Para que ganen más los que más tienen

De cómo desvirtuar las instituciones de todos en beneficio de unos pocos.

La media sanción dada por la Cámara de Diputados a la reforma tributaria debe analizarse como parte de un todo. El todo incluye asimismo el ajuste previsional, la nueva Ley de Responsabilidad (y ajuste) Fiscal, además de la reforma laboral en ciernes y del proyecto de ajuste por inflación.

“Las distorsiones del sistema tributario asfixiaron el crecimiento económico”, afirma su mensaje de elevación. No sólo tal asfixia (hasta 2015 al menos) es irreal, sino que nuestros problemas estructurales de crecimiento tienen más que ver con la restricción externa, la desigualdad y la fuga de capitales que con la fantasía subyacente de que menos impuestos y un menor “costo laboral” generará un sendero virtuoso de inversiones, crecimiento económico, creación de empleo y prosperidad para todos los argentinos. La renuncia fiscal por parte del Estado no es el camino a la prosperidad para los argentinos. La historia económica de nuestro país permite inferir lo contrario.

También llama la atención la frase que expresa que esta reforma tributaria está en línea con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina. Las recomendaciones del FMI para este gobierno parecen tener más peso institucional que el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la constitución nacional.

El propio gobierno admite que la reforma fiscal implicara una pérdida de recaudación paulatina equivalente a 1,5% del PBI, a la que hay que sumarle un valor similar perdido en 2016. Sólo con un endeudamiento descontrolado y con ajuste del gasto social se podrá compensar esta política, ya que el crecimiento económico y la reducción de la evasión que el proyecto dice que generará sólo existe en la imaginación de sus autores, sin contar con ningún fundamento teórico, histórico, ni científico.

La idea de que la población argentina sufre una excesiva presión impositiva, que se encuentra entre las más altas del mundo, es igualmente falaz. Nuestro país en 2015 tenía una presión fiscal consolidada (sin contar las cotizaciones a la seguridad social, que no son impuestos) del 28% del PBI, similar a Brasil y 5 puntos por debajo de muchos países europeos, cuya progresividad tributaria es hasta el doble que la nuestra, que es también menor que la de México y Chile.

La primera reforma fiscal regresiva de Cambiemos

Las reformas que introdujo el gobierno nacional durante todo el 2016 (reducción de retenciones a la soja y eliminación de las demás, más trabajadores pagando ganancias, minimización de bienes personales y desaparición de ganancia mínima presunta), sumadas a una mega-devaluación (85% en 2 años) y al blanqueo fiscal, han redundado en un pérdida para las arcas públicas de aproximadamente 110.000 millones de pesos (1,5% del PBI), que fueron a parar a los bolsillos de los más ricos, y que resulta un monto algo mayor al del ajuste en la movilidad jubilatoria.

Todas esas reformas parciales (de similar estilo “parche” que la actual) son las que terminaron provocando la caída de casi 6 puntos porcentuales de progresividad tributaria en un solo año, pasando de 34% en 2015 a 28% en 2016. El concepto de progresividad tributaria está vinculado al apotegma “que paguen más los que más tienen”. La pérdida de progresividad tributaria implica que este principio se cumple cada vez menos.

La segunda reforma fiscal

Esta es la que el parlamento está considerando en estos días. En un somero análisis se van a distinguir aquellas medidas que implican una renuncia fiscal a favor de los privados, de las que tienen un objetivo recaudatorio para el Estado. Se pueden identificar, entre las principales, en el primer grupo:

