Faltas éticas

Los funcionarios con faltas éticas, hayan cometido o no un delito legal, son malos funcionarios y deberían renunciar

 

Esta nota fue construida como una imaginaria intervención de un tercero en la entrevista que Luis Novaresio le realizó a la gobernadora María Eugenia Vidal el 18 de abril en el Canal A24, cuyos dichos han sido reproducidos literalmente.  El fragmento que se seleccionó es el de los tres minutos que van desde el minuto 18.00 hasta el minuto 21.00 de la misma. La entrevista completa puede ser vista y oída en:

https://www.youtube.com/watch?v=mEBYubQXFeE

 

LN: La situación de corrupción y las denuncias: ¿cuánto creés que influyen Aranguren con la plata en el exterior, Caputo con las offshore y etc., etc.? ¿Triaca con lo que pasó?

María Eugenia Vidal: Yo creo que ahí hay que dividir muy bien dentro del Estado, ¿no? Hay faltas que son delito, son violaciones de la ley. Y ahí no hay medias tintas, ¿no? Ahí el funcionario cuando viola una ley se tiene que ir, inmediatamente. Y hay otras que son faltas éticas. Y ahí la decisión la toma quien conduce, en este caso el presidente. Entonces, yo creo que ante la falta ética, la persona que está a cargo es la que mide la gravedad y el Presidente ha medido en cada caso —y son casos muy distintos los que has mencionado— de qué se trata.

(Sin embargo, esa distinción entre derecho y moral que usted propone, quedó abandonada con los derechos humanos que vincularon indisociablemente a las aspiraciones morales de las personas con su protección legal. Desde la Declaración Universal de 1948 en adelante, vistas las atrocidades éticas que habían querido respaldarse en la legalidad de todo un sistema nacional para los actos del régimen nazi, las democracias liberales pasaron a exigir que el Estado no dividiera tajantemente, como usted lo hace, entre las obligaciones legales y morales de los funcionarios del Estado. Por el contrario, establecieron que los estados de derecho deben tener a la vez legalidad jurídica y legitimidad ética en su origen y funcionamiento. Por ejemplo, el artículo 2 del Decreto 222/2003, exige en nuestro país que los candidatos a ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “deben ser seleccionados teniendo en cuenta su compromiso con los derechos humanos y valores democráticos”. Y queda claro que no se trata de no tener antecedentes penales o de no haber cometido delitos, sino que se les exige idoneidad moral para el cargo. El compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos son deberes éticos que las democracias actuales exigen a los funcionarios del Estado. Esto es lo que se cuestiona a varios ministros del actual gobierno y al propio presidente Macri: el no tener esos compromisos con nuestra democracia.

Por otro lado, que las denuncias de faltas éticas de los ministros de un gobierno sean decididas por el Presidente de la Nación es contraria al razonamiento moral más básico, porque mal puede juzgar las faltas éticas de un funcionario aquel que le ha designado en su cargo y que, o bien cometió un error al designarlo y debe abstenerse de decidir ahora, o bien sabía que aquel que designaba tenía una moral cuestionable y por eso tendrá interés en eximirlo de la denuncia. Además esa alternativa también es contraria al ordenamiento de nuestro Estado según la Constitución Nacional de 1994, cuya letra estableció limitaciones al presidencialismo y nuevos órganos de control para cumplir precisamente esa función que usted adjudica al presidente, tales como la Oficina Anticorrupción, que por cierto también está acusada de subordinación al deseo presidencial y parcialidad en su conducta ética).

MEV: Yo creo que del otro lado es muy difícil de entender que todas estas personas que tienen una trayectoria en el sector privado, una buena trayectoria en el sector privado, quiere decir que muchas empresas los contrataban por mucho dinero por lo que sabían y por los resultados que traían.

