El gobierno nacional decidió traspasar la administración de las bases antárticas desde la Dirección Nacional del Antártico (DNA) al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR). En el marco de este cambio, se han producido serios problemas que afectan el normal desenvolvimiento de la campaña antártica 2025/2026.
Por un lado, Augusto Taglioni relata que los efectivos de “las Fuerzas Armadas no están cómodos con este giro del gobierno a militarizar la Antártida. Además de jugar al fleje con la violación del Tratado Antártico que (…) prohíbe militarizar la zona, el personal militar denuncia sobrecargas operativas, falta de medios [e] irregularidades en los procesos de licitación para las compras”. Asimismo, fuentes militares subrayaron que “este debilitamiento estructural desmiente cualquier narrativa de eficiencia y pone en duda la viabilidad real de asumir la administración total de las instalaciones antárticas, más aún si se considera el estado de abandono de las bases actualmente dependientes del COCOANTAR que no se operan desde hace años, como Melchior y Matienzo, así como la marcada decadencia de los refugios antárticos que hoy se encuentran bajo su órbita administrativa [y que, durante] la actual Campaña Antártica, la capacidad logística real del COCOANTAR quedó reducida a un mínimo histórico. En el plano naval, sólo el rompehielos ARA Almirante Irízar se encuentra operativo, luego de que el aviso de apoyo originalmente propuesto no superara la prueba de máquinas".
Por otro lado, el segundo jefe de la base Petrel, teniente de navío Amílcar Acosta, elevó el Memorándum ME-2026-03499366-APN-COCOANTAR#EMCO al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO). En este denunció “incumplimientos reiterados de la normativa ambiental vigente” y un “maltrato sistemático”. El informe adjunto detalla que “se habrían impartido órdenes verbales directas para la eliminación de remanentes de combustibles —JP1 para aeronaves, nafta, gasoil— y aceites lubricantes mediante vertido y quema en una batea metálica, [y que estas] prácticas habrían generado un riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna y la biodiversidad antártica, en presunta violación del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que prohíbe la quema a cielo abierto y establece un sistema estricto de gestión de residuos”. Asimismo, la denuncia sostiene que se habría efectuado “la incineración no controlada de residuos sólidos, entre ellos alimentos vencidos, plásticos, goma y materiales de construcción”. Debemos recordar que la base Petrel pasó a ser nuevamente una instalación permanente en la campaña antártica de verano 2021/2022 y que esta es clave para la logística antártica por su ubicación, su acceso marítimo y aéreo.
Por último, el pasado 19 y 20 de enero, “un avión de transporte militar Airbus A400M Atlas (matrícula ZM413) de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) no sólo consolidó su presencia en bases chilenas, sino que posteriormente ejecutó un sobrevuelo sobre la base San Martín, una de las instalaciones científicas más emblemáticas de nuestro país”. Este hecho, de suma gravedad, no mereció la protesta del gobierno argentino.
La Argentina en la Antártida
El próximo 22 de febrero del corriente año se conmemorará el 122º aniversario de la presencia permanente de la República Argentina en el continente antártico a partir de la apertura de la base en las Islas Orcadas. Dicha presencia se amplió a partir del primero y segundo gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955), como muestra el siguiente cuadro.
En la actualidad, la República Argentina cuenta con “13 bases antárticas. Siete de ellas están habitadas permanentemente: Carlini, Orcadas, Petrel, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II. Las seis bases restantes, Brown, Primavera, Decepción, Melchior, Matienzo y Cámara, sólo operan durante la temporada de verano”.
Disparos en la Antártida [1]
Entre 1939 y 1959, se produjeron algunos incidentes al sur del paralelo 60º.
