Guantes son, ¿pero blancos?

La intervención de las Sociedades Macri puede acelerar la causa del Correo.

 

Agotada está la oficina de la fiscala Gabriela Boquín en demostrar, una y otra vez, el vaciamiento del Correo Argentino. No puede entender la funcionaria cómo la Justicia se empeña en hacer oídos sordos a una evidencia incontrastable: la responsabilidad—multimillonaria— del Grupo Macri en estafar al Estado, esa entidad denostada políticamente pero aprovechada desde siempre en su estructura para hacer negocios financieros. Boquín es la fiscala que ha denunciado desde 2017, contra viento y marea, un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” de SOCMA con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma. Como Macri no pudo condonar su propia deuda empresarial cuando era Presidente, queriendo ser juez y parte, continúa operando sus influencias en los pasillos de la Justicia. Y, hasta el momento, ha salido victorioso.

Ladrones de guantes blancos. Así lo definió brutalmente Alberto Fernández, hace unos días, haciendo referencia explícita a Mauricio Macri. “Y estoy esperando que llamen a esos ladrones para que expliquen la causa de los Parques Eólicos, la estafa al Correo Argentino, la estafa con los peajes. Estoy esperando que la Justicia se dignifique a sí misma y llame a esos ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas”, dijo en el marco de un acto que encabezó por el inicio de las obras de la Variante Cañuelas.

Mientras Boquín espera seguir avanzando en la quiebra del Correo, imposibilitada en el presente ante una dilación infinita del expediente, en la última semana recibió un guiño indirecto. Ante un pedido de Mariano Macri la jueza comercial María Cristina O’Reilly resolvió intervenir la empresa SOCMA Americana S.A, una de las responsables del vaciamiento del Correo Argentino y la principal firma del grupo. El Correo, en efecto, tiene como empresa controlante a SOCMA; de hecho, la Procuración del Tesoro había planteado que SOCMA debería ser la que respondiera por la quiebra. El ex Presidente no figura porque se desprendió de sus acciones, aunque su influencia es notoria. Las había cedido a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco y luego estos a Gianfranco Macri, que tiene el 40%; un 20% es de Mariano Macri, otro 20% de Florencia Macri y el 20% restante de los hijos de Sandra Macri, quien falleció.

¿De qué forma se ejecutará la intervención? Con la designación de un “veedor informante” durante tres meses. En el clan se recibió la medida como una intromisión intolerable. Vigilar, controlar y fiscalizar. Esa es la tarea del veedor designado, Enrique Kiperman, un contador y doctor en Ciencias Económicas conocido en las huestes del derecho comercial. En su función dará cuenta de:

  • Brindar un mejor panorama en resguardo de los intereses sociales y mayor claridad en cuanto al manejo que se está efectuando de la sociedad y lo ocurrido en su seno;
  • Informar sobre el estado de situación patrimonial de la empresa, su estado financiero y los principales problemas que a su entender puedan perjudicar el resultado económico del giro comercial;
  • Inspeccionar cualquier tarea de la empresa y confrontarla con el objetivo de cumplimentar el objeto social, dando cuenta de toda irregularidad que advierta en la administración.

La noticia cayó como un balde de agua fría en pleno invierno. Los Macri tienen un buffet exclusivo para frenar la quiebra, y ahora deben abrir otro frente de batalla con su propio hermano.

El desgaste es enorme, y aunque siguen demorando a la Justicia con estrategias exitosas, el costo político de sumar enemigos es altísimo. No es lo mismo ir contra una funcionaria judicial que a la par luchar contra un hermano del Grupo, precisó una fuente especializada en el expediente.

Recurriendo a la justicia civil e impugnando asambleas del emporio, Mariano Macri —en consonancia con la hipótesis de Gabriela Boquín— había planteado que en SOCMA se venían tomando decisiones contra los intereses de la propia empresa. Y a su vez, Mariano no quiere quedar atrapado por la existencia de irregularidades, algo que ocupa un lugar central en la causa Correo Argentino. En rigor, la estrategia de vaciamiento ha sido denunciada por la fiscala ante la Cámara Comercial como herramienta utilizada por el propio Correo. Lo que resta dilucidar, para Boquín, es dónde se fue el dinero y cuál fue la responsabilidad de los administradores. En paralelo, y a fin de año pasado, el hermano del ex Presidente pidió explicaciones a su familia por la venta de bienes del patrimonio societario y allí constató maniobras de ocultamiento y vaciamiento. Había denunciado, además, que los socios y directivos le impedían acceder a los balances y que hasta habían nombrado como síndico a una persona fallecida. La bomba, entonces, estalló por dentro.

