Final de obra

El ex titular de Vialidad Nacional desmontó la acusación el juicio por obras públicas en Santa Cruz

 

El ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, continuó la semana pasada su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal (TOF), que lo juzga junto a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de la anterior gestión por el presunto desvío de fondos de la obra pública hacia Santa Cruz y concretamente a favor de Lázaro Báez. El testimonio de Periotti, un ingeniero de 73 años que estuvo a cargo de la DNV desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015, representa un duro golpe a la investigación que está analizando la propia Corte Suprema por sus inconsistencias.

La declaración de Periotti, que se extendió ya durante dos audiencias, respondió a cada uno de los puntos de la instrucción de la causa, a cargo del juez Julián Ercolini y de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El Cohete reconstruye sus principales ejes.

 

 

La acusación

En la elevación a juicio, Ercolini le imputó a CFK, Julio De Vido, José López, Periotti y Lázaro Báez, entre otros, haber formado parte de una asociación ilícita, que habría funcionado entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 para apoderarse de los fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

Según el juez, la asociación ilícita comienza ese día porque es cuando Báez conforma Austral Construcciones. En resumidas cuentas, la instrucción de la causa dice que la DNV recibió entre 2004 y 2015 más fondos que algunos ministerios y que, en ese período, se hicieron en Santa Cruz 88 obras, de las cuales 51 se contrataron con empresas ligadas a Báez. Los contratos eran a través de entidades provinciales. También sostiene que las licitaciones fueron irregulares y que Báez habría incumplido con los plazos establecidos y que eso le generó más gastos al Estado nacional.

La causa se inició con una denuncia presentada por Javier Iguacel, a cargo de la DNV durante los primeros tiempos de Mauricio Macri en la presidencia. Al asumir, lo primero que hizo Iguacel fue mandar una auditoría a Santa Cruz para ver si podía encontrar alguna irregularidad.

Ercolini dictó el procesamiento el 27 de diciembre de 2016. La Sala I de la Cámara Federal confirmó lo actuado por el juez el 14 de septiembre del año siguiente e incluso fue por más: revocó la falta de mérito de Abel Fatala, ex subsecretario de Obra Pública, y lo terminó procesando.

El juez elevó la causa a juicio el 2 de marzo de 2018, sin haber completado los peritajes – entre otras cosas. En mayo de este año, la Corte Suprema hizo el ademán de frenar el inicio del juicio, pero cedió ante una manifestación organizada por el gobierno y el desafío del TOF 2. El juicio arrancó y los supremos se quedaron con copias del expediente para analizar los recursos que llegaron hasta el Palacio de Talcahuano.

 

El ingeniero Nelson Periotti.

 

 

Los convenios

Periotti discutió la premisa de que el Estado nacional firmó especialmente convenios con la provincia austral para la realización de obras públicas. “Santa Cruz tuvo convenios porque Vialidad Nacional había desertado en el año ’70, dejando a su distrito 23 sin recursos, equipos, máquinas y técnicos que pudieran llevar adelante proyectos”.

Dijo que, por eso, tomó la responsabilidad de resolver las deudas de rutas nacionales. En Santa Cruz se firmaron 83 convenios de los 903 que se acordaron en el resto del país para que las provincias hicieran obras públicas con fondos nacionales. Desde 2009, hubo también más de 500 convenios directamente entre Nación y municipios, que servían tanto para la construcción de ingresos a las ciudades como para iluminar todas las calles céntricas – como sucedió en Mar del Plata.

Pese a que en la causa se plantean los convenios como una forma de desviar fondos, Periotti dijo que no fue una práctica que haya abandonado Cambiemos. Puso como ejemplos los que firmaron con provincias como Córdoba y Mendoza, que no tuvieron los avances previstos.

 

 

La cantidad de obras

El ex titular de la DNV comparó los 83 convenios de obras de Santa Cruz con el resto de las provincias para mostrar que no hubo un especial direccionamiento de fondos hacia la provincia de los ex Presidentes.

Según sus datos, se hicieron 455 obras en Buenos Aires, 167 en Córdoba, 139 en Santa Fe, 129 en Entre Ríos, 104 en Río Negro, 99 en Salta, 68 en Jujuy, 62 en La Rioja, 74 en Corrientes, 88 en Chubut, 70 en Chaco y 63 en Formosa.

