El jueves 23 de abril miles de docentes de toda la provincia pararon en exigencia de una recomposición salarial. Lo significativo del caso es que lo hicieron a pesar de que ninguno de los sindicatos del sector los cubriera legalmente. Por el contrario, ocurrió que alrededor del mediodía del miércoles se conoció que la secretaría de Trabajo, a pedido del Gobierno del Chubut, había dictado la conciliación obligatoria de cara al paro previsto para el día siguiente. Recién pasadas las seis de la tarde, los cinco sindicatos docentes de la provincia –ATECh, SiTraEd, SADOP, AMET y UDA– emitieron un comunicado diciendo que la acataban ante la amenaza de quita de personerías gremiales y de multas. En las horas previas, en los grupos de WhatsApp de docentes autoconvocados ya se percibía que se iba a parar igual y cuando se conoció la noticia del acatamiento sindical la bronca explotó y mediante flyers hechos con inteligencia artificial se convocó a un “faltazo” con movilización. La audaz decisión era vitoreada por la mayoría de la población en redes sociales, en especial por parte del resto de los trabajadores estatales. Lo que vino más tarde fue no solo una movilización autoconvocada de docentes y estatales de más de 6.000 personas en Rawson el 28 de abril –y más de 15.000 si se cuenta al resto de la provincia– sino también una represión a docentes autoconvocados el miércoles 29, en el marco de una reunión por la conciliación obligatoria. El repudio no se hizo esperar y miles se movilizaron esa misma noche en casi todas las ciudades. El gobierno es asediado por el embrión de una rebelión popular contra las políticas de ajuste en curso.
Hace aproximadamente tres semanas comenzaron las autoconvocatorias docentes en Puerto Madryn, una ciudad con larga tradición en la autoorganización de estos trabajadores, al menos en las últimas dos décadas. Con 650.000 pesos –lo que sale un alquiler de dos ambientes–, el salario nominal docente en Chubut pelea el último puesto a nivel país y con seguridad está al final de la tabla con relación a su poder adquisitivo. Esta situación no es reciente, lleva al menos cuatro o cinco años, por lo tanto no sólo involucra a más de una gestión al frente del Estado provincial, hoy a cargo del derechista Ignacio Torres (PRO), sino también a más de una conducción de la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut), el principal sindicato docente. A esto se agrega que el gobierno viene incumpliendo en todo 2026 los plazos legales del pago de salarios, que por convenio colectivo con la docencia corresponde que sea en los primeros cuatro días hábiles del mes. El martes 7 de abril el gobierno comunicó que el viernes iba a depositar los salarios para que se acreditasen al otro día. Esto despertó el fastidio inmediato entre los trabajadores estatales, obligando a Torres a “adelantar” un día, según lo previsto, pero pagando igualmente fuera de término. La bronca comenzó a recorrer todas las dependencias estatales, con particular énfasis en las escuelas.

El lunes 21 se debía desarrollar una reunión paritaria entre los sindicatos docentes y el gobierno, pero este último no solo no se presentó sino que además decidió otorgar un “aumento” por decreto. ¿La cifra? ¡1,2%! En ese marco, el paro nacional de ATE anunciado para el martes 22 de abril fue visto por una parte considerable de la docencia como una oportunidad para expresar su repudio frente al inaguantable retraso salarial. En redes sociales se le exigía a las conducciones sindicales del sector que se sumen a la medida, pero hicieron caso omiso. Alrededor de las seis de la tarde, unas pocas docentes del nivel inicial de Playa Unión decidieron armar un grupo de WhatsApp autoconvocado para esa localidad y Rawson, que en un par de horas llegó a los 200 miembros y para las once de la noche ya superaba los 700, con integrantes de las principales localidades de la provincia, incluidos pueblos pequeños como Paso de Indios. Allí se decidió autoconvocarse al otro día en la ciudad capital de la provincia. Movilizaron más de 500 docentes solo en Rawson. En Puerto Madryn ocurrió otro tanto, al igual que en otras localidades. El monstruo ya era una realidad. A los sindicatos no les quedó otra que anunciar un paro de 24 horas para el jueves 24 de abril, del que terminaron defeccionando para acatar la conciliación obligatoria mencionada.