El hermano hereje, entonces, pidió explicaciones por algunas operaciones como la venta de la totalidad de la participación de Sideco Americana -que era socia de SOCMA- en la empresa Litsa por 10 millones de dólares, a sus espaldas, sobre lo que los accionistas no quisieron informarle; agregó la venta de Ingard S.A., donde dijo que no se dio a conocer el precio, el comprador ni quien valuó las acciones. Lo mismo respecto de Minera Geometales. Mencionó también una compra de acciones en Sidequip S.A. y en Sideco, pero tampoco le daban información. Y además de objetar la venta de participaciones societarias, Mariano puso la lupa en el sospechoso acuerdo del Correo-SOCMA con el Meinl Bank, banco de Odebrecht que está inhabilitado y denunciado por lavado de dinero, y con el que se habría hecho un acuerdo a través de una sociedad offshore.

El telón de fondo es acuciante. Hace casi un año que la jueza Marta Cirulli decidió la quiebra del Correo. La empresa apeló, la jueza se echó para atrás y a partir de allí la familia efectuó forum shopping para conseguir jueces afines. El principal artífice de las maniobras fue Mauricio Macri, que lo hizo público en diferentes tuits y hasta en una carta. Así, ganando tiempo a su favor, el grupo Macri consiguió que dos juezas de la Cámara Comercial pusieran todo entre paréntesis hasta que la Corte Suprema resolviera si corresponde la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño, donde Mauricio y los suyos juegan de local. Todo eso permanece aún en suspenso.

En su caudaloso expediente, Boquín responsabilizó al grupo de crear un relato basado en “inexactitudes y engaños” que “difunde a la opinión pública” y “contamina el expediente afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal”. Alrededor de un proceso comercial específicamente concursal, en la mirada de la fiscalía los Macri no han actuado de buena fe al distorsionar el expediente e incluir actores políticos ajenos a la investigación.

–Es uno de los mayores actos de corrupción contra el Estado de los últimos tiempos. No sólo los Macri deben un dinero equivalente a construir varias escuelas, sino que para defenderse usaron artilugios apócrifos y engañosos. Lo cual lo convierte en un escándalo abismal –resumió una alta fuente de la investigación.

En rigor, son casi veinte maniobras del grupo Macri que en el escrito se denuncian como falsas, urdidas para evitar el pago de su abultada malversación. Nada nuevo bajo el sol: las mentiras de la empresa son una constante para evadir los veinte años sin pagar su millonaria deuda con el Estado, calculada en más de 70.000 millones de pesos sin tener en cuenta intereses y actualización a tasas del presente.

Entre los principales puntos de las maniobras fraudulentas, Boquín precisa que:

  1. El Correo manipuló el concurso de acreedores. Una de las maniobras consistió en presentar una mayoría trucha para mostrar que tenía aval a su oferta de pago. En ese sentido, violó el principio de igualdad ante la ley por el uso de avales falsos de acreedores para conseguir la aprobación de su oferta.
  2. A lo largo del extenso proceso la empresa evidenció una conducta que no se sujetó a la normativa del “remedio concursal al que eligió acudir”. Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control de la jurisdicción.
  3. El Grupo Macri tergiversó las condiciones. La investigación judicial consideró que no sería razonable suponer que los acreedores que prestaron su conformidad en aquel momento aceptaran la propuesta “mejorada” por créditos devengados hace dos décadas, cuya cancelación se produciría en aproximadamente 31 años, pues a los 11 años que comprendía la nueva propuesta habría que sumarle los 20 años ya transcurridos.
  4. Boquín detalla en su investigación las operaciones de vaciamiento de la firma y el acuerdo irregular con el Meinl Bank, acusado de lavado. Revela que el Correo hizo un acuerdo en paralelo al concurso con la entidad bancaria, que fue deliberadamente ocultado: el banco pesificó la deuda del Correo, que estaba en dólares. Era su acreedor privado más grande: el Meinl Bank tenía el 38% del pasivo. Pero fue investigado por lavado y decretada su quiebra en marzo de 2020. Su conformidad ya no sirve.
  5. El Estado no había sido “acreedor hostil” como postularon los Macri por no aceptar su última oferta y la investigación detalló las múltiples audiencias de conciliación donde asistieron representantes oficiales en el transcurso de todo este proceso, conocido como el más extenso concurso de acreedores de la historia de la Justicia comercial argentina.
  6. Correo hizo maniobras insólitas para lograr su “propio vaciamiento en perjuicio de los acreedores y en beneficio de sus controlantes dentro del Grupo”. Por citar tan sólo un ejemplo, compró en 2007 a SOCMA, su controlante, acciones de la empresa uruguaya Neficor –ligada al negocio automotor– por 2,1 millones de dólares, sin permiso judicial.
  7. Hasta 2012 la empresa pagó 8 millones de pesos de anticipos a los directores, pese a que no tenían derecho a ninguna retribución porque los ejercicios arrojaron pérdidas. Violó, de esa forma, la ley de sociedades. Además, pagó honorarios por asesoramiento legal a estudios jurídicos integrados por miembros de su propio directorio.
  8. Los perjudicados por esta matriz fraudulenta son los acreedores. Entre ellos la AFIP y el Banco Nación. En total, el Estado es el acreedor mayoritario, con el 33% de las deudas.

