Fuerza de mujeres

La Containera, organización popular en las condiciones más adversas

 

El sol de la mañana pega de lleno en la cara de Rocío. Está sentada en una silla del living a cielo abierto que improvisó, junto a sus compañeras, y que funciona como uno de los puntos de encuentro de quienes toman, desde el 30 de junio, La Containera, un basural del barrio Padre Mugica –ex Villa 31–, en la Ciudad de Buenos Aires. Se acerca a una fogata que está casi apagada, cubre sus orejas con una capucha y sólo quita sus manos de los bolsillos del buzo cuando desea fumar un cigarrillo. “Ayer fue una noche fría, pero la primera noche –recuerda–, ahí sí pasamos mucho frío. Ese día dormimos en el piso y cuando nos despertamos decidimos armar un lugar para resguardarnos”.

Detrás de ella, un puñado de hombres con un pico y una pala se turnan para romper una montaña de escombros. Son de los pocos que viven en la toma: el noventa por ciento de las personas que se encuentran allí son mujeres y niñxs. Su tarea es despejar y nivelar la zona donde luego arman las casas. Mientras, las mujeres se organizan, consiguen comida y deciden en asambleas los pasos a seguir en el marco del reclamo de una vivienda propia. En total, son más de 100 familias y 180 chicxs lxs que viven en el terreno. En su mayoría son hogares monomarentales, es decir, donde las mujeres son jefas de familia. De ahí el nombre de la toma: “Fuerza de mujeres”.

Desde el “living” se ven construcciones precarias, desordenadas, hechas sobre un terreno irregular con material que recuperaron ellas o los vecinxs, cartoneando. Algunas casas –las menos– tienen techo y alguna pared de chapa. Otras sólo fueron levantadas con vigas de madera y cubiertas con lona, nylon o telas. “Compramos el material a los que pasan con el carro y también conseguimos unas chapas de las casas que estaban debajo de la autopista y el Gobierno de la Ciudad sacó”, cuenta Rocío a El Cohete a la Luna.

 

 

 

Ella vive y es delegada del sector de “La Montaña”. Así identifican al lugar más alto de la toma, en donde todo eran escombros. Antes se depositaban allí los restos de las casas que el gobierno porteño demolía, producto de la urbanización del barrio. Los otros dos sectores fueron bautizados como “El Llano” y “El Monte”. El primero era todo basural –los vecinos no lo usaban ni para cortar camino, por la cantidad de deshechos y de barro que había– y “El Monte” estaba cubierto de maleza y pastos crecidos. Cruzando la calle está uno de los complejos de viviendas de tres plantas, hecho de chapa y durlock, a donde el gobierno porteño mudó a algunos de los propietarios de las casas que estaban debajo de la autopista Illia.

En la primera casilla que se levantó en el sector de La Montaña viven Paola y sus tres hijxs, de 7, 3 y 1 año. Tiene algunas chapas cubriendo los laterales y el techo, que los protegen del frío, pero no impiden que entre agua por los costados cada vez que llueve. En su interior hay tres colchones pegados, algunos muebles y un televisor chiquito. “Me traje todas mis cosas porque me echaron de la pieza donde estaba alquilando en el barrio. Tenían miedo que se la ocupara. Después conseguí otra prestada, pero no podía quedarme ahí para siempre”, narra.

 

 

 

 

Cuando iba al comedor contiguo a La Containera, Paola solía mirar cómo se desechaban los escombros en el lugar donde vive ahora. Dice que siempre se preguntó por qué allí no construían viviendas para las personas del barrio. “Nunca tuve una casa propia, siempre fue muy difícil alquilar, por la plata y porque no nos quieren alquilar con chicos. Nos reciben uno, dos o tres meses máximo. Hay carteles por todo el barrio que dicen: ‘Se aceptan sólo parejas y personas solas’”, explica. Hoy no trabaja porque cuida a sus hijxs. El más grande tuvo que dejar el colegio el año pasado, cuando se dispuso la cuarentena, porque no tenían conectividad. Este año no lo puede llevar porque le asignaron una vacante en un colegio muy lejos y no le alcanza la plata para pagar el transporte público todos los días.

La mayor parte de la toma no tiene agua. En la parte superior lograron instalar una canilla, tras un mes y medio de ir a buscar agua con bidones al costado de la calle. No tienen baños, hay un pozo ciego, y suelen pedir a lxs vecinxs para ducharse de tanto en tanto. Tampoco hay cloacas, ni desagüe y las zonas más bajas se inundan constantemente.