En efecto, las tensiones en el continente antártico se desataron cuando la Alemania nazi puso en marcha su plan antártico en mayo de 1938, luego de dos años de preparativos en Berlín. El puntapié inicial fue la partida de una expedición el 17 de diciembre de ese año del puerto de Hamburgo, que alcanzó la barrera de hielos antárticos el 19 de enero de 1939. Días antes, habiendo tomado conocimiento de la presencia nazi en la Antártida, el gobierno noruego publicó la “Declaración del Rey Hakoon”, a través de la cual se reafirmaba la soberanía de dicho país sobre la Tierra de la Reina Maud.
Frente a estos acontecimientos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sostuvo que se oponía a la anexión de todas las tierras que sus buques hubieran podido haber navegado. Por su parte, los británicos y los australianos no objetaron el reclamo noruego. Sin embargo, el hecho más importante, y que tiene impacto aún en la actualidad, es que Estados Unidos extendió la doctrina Monroe en la Antártida, cuestionando la presencia alemana, pero sin hacer lo propio con la británica. Formuló, entonces, la doctrina Hughes, por la cual este país no reconocía ninguna soberanía en la Antártida. La alianza anglosajona en el continente austral se había puesto en marcha. Claramente, “la estrategia estadounidense para asegurarse el dominio de las regiones polares consistió principalmente en no reconocer valor alguno al descubrimiento, con o sin toma de posesión formal, si no era seguido por una ocupación efectiva”. Asimismo, este país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte agitaron “el fantasma nazi” para “favorecer sus intereses”. Al respecto, la investigadora chilena Consuelo Wöppke afirma que mediante “la magnificación de un mítico enemigo extracontinental obtuvo el consentimiento de los gobiernos para la creación o uso de bases y se aseguró el abastecimiento de materias primas consideradas esenciales para el esfuerzo bélico”.
En este marco, la Argentina y Chile colaboraron y se apoyaron mutuamente frente a los embates del Reino Unido. En efecto, mientras los gobiernos argentino y chileno dejaban proclamas, placas, actas, banderas e instalaciones reivindicando la soberanía de estos países en la Antártida, los británicos se encargaban de removerlas, pero evitaban confrontar con esos países ante la necesidad de afectar el suministro de alimentos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Además, la Argentina temía al expansionismo británico, puesto de manifiesto en la carta de 1908 (ver mapa) y en la usurpación de las islas del Atlántico Sur, sobre la Patagonia. Por tal motivo, nuestro país creó, por ejemplo, el Regimiento 24 de Infantería Motorizado Reforzado en Río Gallegos, entre otras unidades e iniciativas.
Frente a estas tensiones con los gobiernos sudamericanos, el Reino Unido puso en marcha la “Operación Tabarin” entre 1943 y 1945, cuyo objetivo era instalar bases para cumplir con “el requisito legal de la ocupación efectiva” con el argumento de la inminente amenaza nazi. En esta operación, “las Islas Malvinas demostraron todo su valor estratégico” para los británicos. Sin embargo, la continuidad de la operación bajo el gobierno laborista británico de posguerra dejó al desnudo que la justificación esgrimida era una pantomima y que los verdaderos objetivos eran impedir que Chile y la Argentina consolidaran su presencia en la Antártida.
Como respuesta a esta operación, el gobierno argentino amplió y otorgó más facultades a la Comisión Nacional del Antártico, la cual diseñó un plan para la ocupación y administración efectiva del territorio. Así, se fijaron los límites del sector antártico argentino y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad elevar la cuestión Malvinas a la recién creada Organización de Naciones Unidas. Asimismo, en la posguerra Chile aceleró sus planes para no perder la carrera antártica.
Ante estas tensiones, el gobierno de Estados Unidos propuso en 1948 la constitución de un fideicomiso que fuera administrado en conjunto con la Argentina, Australia, Chile y otros países, lo cual fue rechazado por varios de ellos, incluido el nuestro. Meses después, los estadounidenses también propusieron sin éxito un proyecto de internacionalización de la Antártida. Por su parte, la Argentina y Chile sostuvieron —el 12 de julio de 1947 y el 12 de marzo de 1948— que sólo ambos países tenían derechos indiscutibles en esa región, a la que denominaron la “Antártida sudamericana”.
