El 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros del centro de Bariloche, un operativo represivo de la Prefectura Naval Argentina persiguió y baleó a un grupo de personas de la comunidad mapuche que reclamaba por su territorio ancestral.
Como resultado de la represión, Rafael Nahuel Salvo, de 22 años, fue asesinado de un balazo en la espalda y Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña fueron gravemente heridos. Ningún integrante de la fuerza de seguridad involucrada en el hecho resultó lesionado o herido.
El Ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, emitió rápidamente un comunicado tendencioso y falaz, en el que afirmaba: “El Ministerio de Seguridad lamenta lo sucedido, pero considera que, en esta oportunidad, no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación, sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de derecho, y deposita la confianza en la investigación judicial para demostrar que actuó bajo todas las medidas operativas y protocolos que se utilizan en un enfrentamiento armado”.
Al día siguiente, la ministra Bullrich y su par de Justicia, Germán Garavano, brindaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que, con total descaro, destacaron: “Llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz (…). La versión de la Prefectura Naval Argentina es de carácter de verdad para nosotros”. Patricia Bullrich, además, agregó que Rafael Nahuel Salvo pertenecía a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), “grupo [dijo] que no reconoce a la Argentina, ni su soberanía ni sus leyes”, dando con ello rienda suelta a su objetivo, el de instalar la existencia de un enemigo interno que justificara la represión.
La réplica de la Regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), conocedora a ciencia cierta de lo ocurrido, no se hizo esperar: “Desafiamos a todos los ministros y al periodismo militante del gobierno a que presente una prueba de la RAM. Hoy dijeron que los mapuches apelaron a gritos de guerra, que tenían banderas con lanzas y hasta armas que volteaban árboles. Es un contexto de invención, de fábula. Es la impunidad de una mentira que aterra porque ellos son nuestros representantes, los que nos tienen que cuidar”.
Un intrincado derrotero judicial siguió a la criminal represión estatal desatada por la Prefectura, que se cobró la vida de Rafael Nahuel Salvo. La familia, la APDH y también por entonces la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se empeñaron en que se produjeran las diligencias y pruebas necesarias para echar luz a lo sucedido y llegar a la verdad.
El gobierno de Milei corrió a la Secretaría de Derechos Humanos de la causa, a poco de asumir la nueva gestión. Un obrar que, como sabemos, implicó también el desmantelamiento de áreas sensibles vinculadas a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia y el vaciamiento de la propia Secretaría de Estado.
A pesar de lo adverso de aquel escenario, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la familia de Rafael Nahuel lograron probar que los integrantes del Grupo Albatros que intervinieron en el hecho reprimieron disparando más de 150 proyectiles con sus armas de guerra, que lo hicieron en posición de subida, disparando a riesgo de vida, despejando toda duda en cuanto a que se había tratado de una cacería y que la única munición usada, inexcusablemente, pertenecía a la fuerza represiva.
En 2023, y con esos elementos reunidos, se llevó a cabo el juicio oral ante el Tribunal Federal de General Roca. La familia de Rafael Nahuel y la propia APDH habían insistido una y otra vez en que el proceso se desarrollara en la ciudad de Bariloche, donde había ocurrido el hecho y donde además residían las víctimas de aquella criminal acción. No dudamos de que la negativa a sesionar en Bariloche fue decidida con el objeto de dificultar la presencia de allegados y público local en el lugar donde se desarrollarían las audiencias. Esto contraviene la ley 27.372, que establece los derechos y garantías de acceso a la Justicia y participación en los procesos a toda persona que ha sido víctima de un delito.
Así y luego de extensas jornadas en las que declararon innumerables testigos y se escucharon las precisiones de peritos expertos, el Tribunal dictó sentencia teniendo por probado el asesinato de Rafael Nahuel a manos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
La fuerza de seguridad que reprimió a mansalva aquel fatídico día estaba integrada por Sergio Cavia, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García. El primero, autor del disparo, fue condenado a cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos, y los restantes, considerados partícipes necesarios, fueron condenados a cuatro años y medio de prisión y a siete de inhabilitación.
La levedad de las penas se explica por la calificación que del hecho hiciera el Tribunal, que reconoció que se había tratado de un homicidio agravado por el uso de armas de fuego con exceso en la legítima defensa.
El pasado mes de junio, la Cámara Federal de Casación Penal finalmente confirmó la sentencia y dispuso devolver la causa al TOF para que adecue el monto de las penas dadas a los condenados.
Ambas decisiones judiciales condenatorias —la del Tribunal de General Roca primero y la de la Cámara de Casación— fueron, no casualmente, ignoradas por los medios de posición dominante en el mercado de las comunicaciones.
Aunque ciertamente las penas recaídas son leves, el fallo reconoció el delito y fue condenatorio. Ello desmiente rotundamente las maliciosas afirmaciones que al momento de los hechos formulasen los ministros del entonces presidente Macri; afirmaciones que buscaron justificar la brutal represión perpetrada por una fuerza de seguridad, que fue ordenada por el poder político que además lo encubrió.
Lamentamos que la sentencia no alcanzara a las autoridades políticas, claramente involucradas en el hecho y responsables últimos de la acción criminal juzgada. A nadie le puede pasar inadvertido que entre los funcionarios involucrados e impunes está justamente la también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a la violencia a quienes integran las fuerzas a su mando, violando con ello el orden jurídico vigente. Aunque a tenor de los resultados, hasta ahora, los que efectivamente responden ante los jueces por hechos tan execrables son sólo sus subalternos.
La familia de Rafael Nahuel Salvo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que supo contar en la última etapa de este largo proceso con el inestimable patrocinio de Mariano Przybylski, continuarán, en tanto, demandando justicia e instando a promover políticas públicas fundadas en una seguridad democrática capaz de formar fuerzas que respeten los derechos humanos de todas las personas, como único reaseguro de una convivencia social en paz.
* Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino son abogados de la familia de Rafael Nahuel-APDH Regional Bariloche; Eduardo Tavani y Guillermo Torremare son abogados de la APDH Nacional.
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