Golpismo policial

Nuevos modelos neoliberales de interrupción institucional

 

El nuevo golpismo neoliberal tiene como vanguardia operativa a las fuerzas policiales y otros agentes de seguridad. Dada la carencia de legitimidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, producto de sus criminales operaciones orientadas a generar desapariciones forzadas y la ejecución de múltiples masacres consumadas durante el último tercio del siglo XX, el Departamento de Estado ha diversificado sus vínculos, concentrándose en las organizaciones dedicadas a la criminalidad.

El golpe sangriento que continúa desarrollándose en Bolivia tuvo como disparador inicial el acuartelamiento de las fuerzas policiales. El primer motín se produjo el viernes 8 de noviembre en la ciudad de Cochabamba. En esa ciudad, los integrantes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) convocaron a las fuerzas civiles del golpista Luis Fernando Camacho y en forma mancomunada entonaron las estrofas del himno desde la terraza de la comisaría. Con ese gesto se le brindaba una pátina de patriotismo a las represiones que se avecinaban. Luego de los sucesos de Cochabamba se sublevaron los destacamentos de Sucre, Santa Cruz y Oruro, como prólogo a la ocupación de las gobernaciones estaduales. A continuación se sumaron los destacamentos de La Paz, dejando a las sedes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sin protección.
El paso posterior fue la demanda realizada por los policías a las Fuerzas Armadas de que no reprimieran a los acuartelados ni a las fuerzas de Camacho, hecho que se efectivizó sin vacilaciones. El artilugio pseudo republicano destinado a legitimar el golpe fue difundido por los uniformados mediante la consigna: "La policía no se debe a ningún partido político, se debe al pueblo boliviano". Un lustro atrás, en julio de 2014, las mismas fuerzas de la UTOP, de Cochabamba y La Paz, se habían acuartelado, pero su proclama golpista fue abortada por la rápida intervención y condena de los mandatarios integrados en la UNASUR, quienes evitaron que el conflicto escalara.

Los antecedentes de este modelo de golpe se remontan a julio de 2009, cuando las fuerzas de seguridad dieron el primer paso para voltear al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien intentó rebelarse a los mandatos de las empresas trasnacionales y sus representantes políticos, los diplomáticos residentes en la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Los organismos de seguridad reprimieron a los manifestantes que se oponían al golpe e irrumpieron en los estudios de televisión desde donde se transmitían las señales de las cadenas CNN en Español y Telesur. Los altos mandos de la policía hondureña habían sido entrenados, durante la década anterior, por el programa de seguridad pública coordinado desde el Comando de Operaciones Especiales–Sur (COESUR), unidad subordinada al Comando Sur de los Estados Unidos (SouthCom).

Poco tiempo después se produjo el intento fallido de golpe en Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, cuando la Policía Nacional se sublevó contra Rafael Correa bajo la justificación de demandas salariales. Nuevamente fue la UNASUR, junto con la movilización popular dentro de Ecuador, la que impidió el golpe. La asonada se produjo pocos días después del abandono por parte de Estados Unidos de la Base Militar de Manta (o Destacamento Militar Eloy Alfaro) exigido por el gobierno correísta. El 18 de septiembre fueron despedidos los últimos contingentes del Comando Sur y 12 días después se intentó el golpe de Estado. La Base de Manta, según las investigaciones de la Comisión de la Verdad, era un destino privilegiado para el intercambio de información de las fuerzas de seguridad ecuatoriana, hasta la asunción de Correa en 2007. Desde 1999, durante 10 años, la Base de Manta había sido cedida a los marines para operaciones de lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las guerrillas colombianas. La Comisión de la Verdad –encargada de relevar los hechos de septiembre de 2009– consignó que la Policía Nacional se había sublevado en connivencia con sectores de la oposición, respaldados y articulados por la delegación diplomática de Estados Unidos en Quito. El objetivo de la revuelta incluía el magnicidio del presidente Rafael Correa. Este último declaró, tiempo después de la intentona golpista, que contaba con certezas sobre la participación de “grupos de extrema derecha y fundaciones ligadas a Washington encargadas de conspirar para derrocarlo”.

