El gobierno británico difundió su Revisión Estratégica de Defensa 2025, el documento rector suscripto por el Primer Ministro Keir Starmer que fija los lineamientos para la defensa nacional del Reino Unido. En su presentación en Glasgow, el pasado 2 de junio, Starmer sostuvo que “el mundo enfrenta la situación más peligrosa después del fin de la Guerra Fría” y que el primer cambio es “pasar a la preparación para la guerra como objetivo central de nuestras fuerzas armadas”.
Por su parte, el ministro de Defensa, John Healey, afirmó que “el mundo es más incierto y las tensiones son mayores, y lo que nosotros hacemos es prepararnos para la guerra a fin de asegurar la paz”. Según se aprecia, los líderes del Partido Laborista que conducen el gobierno británico tienen una mirada esclarecida respecto de la misión principal de las Fuerzas Armadas y no pierden el tiempo en discusiones inconducentes sobre procesos de policialización.
Una rápida lectura de la Strategic Defence Review 2025 arroja una información que debiera ser leída con atención en Buenos Aires, donde los devaneos por convertir a los militares en policías de frontera están a la orden del día: el texto, de 144 páginas, no hace una sola mención al narcotráfico ni en él figura la palabra “drogas”. Por el contrario, la familia léxica en torno al término “guerra” (war, warfare, warfighting, warfighter, wartime) destaca por su ubicuidad: aparece en 250 oportunidades a lo largo de la directiva estratégica.
Si extrajéramos conclusiones desde una lógica militarizante de la seguridad pública, tal como la que el gobierno argentino procura instrumentar siguiendo los lineamientos de Washington y el Comando Sur, se podría colegir que el narcotráfico no es un problema para el Reino Unido. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad.
Los últimos datos oficiales ayudan a poner el tema en perspectiva:
- El año fiscal que concluyó en marzo de 2024 exhibió un récord histórico de incautaciones en Gran Bretaña, con un incremento del 75% en la cocaína confiscada;
- La aparición de opioides sintéticos ultra potentes –como los nitazenos– ha desatado una crisis de sobredosis sin precedentes;
- El 9% de las personas de entre 16 y 59 años declararon haber consumido drogas durante el último año;
- El Reino Unido tiene una de las tasas de muertes por consumo de drogas más altas de Europa, con un aumento del 60% en una década; y
- Desde hace más de un decenio, el Reino Unido cuenta con un instrumento moderno –desde el punto de vista operativo e investigativo– para hacer frente al crimen grave y organizado: la National Crime Agency, que empezó a operar en 2013 y tiene entre sus finalidades combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los delitos cibernéticos, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
Es importante señalar que la excelente formación de los agentes de la NCA no guarda relación alguna con los saberes que, en países como la Argentina, adquieren los militares en las escuelas de guerra específicas o conjunta. Por el contrario, es la incorporación de destrezas en materia de inteligencia criminal y de asistencia al sistema judicial lo que contribuye a su eficacia, lo que nada tiene que ver con el empleo del máximo poder de fuego del Estado característico de las Fuerzas Armadas.
Un caso reciente de éxito investigativo de la NCA fue la Operación Destabilise, una pesquisa iniciada en 2021 y que se extendió hasta fines de 2024. No se trató de una operación contra el tráfico de drogas exclusivamente, sino de un esfuerzo interagencial de diversos países para desarticular el financiamiento que alimentaba redes de narcotráfico y otras actividades ilícitas (ransomware, espionaje, evasión de sanciones) mediante una compleja infraestructura de lavado a través de criptomonedas y empresas pantalla.
Sin embargo, a pesar del éxito de operaciones como Destabilise, lo cierto es que en el Reino Unidos la política antidrogas está siendo puesta bajo el ojo escrutador de los expertos. Un reciente informe de RAND Europe, elaborado por encargo del Ministerio del Interior británico, afirma que, lejos de reducir la violencia, las intervenciones policiales –aun las de organismos modernos y profesionalizados como la NCA– estarían generando efectos contrarios a los deseados: más enfrentamientos y mayor empoderamiento de las mafias. La evidencia acumulada, ahora con la validación de organismos oficiales, plantea una disyuntiva para el Reino Unido: continuar por una ruta esencialmente represiva que exhibe sus limitaciones o dar paso a un modelo que incorpore más consistentemente la mirada centrada en la salud pública y la reducción de daños.
Como se deduce tanto de la Strategic Defence Review como de los informes requeridos por los organismos de seguridad interior, nadie piensa hoy en el Reino Unido en la militarización de la política antinarcóticos. A contramano de esta tendencia, la Argentina parece haber descubierto con medio siglo de retraso –de la mano del tridente Milei-Bullrich-Petri– la estrategia de “guerra contra las drogas” lanzada por Richard Nixon en 1971; y cuyos resultados no podrían haber sido peores: aumento de la discriminación racial [1], crecimiento desproporcionado de la población carcelaria (sobre todo entre las minorías) y fracaso estrepitoso en la reducción del consumo (Estados Unidos continúa siendo, seis décadas más tarde, el mayor consumidor mundial de cocaína, según el último Informe Mundial de Drogas 2024 de la ONU).
