Las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa no ceden en su persecución a opositores, y en la primera semana de noviembre regaron sobre casi medio centenar de docentes notificaciones de juicios académicos abiertos para separarlos de los cargos que obtuvieron por concurso. La amenaza pende sobre sus cabezas desde mediados de este año, cuando se conoció la denuncia presentada por allegados a la actual conducción de la UNaF.
El intento se complementa con la inclusión en la planta regular de oficialistas que ingresaron por fuera de las vías ordinarias, en una forzada interpretación del convenio colectivo que el sector docente universitario argentino conquistó durante la última Presidencia de Cristina Fernández.
El Rectorado de la UNaF se asegura así un padrón amigable, consistente con su proyecto de preservación del poder institucional, y el aval a su singular modo de manejar los recursos. Ambos aspectos de la conflictiva vida académica formoseña fueron señalados por informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la Auditoría General de la Nación. Tanto la CONEAU como la AGN se componen de representantes de los principales sectores del Congreso, bancas a las que el organismo de acreditación universitaria añade las reservadas al ámbito académico público y privado.
De ese modo, emerge la paradoja: la única universidad nacional de adhesión plena al gobierno de Javier Milei, que reclama auditorías a todas ellas, reúne informes negativos de cuerpos de evaluación de composición plural. La contradicción no impidió al anarcocapitalismo la admisión del vicerrector Emilio Grippaldi como candidato a convencional constituyente en las elecciones provinciales de fines de julio.
Los leones que el sublema de Grippaldi se proponía despertar no llegaron a ser diez mil en las urnas. Otra es la realidad en la UNaF, donde junto al rector Augusto Parmetler se aseguraron el control pleno de padrones y cuerpos colegiados que deberían ser de cogobierno.
La industria del juicio (académico)
El Consejo Superior de la UNaF aprobó el 8 de octubre, en sesión extraordinaria y con brío industrial, 47 resoluciones calcadas de apertura de juicios académicos sobre docentes que en septiembre de 2021 promovieron una autoconvocatoria de la Asamblea Universitaria para reencauzar la lesionada vida institucional. Esa potestad le era conferida a ese cuerpo por vía estatutaria. Sin embargo, desde entonces el Rectorado califica la acción como un intento de golpe palaciego.
La narrativa llega a tal extremo que la UNaF conmemora el Día de la Autonomía Universitaria en una fecha distinta a la del conjunto del sistema académico público. Mientras el resto de las universidades nacionales lo celebra en junio, por la conquista de la Reforma en 1918, la formoseña festeja el 24 de septiembre. En esa fecha de 2021 consiguió una resolución judicial que le permitió desconocer la convocatoria de la Asamblea Universitaria.
Aquel año electoral estuvo atravesado por sucesivas denuncias de manipulación de padrones e irregularidades en los cronogramas, con suspensiones ordenadas por la Justicia. El Rectorado reemplazó además la composición de la Junta Electoral Permanente, removiendo a sus integrantes y designando a otros, en una invasión de las facultades que el estatuto de la UNaF reserva al Consejo Superior. La disposición fue emitida el 23 de agosto, un día antes de la fecha pautada para las elecciones, que fueron canceladas. El Rectorado impidió a presidentes de mesa, electores, y fiscales y apoderados de listas el acceso a los lugares previstos para llevar a cabo el comicio, que se concretó fuera de la sede universitaria pero la conducción desconoció. Los candidatos electos fueron quienes llevaron a cabo la sesión de la Asamblea Universitaria que el oficialismo considera todavía hoy un intento golpista punible, pese a que no produjo efectos, por la intervención judicial a favor de sus intereses.
La nueva composición oficialista de la Junta Electoral convocó a elecciones para comienzos de octubre de 2021. Buena parte de la oposición se negó a participar, por las irregularidades previamente denunciadas, inasistencia que el Rectorado utilizó para impedirles votar en el siguiente turno, tres años después. La proscripción de casi dos centenares de docentes y el pase a planta de otros no concursados engrosaron el porcentaje de votos oficialistas. Un grupo de electores protestó ante la Cámara Federal de Resistencia, que rechazó el recurso.
En esas condiciones, el rector Parmetler se aseguró la reelección en 2021 y una reforma estatutaria que amplía la permanencia en el cargo a tres periodos consecutivos, de un lustro cada uno.
Vencedores vencidos
Los juicios académicos abiertos deberían tener un corto recorrido. Incluso sin considerar la cuestión de fondo, sobre el carácter de supuesto intento de golpe institucional en la sesión de la Asamblea Universitaria, los hechos allí ocurridos prescribieron para la acción disciplinaria.
