La Universidad Nacional de Formosa homenajeó el viernes a “los héroes formoseños” que hace hoy medio siglo resistieron el intento de toma del Regimiento de Infantería de Monte 29 por parte de la organización Montoneros. Las atroces respuestas de entonces desbordaron los límites provinciales. Cinco décadas después, es difícil que logre conmover amplios consensos nacionales sobre la verdad histórica, aunque eso no impide los esfuerzos de activistas cercanos a la Vicepresidenta Victoria Villarruel y medios porteños como Infobae y La Nación.
La resistencia del regimiento formoseño incluyó ejecuciones sumarias durante la misma represión del ataque y derivó en los llamados “decretos de aniquilamiento”, que Ítalo Luder y el gabinete presidencial firmaron al día siguiente. Esas normativas extendieron al conjunto del país lo hasta entonces focalizado en Tucumán por el denominado Operativo Independencia, y prepararon el andamiaje básico sobre el que seis meses más tarde se basaría el accionar clandestino de la dictadura, dos de cuyos tres cabecillas ya eran para octubre de 1975 jefes de sus Armas. Luder, senador a cargo del Ejecutivo por la licencia de María Estela Martínez, les obsequió el mando sobre las fuerzas de seguridad en todo el territorio.
A nivel local, el hecho conformó un imaginario colectivo mayoritario en torno a una gesta histórica del regimiento y contribuyó a la ejecución del plan criminal que desde 1976 ubicó en esa unidad militar un centro clandestino de detención. El recuerdo del 5 de octubre de 1975 se hacía presente en los interrogatorios de los verdugos, la aceptación de los conscriptos de lo que ocurría y la condescendencia o pasividad de buena parte de la comunidad. Medio siglo después vuelve a emerger, en el enésimo intento por reelaborar la parte más dolorosa del pasado reciente.
El día de mañana
Los registros oficiales recolectados desde 1984 señalan como saldo del intento de toma ocho casos de ejecuciones por parte del Ejército, y otros cinco en que se ocultaron los cuerpos de las víctimas. También se incluyen las muertes de dos civiles ajenos a la operación guerrillera, asesinados en rastrillajes militares efectuados en las inmediaciones del regimiento.
Al día siguiente, el lunes 6 de octubre de 1975, el gabinete nacional rubricó una triada de decretos para “aniquilar el accionar de elementos subversivos”. María Estela Martínez había sido forzada a tomar una licencia en la Presidencia de la Nación, que quedó encargada a Luder, a quien la prensa liberal y la jerarquía militar veían con mejores ojos.
El secretario legal y técnico de la entonces Presidenta, Julio González, relató al historiador Felipe Pigna que los decretos no habían pasado por su área para obtener dictamen y afirmó que fueron redactados por pluma castrense. De acuerdo con González, llegaron a Luder a través del ministro de Defensa, Tomás Vottero, y se firmaron en una reunión de la que participaron los comandantes de las Fuerzas Armadas.
Por medio de los tres decretos, se disponía:
- La creación del Consejo de Seguridad Interior, encabezado por el Presidente e integrado por ministros y jefes militares.
- La ampliación de funciones del Consejo de Defensa, que había sido impulsado en 1973 para introducir al gobierno democrático en un ámbito exclusivo de la Junta de Comandantes, y en 1975 pasó a concentrar las potestades de planear y conducir a las fuerzas armadas y de seguridad federales en la llamada “lucha contra la subversión”.
- La firma de convenios con gobernadores para poner a policías y servicios penitenciarios provinciales bajo control del Consejo de Defensa.
- La ejecución de las operaciones militares y de seguridad que “sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
El avance de la confusión entre seguridad interior y defensa nacional se vuelve patente en tales determinaciones, del mismo modo que se clarifica su extensión al conjunto del territorio. Para González, que calificó a Luder como “obsecuente de las Fuerzas Armadas”, con esos decretos “se crea la infraestructura operativa para las desapariciones de la época de la dictadura”. El jefe del Ejército y futuro dictador Jorge Videla firmó ese mismo mes la directiva 404/75, que estableció la colaboración operacional con la Armada y la Fuerza Aérea y dividió el mapa del país a reprimir. El esquema de zonas, subzonas y áreas sería desde 1976 la estructura básica sobre la que se desplegaría el plan criminal en ciernes.
Rituales
Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, el Regimiento de Infantería de Monte 29 albergó un centro clandestino de detención. Según testimonios recogidos en el juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en 2013, el sitio en que se torturaba a las personas secuestradas se ubicaba en un espacio aledaño al salón “Soldado Luna”, cuyo nombre evocaba a Hermindo Luna, fallecido en el intento de toma de la unidad militar.