(No es difícil entender que esas personas hayan tenido una trayectoria en el sector privado y tampoco que haya sido una “buena” trayectoria para quienes los contrataban por mucho dinero. Lo que cuesta entender es que el Presidente y un funcionario con un rango como el suyo, no haga diferencias entre lo público y lo privado, entre la búsqueda de ganancias particulares y la búsqueda del bien común, entre una empresa privada y una empresa pública, entre un cargo de director/gerente (CEO) que ha de administrar los fondos de una empresa privada y un cargo de ministro que ha de administrar el presupuesto público. Y que en ese marco tampoco distinga la diferencia entre saber qué hacer para tener buenos resultados (ganancias) privados y saber qué hacer para mejorar el bienestar general. Una empresa privada se rige por las reglas del mercado en cuanto a ganar o perder dinero. Un Estado, el nuestro, se rige por su Constitución “con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad”.  Saber hacer ganar dinero a una empresa privada nada tiene que ver con el saber necesario para alcanzar los objetivos de la Nación. Tener buenos resultados en una empresa privada no dice absolutamente nada de los resultados que se vayan a obtener en la administración del Estado. De hecho, si hay algo que se critica a la coalición gobernante de la que usted forma parte, son los malos resultados que se observan por querer administrar al Estado –que ha de procurar el bien común— con la visión de quienes han aprendido y son expertos en satisfacer intereses y beneficios particulares. Y aún más que eso: se los acusa, con argumentos muy convincentes, de estar atentando contra los fundamentos del Estado, por ejemplo en el endeudamiento o en el abandono del respeto a los derechos humanos).

 

MEV: (Esas personas) También son la consecuencia de un Estado que no tuvo carrera pública, porque era tan fácil llamar al amigo, llamar a cualquiera…nosotros tuvimos un Estado donde Jaime manejaba el transporte, tuvimos un Estado donde José López hacía obra pública, ¿con qué antecedentes?, ¿con qué trayectoria? Entonces, al destruir la carrera en el Estado de los que saben, de los que se van quedando más allá de que pasen los gobiernos, tenés que llamar cuando sos Presidente, si querés sumar un buen equipo, a los que más saben del sector privado para que tomen las mejores decisiones.

(Precisamente de eso que usted señala se acusa a este gobierno. No deja de sorprender cómo se puede criticar a los otros por sus vicios cuando quien critica los tiene aún mayores. El Presidente ha designado a sus amigos como su círculo más íntimo. El presidente ha dicho “Marcos [Peña], Mario [Quintana] y Gustavo [Lopetegui] son mis ojos y mi inteligencia. Ellos son yo y cuando ellos piden algo lo estoy pidiendo yo”.  Luis Caputo [ministro de Finanzas]; Nicolás Caputo [cónsul de Singapur)], “hermano de la vida”, y amigo desde el Colegio Cardenal Newman, como Alfonso Prat Gay [ex ministro de Hacienda y Finanzas], Rogelio Frigerio [ministro del Interior], Gustavo Arribas [Secretario de Inteligencia], a quien Macri le alquila su departamento… Todos son funcionarios o personas cercanas al gobierno cuyos mayores antecedentes y trayectoria son esa cercanía en amistad, sociedad o intereses con el Presidente. Y un gran número de ellos con serias acusaciones de corrupción.

(¿No le parece que es una falta de respeto que ofende a los ciudadanos el que se desprecie de ese modo a su sentido común? ¿Qué antecedentes y trayectoria mostraba y ha demostrado el rabino Bergman para haber sido designado ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable? ¿Qué antecedentes  y trayectoria mostraba y ha demostrado Oscar Aguad para haber sido designado ministro de Defensa? ¿Qué antecedentes y trayectoria mostraba y ha demostrado la así llamada Directora Nacional de Movilidad en Bicicleta? Su gobierno ha elegido el camino de cargar culpas y desastres sobre el gobierno anterior como modo de eludir toda responsabilidad propia pero la contradictoria incongruencia de lo que ustedes dicen crece día a día).

MEV: Uno puede discutir muchas cosas de Toto Caputo, de Aranguren, de Jorge Triaca, pero si hay algo que no podemos discutir es que son personas idóneas en su trabajo, que saben de lo que hablan.

(Saber hacer un trabajo no dice nada de la corrección ética de los actos, y eso es lo que se discute. Disculpe, pero es un lugar común decir que un envenenador que sea idóneo en su trabajo porque consiga un cien por ciento de eficacia en sus resultados, aunque sepa de lo que habla, no por eso es indiscutible. La visión pragmática del gobierno pierde de vista que la utilidad de los medios es aceptable o no en razón de los fines. Y esos fines, en nuestra vida personal así como cuando somos funcionarios públicos, son fines éticos, a los que no debemos faltar. El ministro Triaca es responsable de la cartera de Trabajo y maltrató a una empleada suya a la que tuvo en una relación laboral no registrada o en negro, cuestión que un ministro de Trabajo debe perseguir porque esos son los fines de su cargo. Eso indica que no es idóneo en su trabajo porque viola las reglas que él mismo tiene la función de hacer respetar, y que si sabe de lo que habla, miente. Algo de lo que también se acusa reiteradamente al actual gobierno. Y uno de los fines éticos de un funcionario y de cualquiera de nosotros como personas, es no mentir).

