Fuerzas Armadas y seguridad pública: el camino equivocado

Macri insiste en desconocer toda la evidencia empírica en la materia

 

El Centro de Estudios para la Defensa Nacional (CEDEF), que dirige Horacio Jaunarena en la Universidad de Belgrano, emitió en diciembre de 2016 su informe «Fuerzas Armadas y Seguridad Interior». El ex ministro radical, cuya opinión es escuchada atentamente por los funcionarios del Edificio Libertador, plantea el carácter vetusto del marco legal vigente. En la modificación de este entramado jurídico radica el verdadero objetivo del gobierno de Cambiemos, disimulado tras el rimbombante anuncio de una reestructuración de las Fuerzas Armadas que difícilmente se concrete.

La legislación establece una nítida separación entre defensa externa y seguridad interior. Este plexo jurídico fue sancionado por cuatro gobiernos (Alfonsín, Menem, de la Rúa y Kirchner) y constituye una «política de Estado». El dirigente radical, sin embargo, señala que «la Ley de Defensa tiene casi treinta años (…) Ese mundo ya no existe más. Hoy hay nuevos conflictos, diferentes amenazas». Luego de preguntarse si es eficaz limitar el empleo de las Fuerzas Armadas a las agresiones externas, afirma que «el tema merece ser estudiado con urgencia».

En el mismo número, Miguel Toma, Diego Gorgal, Mariano De Vedia y Daniel Santoro responden —en un artículo conjunto— a la inquietud de Jaunarena: «Pareciera ser que hoy existen condiciones políticas para replantear lo que era correcto y adecuado en su momento, pero que entró en un proceso de obsolescencia».

El gobierno nacional avanza sin pausa pero sin prisa en la dirección pregonada por Jaunarena. Si bien no logró reunir los consensos en el Parlamento para una modificación de las leyes, estudia la derogación del decreto reglamentario de la Ley de Defensa. Ello habilitaría el empleo del instrumento militar en la lucha contra las «nuevas amenazas». Ya lo había anticipado Macri durante la celebración del Día del Ejército: «Necesitamos que las FF.AA. se adapten a las demandas y requerimientos del siglo XXI (…) trabajemos juntos contra las amenazas del terrorismo».

Nada novedoso. El gobierno ha impulsado desde sus primeros días el involucramiento de los militares en seguridad pública. A poco de asumir, Macri emitió el decreto 228/2016 (Emergencia de Seguridad Pública), que autorizó al instrumento militar a derribar aeronaves civiles contraviniendo normativa nacional e internacional.

En diciembre de ese mismo año, al cerrar un año de periódicas declaraciones en favor de la militarización de la seguridad, el entonces ministro de Defensa, Julio Martínez, comunicó la firma de un convenio con la Guardia Nacional de Georgia (Estados Unidos). Argentina integrará, de este modo, el Programa de Colaboración Estatal del Departamento de Defensa (SPP), lo que permitirá que nuestros uniformados desplieguen operaciones con esa Guardia Nacional, cuyas misiones primarias son de orden interno. Una nueva contradicción con las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior.

Este tipo de posicionamiento —que presume que congraciándose con Washington en el plano geopolítico se concretarán las prometidas y postergadas inversiones— se apoya en cuatro supuestos: a) que las Fuerzas Armadas argentinas constituyen una estructura ociosa; b) que el carácter improbable de nuevas guerras convencionales determina la ausencia de una misión fundamental; c) que la normativa vigente pone trabas a la cooperación interagencial entre defensa y seguridad; y d) que las leyes actuales se sustentan en argumentos ideológicos anticuados y en una tesis anacrónica: la del instrumento militar como actor del sistema político.

A ello cabe oponer cuatro argumentos. Primero, enfatizar el peligro de los planteos que propugnan la intervención militar en asuntos de seguridad pública. El recurso al facilismo de la «mano dura» refuerza la demagogia punitivista de ciertos sectores de la sociedad y de la dirigencia.

Segundo, parten de una apreciación incorrecta de la evolución de fenómenos como el narcotráfico. La sofisticación de este delito complejo resulta aún precaria —aunque creciente— en nuestro país. Las organizaciones narco no cuentan con sistemas de armas mayores ni despliegan tácticas militares. Y aún en el caso de que esto sucediera, el gobierno contaría para lidiar con ello con fuerzas militarizadas o intermedias como la Gendarmería o la Prefectura.

En las circunstancias actuales se requiere, ante todo, capacidad de investigación criminal y expertise en materia de asistencia a la Justicia para desarticular estructuras delictivas. Un análisis serio exhibe que lavado de activos y narcotráfico marchan en tándem. Ningún programa de estudio de las Fuerzas Armadas contempla estas cuestiones, lo que demuestra la total desvinculación entre la formación de quienes se preparan para la guerra y la de quienes luchan contra la criminalidad.

Tercero, si bien la función principal de los elementos logísticos de las Fuerzas Armadas es apoyar el desarrollo de operaciones militares, su disposición tecnológica dual puede ser aprovechada por otras agencias del Estado. Ello se encuentra contemplado en la Ley de Seguridad Interior. Simplemente se trata de formular los protocolos correspondientes —a través de resoluciones de nivel ministerial— que favorezcan la sinergia institucional, sin la necesidad de realizar modificaciones a las leyes vigentes.

Cuarto, un asunto que parece lejano: el legado de Malvinas. Militarizar la seguridad pública implica desatender las enseñanzas estratégico-nacionales y operacionales de aquel conflicto. En el Atlántico Sur quedó claro el resultado esperable con Fuerzas Armadas politizadas y adiestradas para misiones de naturaleza no militar.

A riesgo de que estas consideraciones sean desatendidas por expresar «principios ideológicos operantes en la forma de tamices cognoscitivos» —la expresión pertenece al ex viceministro de Defensa, Ángel Tello—, convendría prestar atención a lo manifestado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos al recibir el Premio Nobel de la Paz: «No puedo dejar pasar la oportunidad de reiterar un llamado que he hecho al mundo desde la Cumbre de las Américas de Cartagena (…) Me refiero a la urgente necesidad de replantear la Guerra Mundial Contra las Drogas (…) La Guerra Contra las Drogas no se ha ganado, ni se está ganando (…) Es hora de cambiar nuestra estrategia». No debe olvidarse que el paradigma de la «guerra contra las drogas» lo tuvo por mucho tiempo a Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe, como uno de sus principales abanderados.

El gobierno de Macri, llamativamente, se empecina en seguir el camino que otros han probado y recomiendan abandonar. Es abundante la evidencia empírica que respalda el fracaso de la estrategia militarizadora de la seguridad pública. Las anteojeras ideológicas parecieran estar operando del lado de quienes pretenden desandar una verdadera política de Estado de la democracia argentina.

 

Luciano Anzelini es Profesor e investigador (UBA/UNQ). Ex Director General de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa
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3 Comentarios
  1. […] Compartimos esta nota publicada originalmente en http://www.elcohetealaluna.com: […]

  2. carmen dice

    gracias totales

    1. gac dice

      pocas veces he leído tanta tonteria

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