Hasta las últimas horas del miércoles, distintos referentes autoconvocados buscaron sin éxito la protección legal de algún sindicato o central sindical que los cubriera y poder parar el jueves. Eso no ocurrió. Más allá de que en la mayoría de las ciudades no se realizaron asambleas, la decisión colectiva de luchar ya estaba tomada en las escuelas y en los grupos de WhatsApp. Y como nunca en el pasado reciente –al menos en los últimos veinte años– se decidió imponer un paro sin ningún tipo de respaldo legal sindical, bautizado para la ocasión como “faltazo”. Literalmente, sin ningún tipo de metáforas, fue un faltazo. La histórica iniciativa tuvo su punto más fuerte en Trelew, Rawson y Playa Unión, pero también en Puerto Madryn y otras ciudades. Miles de personas adhirieron a la temeraria medida que, según trascendió, ya contaría con sanciones salariales dado que la mayor parte de los equipos directivos –con los supervisores a la cabeza– habrían pasado las faltas “injustificadas” a su superior, el ministro de Educación, José Luis Punta. Sin embargo, el viernes 24 de abril alrededor de una veintena de directivos anunció que se sumaban a la lucha y no pasaban las faltas, asumiendo los riesgos que eso supone.
Ese miércoles 23 de abril la jornada terminó con un escrache al gobernador en un jardín de la ciudad de Trelew. Allí Torres se comprometió públicamente con un grupo de docentes de nivel inicial a recibirlas al otro día en Casa de Gobierno a las nueve de la mañana. Pero el mandatario ya tenía comprometida su agenda a más de 600 kilómetros de distancia, en la ciudad de Esquel. Por lo tanto, el jueves nadie atendió a las susodichas docentes y eso no hizo otra cosa que echarle más leña al fuego del faltazo en curso ese día: movilizaron más de 1.500 personas solo en Rawson, un número similar en Puerto Madryn, algunos cientos en Comodoro Rivadavia, Esquel y la Comarca Andina. Pese a que los principales medios hegemónicos de la provincia intentaron ocultarlo, el faltazo fue el tema del día durante la mañana en toda la provincia. Al mediodía se conoció que la CTA Autónoma brindaría cobertura legal a la docencia para seguir parando. El viernes se volvió a parar. Lo propio ocurrió con la semana que terminó, que en Chubut duró apenas tres días hábiles, ya que el jueves fue feriado provincial. La docencia autoconvocada exige un salario mínimo en blanco para el ingresante de 1.500.000 pesos.

El sábado 25 se desarrollaron masivas movilizaciones en las principales ciudades de la provincia bajo la forma de un “ruidazo”. La docencia contó con el apoyo de la comunidad educativa en su conjunto. La numerosa presencia de familias corroboró la simpatía con la que cuenta la lucha en cuestión. Todo Chubut transita una situación acuciante, pero de los grandes centros urbanos el aglomerado Rawson-Trelew es el que peor la está pasando. Según el relevamiento del Indec para el segundo semestre de 2025, en estas localidades casi el 33% de la población era pobre y la cifra de indigencia rozaba el 6%. En particular Trelew, desde la caída del histórico parque industrial textil, es una fábrica de pobres. Con alrededor de 120.000 habitantes, cualquiera que se aleje diez o quince cuadras de la plaza céntrica ya ingresará en barriadas populares, antes denominadas villas miseria. Esta creciente pauperización de las condiciones de vida es lo que explica que la rebelión popular contra la zonificación minera de diciembre de 2021, que se llevó puesta casi una veintena de edificios públicos en la ciudad capital, haya tenido en la zona los únicos enfrentamientos contra el Estado. Lo que una minoría bautizó como “Chubutaguazo”, reduciendo el descontento a la defensa del agua, fue un “Chubutazo” en regla que se respaldó en la lucha de los estatales en los años previos y en el descontento de los sectores más postergados, con la juventud a la cabeza.
La nueva toma de deuda por unos 650 millones de dólares a diez años con intereses del 9,5% anual profundiza la dependencia del Estado provincial respecto de prestamistas internacionales, consolidando un colonialismo interno que es el principal fundamento provincial de las políticas de ajuste: las regalías petroleras destinadas al pago de estas deudas ni siquiera pasan por las arcas provinciales, van directamente a New York.
Este panorama se ve acicateado por otros vicios del régimen político provincial. En las últimas semanas se conoció la creación de la Unidad Gobernador en el seno del Poder Ejecutivo, que supone aumentos salariales para sus integrantes de hasta el 200%. Otro asunto que genera indignación en la población son los enormes gastos en publicidad del gobierno. Según los boletines oficiales de diciembre –que expresan lo gastado aproximadamente dos meses antes–, se destinaron más de 500 millones de pesos –en blanco– en pauta publicitaria solo en medios gráficos, impresos o canales de televisión. Esta es solo una ínfima parte, posiblemente solo la punta del iceberg, ya que no tiene en cuenta los gastos en cartelería, redes sociales y medios nacionales.