(El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue presidente de Shell Argentina entre 2003 y 2015, empresa a la que ya se había incorporado en 1977, o sea que toda su vida laboral la pasó dedicado a esa empresa. Durante su gestión se denunció a Shell por aplicar aumentos abusivos y por contaminar el Riachuelo por lo que se clausuró su refinería en Dock Sud. En 2014, Shell compró 3,5 millones de dólares a un precio más alto que el de la cotización generando una disparada del dólar. Todo ese saber y buenos resultados para la empresa Shell iban en contra del bienestar general al que hoy se debe como ministro. Los antecedentes y trayectoria del ministro Aranguren son contrarios a las exigencias de su actual función. Lo mucho que pueda saber y que ayer lo aplicó contra el Estado induce a pensar razonablemente que hoy pueda estar aplicándolo a fines particulares en mayor escala y con el enmascaramiento que hoy le otorga su posición privilegiada en ese Estado sobre el que actuó en contra).

(Y por su parte, Luis Andrés Caputo, ministro de Finanzas, entre 1994 y 1998 fue jefe de trading o especulación en los mercados financieros para América Latina de la empresa J.P.Morgan, y entre 1998 y 2003 ocupó el mismo cargo para la Región y para Europa en el Deutsche Bank. Sin duda que es un hombre  de los que más saben del sector privado: sabe de mercados financieros, ese campo que es acaso el más cuestionado en cuanto a estabilidad de las democracias y a la destrucción del estado de bienestar. El endeudamiento argentino del actual gobierno, el mayor del mundo en el tiempo que lleva de gestión, que expone seriamente al país al riesgo de una crisis económica y social,  o el ya fracasado sistema neoliberal de asociación público-privado que impulsó, no son buenos indicadores de que sus antecedentes, experiencia y resultados previos en la empresa privada hayan sido igual de buenos para la función que debe cumplir con la Nación. Muy por el contrario).

 

 

MEV: (Entonces) Lo que quiero decir es que claro que tienen un pasado en el sector privado y que les fue bien. Yo tengo una historia distinta. Vengo de una familia de clase media y trabajé toda mi vida en el Estado. No puedo ser rica. Si pudiera ser rica o tuviera recursos como tienen ellos sería sospechoso. Ahora ellos eligieron, y eligieron otra vocación, trabajar en el sector privado y un día un hombre como Mauricio Macri porque sabían mucho y porque eran exitosos, los llamó y les dijo “Bueno, ahora vení acá a ganar mucha menos plata de la que ganaste en el sector privado y hacé un gesto por tu país y vení a ayudar”.

(Del lugar de trabajo y sus consecuencias hablábamos recién. De la riqueza personal, el origen familiar y el gesto por el país, hay mucho más para decir. Usted sabe, porque es de público conocimiento, que el mayor crecimiento del grupo empresario de la familia presidencial, para llegar a ser un holding internacional, tuvo lugar durante la última dictadura militar y sus favoritismos para algunas empresas del sector privado. Que esas empresas privadas hicieron fortunas con obra pública para el Estado, y luego con la estatización de la deuda privada, y que un hombre como Mauricio Macri dijo de esa época: "El dólar estaba mejor que en la convertibilidad, y acá había inflación, así que era mejor llevar la plata afuera". En aquel entonces, con Martínez de Hoz como ministro de Economía, quienes trabajaban en el sector privado pasaban a ocupar lugares en el Estado y viceversa, con una vocación intercambiable. Por ejemplo Jorge Aguado, gobernador de la provincia de Buenos Aires, como usted, pero en la época de la dictadura militar de Bignone, y que al volver la democracia en 1983 pasó a trabajar en el grupo Macri. Usted ha de saberlo. Por eso su distinción entre el saber y la eficiencia de lo privado frente al Estado, resultaría cándida si no tuviera usted muchos años de política. Quienes manejaron las empresas de la familia Macri durante décadas, como Pablo Clusellas (otro amigo del Newman) Daniel Chaín o Néstor Grindetti (que recibía préstamos del Presidente, tenía como la mayoría cuentas offshore, y sería intendente de Lanús), pasaron a ocupar lugares estratégicos cuando el Presidente estuvo a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La gran diferencia en el crecimiento de la fortuna presidencial entre 2015 y 2016 (su primer año de gobierno) fue producto, principalmente, de la devaluación que realizó inmediatamente de asumir, con lo cual su dinero depositado en el exterior se duplicó. Esa devaluación no fue un buen gesto para el país pero sí lo fue para la fortuna del presidente, entre otros. Tampoco lo fue el Decreto presidencial 1206/2016  que modificó la reglamentación de la ley 27.260 de sinceramiento fiscal para habilitar el ingreso de familiares a ese blanqueo, en un nuevo gesto  de ayuda a sus familiares y no al país al que se dañó seriamente sus instituciones. Y tampoco lo fue el acuerdo que el Estado nacional estableció con el grupo SOCMA (Sociedades Macri) por su deuda con el Correo Argentino, por el cual se le condonaban a dicho grupo empresario al que pertenecía el presidente la suma de 70.000 millones de pesos. Se trató de otro gesto de ganar mucha más plata aún que en el sector privado y sin otro trabajo que una firma: un gesto de dañar al país y no de ayudarlo. Por eso es que no resulta creíble, gobernadora, lo que usted afirma. Y por si todo eso fuera poco, el presidente y un gran número de sus funcionarios estallan en sociedades y dinero en cuentas offshore).