Todo había comenzado a fines del menemismo. El grupo manejó el Correo desde su privatización en 1997 –lo administró a través de su empresa Sideco– y se presentó en convocatoria de acreedores en 2001, hasta que en 2003 fue estatizado por falta de pago del canon. Ese año el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo Argentino S.A. y la novela continúa hasta hoy.

La familia empresarial quiso imponer desde siempre lo que a esta altura es su marca de estilo: reducir la tasa de interés de su deuda y salir airosa. Pero el Estado rechazó varias propuestas de pago. La última oferta que había hecho el Correo a sus acreedores era de 1.000 millones de pesos en un pago. Según los cálculos de la fiscalía, dicho valor constituye tan sólo una sexta parte de la deuda real. A partir de allí, en efecto, comenzó a engrosarse el expediente que en 2016 llegó al despacho de Boquín, cuyo foco fue profundizar la pesquisa sobre el Grupo. Curiosamente al año siguiente y por primera vez el Estado aceptó el acuerdo.

Es decir: fue el propio gobierno de Mauricio Macri el que acordó con el Grupo Macri la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que en ese momento ascendía –según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio Público Fiscal– a 70.000 millones de pesos, lo que significaba ni más ni menos que una quita del 98,87% en perjuicio del Estado.

En aquella época Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial. Logró frenar el bochornoso acuerdo y presionó para que se investigara al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública. Hoy existen dos causas, una penal y otra civil. Hace dos semanas, en una nueva presentación judicial, Gabriela Boquín le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo que había suspendido el trámite de la quiebra del Correo Argentino para que la causa pueda seguir adelante. Allí habló de “gravedad institucional”, “denegación de justicia” y “desnaturalización de la garantía de plazo razonable”. Se refirió al 4 de mayo último, cuando las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal emitieron un fallo que suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia defina si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) es una instancia habilitada para revisar este caso. Un fallo, el de las juezas, a pedir de Macri.

El pedido de nulidad de Boquín todavía no recibió respuesta. En cambio, recibió un enésimo ataque en su contra —del que siempre ha resultado airosa en dictámenes judiciales—: los Macri lograron con su lobby que la Cámara de Casación investigara su actuación en la causa Correo, algo que el juez federal Sebastián Casanello archivó en su momento por “inexistencia de delito”. Cada vez que la fiscala busca un soplo de aire para avanzar por la causa del Correo Argentino, los caminos parecen cerrársele.

Mientras tanto, los Macri continúan más negros que una papa. A la denuncia de Mariano Macri, se sumó el escandaloso blanqueo de bienes de su otro hermano, Gianfranco, que en realidad eran de su madre, Alicia Blanco Villegas. ¿Podrá sabotear el emporio un nuevo delito con su sana costumbre de evadir responsabilidades y refugiarse en su castillo de impunidad? Por lo pronto, dos duros huesos de roer no se quedarán de brazos cruzados: la fiscala Gabriela Boquín y el hermano hereje, Mariano.

 

 

 

 

 

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