El convenio colectivo de trabajo docente establece plazos, contados desde la supuesta falta o su toma de conocimiento. La sanción más grave es la exoneración, y su prescripción es bienal. Ha transcurrido el doble de tiempo, y no podría alegarse novedad, porque lo sucedido fue de conocimiento público en el momento en que ocurrió.
Cuando la amenaza del juicio académico se cerraba ya sobre el casi medio centenar de docentes opositores, en junio último, el propio Consejo Interuniversitario Nacional alertó sobre los riesgos en el noreste del país. La Red de Derechos Humanos del organismo que reúne a todas las universidades públicas emitió un documento en que advirtió que se develaba en la UNaF un método para “sancionar a quienes tienen un ideario y posicionamiento diferente a las autoridades de la casa de estudios hoy”.
De no prosperar las apelaciones a la apertura de los procesos, será difícil que tengan un desarrollo ágil. Seis personas, titulares y suplentes del tribunal de profesores ordinarios, deberían intervenir en casi medio centenar de trámites. En una comunidad docente pequeña, es previsible que surjan excusaciones o recusaciones por vínculos entre jueces y acusados.
Al cierre de esta nota, la federación nacional de docentes universitarios CONADU expresó su solidaridad con quienes en la UNaF sufren una persecución “que sanciona por razones políticas a quienes tienen un pensamiento crítico y diferente a su gestión”. En el mismo plenario, CONADU decretó un paro de 72 horas para esta semana, en que confluirá con CONADU Histórica. Reclamarán la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno se resiste a aplicar, pese a la insistencia del Congreso tras su veto. Casi todas las universidades nacionales reclamaron colectivamente por vía judicial ante el incumplimiento. La UNaF no participó del grupo.
Bochazos
El informe preliminar que la CONEAU produjo en julio de 2024 se conoció en Formosa en septiembre de ese año, a partir de una publicación del gremio local de docentes ATUNF. El documento atestigua el clima de “conflicto interno y aislamiento externo” que la comitiva de evaluadores percibió en la comunidad universitaria formoseña cuando la visitó, un año antes.
Más allá de sus múltiples objeciones al funcionamiento institucional y académico, el informe describe un “escenario crítico” y apunta que “el Rectorado aparece como figura ciertamente hegemónica”, centralizando decisiones de cuerpos colegiados y facultades, incluyendo el poder sobre la Asamblea Universitaria que debe controlar su gestión.
En materia laboral, la evaluación de CONEAU detectó “la reubicación del personal no docente de manera arbitraria”, el incumplimiento de convenios colectivos de trabajo y “la ausencia de sustanciación de concursos docentes desde hace varios años”. En ese último aspecto, colocó cifras: sólo el 20,84% del plantel total corresponde a docentes ordinarios, cuando la Ley de Educación Superior requiere que el porcentaje de concursados no debe ser inferior a 70. La pretendida exclusión de los 47 acusados en los juicios académicos agravaría ese incumplimiento, porque se trata de integrantes de las últimas generaciones que ingresaron por concurso.
La evaluación realizada por la AGN completa el cuadro de situación, con la descripción del plano administrativo. El periodo analizado corresponde al bienio 2019-2021. La AGN enumeró, entre otras falencias:
- el reordenamiento de la estructura y sus funciones sin aval del Consejo Superior;
- la ejecución de gastos sin la autorización formal requerida por las leyes de Administración Financiera y de Educación Superior;
- la falta de certeza sobre los recursos propios de la UNaF, y la carencia de planes de inversión;
- durante 2021, una suma de gastos superior a los ingresos;
- adelantos de fondos sin control o resolución de respaldo, con agregados en lápiz en la documentación y falta de comunicación entre áreas, además del otorgamiento de nuevos desembolsos a quienes adeudaban rendiciones de cuentas;
- la adquisición de bienes y servicios por fuera de las reglamentaciones de contrataciones, apelando al mismo sistema de adelanto de fondos; y
- facturaciones y certificaciones de servicios anteriores a las resoluciones que las habrían justificado, o por cuantías que deberían haber dado lugar a licitaciones públicas.
Ese accionar del Rectorado despertó una creciente oposición política al interior de la UNaF, derivando en la hostilidad reinante a partir del electoral 2021. Tres años después, el oficialismo universitario formoseño se propone completar la tarea con sanciones o expulsiones de docentes que no resignan su autonomía.
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