MEV: Y, si ellos ya tenían esa plata afuera y la tienen en bonos argentinos o sea en bonos de la Argentina, yo creo que en cualquier caso sería hasta discutible si es una falta de ética o no, pero definitivamente no es un delito.

(Ninguna negación de los funcionarios de este gobierno es creíble ni ha sido definitiva. Y esto incluye a la comisión de delitos. Una y otra vez las cambian por nuevas negaciones. El presidente comenzó negando su titularidad en las cuentas offshore reveladas por los Paradise Papers; la canciller Malcorra negó haber utilizado fondos públicos para su campaña al secretariado de la ONU; el ministro Caputo negó ser titular de una cuenta offshore pese al registro de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos; el ministro Aguad negó unos y otros hechos probados sobre la desaparición del ARA San Juan; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sigue negando todo hecho probado sobre los delitos cometidos por sus fuerzas; el ministro de Agroindustria Etchevehere negó haber reducido a servidumbre a peones rurales a su cargo; Valentín Díaz Gilligan negó ser titular del millón de dólares en Andorra pero renunció a su cargo. Y la lista se hace interminable. Es un gobierno de la negación. Pero que las cuentas y sociedades offshore se constituyen para cometer y/o encubrir delitos está definitivamente probado y es innegable. Y que una miríada de funcionarios del actual gobierno tienen cuentas y sociedades offshore también está definitivamente probado).

(Por otro lado, esa banalización con la que usted quita valor a las transgresiones éticas, como le decía al comienzo, es repudiable en un gobierno democrático que ha de excluir toda conducta perversa. No es necesario haber leído a Hannah Arendt para saberlo. Aunque, por lo que se ve, bueno sería que todo funcionario hubiera tenido esa lectura ante el negacionismo de algunos de ellos. No es necesario tampoco, para comprender el significado ético y el alcance político de las palabras dignidad, verdad, deber o respeto, y hasta le diría compasión, una de las virtudes éticas, que alguien haya leído a Kant. Afortunadamente, ya es un saber incorporado a la mayoría de las personas, incluyendo, estoy seguro, a gran parte de los votantes de su gobierno. Pero bueno sería que en lugar de tanta encuesta, focus group, coaching, timbreos y sofistas asesores en campañas presidenciales, a los funcionarios se les exigiera que leyeran una introducción a la ética para que ellos también lo comprendieran).

(El razonamiento estratégico puede ayudar a ganar elecciones y a alcanzar el poder para cometer faltas éticas sin tener sanción institucional alguna.  Pero sólo la conciencia moral puede llevarnos en búsqueda de la justicia. Por eso es que si un gobernante comete faltas éticas es una señal de que ha perdido el camino que lleva a la justicia, por lo que está teniendo una mala trayectoria y desempeño en la administración de lo público, y que es un mal gobernante cualquiera sea su experiencia privada, porque la finalidad del político (del gobernante) es ser justo y hacer justicia. Y es por eso que esos funcionarios con faltas éticas, hayan cometido o no un delito legal, son malos funcionarios y deberían renunciar. Pero la evaluación de la gravedad de las faltas éticas no las hacen los mandatarios, así sea el primer mandatario como usted propone. Esa evaluación la hacen los mandantes, que somos los ciudadanos. Esa evaluación nos corresponde. Y así es).

 

 

 

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