para exportar gas natural licuado, petróleo y líquidos del gas natural se hallan todos inscritos en el RIGI. Ello significa que, en el mejor de los casos, cuando todos los proyectos estén en marcha nada garantizará que el ingreso de divisas se sostenga después del año 2034. Para ser preciso: el de Southern Energy (SESA) lograría la exención total hacia el año 2030 y Argentina LNG a partir de 2034.
Tanto SESA como Argentina LNG encuadran como Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) bajo la Ley 27.742, según la Comunicación “A” 8099 del Banco Central. Por consiguiente, la excepción de ingresar y liquidar divisas se cuenta a partir de la fecha de puesta en marcha del Vehículo de Proyecto Único (VPU), y no desde la fecha de adhesión al régimen. Así, para el primer año existe la obligación de liquidar el 100% de las divisas, para el segundo año, el 80%; para el tercero, el 60%, y luego los inversores ya disponen del 100% de las divisas.
Se debe tener en cuenta por otra parte que el nivel de empleo directo y de provisión de insumos de estos proyectos es en general bajo y que, por consiguiente, la necesidad de liquidar divisas será una porción pequeña del total del valor de las exportaciones. La pregunta que se impone es: ¿cuál será el incentivo para que las divisas obtenidas de la exportación de estos productos sea reinvertida en el país una vez concluida la obligación de hacerlo?
Tal vez sea de alguna utilidad analizar qué beneficios en términos de inversión y crecimiento ha tenido una supuesta estabilidad macroeconómica en estos tres últimos años.
De la figura precedente se desprende que el nivel de la inversión real ha sido desde que asumió el gobierno actual (y tras casi tres años de desempeño) muy inferior a todos los años del período 2004-2023, con la excepción del año de la pandemia.
Muchos sostendrán que ello es producto de la caída de la actividad de la construcción, especialmente por la paralización de la obra pública. En parte lo es. Sin embargo, lo más llamativo es que ni siquiera la inversión en maquinaria y equipos y en material de transporte de origen importado ha tenido un comportamiento histórico diferenciado respecto a los vaivenes del tipo de cambio real y las restricciones cambiarias.
Este hecho, de por sí, anula todo el razonamiento que de forma implícita da por sentado Mario Grinman cuando afirma que el país necesita consolidar el modelo actual para mejorar el bienestar de la población.
Por otra parte, la caída de la actividad de la construcción y de la obra pública (con base en la supuesta corrupción que acarrea) es insostenible desde el punto de vista republicano que se suele sostener (juzgar la corrupción es potestad del Poder Judicial, no del Ejecutivo). Claro que ambos dejan mucho que desear.
Pero además, demuestra un desprecio absoluto por toda la ciudadanía. Las rutas nacionales y provinciales se hallan detonadas. Un caso patético lo constituye el acceso a Playas Doradas, muy próximo a la terminal de Punta Colorada, donde se construye el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Su primer tramo es casi intransitable. A sus costados hay basurales a cielo abierto, apenas a la salida de Sierra Grande, a derecha y a izquierda. ¿Hace falta decir una vez más que no existe interés alguno en mejorar nada en beneficio de la gente?
Sobre el estado de las rutas y lo poco que puede esperarse de la inversión privada y pública, veamos solo a modo de ejemplo el tema del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ICL), que se rige principalmente por la Ley 23.966. Como es sabido, es un impuesto de afectación específica. La normativa dispone que el 28,58% del producido total del ICL se destine al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% (lo que equivale a cerca del 14,25% de la recaudación total del impuesto) se asigna a través del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) para financiar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y obras viales. Hacia mediados de 2026, el componente del ICL e impuestos directos en cada litro de nafta o gasoil ronda los 400 a 411 pesos por litro. Las estimaciones indican que, si Vialidad Nacional hubiera ejecutado la totalidad de los recursos provenientes del ICL que le corresponden, habría contado con 534.000 millones de pesos adicionales por año. En términos acumulados, 1,35 billones de pesos, que habrían permitido financiar el mantenimiento anual de aproximadamente 9.148 kilómetros de rutas nacionales, cerca de una cuarta parte de toda la red vial federal.
Pero eso no pasó. Es curioso que uno de los argumentos del oficialismo para vetar la Ley de Financiamiento Universitario fue que el presupuesto no tiene una asignación específica para financiarlo.
¿Hace falta decir más para demostrar la falacia de que este modelo, una vez consolidado, producirá un bienestar general, como sostuvo el titular de la CAC? ¿El rechazo al modelo es solo una cuestión ideológica? ¿O más bien es ideológico lo que el oficialismo sostiene y que, bajo improvisaciones extremas, bordea –cuando no transgrede– los límites de la ilegalidad?
Pero veamos un indicador más: el del comportamiento del producto bruto interno por habitante. Del análisis del crecimiento de la economía argentina entre 2004 y 2026 se desprende que el modelo actual no ha producido ningún rebote. Mal le pese a nuestro Presidente, el rebote de la clase denominada en V (o recuperación rápida tras una política de ajuste) no se ve. Y no se ve siquiera en el agregado de esta economía bipolar que, según se dice, hace y hará crecer al país, pues supuestamente “este país nunca generó riquezas” y para hacerlo primero se deben sentar bases sólidas.
Es absolutamente cierto que llevamos más de una década sin crecer. También es cierto que sin un contexto internacional más favorable es difícil mantener una economía como la nuestra funcionando bien. Se puede coincidir en que para crecer de un modo sostenible la Argentina requiere de divisas genuinas y no de un endeudamiento permanente, como el alentado precisamente por los mentores de esta ideología. Pero no basta y he aquí el punto medular que se desprende del mensaje pontificio. Las estructuras de la corrupción, la impunidad, la indiferencia, la avaricia, son las que deben ser removidas del quehacer de nuestra dirigencia empresaria y política. Y ello solo será posible mediante una conversión profunda, no mediante rituales de aplausos o de cínicas alabanzas; no a través de críticas tan pueriles como las del representante de la CAC (y seguramente una larga lista de dirigentes, incluidos aquellos de fe cristiana).