El fracaso de la “guerra contra las drogas” ha sido reconocido por un universo que no se limita al progresismo, sino que se extiende a diferentes expresiones de la derecha política e intelectual: desde los ex Presidentes que más se han comprometido con su implementación –Otto Pérez Molina, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto– hasta el fallecido escritor Mario Vargas Llosa.
Gran Bretaña se prepara para la guerra
Como se anticipó, la Revisión Estratégica de Defensa 2025 es indubitable respecto de la centralidad que adquiere la preparación del Reino Unido para la guerra. En el documento se fijan tres grandes metas:
- La adopción de la doctrina “OTAN primero”, que refuerza la integración dentro de esa alianza atlántica;
- El fortalecimiento de la capacidad operativa del Instrumento Militar con fuerzas de reserva plenamente entrenadas; y
- El aceleramiento del desarrollo de tecnología militar “a ritmo de tiempos de guerra”.
La planificación británica contempla un aumento progresivo del gasto militar que llegará al 2,5% del PBI en 2027, con la ambición de alcanzar el 3% en un futuro cercano. Estas cifras representan el mayor aumento sostenido del gasto en defensa desde 1991. En este marco, y de particular importancia para el despliegue en el Atlántico Sur, se prevé la construcción de 12 nuevos submarinos de ataque propulsados por energía nuclear –provistos de armamento convencional– que reemplazarán, desde fines de la década de 2030, a la actual flota de la clase Astute. Asimismo, debe recordarse que el Reino Unido cuenta con otros cuatro submarinos Vanguard, propulsados con energía nuclear y portadores de armas atómicas con el sistema de misiles Trident. En relación a ello, el Primer Ministro Starmer anunció que destinará 15.000 millones de libras (unos 20.300 millones de dólares) al programa británico de armas nucleares, lo que incluye el desarrollo de nuevas ojivas para los sistemas de ataque de los Vanguard.
Finalmente, sobre Malvinas, el documento afirma: “Las bases del Reino Unido en el extranjero siguen siendo un elemento fundamental (…) para defender la soberanía del territorio británico (…) A medida que cambian las circunstancias y la tecnología, es importante adaptar las bases para garantizar que tengan el tamaño adecuado y sean seguras para operar (...) Muchas de estas bases están ubicadas en territorios británicos de ultramar (...) La soberanía sobre los territorios debe protegerse contra cualquier desafío para que quienes viven en ellos como ciudadanos británicos puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Esto incluye: mantener una postura militar defensiva en las Islas Malvinas [Falkland en el original], Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como en otros intereses británicos, incluyendo la defensa del sistema del Tratado Antártico”.
Pasado un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei no emitió todavía su Directiva de Defensa, por lo que no sabemos formalmente cuál es su apreciación estratégica global en materia defensivo-militar y cuál es su postura respecto de Malvinas, aunque todo ello es fácilmente deducible. No obstante, vale la pena contrastar la asertiva mirada británica en la Strategic Defence Review 2025 con la última Directiva de Defensa (DPDN) que emitió una fuerza política de derecha en la Argentina. Ello sucedió durante el macrismo y los responsables de su redacción fueron los entonces secretario y subsecretaria, Fulvio Pompeo y Paola Di Chiaro.
La única mención a Malvinas en toda la DPDN 2018 (Decreto 703/18) era la siguiente: “La República Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas (…) La reciente mejora en la relación con el Reino Unido (…) contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral y promueve el interés nacional de preservar y explotar los recursos naturales allí existentes”. Di Chiaro es la actual titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la cancillería de Milei y acaba de recibir una demanda conjunta de los ositos Winnie Pooh y de Carlos Foradori por competencia desleal.
Las FFAA como policía de frontera
Al día siguiente de la difusión de la Strategic Defence Review 2025, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, acudió a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a defender su proyecto de desprofesionalización militar y de conversión de los militares en policías de frontera.
Sobre este último asunto, Petri firmó el 11 de abril la Resolución MD 347/2025, que dispuso la realización de la Operación “Presidente Julio A. Roca” entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 2025. La norma aprueba en su artículo 5º las reglas de empeñamiento que, como Anexo reservado, forman parte de ella. La resolución autoriza a los efectivos militares a “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal”. Petri confirmó que los militares podrán “detener personas” en flagrancia porque “está previsto en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación”. Dichas detenciones, según el ministro, se guiarán por “los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad (…) que se usan para las fuerzas policiales”. Resta definir si el “bagayeo” en la Frontera Norte será la nueva hipótesis de conflicto en el planeamiento estratégico-militar de la República Argentina.
Por lo demás, y ante la imposibilidad de alcanzar la correlación de fuerzas necesaria para el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley enviado (MEN-2024-52-APN-PTE) de reforma de la Ley de Seguridad Interior 24.059, el gobierno ha lanzado una serie de medidas (proyectos de ley, decretos y resoluciones) con el propósito de reinsertar escalonadamente al instrumento militar en la gestión de la seguridad interior, más allá de la función de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que la legislación vigente contempla. La Resolución 347/2025 (“Operación Roca”) es tan sólo el último de los intentos gubernamentales por obtener subrepticiamente lo que por el momento las fuerzas democráticas no le conceden en el Parlamento [2].