 

 

 

Jeanine Áñez, la biblia y la charretera

 

 

Los derrocamientos de Fernando Lugo en Paraguay (2012) y de Dilma Rousseff en Brasil (2015) fueron de carácter parlamentario y también tuvieron como objetivo restituir la vigencia de los programas neoliberales requeridos por las corporaciones trasnacionales y los centros financieros globales. Por su parte, en la Argentina las intentonas destituyentes ensayadas durante los gobiernos kirchneristas conjugaron la acción de los grupos oligárquicos con la presión ejercida por los medios de comunicación hegemónicos y fracciones específicas del Poder Judicial. Sin embargo, durante el gobierno macrista se multiplicaron los convenios y las capacitaciones realizadas por organismos de seguridad con contrapartes estadounidenses e israelíes, cuyas consecuencias podrán develarse en el próximo cuatrienio, durante el gobierno del Frente de Todxs.

Phillip Agee detalló en su libro Inside the Company cómo las agencias de inteligencia utilizan a las policías latinoamericanas, bajo pretexto de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, para esmerilar gobiernos opuestos a sus intereses estratégicos. También cómo se manipula su formación y capacitación para forjar potenciales golpistas, funcionales a las demandas del Departamento de Estado. El analista Sergio Rodríguez Gelfenstein ha dado cuenta, en los últimos años, del rol que han asumido las fuerzas de seguridad como punta de lanza de las operaciones geopolíticas, infiltrando a las policías con quirúrgicos ideológicos sustentados en pretendidas eficacias técnicas. En todos los casos relevados en América Latina se observa una cooptación cultural orientada a valorizar lo que proviene de Estados Unidos y despreciar lo autóctono, popular o criollo. Las ofertas de vinculación y articulación provenientes de universidades, centros de estudios u organismos internacionales (financiados por Washington o por aportantes privados) buscan garantizarse el control y el poder simbólico de las armas. Sean de las Fuerzas Armadas o de los organismos de seguridad.

En los últimos años Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, se empeñó en llevar a cabo diversas acciones conjuntas con contrapartes de Washington y Tel Aviv. En julio de 2018 se llevó a cabo un Intercambio Conjunto Combinado (JCET, por sus siglas en inglés) entre el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal y los integrantes del Comando de Operaciones Especiales–Sur (COESUR), unidad dependiente subordinada al Comando Sur. Dos meses después, en septiembre de 2018, en el marco de la preparación para el G20, el comisario mayor de la Policía Federal Ronaldo Jonte detalló la capacitación que recibieron 22 uniformados de élite por parte de las fuerzas de inteligencia y seguridad israelíes, con el objetivo de prevenir atentados en eventos internacionales. Bullrich asumirá en abril próximo como presidenta del PRO, gracias al apego demostrado con las políticas solicitadas por Washington. Mientras tanto los funcionarios policiales, influidos por su concepción de la seguridad interna, seguirán su derrotero burocrático en un gobierno que privilegiará algo diferente al poder globalizado. Unos y otros se estarán monitoreando.

El gobierno popular deberá advertir que la impronta dejada por la gestión de Bullrich deriva en forma casi automática hacia una malversación de la función constitucional de quiénes han sido empoderados para la represión y la admiración acrítica hacia modelos foráneos y discordantes con la lógica social local. Será necesario tomar en cuenta que quienes han incorporado determinados gestos redundantes no suelen contar con la capacidad para renunciar a ellos, de forma inmediata, menos aun cuando sus pedagogos son admirados y endiosados. Marcos Chicot, en su novela El asesinato de Pitágoras, apuntó una reflexión que puede ayudar a hipotetizar contingencias futuras: “La clave de la manipulación es poner en contacto a los hombres con sus deseos más intensos”. Habrá que anticiparse.

 

 

 

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