La Argentina, el mundo si se quiere, debe emprender esta aventura, este desafío de hacer las cosas bien.
Queda aún, tras estos grandes proyectos energéticos y mineros, cuidar la creación: ¿Cómo lo harán si desde ahora no muestran siquiera el menor interés por invertir en infraestructura, equipamiento, personal, capacitación y fortalecimiento de las instituciones? Si tal voluntad existiese, debería verse notoriamente al menos en aquellas comunidades donde su impacto es ya un hecho, y lo será muchísimo más en los próximos años a medida que Vaca Muerta y toda la infraestructura de transporte, producción y distribución de esos productos exportables se vaya a instalar. Si una muestra del estándar ambiental es Comodoro Rivadavia, Plaza Huincul o la avenida de la circunvalación de la ciudad de Neuquén, por favor, señores, pasen por sus vertederos, recorran las rutas, miren, abran los ojos, vean, huelan… dado que al parecer no han tenido oídos para oír la invitación a construir juntos y unidos una sociedad mejor para los que vendrán.
Supongo que lo dicho es algo sabido por muchas personas, sin embargo, tampoco la oposición parece encaminada a la tarea de proponer una estrategia de corto, mediano y largo plazo para poner nuestra economía al servicio de la gente y de los más necesitados.
Deseo cerrar con un ejemplo muy simple. Hoy en algún canal de televisión entrevistaban a una joven que habita en un barrio del Conurbano bonaerense donde ni los telegramas de despido enviados por el Correo Argentino suelen llegar, porque se consideran zonas inaccesibles. La entrevista versaba sobre el deterioro de la vida en los barrios desde hace años y en particular se mostraba montones de basura desparramada por las pequeñas calles de tierra. Pues bien, aquí está la punta del ovillo para emprender una vasta agenda política que incluye mejoras barriales de todo orden; desde la provisión de servicios básicos hasta la mejora del equipamiento, la infraestructura vial, las casas, los frentes, los jardines y toda una economía del cuidado de lo común y de las personas. Estas actividades son por naturaleza de mano de obra intensiva, compatibles con saberes rudimentarios, y pueden dar trabajo, ingresos, sentido de pertenencia y mucho más si forman parte de una visión más amplia del cuidado de la casa común centrada en el futuro de buena parte de la juventud cuyas familias son de escasos recursos.
La pregunta central es siempre es la misma: ¿Quién pagará por ello?
Las preguntas que se derivan de tal enfoque son muchas; si debe ser financiado por el Estado a través de qué modo y cuánto costaría; si tras ello alguien puede aprovecharse y embolsar el dinero sin hacer nada; y así, un larguísimo conjunto de etcéteras.
Mi réplica es sencilla: a hacer las cuentas, y luego a dirimir si se trata de una inversión para sostener el futuro de los jóvenes, qué porcentaje representaría del PBI, cuánto impactaría realmente en la presión tributaria, etc.
La idea central y sus fundamentos se hallan principalmente en mi libro: ¿Cómo alcanzar el Estado de bienestar en el siglo XXI? [1], donde se explica la génesis evolutiva de la pobreza urbana, hoy explotada por el crimen organizado o a veces por punteros, etc.
¿Estamos a tiempo de modificar algo del RIGI sin espantar a los inversores? ¿Cuánto peor estaríamos? ¿Estamos a tiempo de implementar un plan para evitar el incremento continuo de la injusticia social y de que el tejido social no termine por resquebrajarse a un punto de no retorno, mucho peor que el que ya vemos? ¿Cuánto peor vivirían los trabajadores y las clases medias? ¿Cuánto peor los empresarios?
Suena a utopía, pero también es una utopía creer que la economía actual, una vez consolidada, generará una situación estable regenerando un círculo virtuoso de más ahorro, más inversión, más empleo, más crecimiento y más derrame hacia clases medias, los pobres y los marginados.
¿Acaso atreverse a ese cambio no impactaría en un bienestar general, en un orgullo de ver de qué cosa somos capaces los argentinos?
Muchas veces se pone como ejemplo de países exitosos a partir de la explotación de los recursos naturales los casos de Canadá, Australia y Noruega. Por cierto, sus condiciones históricas, demográficas, culturales –y otras que hacen a la calidad de las instituciones– son totalmente distintas y difícilmente podamos imitarlos. Las realidades de los países de Medio Oriente o de los países africanos no muestran por cierto estas virtudes ni por asomo, y mucho me temo que el descuido por las palabras, los gestos y los insultos a la argentinidad tienen por objetivo que nos sintamos despreciables. Un país ocupado cuya bandera puede ser sustituida hasta por algunos periodistas sin que nadie chiste por ello.
He aquí pues, por lo tanto, una tarea indispensable para ir hacia una reflexión más profunda de lo que nos dejó a algunos el mensaje pontificio. Uno magnífico de pleno amor, cuyo contagio de entusiasmo no debe dejar de ser fuente de una movilización profunda de nuestra forma de concebir la sociedad argentina para los años que vienen. El momento de comenzar es ahora.
* Roberto Kozulj es economista, escritor, experto en energía.
[1] ¿Cómo lograr el Estado de bienestar en el Siglo XXI? Pensamiento económico, desarrollo sustentable y economía mundial 1950-2014. Río Negro: Editorial UNRN. 2017. pag.317.
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