Cada sector tiene delegadas a cargo y realizan una asamblea semanal en el centro del lugar, donde colgaron una bandera argentina y otra paraguaya. “Los primeros días no podíamos ver las casitas que se instalaron abajo, por la basura y los escombros. Era un problema porque no sabíamos quiénes estábamos en la misma, entonces decidimos organizarnos, elegir delegadas de cada sector y hacer un relevamiento de las familias. A partir de ahí armamos asambleas en las que participamos todas”, asegura Rocío.

 

 

 

 

 

 

Jefas de hogares pobres

Cuando Rocío se enteró de que sus vecinas habían tomado los terrenos cercanos a los viejos depósitos de containers del puerto, decidió acercarse a ver qué pasaba. “La toma se inició espontáneamente con mujeres que venían sufriendo violencia de género y ya no tenían dónde ir, ni más recursos. En el barrio no nos quieren alquilar con chicos, y como acá había un baldío con basura, que estaba en desuso hace más de 6 años, se vinieron a acampar. Como yo estaba en la misma, decidí venir”, cuenta. Antes de mudarse, la mujer de 30 años alquilaba una habitación cercana junto a su pareja, pero sus 5 hijos estaban viviendo en casa de sus papás. “Los dos son jubilados y se van a volver a Corrientes porque no les da para pagar el alquiler. Yo no conseguía un lugar para vivir con los chicos y no quería que tuvieran que irse tan lejos. Nunca pude vivir en un departamento porque no cumplo con los requisitos como inquilina y en los hoteles familiares me piden un recibo de sueldo que tampoco tengo porque no trabajo en blanco. Entonces, si no consigo que me alquilen una pieza con mis nenes, no tengo otra opción que estar acá”, explica.

La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, revela que el 45 por ciento de los hogares relevados tienen a una mujer a la cabeza y que 3 de cada 10 mujeres con hijos tienen trabajos informales. Se trata, además, de los hogares que más se empobrecieron en el último año. El 68,3% de lxs menores que viven solos con su madre en el país son pobres.

Mónica Zárate, referenta del Movimiento Popular La Dignidad y promotora de género y diversidad, dice que los problemas que padecen las mujeres no son nuevos para el barrio: “Acompañamos a estas mujeres en temas de violencia de género y entre todas sobrevivimos a la crisis que originó la pandemia”.

Andrea se enteró de la toma por su vecina. “Me avisó y me vine. Había lugar y entré, después traje a mis tres hijas”, cuenta, mientras comparte unos mates con Miriam, otra mujer que vive allí con sus dos hijxs. Antes alquilaba una pieza en la manzana 11, pero como estaba atrasada con el pago, vio la ocupación como una oportunidad. Allí construyó su casa con bolsas de consorcio, lonas que le donaron y una chapa. Cuenta que fue inquilina durante 11 años, desde que llegó a los 18 años de Paraguay. Es una de las tantas víctimas de violencia de género que encontraron un refugio en la toma. “Cuando quedé embarazada mi vida se convirtió en un infierno. Me mudé mucho, escapando del padre de mis hijas. Después me quedé otra vez embarazada y él me dejó”, relata, y agrega que allí, rodeada de otras mujeres, encuentra un poco de tranquilidad. “Yo lo denuncié, pero dejé de renovar la perimetral y tengo miedo de que aparezca. No sé dónde está, pero me llama y me amenaza. Acá muchas estamos pasando por lo mismo y siento que nos cuidamos entre todas”. Miriam coincide: “El nombre de la toma lo dice: ‘Fuerza de mujeres’: eso es lo que tenemos entre todas”.

 

 

 

Sin tierra ni techo

La ley para la urbanización del barrio Padre Carlos Mugica fue aprobada en diciembre de 2018 por la Legislatura porteña. Esta habilitó el plan de obras que preveía la construcción de viviendas, mejoras y conectividad de servicios, así como la tenencia de las propiedades para los vecinos mediante planes de pagos. Para lxs que vivían en bajo autopista serían destinadas 954 casas nuevas y alrededor de 100 para otrxs vecinxs de La Containera. Los vecinos dicen que es un número mucho menor al que necesitan para resolver el problema de falta de viviendas. Advirtieron que se calculó en base a estadísticas antiguas y que no tuvieron en cuenta el desglose familiar, que implica el hacinamiento de dos o tres familias en una misma casa. Quienes fueron mudados denunciaron que algunas de las nuevas viviendas no cuentan con agua caliente y tienen desbordes de cloacas.

