Hacer la Corte en Mendoza

 

Paralelamente a sus ataques para debilitar al sector garantista del Poder Judicial, el hoy diputado por Mendoza Alfredo Cornejo desplegó durante su período como gobernador una política de copamiento institucional. Por eso, cuando se produjo la primera vacante en la Corte designó a su correligionario José Valerio, un luchador contra el “anarco abolicionismo”, a pesar de los cuestionamientos de la sociedad civil por sus fallos homofóbicos y misóginos y su conducta frente a casos de violencia institucional. Después designó en la Corte a su propio ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien presentó el Código Contravencional, un compendio de arbitrariedades destinadas a la criminalización de la pobreza y la protesta social. Ahora, como miembro de la Corte se dispone a juzgar la constitucionalidad de la ley que él mismo firmó, con el espíritu autocrítico que caracteriza a estas bellas almas. Uno de cada tres magistrados mendocinos en ejercicio fue designado por Cornejo, que además eliminó los puntajes en los exámenes estableciendo el principio de discrecionalidad para la designación y todos los miembros de los organismos de control independiente fueron copados por militantes oficialistas.

Sin reelección posible, la política de copamiento de Cornejo pareció recibir un golpe recién al final de su mandato, con la elección de Jorge Nanclares como presidente, con el apoyo de los tres jueces designados por gobernadores peronistas: Palermo, Adaro y Gomez.  Nanclares, de origen radical, desempató con su propio voto ganando la elección al delfín de Cornejo, José Valerio, tal vez con la esperanza de poder negociar con el gobernador Suárez. Sin embargo, las esperanzas de un acuerdo de convivencia durarían poco.

Los ataques continuaron bajo el gobierno de Rodolfo Suárez. Nanclares debió renunciar después de reunirse con el gobernador ante la inminente aprobación de una ley impulsada por el gobierno y la exposición pública a la que fue sometido por los sueldos de altos funcionarios judiciales equiparados a los de Magistrados. Declaró públicamente estar cansado de ser tapa de los diarios y responder a las denuncias por los sueldos de algunos funcionarios cercanos. El poder exige sumisión aún a los propios.

En forma inmediata y después de consultar a Cornejo, Suárez designó como candidata a cubrir esa vacante a María Teresa Day, funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

Esto provocó la reacción del notorio constitucionalista de origen radical y ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Alejandro Perez Hualde, quien señaló que no reúne los requisitos constitucionales para su postulación, ya que se trata de una funcionaria que ha realizado tareas administrativas sin poseer los antecedentes como Magistrada que exige la Constitución. Una bomba en el mundo judicial local, ya que los cuestionamientos a Day no provienen solo de la oposición sino de los sectores democráticos del radicalismo.

María Teresa Day ha iniciado su carrera como empleada administrativa del Poder Judicial. Se desempeñó como Secretaria en la Cámara Penal de Menores de Mendoza, célebre por haber impuesto tres de las diez condenas a prisión perpetua a Menores por las que la República Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Mendoza”.

Según señala su curriculum, participó en la redacción de la ley que envió Cornejo a la Legislatura modificando los standards en materia de prisión preventiva, que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara declarando el carácter regresivo de la norma en el informe publicado en 2016.

Asimismo participó en la redacción del Código Contravencional y otras normas que decenas de organizaciones sociales cuestionaron por promover la privación de libertad de pobres segregados de espacios públicos, participentes de manifestaciones no autorizadas o a quienes ofendan a la autoridad, reinstaurando el desacato derogado después del fallo Verbitsky en 1993 en cumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

María Teresa Day excedió las funciones meramente administrativas que debía ejercer, interviniendo indebidamente en la criminalización de la Organización Tupac Amaru, llevando los expedientes al despacho del Supremo José Valerio con el fin de presionar a la Jueza interviniente, que rechazaba su competencia por la firma de 24 órdenes de allanamiento y detención simultánea de los militantes pretendidas por el gobierno.

Asimismo recaen sobre la candidata sospechas de que en el ejercicio de su cargo administrativo se habría involucrado en designaciones de carácter clientelar en connivencia con el gobierno. Conforme ha trascendido, Day habría remitido un correo electrónico sugiriendo el rechazo de reescalafonamiento de dos choferes, dado que los mismos “serían recomendados y por eso están ahí”, agregando “ellos no tenían trabajo y aceptaron entrar allí. Ambos vienen recomendados del gobierno actual, no era el chofer del papá de Cornejo, así que tranquilitos y que no reclamen boludeces”.

En ese sentido cobra relevancia la denuncia del diputado Nacional José Luis Ramón, que tal vez sea el detonante de la renuncia de Nanclares. Sus implicancias alcanzan a María Teresa Day, al Procurador de la Corte Alejandro Gulle, al correligionario Dalmiro Garay y a quien fuera el Director General de Escuelas designado por Cornejo, Jaime Correas. La denuncia relata y demuestra que Day intervino como administradora en la supresión de un cargo de ordenanza del Ministerio Público Fiscal, que pasó a la Suprema Corte de Justicia, donde Jorge Nanclares y Garay designaron a la hermana del Procurador General Alejandro Gullé, y el mismo día la adscribieron para realizar tareas en una escuela donde se desempeñaba como celadora. Un escándalo que demuestra la promiscuidad en la descomposición institucional.

La exclusión de las mujeres en el Máximo Tribunal mendocino viene siendo denunciada desde hace años, por lo que la elección debía recaer en una mujer que diera el perfil deseado y mantuviera la lealtad partidaria para finalmente imponer una mayoría radical en la Suprema Corte de Justicia. Pero las primeras declaraciones públicas efectuadas por Teresa Day pronunciándose contra el aborto y eludiendo contestar preguntas sobre su posición respecto a la perspectiva de género van en el sentido contrario, reafirmando el punitivismo propio del derecho patriarcal.

Si bien poseen mayoría en el Senado los otrora republicanos, la destrucción institucional de la confianza que debe inspirar el máximo tribunal y la mayoría automática seguramente caerán, como tuvo que caer la reforma a la ley de minería. Diversos organismos de Derechos Humanos preparan presentaciones judiciales impugnando la designación de quien no reúne los requisitos para el cargo. La mayoría automática nace con una herida original. La propia Constitución mendocina garantiza que su designación jamás quedará firme. El artículo 43 establece que “los nombramientos de funcionarios y empleados que hagan los poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, son nulos, y en cualquier tiempo podrán esos empleados ser removidos de sus puestos”.

 

 

 

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