El Presidente Javier Milei brindó una entrevista al medio francés Public Sénat, en donde abordó numerosos temas de su gestión, entre ellos, las políticas exterior y de Defensa. En cuanto a este último tema, sostuvo que “estamos comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas. Así es que tenemos una relación maravillosa con Francia”.
Esta decisión sería, de concretarse, muy importante para recuperar la capacidad submarina y, así, vigilar y controlar los espacios marítimos; más aún cuando del total del territorio continental, marítimo, fluvial, insular y antártico, el 23% se encuentra usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB), mientras que el 36% se encuentra bajo el paraguas del Tratado Antártico y es reclamado también por el RUGB y por Chile. A esto hay que sumarle que Estados Unidos ha tenido un creciente activismo y presencia en la ciudad de Ushuaia desde el año 2021. El 9 de abril de ese año, el por entonces jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, visitó la citada ciudad y, desde entonces, sus sucesores han repetido ese ritual. Si bien el actual Presidente sostuvo, delante de la generala Laura Richardson, que se construiría una base naval integrada, lo cual fue desmentido a posteriori por funcionarios del gobierno, algunos medios ratificaron la construcción de dicha instalación, que le permitiría a la potencia norteamericana contar con un punto de soporte logístico para sus submarinos nucleares, le brindaría un pre posicionamiento para la carrera antártica y le facilitaría contar con tres pasos naturales hacía el Océano Pacífico —dado que el Canal de Panamá es de naturaleza artificial—, donde se encuentra su principal rival.
Los submarinos franceses: ¿un déjà vu?
Debemos recordar que la Argentina perdió la capacidad de combate submarino cuando se hundió el ARA San Juan en el año 2017. A partir de 2019, el Ministerio de Defensa comenzó, con el asesoramiento de la Armada Argentina, a evaluar diferentes opciones disponibles en el mercado internacional; objetivo que cobró un importante impulso con la aprobación de la Ley 27.565 (2020) que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
En el informe del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, correspondiente al mes de abril de 2022, informó que “durante el corriente año llegarán las ofertas finales de las empresas Naval Group (Francia) y ThyssenKrupp (Alemania) por la provisión de tres submarinos convencionales”. Por tal motivo, en julio de 2022, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitó Francia, donde mantuvo encuentros con su par francés y, puntualmente, recorrió “el astillero de la empresa Naval Group, en la ciudad de Cherbourg, para conocer en detalle la producción de submarinos y analizar junto a un equipo de especialistas las capacidades del modelo ‘Scorpene’”. Días más tarde, el ministro hizo lo propio con “el astillero de la firma ThyssenKrupp situado en la ciudad de Kiel”.
En septiembre del año 2022, en un reportaje a Infobae, el ministro Taiana informó que se habían comprado gracias al FONDEF misiles de corto alcance suecos. “Gracias a eso recuperamos la capacidad de defensa antiaérea misilística del país que no teníamos”. Detalló que “en el Ejército [tenemos que] renovar el tanque TAM 2 (Tanque Argentino Mediano). El prototipo se está realizando con una empresa israelí. Estará antes de fin de año. Esa tarea se retomó ahora porque el gobierno del ingeniero Macri lo paró. A fin de año tendremos tanques muy modernos y de mucha capacidad. También necesitamos los blindados a rueda, que es un nuevo elemento y que esperamos cerrarlo antes de fin de año. En la [Armada Argentina] necesitamos recuperar la capacidad submarina. No se concibe un país como la Argentina, con ese mar gigantesco continental y con esa plataforma extraordinaria, que no tenga capacidad submarina. Hay que recuperar también los aviones P3 Orión de largo alcance para control del espacio marítimo. En la Fuerza Aérea tenemos que recuperar los aviones cazas de cuarta generación supersónicos. Estamos en el proceso de selección de estas dos últimas cosas: submarinos y aviones cazas”.