 

La concentración

Periotti también explicó que la concentración de las obras en algunas empresas es una práctica no sólo comprobable en Santa Cruz, sino que se dio en todas las provincias – sin distinciones de colores políticos.

Entre 2003 y 2015, en Buenos Aires se hicieron 455 obras por un valor total — a diciembre de 2015 — de 26.900 millones de pesos. Noventa y seis de esas obras fueron hechas por sólo cuatro empresas y diez  unidades transitorias de empresas (UTE) por un valor de 17.900 millones, lo que equivale a decir que hubo una concentración del 66 por ciento.

La concentración fue similar en Córdoba, donde se realizaron 167 obras en el mismo período. Seis empresas y cuatro UTE hicieron 32 de esas obras, cobrando 6495 del total de 9700 millones de pesos asignados para la provincia.

En Santa Fe, la concentración en pocas manos fue casi total. Llegó al 91 por ciento. Se hicieron un total de 139 obras por un valor de 10.800 millones. Cuatro empresas y ocho UTE hicieron 53 obras y se embolsaron 9800 millones.

En Santa Cruz, fue del 80 por ciento, una cifra promedio en las provincias sureñas. Por ejemplo, en la vecina Chubut, se hicieron 88 obras por 5.000 millones de pesos. Seis empresas y cuatro UTE fueron responsables de 42 obras y cobraron 4300 millones de pesos, lo que muestra una concentración del 86 por ciento.

Más al sur, en Tierra del Fuego, la cantidad de obras fue menor pero no tanto la concentración. Se hicieron 28 obras. De esas, la mitad quedaron en manos de dos empresas, que cobraron 1289 millones del total de 1800 asignados a la provincia. En ese caso, la concentración fue del 71 por ciento.

“Quise hacer una comparación de lo que se objeta en la causa respecto a la concentración de obras en pocas empresas en la provincia de Santa Cruz”, explicó Periotti. “Esto ocurrió durante toda la historia de Vialidad Nacional, ocurrió durante nuestra administración y ocurre ahora. Las empresas radicadas en determinadas regiones tienen la posibilidad de menos transporte, menos movilidad, menos traslado de equipo. Entonces tienen pueden hacer ofertas más económicas respecto de la empresas de otros lugares del país”, dijo.

 

 

Una asociación ilícita demasiado extendida

Un certificado de obra no se mueve con facilidad, explicó Periotti. Los certificados son necesarios para que el Estado pague a las empresas que están trabajando.

El camino que recorre un certificado de obra es el siguiente: lo genera el inspector de obra con el jefe de obra y el representante técnico de la empresa, se remite al director de Obras de la provincia, pasa por el ingeniero jefe de Vialidad provincial, luego va a la División de Relaciones con entes nacionales y finalmente a la presidencia de Vialidad provincial. De allí va al al 23° Distrito de la DVN y se carga en el sistema informático. Se lo devuelve a Vialidad provincial y al 23° Distrito. Recién ahí la empresa presenta la factura al jefe de Distritos, que la envía a la sede central Buenos Aires. La recibe la gerencia de Obras, va a la división Marcha de Contratos, a la subgerencia de Obras y a la gerencia de Administración. Hace unos cuantos pasos más hasta que se genera la orden de pago, que lleva la firma del subgerente de contabilidad, de control de legalidad, liquidaciones, administración y el subadministrador general. Si este no estaba, el que firmaba era Periotti.

Según el ex titular de la DNV, durante la época en que mayor cantidad de obras se estaban realizando podían entrar hasta mil certificados de obras.

También explicó que durante el kirchnerismo se redeterminaban los costos tres veces al año. “Ahora no sé, por la devaluación”, dijo punzante. “No quiero ni pensar la cantidad de certificados que pasan por estas áreas por estas razones”.

Si hubo una asociación ilícita –como sostuvo el juez instructor y como sostienen las partes acusadoras—, tuvo que ser lo suficientemente amplia para que no se detectaran irregularidades en ningún eslabón de la cadena. “No existió asociación ilícita porque si uno piensa que de la asociación ilícita participan todos los que firman el certificado es una incongruencia”, afirmó Periotti.