  1. a) Reducción del pago del impuesto a las ganancias de las empresas sobre ganancias no distribuidas (en principio reinvertidas) del 35% al 25%. Ello sería aceptable de tratarse de inversiones reales que mejoren la capacidad productiva de las empresas y el empleo, o de haberse modificado la alícuota única para cualquier monto (y tasa) de ganancia o tamaño de empresa, en un marco de traslación a precios del impacto del tributo por parte de las empresas dominantes y concentradas. Además, dado que en la ley de blanqueo fiscal el gobierno eliminó la tasa adicional del 10% que tenía el impuesto a las Ganancias, como una penalidad a los que no reinvertían las utilidades (Ley 26.893 de 2013), la carga fiscal total que se aplicó, hasta el cambio macrista, sobre los dividendos de las sociedades era del 45%. Ahora vuelven a penalizar la no reinversión, pero sobre una base menor. Así, entre 2013 y 2016 una sociedad que no reinvertía pagaba una alícuota del 45% y ahora tributará el 35%. El costo fiscal será de alrededor de 0,5% del PBI, esto es unos 40.000 millones de pesos (similar a un 40% del ajuste logrado por el recorte en la movilidad jubilatoria), bajo el supuesto de que no se distribuya en dividendos el 50% de las ganancias.
  2. b) Impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias: en tanto el pago a cuenta erosiona la base de ganancias esta renuncia fiscal afectará directamente a las provincias. Como el impuesto al cheque (cuya eliminación figura en la agenda del FMI que el gobierno sigue a rajatabla), según lo decidido se asigna 100% a ANSES, se acentúa la puja por estos recursos. De perderse solo el 50% de la recaudación por el pago a cuenta, tal renuncia fiscal equivaldría a dos tercios del ajuste recientemente aprobado sobre las prestaciones de la seguridad social.
  3. c) Eliminar gradualmente los impuestos a productos eléctricos y electrónicos. Más allá del escaso impacto fiscal de esta medida, amenaza a la producción y al empleo en Tierra del Fuego, que está eximida de su pago. Al eliminarse el gravamen equiparando la situación en Tierra del Fuego con el resto del país, se prevén gravísimas consecuencias sociales para la población fueguina.
  4. d) La medida más trascendente en términos de renuncia fiscal es la implementación a cinco años de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales a la seguridad social, de 12.000 $ en cada salario. Esto implicará una reducción de aproximadamente un 60% de las contribuciones patronales (sin contar impactos adicionales de ulteriores medidas, como la reforma laboral). Asimismo, dicho sendero paulatino (partiendo de un mínimo no imponible de 2.400 $ en 2018 y llegando a 12.000, ajustados por inflación, en 2022) puede, incluso, adelantarse. Nuevamente asistimos a una política de desfinanciamiento del ANSES, contradiciendo el diagnóstico oficialista durante el debate de la reforma previsional: para dar “sustentabilidad” a la seguridad social se recortaron prestaciones por 100.000 millones de pesos en 2018, pero ahora se propone renunciar a un tercio de dicho “ahorro fiscal” en beneficio de una mayor ganancia empresaria (cifra que a su vez treparía a una vez y media el monto del ajuste, para 2022).
  5. e) Se aconseja también a las provincias una reducción de las alícuotas de ingresos brutos y sellos (que suman el 80%-85% de sus recursos propios, castrando aún más su autonomía financiera), a la vez que la nueva Ley de Responsabilidad (y ajuste) Fiscal pone un cepo a sus erogaciones, en especial en empleo público.
  6. f) La reintroducción del ajuste por inflación en el balance de las empresas para el cálculo impositivo del Impuesto a las Ganancias (demandada desde 2008 por las grandes firmas y sus estudios contables). El gobierno de Cambiemos (a diferencia del anterior, que resistió su reimplantación) otorga un beneficio adicional a la cúpula empresarial.

 

En segundo término se identifican las medidas que tienen un objetivo recaudatorio para el Estado.

  1. a) Los cambios en los impuestos internos al consumo. Es claro que cuando necesitaban del favor para el quórum y votación de la reforma previsional, convirtieron este aspecto de la reforma en un mercado persa donde se trocaban redacciones de artículos, sin ninguna consideración ni técnica ni de cálculo e impacto, que hacen ininteligible conocer el alcance de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Toda la argumentación acerca de la salud de la población que figuraba en el mensaje que acompaña el proyecto fue borrada de un plumazo por el lobby empresario y los votos de diputados para la reforma previsional.
  2. b) La incorporación a la base del impuesto a las ganancias del gravamen sobre la renta de algunos instrumentos financieros que estaban exentos para las personas físicas, aunque con una alícuota muy reducida. Esta medida resulta casi testimonial y de carácter distractivo. Su impacto cuantitativo en la recaudación es irrelevante.
  3. c) Se incorpora el IVA a los servicios digitales. Haber incluido este gravamen a los servicios digitales prestados por empresas del exterior (Netflix y Spotify), da la sensación que es una concesión directa al principal competidor local, el grupo Clarín.

 

Existen otras modificaciones puntuales, como la forma de gravar los combustibles, sin impacto cuantitativo relevante sobre la recaudación.

Este paquete de medidas parte de un diagnóstico erróneo acerca de las dificultades que afronta nuestro país para su crecimiento económico y aplica medidas que no son conducentes a tal objetivo, pero que generan una traslación de ingresos desde el sector público a los sectores empresariales.

El costo fiscal que implica la política del gobierno actual se financia, por ahora, con endeudamiento y, en el futuro, se propondrán medidas de reducción del gasto público (cuyo componente mayor es el gasto social) que impactarán en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. El recorte en los aumentos de haberes de los jubilados que consagró la reforma previsional es sólo un anticipo de lo que puede venir.

 

Alejandro López Acotto, Carlos Martínez y Martín Mangas son investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento

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La ilustración de este artículo es ‘Manifestación’, de Antonio Berni.

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