Frente a la irresolución internacional y las continuas provocaciones británicas, nuestro país movilizó a la flota de mar para apoyar la campaña antártica de 1947/1948. Como consecuencia, y a los efectos de evitar un conflicto militar, Chile, la Argentina y el Reino Unido firmaron la Declaración Naval Tripartita en 1949, con la cual se comprometieron a no enviar buques de guerra al sur del paralelo citado. Sin embargo, ninguno de los países detuvo sus actividades antárticas y, aunque sí disminuyeron las tensiones, los planes argentinos se aceleraron con la incorporación activa del general Hernán Pujato.
La respuesta británica no se hizo esperar. En enero de 1950, las instalaciones argentinas que se encontraban en las Islas Georgias del Sur desde 1905 fueron desalojadas por fuerzas británicas. Dos años más tarde, el 31 de enero de 1952, fuerzas británicas intentaron desembarcar en Bahía Esperanza. El teniente de fragata Luis Manuel Casanova informó a los británicos que debían cesar con la operación, lo cual fue ignorado. Entonces, al mediodía del 1.º de febrero de 1952, los militares argentinos abrieron fuego y rodearon a los británicos, y detuvieron el desembarco. Ante estas acciones, el Primer Ministro británico, Winston Churchill, impartió la orden de responder. El 15 de febrero de 1953, y aprovechando la ausencia de buques argentinos, tropas británicas desembarcaron en las islas Decepción y, con ametralladoras y gas lacrimógeno, redujeron a nuestros militares, ampliamente superados en número, los cuales fueron trasladados a las islas Georgias del Sur. Frente a estos hechos, el gobierno chileno apeló al Tratado de Río y, de manera coordinada, el gobierno argentino a la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiendo la liberación de nuestros militares y la devolución de los materiales y documentación incautada. Por último, el 14 de enero de 1955, mientras el ARA Punta Loyola se encontraba en la isla 25 de mayo, el HMS Veryan Bay inició fuego de artillería por sobre el buque argentino.
Estas disputas en el marco de la Guerra Fría (1947-1991) eran inconvenientes para la estrategia global de Estados Unidos porque buscaba mantener alejada a la URSS de la Antártida.
En el marco del Año Geofísico Internacional, que tuvo lugar entre el 1.º de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958, la Argentina y Chile sostuvieron que las investigaciones que se realizaran en la Antártida no otorgarían ningún derecho territorial a los participantes. Por su parte, la URSS sostuvo que no desmantelaría ninguna base. Dada esta situación, Estados Unidos convocó a la Conferencia Antártica, que sesionó durante dos períodos: entre junio de 1958 y octubre de 1959, y entre el 15 de octubre y el 1.º de diciembre de 1959.
Finalmente, el Tratado Antártico fue firmado por doce países en diciembre de 1959 y entró en vigor el 27 de junio de 1961. Los países firmantes fueron la Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del África del Sur, la URSS, el Reino Unido y Estados Unidos. El artículo 1.º del Tratado establece que las actividades serán exclusivamente pacíficas, prohibiéndose toda acción y fortificaciones militares, aunque el personal militar se podrá utilizar para apoyo a las actividades científicas y otras de carácter pacífico. Asimismo, el artículo IV dispuso que ninguna disposición del Tratado afecta la soberanía o las reclamaciones territoriales sobre la Antártida que se hubieran presentado precedentemente. Tampoco supone una renuncia a futuros reclamos, los cuales no se podrán hacer mientras esté vigente este, y ninguna actividad que se realice constituirá un fundamento para negar o hacer valer derechos territoriales en la Antártida.