 

 

El TOF 2: Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

 

 

 

Pagos anticipados

¿Había un proceso excepcional de pagos para el Grupo Austral? No, según lo que declaró Periotti.

El ingeniero explicó que en 2010 la DNV elaboró un convenio para ser utilizado en todo el territorio que contempló el pago anticipado de certificados en casos de fuerza mayor, como podían ser terremotos, aludes, volcanes o incluso crisis sociales.

Según la acusación, la resolución 899/2010 fue el canal de pago elegido para privilegiar a Báez. Pero Periotti explicó que esa resolución se dictó porque ese año hubo un alud en Comodoro Rivadavia que no está en Santa Cruz sino en Chubut, por un desprendimiento del cerro Chenque. Como querían solucionar el problema con empresas que hacían trabajos en la zona, DNV accedió a adelantar pagos para que pudieran hacerle frente a la emergencia.

Los fiscales Pollicita y Mahiques le preguntaron a la Cámara Argentina de la Construcción si sabían de la resolución y la Cámara contestó en agosto de 2017 que nunca se les había comunicado y que había estado abocada a reclamar por incumplimientos en los pagos.

Perotti dijo que no hacía falta ninguna notificación porque la resolución estaba disponible online. También mostró que tenía órdenes de pago a ser efectuadas “antes de su vencimiento”, firmadas incluso por Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción.

Además explicó que la Cámara no podía desconocer la modalidad de pagos anticipados, porque consta en la cláusula 39.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales —FTN 1997— con el que licitan.

 

 

Las declaraciones

Periotti apuntó contra tres declaraciones que se usaron en la instrucción: la de Martín Leonardo Cergneux, la de Hugo Manuel Rodríguez y la del propio Iguacel.

Cergneux fue inspector de la Administración General de Vialidad Provincial entre 2005 y 2008. Denunció supuestas irregularidades que lo tenían a él como protagonista. “Denunció lo que debió denunciar cuando estaba como inspector”, opinó Periotti.

Rodríguez fue el antecesor de Fatala en la subsecretaría de Obras Públicas. Su testimonio se usó para decir que existía una relación amistosa entre Néstor Kirchner, Periotti y José López, entre otros. Rodríguez, que había estado en el Ministerio de Planificación entre 2007 y 2008, habló de reuniones con Kirchner en el Hotel Faena. “Es un desconocimiento de la personalidad de Néstor Kirchner –se enojó Periotti—. Jamás se iba a reunir en un restaurant o en un hotel”.

Por último, Iguacel fue el que promovió las denuncias, pese a que la auditoría que él mismo ordenó dice que no se evidenciaban desajustes relevantes. La auditoría también es contradictoria con el peritaje ordenado por el TOF sobre menos de un diez por ciento de las 51 obras cuestionadas.

Informe 3/2016 de la Unidad de Auditoría Interna de Vialidad.

Las pericias

Según el informe firmado por los ingenieros Eloy Pablo Bona –recusado por sus tuits antikirchneristas– y Roberto Panizza, de la fiscalía, dijo que hubo sobreprecios por 170 millones de dólares y demoras injustificadas.

Periotti explicó que las demoras en las obras son normales y consideró inapropiada la comparación de trabajos cordilleranos con rutas atlánticas – que usaron los peritos. Además explicó que contrastaron los costos de obras desde cero con otras por refacciones, donde parte del trabajo ya está hecho. También hizo un ejercicio de cuánto cambiaría el precio de las obras si efectivamente hubieran estado dolarizadas –como hicieron los peritos para calcular los costos– al calor de la devaluación post PASO. “No es serio tomar como eje de análisis la dolarización en la obra pública y, sobre todo, en la obra pública vial”, sostuvo.

En el fin de semana, el ingeniero seguía estudiando documentación para llevar mañana a la audiencia. Seguirá declarando, y desmenuzando las pericias de Bona y Panizza.

 

El perito Bona.
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2 Comentarios
  1. Manso dice

    Tal cual
    Mans

  2. JOE AUBERGINE dice

    mientras tanto DeVido está preso.. y LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO ES RESPONSABLE.. lo demás es cháchara..

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