Más allá del financiamiento —si tenemos presente que cada submarino cuesta U$S 700 millones y que la Argentina necesita al menos tres—, otra de las dificultades eran para los proveedores los requerimientos argentinos. De acuerdo a un ex funcionario del Ministerio de Defensa que participó de las negociaciones, la Argentina requería, además del financiamiento, que luego de la construcción del primer submarino, los otros dos se hicieran en los astilleros de Tandanor. Mientras que Naval Group no ofrecía la transferencia de la tecnología y no tenía interés en fabricar el segundo y tercer submarino en la Argentina; ThyssenKrupp ofrecían algo de transferencia tecnológica, capacitación al personal de Tandanor y fabricar dos submarinos en nuestro país. El acceso a la tecnología es un punto relevante porque, si no la poseemos, Francia tendría acceso a la misma y podría transferirles los datos a los británicos. Hacia fines de 2023, la Armada Argentina se había decantado por los franceses.
Pese a lo expuesto, y de acuerdo a Infobae, “Francia estaría cerca de acceder a que el Estado Nacional no pague los submarinos hasta que se terminen de fabricar en ese país. Sería un pago contra entrega, algo que es muy poco habitual en este rubro”. También agrega que, cuando el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó nuestro país en noviembre del año 2024, se dialogó sobre la cooperación bilateral en materia de Defensa y el ministro Luis Petri “envió a la compañía francesa Naval Group una carta de intención para la incorporación de tres unidades del modelo evolucionado del submarino Scorpene”. En junio de 2025, Petri viajó a Francia para continuar negociando la adquisición de los submarinos y de cuatro buques OPV para la Prefectura Naval Argentina.
Al día de la fecha, no hay precisiones sobre si algunos de los submarinos serían fabricados en los astilleros Tandanor y si se tendría acceso a la tecnología sensible o ésta estaría vedada para nuestro país.
Más allá de esta última cuestión y de la a priori buena noticia que significa la adquisición de estos submarinos, un déjà vu recorre el espinal cada vez que la derecha argentina adquiere un sistema de armas.
En efecto, no se trata solo de la recordada compra de los 36 A4-AR en los años ‘90, de los cuales solo terminaron volando 18. Más recientemente, como hemos informado de manera extensa, un excelente avión como el F-16 tiene problemas estratégicos —debido a las restricciones impuestas por el reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y como reconoció el secretario de Asuntos Anglosajones, Juan Battaleme—, y operativos para ser desplegado en el sur —y en cualquier parte del país si se sigue con esta tendencia presupuestaria—. En este contexto, cabe preguntarse cómo se financiará la navegación de vigilancia y control del Atlántico Sur.
En segundo lugar, la fallida compra del Super Etendard (SEM) debe ponernos en alerta. En efecto, y de acuerdo al informe de la SIGEN, el Presidente Maurizio Macri (2015-2019) adquirió estos aviones sabiendo que no volaban y que no iban a volar. De acuerdo al “Arreglo Técnico, que consta en el Informe de la SIGEN IF-2022-12758871-APN-GCSI#SIGEN (p. 10), los cinco SEM se compraron “sin [estar en] condiciones de vuelo”. Asimismo, el Informe Técnico THO 2/17 del 19 de julio de 2017 de la Dirección del Material Aeronaval (DIMA) [sostiene] en su punto 6.4 que “en las condiciones en que se ofrecen las aeronaves, éstas no están en condiciones de volar de inmediato”. Además, el Informe recalca que “sería necesaria la obtención de la pirotecnia de asiento y cabina, más la recorrida e inspección de los accesorios de oxígeno y asientos eyectables que se encuentran vencidos, para los cuales no se tiene capacidad en los Talleres de la Armada”. Pese a que el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) había avanzado en la fabricación nacional de dicha pirotecnia, el actual gobierno suspendió su desarrollo al día de la fecha y el avión que no volaba sería radiado del servicio por decisión del Ministerio de Defensa.
En tercer lugar, debe recordarse que en el proyecto de Presupuesto que el gobierno presentó en 2024 se suspendía el financiamiento del FONDEF, lo cual se concretó en el artículo 2º de la decisión administrativa 1/2025. En cambio, este año decidieron dejar de lado las formas y directamente propusieron anular el artículo que prevé el financiamiento del FONDEF; la misma decisión que tomó Fernando de la Rúa y Horacio Jaunarena en 2001 cuando derogaron la pauta de crecimiento presupuestario que había establecido el artículo 27 de la ley 24.948.