La policialización de los militares que Petri fue a defender a la comisión de Defensa contrasta con la inobservancia de las cuestiones estratégicas en general, y de la cuestión Malvinas en particular. En relación a esto último, es notable –entendiendo como Freud a las palabras como vehículo para acceder al inconsciente– la ausencia total del término “Malvinas” en la alocución del ministro. La desgrabación de la reunión exhibe que Petri la empleó solamente para referir al IA-100 “Malvina” –denominación fijada en su momento por Agustín Rossi–, el avión biplaza diseñado para entrenamiento militar y desarrollado por FADEA durante la presidencia de Mirta Iriondo y la gestión ministerial de Agustín Rossi. Ni una sola mención a Malvinas como enclave estratégico del Atlántico Sur –nadie esperaba, por supuesto, que hablara de colonialismo– y su relevancia en materia de recursos y proyección antártica. Notable contraste con los diputados que le formularon preguntas, quienes –como en los casos de Agustina Propato, Germán Martínez, Juan Brugge y Rogelio Iparraguirre– lo interpelaron sobre el tema.
En el caso de Propato, incluso refirió a “personas que están construyendo o delineando la política internacional y de defensa, que aparenta ser que tienen una especie de ‘anglofilia’”. La invectiva no contó en este caso con nombre y apellido [3], pero parecía estar dirigida a quien secundó a Petri en la visita a la comisión de Defensa, su secretario Juan Erardo Battaleme. Afamado por su duelo ante la pérdida de Queen Elizabeth II –así lo anunció en su rol de titular de la Cátedra del Reino Unido de la UCEMA–, el secretario Battaleme le haría un notable aporte al ministro Petri si su embelesamiento por “lo british” lo llevara a estudiar seriamente la Strategic Defence Review 2025 y los últimos documentos de la National Crime Agency (NCA). Se llevaría la sorpresa de que allí no hay lugar para el cosplay: los militares hacen de militares y los policías de policías.
Así las cosas, urge que la Argentina vuelva a tener una política exterior y una política de defensa enfocadas en lo importante:
- Contar con un diagnóstico adecuado sobre las implicancias del Brexit para la cuestión Malvinas;
- Estudiar los reveses jurídicos del Reino Unido ante las cortes internacionales en favor de Mauricio y su soberanía en el archipiélago de Chagos, que condujeron a que Londres firmara el pasado 22 de mayo el acuerdo de transferencia de soberanía después de más de medio siglo;
- Reactivar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) compuesta por 24 países africanos y sudamericanos, que tiene entre sus metas la desnuclearización del Atlántico Sur y la oposición a la presencia de bases militares extranjeras en la región;
- Ponderar que el Reino Unido dejó la Unión Europea pero no abandonó la OTAN, por lo que es clave para la Argentina que la base militar británica en Malvinas no se convierta en un emplazamiento de esa alianza atlántica; y
- Disponer de submarinos operativos, lo que resulta fundamental tras el hundimiento del ARA San Juan en 2017 durante el gobierno de Macri, ocurrido luego de la reparación de media vida del navío en astilleros argentinos durante las gestiones de Cristina Fernández entre 2007 y 2015.
En resumidas cuentas, la lógica implícita en esta nota es la misma que atraviesa otras anteriores sobre la relación con el Comando Sur y los Estados Unidos. Puesto muy sencillamente, se trata más de observar –y eventualmente replicar– lo que los británicos hacen y menos de hacer lo que los británicos pretenden que hagamos. Tal vez así tendremos una verdadera política de defensa nacional y no una que aspire a hacer de los militares policías de frontera.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
[1] El asesor de Nixon, John Ehrlichman, reveló en 1994 que la “guerra contra las drogas” se usó para criminalizar a los afroamericanos y a los opositores políticos (entre ellos, a los activistas contra la guerra de Vietnam).
[2] Otros intentos y/o medidas militarizantes de la seguridad pública pueden encontrarse en: 1) el proyecto original de la Ley 27.742 denominada “Ley Bases”; 2) el DNU 350/2024 (declaración de “zona militar” a la Fábrica “Fray Luis Beltrán” de Fabricaciones Militares); 3) el Decreto 1107/2024 (otorgamiento al PEN de amplias facultades para definir cuáles son los “Objetivos de Valor Estratégico” a custodiar por las fuerzas federales, incluidas las FFAA); y 4) el Decreto 1112/2024 (derogación del Decreto 727/2006, reglamentario de la Ley de Defensa Nacional).
[3] La diputada sí refirió al secretario Battaleme cuando afirmó: “Mientras pasan muchas cosas, pasó lo del hackeo de la base de datos de las Fuerzas Armadas. Atrás suyo se encuentra Battaleme, quien con su firma incorporó a Víctor Santiago al Comando de Ciberdefensa”. Se refería al asesor estadounidense designado por Battaleme para “brindar apoyo” al gobierno de la Argentina y “colaborar” en el desarrollo de las tareas de ciberdefensa.
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