En un escenario en el que el gobierno de Donald Trump tiene una grosera y descarada actitud injerencista en nuestra región, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, miembro del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, ordenó la “Operación de Contención”, un operativo conjunto de la Policía Civil y Militar, con 2.500 agentes, para capturar a integrantes del Comando Vermelho, una de las principales bandas narcotraficantes del país.
El operativo se realizó el martes 28 bajo la exclusiva responsabilidad del estado de Río de Janeiro, sin conocimiento del gobierno federal, en dos favelas ubicadas en el norte de la ciudad. Dejó al menos 121 personas muertas y 113 detenidas, siendo la operación más letal de la historia reciente del país. La masacre ha generado el repudio y la condena de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Human Rights Watch, entre otros.
La alianza Trump-Bolsonaro
El gobernador Cláudio Castro no informó ni coordinó las acciones con el gobierno federal, pero tuvo tiempo para enviarle al gobierno de Estados Unidos, meses antes, un informe sobre el Comando Vermelho, al que calificó como organización terrorista con ramificaciones activas en Estados Unidos. Según la CNN, el informe fue entregado directamente al consulado de Estados Unidos en Río. El objetivo de informar a Washington consistiría en erigirse como los interlocutores y adalides de la cooperación con las autoridades estadounidenses en la lucha contra la facción. Además, al promover la calificación de estos grupos criminales como terroristas, se alinean con la política estadounidense que les permitiría un mayor poder de injerencia en Brasil por razones de su seguridad nacional. Ante el temor reinante en la sociedad brasileña, ¿quién mejor que Estados Unidos para protegerla? Es parte de la estrategia de la campaña de las elecciones presidenciales de octubre de 2026.
En mayo de este año, una comisión de legisladores de Brasil mantuvo una reunión con representantes de la embajada de Estados Unidos con el objetivo de pedir al gobierno de ese país que declare terroristas a las bandas narcotraficantes Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor de Brasil, y Comando Vermelho. En la reunión participaron el senador Flávio Bolsonaro, hijo menor de Jair, y el diputado Paulo Bilynskyj, respectivos líderes de las comisiones de Seguridad Pública de las cámaras legislativas. Asimismo, Flávio Bolsonaro pidió al gobierno del Presidente Lula que “abrace” la iniciativa y “formalice” cualquier tipo de acuerdo que pueda alcanzarse con Estados Unidos. Según la publicación SwissInfo, los legisladores solicitaron a la embajada que coordine una reunión en Washington entre el gobierno de Estados Unidos y los responsables de seguridad pública de Río de Janeiro y São Paulo para presentarles un informe de inteligencia que vincula al PCC y al Comando Vermelho con la milicia libanesa Hizbulá, que Washington considera como una organización terrorista. Según Bolsonaro, el informe también muestra que los “tentáculos” de las dos principales bandas brasileñas llegan a Estados Unidos.
Así, días antes de iniciarse el reciente operativo, en Río de Janeiro, el senador Flávio Bolsonaro le pidió a las autoridades estadounidenses expandir hacia Brasil la ilegal campaña militar que la Casa Blanca desarrolla frente a las costas de Venezuela y Colombia contra pequeñas lanchas que supuestamente transportan drogas y amenazan la seguridad interna de ese país. Sobre los tripulantes asesinados, ni siquiera saben sus nombres. Tampoco hay pruebas de que transportaban droga. Simplemente mueren bombardeados en el mar. La renuncia del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a mediados de octubre, es atribuida a la opacidad de estos actos.
Pero al senador Bolsonaro eso le parece fantástico. En la red social X posteó un mensaje del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre el ataque más reciente a dichas embarcaciones y escribió en inglés: “¡Qué envidia! He oído que hay barcos así en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No quieren pasar unos meses aquí y ayudarnos a combatir estas organizaciones terroristas?” Pedirle al Presidente Trump que intervenga en Brasil con el pretexto de que amenazan su seguridad nacional es música para los oídos para alguien que aspira a ser el emperador del mundo. La arrogancia y la adulación son caras de la misma moneda.
La publicación de Flávio tuvo lugar mientras la diplomacia brasileña trabajaba para concretar el primer encuentro bilateral entre el Presidente Lula y Donald Trump, que tuvo lugar el domingo 26 en Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Países del Sudeste de Asia (ASEAN), que tenía como uno de sus objetivos lograr que Estados Unidos eliminara los aranceles del 50% impuestos a las exportaciones de su país. Estos fueron anunciados al finalizar la Cumbre de los BRICS de Río de Janeiro, realizada el 6 y 7 de julio, en la que Lula tuvo un rol protagónico, en represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, que Trump calificó como una cacería de brujas. El diputado Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del ex Presidente, actualmente radicado en Texas, promovió públicamente sanciones contra Brasil por el juicio a su padre. Contra viento y marea, y a pesar de la presión y los chantajes de Trump, Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y como miembro de una organización criminal armada dedicada a desacreditar el sistema electoral. Asimismo, por incitar ataques a las instituciones democráticas, articular medidas excepcionales y liderar una “organización criminal” que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Choque de opiniones
La masacre en la favela de Río de Janeiro ha dado lugar a que el juez Alexandre de Moraes convoque al gobernador Cláudio Castro a dar explicaciones mañana, 3 de noviembre. Mientras tanto, Castro dijo que el gobierno federal los había dejado solos. Absolutamente falso. En Brasil, cualquier Estado Federado tiene autonomía para todas las áreas de gestión, incluida la seguridad pública. Solamente cuando un Estado se declara incapaz de enfrentar un desafío con sus propios recursos, este oficializa el pedido de ayuda al gobierno federal. Cuando ello ocurre, en el caso de la seguridad pública, el gobierno federal decreta una ley de emergencia denominada Garantía de la Ley y del Orden (GLO). El gobernador del Estado de Río de Janeiro nunca solicitó la GLO. De ser así, las fuerzas federales, tanto la Policía Federal como las Fuerzas Armadas, asumen la seguridad pública, y las fuerzas locales quedan subordinadas al interventor militar designado por el Presidente de la República.
