La Procuración General de la Nación aprobó el 14 de agosto la “Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque”. Este es un marco conceptual ofrecido a todos los fiscales y jueces del país un mes después de que el canciller argentino Pablo Quirno participara en la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” en Washington. Algunos de los aspectos conflictivos que se desprenden de una primera lectura del documento oficial son:
- La implementación masiva de la vigilancia en redes.
- Las personas vulnerables como objetivo de seguridad interior.
- La criminalización de conductas individuales que no configuran delitos.
- La investigación de autores y no de hechos; y restricciones al libre ejercicio de libertades constitucionales son algunos de los aspectos conflictivos que se desprenden en una primera lectura del documento oficial.
Eduardo Casal, procurador general de la Nación, aprobó la guía elaborada conjuntamente por Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez, cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), y el fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO). También colaboró el fiscal Horacio Azzolin, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
En lo medular, la guía hace hincapié en la identificación e investigación de “incidentes terroristas”, previos a un eventual “ataque terrorista”. Sostiene que estos “poseen ciertas características distintivas (glorificación, propaganda, radicalización, reclutamiento, movilización, etc.)". Y agrega: "Hemos observado que este tipo de incidentes se inician, casi en su totalidad, en forma de publicaciones de contenido extremista y/o amenazas en línea, respecto a las cuales no existe una conciencia judicial mínima que permita otorgarles un tratamiento jurídico adecuado dentro del contexto terrorista para evitar que sean investigadas como simples delitos comunes”.
Propone un “marco interpretativo útil para la identificación temprana de indicadores de radicalización, evaluación de riesgos y diseño de estrategias judiciales de detección oportuna del extremismo violento”.
El encuadre teórico fue tomado de Arie W. Kruglanski, Jocelyn J. Bélanger y Rohan Gunaratna, que en 2019 publicaron Los tres pilares de la radicalización: necesidades, narrativas y redes (Reino Unido: Oxford University Press). Investigan para el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START), centro de investigación especializado de la Universidad de Maryland, fundado en 2005 con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Otros de los aportes teóricos citados provienen de la sociología y la psicología, no del campo jurídico, y están basados en estudios comparados sobre Oriente Medio y el islamismo.
Ciberpatrullaje
“En la actualidad, estas redes no se limitan a organizaciones terroristas tradicionales, sino que comprenden también comunidades virtuales, plataformas digitales, canales de mensajería cifrada, foros especializados, videojuegos en línea y otros ecosistemas donde los individuos encuentran referentes ideológicos, mentores y pares que fortalecen su identidad extremista. En este contexto, la presión grupal, el reconocimiento social y la validación permanente favorecen la progresiva normalización de discursos de odio, la deshumanización del adversario y la legitimación de la violencia como herramienta ideológica o religiosa”.
Por lo tanto, la guía propone: “En lugar de centrar exclusivamente la atención en la preparación material de un atentado, el modelo invita a identificar indicadores vinculados con vulnerabilidades personales, cambios en la identidad ideológica y transformaciones en los vínculos sociales del individuo. En consecuencia, la detección de factores de vulnerabilidad, la adopción progresiva de narrativas extremistas y la integración en redes de validación ideológica constituyen elementos relevantes para la evaluación del riesgo, la priorización de investigaciones y el diseño de estrategias preventivas orientadas a impedir la transición desde la radicalización cognitiva hacia la movilización operativa”.
El ciberpatrullaje y la inteligencia sobre la sociedad civil se hacen, en este esquema teórico, imprescindibles. “El análisis de los ecosistemas digitales vinculados a videojuegos y plataformas de interacción asociadas reviste especial importancia para las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad, no desde una lógica de criminalización de espacios recreativos, sino en función de comprender cómo determinados actores extremistas instrumentalizan dichos ámbitos para identificar vulnerabilidades, construir vínculos de confianza y desarrollar procesos graduales de radicalización ideológica, dirigidos principalmente hacia jóvenes expuestos a contextos de fragilidad emocional, social o identitaria”.
En otro momento, explicita que debe recurrirse a “las fuentes abiertas de información (OSINT), entendidas como el conjunto de técnicas orientadas a recopilar y analizar información disponible públicamente. Ello comprende redes sociales, sitios web, foros, plataformas de mensajería abiertas, medios de comunicación, registros públicos y otras fuentes accesibles sin medidas intrusivas”.
Sujeto social objetivo
En todo momento se insiste sobre las personas vulnerables como sujetos de investigación. En ese punto, citan a dos autores que desarrollaron las etapas de la radicalización (de las opiniones y de las acciones), Clark McCauley y Sophia Moskalenko.
Buena parte de la descripción de las conductas a las que alude la guía permite inferir que ese segmento social más vulnerable, altamente expuesto a las redes y ese ciberpatrullaje, son lxs niñxs, adolescentes y jóvenes. En la experiencia local más próxima, la descripción de conductas asociadas a esos supuestos procesos de radicalización podría corresponder a los casos de estudiantes secundarios que protagonizaron ataques con armas en colegios, por ejemplo. En otros pasajes de la guía, el estereotipo descripto como vulnerable también puede corresponderse con personas con padecimientos de salud mental.
Gran Bretaña implementa desde 2003 el programa antiterrorista Prevent, que obliga a escuelas, hospitales y otras instituciones públicas a identificar y reportar personas consideradas “vulnerables” a la radicalización. Es un modelo en crisis que puede ser importante revisar, en vistas a la propuesta de Casal.
Finalmente, en nuestro país, necesariamente esta guía debe leerse en diálogo con la baja de la edad de imputabilidad y con la ley 26.734 antiterrorista de 2011, entre otros instrumentos que configuran una reactualización del terrorismo como conflicto de Estado.
Existe una causa federal abierta en La Pampa que podría dar cuenta de la tensión entre la nueva guía de Casal y la legislación vigente. En junio pasado, un adolescente de 15 años quedó involucrado en una investigación por terrorismo a partir de su vinculación por redes con un joven de 17 años detenido en Australia.
Uno de los gráficos que ilustran la guía identifica al sujeto vulnerable con la imagen típica de alguien que viste buzo con capucha sentado frente a una notebook, a quien podemos suponer joven.
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