Las autoconvocatorias docentes en Chubut tienen una larga historia, que podría remontarse a los años posteriores al regreso del régimen constitucional en 1983. Jugaron un papel importante en los años previos y durante el Chubutazo de 1990, que le costó la gobernación a Néstor Perl. También estuvieron presentes en la primera década del nuevo milenio, pero sobre todo en 2018 y 2019 fueron protagonistas fundamentales de los reclamos al alicaído gobierno de Mariano Arcioni. Sin embargo, hacer una caracterización precisa del significado del “faltazo” docente es arriesgarse a entrar en terreno desconocido, al menos en el último tiempo. Pero sin dudas, entre otras cosas, expresa un descontento con el rol de las conducciones sindicales ante las políticas de ajuste de los gobiernos. Y esto no solo involucra a su ala “progre”, como es la actual conducción Celeste, sino también a una parte importante de la izquierda que se dice clasista, como la conducción sindical provincial saliente, la lista Lila. Justamente el lunes 25 de abril, en Comodoro Rivadavia, se desarrolló una multitudinaria movilización de la docencia autoconvocada desbordando a la conducción de la Lila en la única regional que le quedó, ya que las otras cinco se encuentran en manos de la Celeste.
El martes 26 de abril el gobernador se sacó las últimas dudas respecto al abrupto cambio del escenario político salarial con el parazo de estatales en toda la provincia, comandado también por autoconvocados en distintos sectores. En Rawson se movilizaron más de 6.000 personas encabezadas por la docencia. Allí se hicieron presentes sectores de la salud, auxiliares de la educación, vialidad nacional y provincial, y muchísimas reparticiones de la administración pública. En decenas de casos los trabajadores salieron de sus oficinas a movilizar y luego regresaron. En otras ciudades de la provincia ocurrió algo similar, incluyendo pueblos en lugares remotos para los que se deben transitar cientos de kilómetros de ripio y no menos de cuatro o cinco horas en busca del destino. Alrededor de 15.000 personas se movilizaron en el vasto territorio provincial.
En contra de los más elementales consejos de la ciencia política, o del marketing de los gurúes de la política, el gobierno decidió ese martes otorgar por decreto un 1,2% de “aumento” a un amplio abanico de sectores estatales, mientras estos se movilizaban por aumento salarial. La provocación de Torres no hizo otra cosa que aumentar el masivo apoyo público a la docencia en lucha.
Este escenario de ebullición social obligó al ministro de Educación, José Luis Punta, a adelantar una semana la reunión de conciliación obligatoria, que fue comunicada a la docencia por las conducciones sindicales como reapertura de paritaria. El miércoles 27 se reunieron en el edificio de Vialidad Provincial el gobierno y los sindicatos. Tras más de tres horas de reunión, no hubo grandes novedades: se proseguirá con la conciliación obligatoria por una semana más y se conoció una propuesta “superadora” del gobierno del 2% de “aumento”, (este periodista pide disculpas por el abuso de comillas, pero la situación lo amerita). Mientras transcurría el improductivo cónclave, afuera se desarrolló una asamblea de unos 300 docentes, en la que varios tomaron la palabra para informar su situación: “A la noche me tomo unos mates acompañados de galletitas con picadillo antes de ir a dormir”, dijo uno. “Muchas noches nos vamos a dormir esperando con ansiedad que llegue el próximo día para que los chicos puedan desayunar en la escuela”, describió una docente entre lágrimas.
Las bases decidieron bloquear todas las salidas del edificio en búsqueda de explicaciones del ministro. Punta y el resto de los funcionarios emprendieron la fuga con la cobertura de gases lacrimógenos y una golpiza a la docencia, la inmensa mayoría mujeres.
Las imágenes de la represión no demoraron en viralizarse y profundizar el conflicto. Dos horas más tarde se propagaron por todas las localidades marchas de antorchas contra la represión y en solidaridad con la lucha docente.
La masividad volvió a apoderarse de las calles, con un destacado protagonismo de familias enteras movilizadas. En Trelew, la docencia aprovechó la ocasión para dirigirse al domicilio del ministro Punta a exigir su renuncia.
Mientras todo esto transcurre, trascendió que su chofer, quien además es auxiliar de la educación en el Ministerio en cuestión, propinó amenazas de golpizas a manifestantes y periodistas que cubren la lucha. M. E., según sus iniciales, emitió estas intimidaciones acompañadas de comentarios fascistas en sus estados de WhatsApp.
El jueves por la noche se llevó adelante una concurrida olla popular, acompañada de un festival, como vigilia al Día Internacional de los Trabajadores. Durante el fin de semana se siguen desarrollando actividades. La CTA Autónoma le da cobertura legal a la docencia para parar el lunes y martes, y es muy probable que la extienda. Todo hace presumir que el conflicto escalará esta semana y no deben descartarse acciones más duras articuladas entre los sectores en lucha. El fantasma del Chubutazo vuelve a rondar por las calles de la provincia.
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