La contigüidad de dependencias era ilustrativa. En los fundamentos del veredicto del juicio, el juez Manuel Moreira sostuvo que el recuerdo de lo ocurrido en 1975 fue “otro factor importante para enmascarar la siniestra actividad llevada a cabo en los fondos del Regimiento” desde el año siguiente.
Moreira consideró que la conmemoración ritual del hecho “fue creando un vínculo en los soldados que hicieron el servicio militar en la época, sosteniendo una inducida lealtad al Regimiento” y el convencimiento de que “la causa de las detenciones provenía de una lucha armada que continuaba”.
La primera de tales conmemoraciones rituales fue el 5 de octubre de 1976, cuando llegaron a Formosa el general Cristino Nicolaides y el provicario castrense Victorio Bonamín, que bendijo placas recordatorias. Los diarios personales de Bonamín, que recuperaron y analizaron Lucas Bilbao y Ariel Lede en el libro Profeta del genocidio, reflejan su impacto por la asistencia al acto de ex conscriptos de la clase 1955. Un sobreviviente del cautiverio en el regimiento recordó durante el juicio de 2013 que Bonamín definió a la unidad militar como “un lugar santo, en que habita la gloria de Dios”, e insistió en que el soldado argentino había sido llamado a “exterminar” al diablo subversivo, repitiendo tres veces el verbo.
Al dictar aquella sentencia, el juez Moreira concluyó que “esa prédica sobre la masa de conscriptos favoreció la clandestinidad y generó hasta la fecha una lealtad indefinida, pero real”. Sólo quienes lograban eludir tal condicionamiento aportaron al conocimiento del aparato represivo ilegal que incluyó al Regimiento, agregó el juez en la sentencia por la que se condenó a ocho integrantes de fuerzas militares y de seguridad por delitos contra 74 víctimas.
Casi doce años después de ese fallo, Moreira dejó el cargo para jubilarse. Aceptada por Javier Milei a fines del mes pasado, su renuncia será efectiva desde el primer día de noviembre. El noreste del país perderá así a un magistrado que la región valora ejemplar, con estudios en antropología jurídica y el derecho de los pueblos originarios.
Localía
Como contó El Cohete, la UNAF es una excepción entre sus pares del país por la adhesión de su rectorado al oficialismo nacional que castiga presupuestos y salarios del sector. Su vicerrector, Emilio Grippaldi, fue candidato a convencional constituyente provincial en las elecciones del 29 de junio. Los leones que su sublema procuraba despertar no llegaron a ser diez mil en las urnas.
La conmemoración de lo ocurrido hace cinco décadas en el regimiento local del Ejército convierte también a la UNAF en la única universidad nacional en que permea a niveles institucionales el discurso que sobre el terrorismo de Estado propició Villarruel antes de llegar a su actual cargo. Impulsada por la conducción del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades, ambas alineadas con el rectorado, la actividad fue difundida por la página web de la universidad y su canal audiovisual.
La tónica de la conmemoración no es el único vínculo de la UNAF con Villarruel. En octubre de 2024 hizo llegar al centro de estudiantes de Humanidades un paquete de libros que abordan “la historia que jamás fue contada por ningún gobierno”, según la definición de Sergio Reno, con quien la Vicepresidenta envió el material.
“Cuando en la Argentina se habla de terrorismo, se habla del terrorismo de Estado, pero la realidad es que el terrorismo es uno solo. Y las víctimas fueron a causa de Montoneros y ERP, los dos grupos armados más importantes de la década del ‘70”, dijo Reno, que actualmente preside el llamado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, fundado por Villarruel. Sus palabras dejan en claro que para esa línea no hubo siquiera dos demonios, sino uno solo, lo que parece ubicarse más próximo a la apología que al mero negacionismo.
Los obsequios fueron recibidos en la institución con un beneplácito que difundió su web oficial. Rodrigo Galarza, secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, celebró que “comenzamos a contar la historia de aquellas víctimas del terrorismo o que han sufrido los ataques de los grupos subversivos” y concluyó que ese relato “nos toca muy de cerca a los formoseños” por el episodio de la toma montonera del regimiento. Galarza anticipó que buscarían que la bibliografía sea aplicada en talleres y cátedras transversales a todas las carreras de la UNAF.
Menos de un bimestre después, Reno aplaudió el acceso al vicedecanato de la facultad formoseña de Recursos Naturales del ingeniero Carlos Sanabria. Como Sanabria es hijo de un sargento muerto durante el tiroteo de 1975, Reno definió su arribo al cargo como un triunfo de “la lucha por la verdad y la memoria completa”.
El viernes Reno y Sanabria coincidieron en el acto de la UNAF, que las facultades de Humanidades y de Recursos Naturales declararon “de interés académico”. Una nueva conmemoración ritual, en busca de disputar sentido, medio siglo después.
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