Final de promoción

La Corte se prepara para terminar de cerrar el capítulo 2x1 para los represores

 

Miguel Osvaldo Etchecolatz se convirtió en un escritor prolífico en los últimos días. Mandó un escrito al tribunal de La Plata para insistir con que le concedan la prisión domiciliaria. También mandó carta a los jueces de la Sala IV de la Casación Federal que le negaron ese beneficio en otra causa. Los amenazó con denuncias penales y ante el Consejo de la Magistratura – después de llamarlos traidores a la patria. El único elogio que derrochó fue con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a quien considera su único aliado en el expediente que el máximo tribunal debe resolver sobre su planteo de que le apliquen la ya extinta ley del 2×1.

Como Etchecolatz, son casi 40 los represores de la última dictadura que esperan que la Corte resuelva sus pedidos para ser beneficiados con una libertad anticipada. Aunque las esperanzas son pocas. La Corte en diciembre del año pasado dio marcha atrás con el fallo que en 2017 le había concedido el beneficio al represor Luis Muiña y abierto la puerta para otros cientos.

 

Fragmento de la carta que envió Etchecolatz esta semana a los jueces de la Casación que rechazaron mandarlo a su casa.

 

 

 

La historia del 2×1

A poco de llegar a la Corte, Rosenkrantz motorizó la revisión de los planteos de genocidas que pedían que se les aplicara la ley 24.390, una norma que estuvo vigente entre 1994 y 2001 y que pasó a la fama como la ley del 2×1. Eligió un caso, Muiña, y convenció a dos de sus colegas, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. El fallo salió el 3 de mayo de 2017 y generó la mayor conmoción que en el Palacio de Talcahuano se recuerde.

Rosatti se había preocupado por aclarar en el fallo y ante todos los que quisieran escucharlo que si había una ley –en este caso, aclaratoria, como la que aprobó el Congreso en menos de una semana– iba a cambiar su voto. La Corte tardó un año y medio en desandar ese camino.

En diciembre del año pasado tomó un planteo similar al de Muiña. Era un pedido de Rufino Batalla, un represor que había operado en el centro clandestino conocido como La Cacha – lindante con el Penal de Olmos. Rosatti cambió su voto. Highton firmó con gusto lo que escribió su colega. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda sostuvieron lo que habían dicho en Muiña: que no correspondía ningún atenuante en la pena para casos de lesa humanidad. Rosenkrantz también dejó anclado allí su voto, pero en sentido contrario al de sus compañeros del cuarto piso.

 

 

Los pendientes

Además del planteo de Etchecolatz, son decenas los pedidos de aplicación del 2×1 que la Corte no resolvió todavía. Todo indicaría que deberían resolverse en las próximas semanas, aplicárseles el precedente Batalla y rechazar el beneficio para los represores de la última dictadura. Eso sugieren fuentes del máximo tribunal.

Entre quienes lo solicitaron están los integrantes de la patota de la ESMA, represores del Primer Cuerpo de Ejército –como Eduardo Kalinec (el Doctor K) o José Néstor Maidana– que operó en el Vesubio. También hay recursos de represores condenados a perpetua en Córdoba, como Ricardo Lardone o Ernesto “Nabo” Barreiro. De Mar del Plata están Pedro Mansilla, que espera la decisión en domiciliaria, y Alejandro Duret, libre. También hay recursos de Athos Renes, suegro del actual jefe del ejército, Claudio Pasqualini, y condenado a perpetua por la masacre de Margarita Belén.

Nada hace indicar que la Corte vaya a apartarse del fallo Batalla. De hecho, en los últimos días, los supremos publicaron un libro que reúne los fallos más importantes de los últimos 25 años – que coinciden con el tiempo de vigencia de la Constitución. Agregaron el fallo Batalla al corpus de sentencias que abrieron el camino para el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura.

En el Palacio insisten que la idea es saldar el capítulo 2×1 antes de fin de año. Como los ministros y la ministra no acordaron una agenda para estos meses, no se sabe cuándo efectivamente se haría.

 

 

Las otras deudas

La Corte tiene desde 2015 para resolver qué hace con la falta de mérito que le dictó la Casación Federal a Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, en el caso de los apagones de 1976. El expediente está hace unos meses en la vocalía de Rosenkrantz, por lo que la demora no es únicamente achacable a él. Durante la audiencia en el Senado, a Rosenkrantz le preguntaron por su relación con los Blaquier – vinculados a la Universidad de San Andrés que el jurista dirigía. Su esposa también lideró durante años la Fundación Cimientos, presidida por Miguel Blaquier.

En la Corte está también pendiente de confirmación la sentencia por la masacre de Trelew. Allí la demora pasa por definir si hubo delitos de lesa humanidad antes del golpe de 1976. Lo mismo sucede con la causa por la masacre de Capilla del Rosario, de 1974.

Asimismo, los supremos tienen una causa vinculada a delitos sexuales durante la última dictadura. En el caso Martel, deben definir si las agresiones sexuales son delitos de propia mano –es decir, achacables únicamente a los autores directos– como sostuvo la Casación en 2016. Hay un dictamen de la Procuración en sentido contrario al que le otorgaron los casadores.

También deben revisar tres casos vinculados a apropiaciones de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. Deben analizar una sentencia de Campo de Mayo, el sobreseimiento al juez de menores Juan Carlos Marchetti que intervino en la sustitución de identidad del nieto Manuel Gonçalves y resolver un planteo del ex secretario general del Ejercito Eduardo Alfonso, que demora un nuevo juicio por el asesinato de Antonio Domingo García y los secuestros de Beatriz Recchia –embarazada de cinco meses— y de su hijita Juliana.

 

 

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