Por otro lado, el gobierno de Lula encaminó a principios de año una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que prevé una acción coordinada de todos los entes federados bajo la tutela del Ministerio de Justicia (Gobierno Federal), para una estructura centralizada de información y acciones contra el crimen organizado, considerado actualmente “el mayor riesgo para nuestras instituciones, el estado de derecho y la democracia misma”. Sin embargo, las fuerzas políticas de la derecha, hasta el momento, no han aceptado esta propuesta de PEC del gobierno de Lula, pues consideran que disminuiría la autonomía de los estados.
La masacre del 28 de octubre ha acelerado la apuesta de la derecha por impulsar la mano dura en Brasil y activar aprobación de una propuesta para clasificar como “organizaciones terroristas” al Comando Vermelho y al PCC. En Paraguay, el secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional, el contraalmirante Cíbar Benítez, junto a los ministros del Interior, Enrique Riera, de Defensa, Óscar González, y los mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional han anunciado ya que nombrarán a las dos organizaciones como terroristas, a través de un decreto.
Mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil ha enviado al fiscal general Paulo Gonet un pedido formal para que se abra una investigación y se considere la prisión preventiva del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por el operativo policial en las favelas. En el documento, los nueve diputados firmantes indican que existen “pruebas contundentes de haber sobrepasado los límites de la ley, la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse “horrorizada” por el operativo. “Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva” sobre las muertes, expresó en X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk. Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) Brasil calificó como un “desastre” el operativo policial y pidió a la Fiscalía investigar las circunstancias de cada muerte. “Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 residentes y policías es una enorme tragedia”, dijo el director César Muñoz. Todas coinciden en condenar enérgicamente dicha incursión. En particular, la CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, publicó un comunicado el viernes 31 en el que urge al Estado a investigar de manera pronta, diligente e independiente los hechos, considerando toda la cadena de mando, sancionar a las personas responsables y garantizar una reparación integral a las víctimas y sus familiares. Este organismo ha observado que el operativo conjunto se inscribe en un patrón persistente de violencia policial en Río de Janeiro, cuyas víctimas son en más de un 85% personas afrodescendientes. La Comisión destaca que estos datos evidencian un patrón de perfilamiento racial, y reflejan la continuidad de un modelo de seguridad centrado en el uso excesivo de la fuerza y en la criminalización de la pobreza. La CIDH reconoce la gravedad del crimen organizado y su impacto en el goce efectivo de los derechos humanos. No obstante, expresa preocupación por la persistencia del paradigma de “guerra al crimen”, que deshumaniza a las víctimas y ha demostrado ser ineficaz como estrategia de seguridad pública para reducir los niveles de violencia. En este contexto, es urgente que las autoridades brasileñas, incluidas aquellas a nivel estatal, reformulen sus políticas contra el crimen organizado con un enfoque en los derechos humanos, centrado en las víctimas y con participación social, de conformidad con los estándares interamericanos. El colombiano Gustavo Petro es el único Presidente de la región que ha criticado al gobernador de Río de Janeiro, al calificar el operativo antinarcóticos en las favelas como “barbarie”. “Dolor de pobres. La barbarie es el común denominador de las extremas derechas”, escribió Petro en X y comparó el operativo con la peor época del paramilitarismo en Colombia, cuyas alianzas con el ejército dejaron una estela de sangre.
En síntesis, la narrativa para justificar la intromisión de Estados Unidos en los países de la región ha reemplazado el peligro del comunismo por el del narcoterrorismo, sin mencionar, por supuesto, que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y que solo se preocupa por erradicarlo desde el lado de la oferta. Un absurdo total si no toman medidas drásticas en la demanda. Los hechos recientes indican que, conforme se acerque el inicio de la campaña electoral, le endilgarán a Lula debilidad para combatir el narcotráfico y hasta podrían inventarle algún cargo de lidercinho del Comando Vermelho. Nada que sorprenda. A gobernantes que mantienen posturas soberanas se les pone piedras en el camino. Para los sumisos hay ayuda, cobijo y hasta aplausos. Ni la corrupción, ni las estafas con criptomonedas –inclusive a ciudadanos estadounidenses–, ni los vínculos con el narcotráfico de los José Luis Espert de la vida e íntimos del Presidente Milei importan si pertenecen al coro estadounidense.
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