A los doce países signatarios se sumaron otros 17 como partes consultivas, con voz y voto, y otros 25 como partes no consultivas. De este total, siete países mantenían reclamos territoriales, entre ellos la Argentina; mientras que Estados Unidos y la URSS hicieron reservas para efectuar reivindicaciones territoriales en el futuro, aunque no mientras estuviera vigente el Tratado. En cuanto a esto último, debe tenerse presente que el Tratado tiene una vigencia indefinida y solo puede modificarse por la unanimidad de las partes consultivas. En la actualidad, son miembros 54 países. Durante la XXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), y tras casi diez años de arduas negociaciones, se obtuvo finalmente un acuerdo de sede para la instalación de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico en Buenos Aires, la cual fue inaugurada el 7 de septiembre de 2004.
El ya mencionado Protocolo de Madrid fue firmado en 1991 y ratificado por todos los integrantes del Tratado Antártico en 1997, y entró en vigencia en 1998. Este acuerdo establece una amplia protección sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes, y prohíbe “todas las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto las que tengan fines científicos”. Si bien la organización del Tratado Antártico afirma que el Protocolo no tiene vencimiento, también aclara que “durante los primeros 50 años desde la entrada en vigor (…) sólo puede ser modificado por acuerdo unánime de todas las Partes Consultivas del Tratado Antártico, [pero que, después del año 2048], cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico puede convocar una conferencia de revisión del funcionamiento del Protocolo”.
La carrera empezó y no largamos
Si bien la Federación de Rusia y China no tienen reclamos territoriales en la Antártida, estos países han aumentado su presencia en los últimos años: la base rusa Vostok es una de las más cercanas al Polo Sur y la base La Gran Muralla también cuenta con instalaciones importantes en la península antártica. Por su parte, los Estados Unidos cuentan con la base McMurdo, la más grande del continente, y con nuevos lineamientos estratégicos plasmados en el National Security Memorandum on United States Policy on the Antarctic Region del año 2024. En estos últimos, Estados Unidos estableció que “el Tratado Antártico ha mantenido con éxito la paz en la región antártica al congelar reclamos territoriales en conflicto, prohibir actividades militares que no sean en apoyo de la investigación científica o para cualquier otro propósito pacífico, priorizar la ciencia y la protección ambiental sobre los intereses comerciales, prohibir la minería con fines no científicos. y promover la transparencia y la cooperación”. Además, agregó que no reconocería ningún reclamo territorial, que aumentaría la inversión en rompehielos y que vigilaría a países que pudieran provocar alguna “discordia internacional”.
El trabajo científico ininterrumpido y la firmeza de nuestro reclamo, que ocasionó tensiones y enfrentamientos armados entre 1939 y 1959 con el Reino Unido, está destruido por el mal desempeño de algunos y la desidia de los funcionarios del actual gobierno; en este caso puntual, de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, a cargo de la licenciada Paola Di Chiaro, de la cual depende la Dirección Nacional del Antártico, la Dirección Nacional de Política Exterior Antártica y el Instituto Antártico Argentino. Di Chiaro ha delegado —por consejo de sus asesores militares— sus responsabilidades en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Frente a esta desastrosa situación, resulta relevante recordar las palabras del general Hernán Pujato. Habiendo sido destituido apenas un mes después del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955 y estando en la Antártida preparando la primera misión argentina al Polo Sur —que fue suspendida—, afirmó que se había destruido a una persona sin medir “las importantes tareas realizadas por el mismo y las trascendentales actividades realizadas en defensa del patrimonio territorial antártico (…) Quiera Dios que en el futuro no haya otros salvadores (…) que hundan tanto al país”.
[1] Este apartado se basa en Fontana, Pablo (2014). La pugna antártica. El conflicto por el sexto continente (1939-1959). Buenos Aires: Guazuvirá Ediciones y Eissa, Sergio & Diaz, Araceli (2025). El tablero estratégico del Atlántico Sur (2008-2022). Una mirada argentina. Buenos Aires: Laborde Editor. Salvo donde se aclara, las citas corresponden al libro de Pablo Fontana.
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