 

 

 

 

En tanto, la Mesa de Urbanización Participativa del barrio rechazó el protocolo de regularización dominial, por el cual se les da a lxs vecinxs un certificado de dominio de la casa. Sospechan que es parte de un intento de abrir al mercado inmobiliario a la compra de esas viviendas y que puede terminar en un éxodo de los habitantes de la villa.

Pero el problema más grande lo tienen lxs inquilinxs –40 por ciento de los habitantes del barrio– porque no fueron incluidos en el plan de urbanización. Otras 11 familias sin hogar y con niñxs resisten desde hace casi un año el desalojo del “Hotelito”, un edificio de tres pisos con once departamentos ubicado en la manzana 7, también en el sector de La Containera. El hotel estaba destinado para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reubicara a personas con problemas habitacionales, pero como estaba vacío, los vecinos lo tomaron.

 

 

 

 

Los primeros días en la toma en La Containera no fueron sencillos. Según cuentan las mujeres, un cordón policial no dejaba que entraran nada, ni siquiera comida y frazadas para los niñxs. “Pasamos muchos días de mucho frío, lluvia y viento. Algunos nenxs se enfermaron por el clima. Es peligroso porque se suben a las montañas de escombros donde hay vigas y palos cortantes”, dice Paola. Por su parte, Rocío cuenta que esa primera semana las organizaciones sociales y los propios vecinos del barrio les pasaban colchones y comida por los techos de las casas lindantes.

Al respecto, Mona Córdoba, miembro de Somos Barrios de Pie y Marea Feminismo Popular, explicó a este medio que su organización realiza desde el primer momento un acompañamiento. “Estamos a disposición de las necesidades de las vecinas: desde asesoría jurídica y legal hasta un equipo de psicólogos en caso de que quieran abordar alguna situación que esté vinculada a las violencias de género”, expresó.

La Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU) de la ciudad de Buenos Aires, instalada para resolver los problemas habitacionales del barrio, quiso realizar un censo de quienes estaban en la toma pero, según las mujeres, nunca dieron una solución de fondo al problema. A algunas se les ofreció incorporarlas al Subsidio Habitacional, que consiste en 6.000 pesos durante 6 meses. La mayoría lo rechazó porque con ese monto no consiguen alquiler en la villa, donde una habitación chica con baño compartido cuesta 10.000 pesos por mes y un departamento, entre 20.000 y 25.000 pesos. Las familias también señalan que la ayuda estatal disminuyó desde que iniciaron la toma. “Pese a que estamos en situación de calle, el BAP (programa Buenos Aires Presente) no quiso asistirnos y los comedores de la SECISyU negaron comida a 20 familias que viven en la toma”, cuentan.

Tras 16 días de iniciarse la toma, la fiscalía 11 de la Ciudad, a cargo de Valeria Massaglia, las notificó de una orden de desalojo que se haría efectiva en 72 horas hábiles. Eso no sucedió porque el conflicto se hizo público y las mujeres recibieron el apoyo de parte de lxs vecinxs, las organizaciones, los medios y hasta de varios legisladores opositorxs. “Fue el momento más difícil. No sabíamos si irnos, por los chicos, pero si lo hacíamos, perdíamos todo lo poco que teníamos. Ahora temo que vuelvan”, dice Paola. Andrea coincide: “El día del desalojo fue feo. Había un cordón policial enorme. Pensé salir corriendo con mi hijas, pero me quedé para no perder mis cosas”.

El Gobierno de la Ciudad manifestó su postura a través de un comunicado. “Desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas, sin éxito. Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”. Por su parte, las mujeres aseguran que los funcionarios no están abiertos al diálogo y cuentan que no aceptaron censarse. La Justicia imputó a Mónica por “usurpación” y temían que usen los datos para los mismos fines. Mónica es una de las vecinas que había sido relocalizada, pero acompaña la toma y el reclamo de sus compañeras desde el primer día.

Las mujeres le piden al Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad, a cargo de María Migliore, una mesa de diálogo que contemple la situación en que actualmente viven ellas y sus hijxs. Así lo sintetizaron: “Lo que más queremos es un lugar para vivir que sea nuestro. Quedarnos acá y construir o pagar una vivienda propia en cuotas. No queremos soluciones momentáneas como los subsidios, que duran poco tiempo”.

 

 

 

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