Por último, el fantasma de Grecia sobrevuela también esta potencial adquisición. Entre 2001 y 2005, Grecia firmó contratos para la adquisición de hasta seis submarinos Tipo 214, por un valor total de aproximadamente 1,26 mil millones de euros. El primer submarino, el Papanikolis, presentó fallas técnicas significativas, lo que generó controversia incluso antes de su entrega. Posteriores investigaciones judiciales revelaron que existieron pagos de sobornos por parte de los representantes de HDW y Ferrostaal [1] a funcionarios y políticos griegos para asegurar el contrato, por sumas que habrían oscilado entre 100 y 133 millones de euros. Entre los involucrados se menciona al ex ministro de Defensa griego Akis Tsochatzopoulos, quien fue condenado por lavado de dinero vinculado a este y otros contratos militares. Si bien el contrato fue firmado antes de la crisis griega de 2009-2010, dicha compra se convirtió en un símbolo de la debacle económica de ese país.
Hacia el Sur, hacia el mar y hacia la Antártida
Algunos académicos, militares, políticos y medios recalcaban constantemente —aún en el año 2020— que el Atlántico Sur no era relevante estratégicamente. Esta es una apreciación desacertada, porque si entendemos el Atlántico Sur como un constructo sistémico que incluye tanto sus aguas como sus islas, la Antártida, los pasos oceánicos, los abundantes recursos estratégicos y las rutas de transporte marítimo, y cuyo límite norte es el Río de la Plata, que conecta con la Hidrovía Paraná-Paraguay, la afectación de uno de sus componentes impacta en los demás y en la totalidad del sistema. Por ello, compartimos la perspectiva de Adriana Abdenur y Danilo Marcondes de Souza Neto, quienes sostienen que este escenario debe ser analizado “como un lugar estratégico clave, que es objeto de redefinición por parte de una red cada vez mayor de enlaces parcialmente superpuestos de contactos intercontinentales, así como por intereses marítimos que merecen un tratamiento analítico independiente del enfoque continental más tradicional”.
Así, frente a esta visión predominante que considera a este “Triángulo Estratégico” como un espacio irrelevante en el contexto de la competencia global entre potencias —donde el centro de gravedad predominante sería el Indo-Pacífico—, cabe preguntarse si realmente lo es para otros actores estratégicos, como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, socio occidental clave de Estados Unidos con presencia militar ilegal e ilegítima en nuestras islas, y para nuestros países, con claros intereses en este escenario.
La Argentina necesita submarinos con capacidad para operar en el Atlántico Sur porque este escenario será de vital importancia en el marco de la transición hegemónica y los potenciales cambios en el Protocolo de Madrid en el año 2048, que abriría la carrera para la explotación de los recursos estratégicos en la Antártida. Las visitas de los jefes del Comando Sur, los ejercicios militares realizados por Estados Unidos en Tierra del Fuego sin autorización del Congreso de la Nación, las charlas que se realizaron o se habrían realizado en la Universidad de la Defensa Nacional y en la Embajada británica con oficiales de la Armada Argentina, el radar británico en Tolhuin, el Memorándum de Estados Unidos sobre la Antártida y la Strategic Defence Review 2025, demuestran claramente que el RUGB no devolverá nuestras Islas del Atlántico Sur y que Estados Unidos no moverá un dedo a favor nuestro. En este contexto, la Argentina debe definir como uno de sus objetivos estratégicos: recuperar nuestras Islas Malvinas en el marco del derecho internacional, sin renunciar al derecho que nos otorga el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y asegurar nuestra soberanía en la Antártida. De esta manera, se clarifica la necesidad de la recuperación de la aviación naval con aviones similares a los SUE o SEM desplegados en Río Grande y la recuperación de la capacidad submarina con al menos tres de estos sistemas de armas.
En definitiva, para ser oídos hay que hablar en función del interés nacional, pero se habla más fuerte si hay una política de Defensa con capacidades militares que respalde dichas palabras.
[1] Esta empresa también está denunciada en los tribunales argentinos por sospechas de coimas a oficiales de la Armada Argentina.
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