El miércoles pasado fue un día perfecto para la ministra Patricia Bullrich. El juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz le concedió uno de sus deseos más queridos: admitir la aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad de Rosario. El mismo día, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior, confirmó el descenso en la tasa de homicidios dolosos ya comunicado en el mes de marzo y afirmó que la Argentina es “hoy el país más seguro de América del Sur”. Y para coronar la jornada, difundió la captura por parte de la Policía Federal de “acusados por sicariato y narcotráfico en Rosario”. Pero no todo es tan seguro como parece.
El estreno de la ley 27.786 de Organizaciones criminales fue solicitado por un caso que investigan la Procuraduría de Narcocriminalidad y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe “en determinadas zonas” de Rosario. Los detalles no se informaron. Sin embargo, la prioridad actual de ambas agencias gira en torno a Los Menores, una banda originada en 2020 en el barrio 7 de Septiembre que creció con la colaboración de agentes de la policía provincial y está sospechada por el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, el ex líder de la barra brava de Rosario Central.
Dos de los organizadores de Los Menores, Lisandro Contreras y el ex policía Jonatan Garraza, están presos. El tercero se llama Matías Ezequiel Gazzani y permanece prófugo, supuestamente fuera de Rosario, donde no lo alcanzarían los allanamientos masivos que habilita la ley antimafias. El “abordaje integral del crimen organizado” que se promete afectaría en este caso a los eslabones menores, pero ese parece el objetivo según las declaraciones del director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni: “Por el simple hecho de dar el consenso de formar parte de la organización y tener conocimiento de los delitos y de la actividad que desarrolla”, los detenidos podrán recibir la misma pena que los máximos responsables.
La ley dispone además que la fiscalía federal competente integrará una comisión investigadora conjunta con la fiscalía provincial. Pero en Santa Fe la Procunar y el MPA actúan de manera coordinada por lo menos desde el 29 de enero de 2022, cuando una fiesta de bodas en la localidad de Ibarlucea culminó con un triple crimen. El pedido al que accedió el juez Rodrígues Da Cruz “no cambia nada, porque se seguirá trabajando como antes”, según un investigador, y en consecuencia aparece pour la galerie y sobre todo para satisfacer las ansias publicitarias del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Cuando se observa de cerca, la realidad que describe el gobierno nacional en seguridad se desvanece. Los “acusados de sicariato y narcotráfico” son dos hermanos que no están acusados por homicidio sino por herir de bala a un menor, en respuesta a un ataque anterior; les secuestraron 23 gramos de cocaína, 148 gramos de marihuana y una carabina calibre 22. Tampoco satisfacen la definición ultra flexible de organización criminal como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, pero fueron elevados a “clan familiar criminal” por la ministra Bullrich.
Mientras tanto, Rosario, el Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires siguen siendo un lugar de paso por tierra, aire y el río Paraná sin demasiados obstáculos para las organizaciones del narcotráfico. Las causas recientes no surgieron por actividades de inteligencia criminal, sino por errores de las propias organizaciones o por accidente: el 22 de enero, una avioneta Cessna que transportaba 359 kilos de cocaína se quedó sin combustible y aterrizó en zona rural del departamento Islas del Ibicuy, en Entre Ríos; el 3 de junio, un piloto boliviano y otro peruano fueron descubiertos por un aterrizaje de emergencia en Estación Díaz, Santa Fe; el 5 de junio apareció una avioneta incendiada en un campo de Manuel Ocampo, partido de Pergamino; el 25 de junio, un productor rural de Sanford, Santa Fe, denunció el aterrizaje clandestino de una avioneta con el apoyo en tierra de dos camionetas, cuyos ocupantes escaparon. El 30 de abril, el capitán de un buque con bandera de las Islas Marshall denunció que llevaba 469 kilos de cocaína de contrabando ante autoridades de San Lorenzo, en Santa Fe. Bullrich viajó a Rosario para fotografiarse con la droga y adjudicar el descubrimiento a su política de seguridad.
La tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes que exaltó la ministra ya había sido proclamada en enero como “un cambio histórico” que el gobierno nacional atribuyó al despliegue de fuerzas federales y al Plan Bandera promocionado en Rosario. Pero la estadística tiene un contexto: los datos muestran una disminución sostenida desde la tasa de 5,8 homicidios registrada en 2010 y la tendencia absorbió incluso el pico de asesinatos registrados en Rosario en 2022 y 2023.
“Argentina no tiene un severo problema de homicidios como país. Se producen unos dos mil homicidios en el año; en Colombia, un país de una envergadura similar, hay diecisiete mil homicidios por año. La tendencia es a la baja desde hace varios años”, dice el sociólogo Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
“Pero en paralelo”, agrega, “dentro de lo que se conoce porque la cifra negra es considerable, la Argentina tiene una tasa no solamente alta sino creciente de robos: en este caso la tendencia a la alza, a tal punto que según un estudio reciente del Banco Mundial es el país con la tercera tasa de robo en América Latina, detrás de Venezuela y de México”.
Según un informe divulgado en junio por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en 2024 fueron denunciados 103.609 robos o hurtos de autos, motos, camionetas o camiones en todo el país. Esta cifra representa un incremento del 13 por ciento respecto de 2023 y 2024, y el aumento es sostenido en los últimos años en “el país más seguro” según los términos de Bullrich. Las áreas con mayor cantidad de casos fueron la zona suroeste del Conurbano –los partidos de La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora— y las ciudades de Rosario y Córdoba.
“Argentina tiene en términos cuantitativos algunos focos de criminalidad letal –afirma Bergman, autor entre otros libros de Drogas, narcotráfico y poder en América Latina (2016) y El negocio del crimen (2023)—. El más obvio es Rosario; aunque el año pasado hubo una reducción importante, hay que ver cuánto se sostiene. Y hay focos en el Conurbano, cuya característica más importante son los homicidios que se producen en situación de robo”. El caso de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada el 25 de febrero en La Plata por dos menores que robaron un Fiat Palio, representa ese drama.
En tanto, sigue Bergman, “cuando lo comparamos con el resto de América Latina, en el Conurbano no hay una violencia importante vinculada al narcotráfico. La droga circula y se producen escaramuzas, pero las bandas no suelen pelear por el territorio y entonces no tenemos los enfrentamientos ni las venganzas que producen altos índices de homicidios. Pareciera haber alguna regulación para que la situación no explote, y también una especie de sensibilidad político-administrativa para esclarecer rápidamente episodios que pueda ser perjudiciales electoralmente, como el de 2022 en la villa Puerta 8”, de Tres de Febrero.
El discurso punitivista se refuerza en un año electoral tanto por parte del gobierno nacional como del gobierno de Santa Fe, aunque en este caso con la precaución de poner bajo la alfombra la intervención de la policía de Rosario por un fraude con los combustibles previstos para los patrulleros que involucra a trece jefes. La desfederalización de la ley de estupefacientes, lograda por el Maximiliano Pullaro en enero de 2024, es el operador de una política en la que el narcomenudeo pasa por narcotráfico y la persecución contra pequeños vendedores en la ciudad de Rosario es presentada como “guerra contra las mafias”.
“La desfederalización ha producido un aumento importante del número de personas detenidas –dice Marcelo Bergman—. ¿Vale la pena? Lo que no sabemos es si se está reduciendo el consumo de drogas. Perseguir el microtráfico no es la forma de enfrentar al narcotráfico. El debate principal sería qué queremos hacer con las drogas. Si queremos seguir peleando, bueno, llevamos cincuenta años así y no estamos reduciendo el problema. El foco debería estar en la inteligencia criminal y en desbaratar las operaciones de grandes corporaciones”.
Pero esa no parece la misión de la ley antimafia en la ciudad de Rosario. La eliminación de las funciones de prevención y control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), resuelta por el decreto 445/2025 del Presidente Milei, sumado a la flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, tampoco parece en línea con la supuesta batalla contra las organizaciones criminales. Por el contrario entre otras consecuencias probables promueve y facilita, según advirtió la Red Argentina para el Desarme, “que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías”.
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